El presidente de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), Pedro García, visitó hoy el Parlamento Europeo (Bruselas) y aportó nueva información (5.000 escritos contra el desarrollo urbanístico, Estudio de Impacto Ambiental del nuevo PGOU de Águilas, cartografía oficial sobre hábitats y distribución de especies amenazadas, entre otras), que apoya su denuncia por incumplimiento de las Directivas Europeas de Hábitats y Aves por el desarrollo urbanístico de La Zerrichera (Águilas), en el LIC y ZEPA Sierra de La Almenara.
ANSE viajó a Bruselas invitado por el eurodiputado de Los Verdes, David Hammerstein, para consultar diversos asuntos relacionados con quejas y peticiones realizadas por la Asociación por posible incumplimiento de diversas directivas europeas, según la organización ecologista en una nota de prensa.
La Asociación de Naturalistas del Sureste presentó a finales de 2005 una queja por la recalificación de suelos para un desarrollo urbanístico de 4.700 viviendas, hotel y campo de golf en este espacio protegido, planteada por el Ayuntamiento de Águilas y respaldada por la Comunidad Autónoma.
Paralelamente, la Asociación interpuso, junto con Ecologistas en Acción, denuncia ante la Fiscalía del TSJ en Murcia por presunta prevaricación de altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente y un concejal de Águilas, y Recurso Contencioso Administrativo contra la aprobación definitiva de la recalificación de suelos por parte de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas de la Comunidad Autónoma.
ANSE indicaba en su denuncia que las roturaciones agrícolas desarrolladas y el proyecto urbanístico con DIA favorable afectarán sensiblemente a hábitats de interés comunitario (prioritarios y no prioritarios), especies de interés comunitario (Tortuga mora) y especies de aves de interés comunitario (Águila perdicera, Halcón peregrino y Búho real).
LA DIA OBVIA LOS VALORES AMBIENTALES
Igualmente, la DIA favorable obvia los valores ambientales recogidos en el Plan de Gestión y no aplica los mecanismos de conservación y restauración incluidos en el mismo (Ley de Montes, restauración de zonas roturadas, entre otras).
La Comisión Europea aceptó la queja de ANSE y dirigió a finales de noviembre un escrito al representante de España ante la Unión Europea solicitando copia de diversa documentación relacionada con esta urbanización, que ya ha sido remitida por la Comunidad Autónoma para su evaluación.
El presidente de ANSE, junto con David Hammerstein y varios representantes de organizaciones de defensa de la naturaleza de Andalucía, han mantenido una comida con David Lowe, secretario general de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, a quien ha transmitido su agradecimiento por el papel de la Comisión en la conservación de la naturaleza en el Sureste de la Península Ibérica mediante la aplicación de la Normativa Comunitaria, y le ha informado sobre algunas de las denuncias planteadas.
Precisamente, fue una queja de ANSE ante la Comisión Europea la que obligó a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a declarar las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
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Del trasvase Tajo-Segura al "mercado negro" del agua
Mientras se pedía fecha de caducidad al trasvase, el Gobierno de Murcia aprobaba el interés regional de un complejo con 24 hoteles, 11.000 viviendas, cinco campos de golf y 10 de fútbol.
Desde que el ser humano puebla la Tierra numerosos han sido los combates para hacerse con el control de sus recursos. En el siglo XXI la gran disputa es el agua. La continua amenaza de sequía no escapa a los gobernantes de esta época que buscan sin cesar soluciones que la impidan. En España, el principio constitucional de la solidaridad entre las CCAA obliga a las regiones ´ricas´ en agua a ceder a aquellas que padecen escasez. El problema surge cuando dicho agua no se utiliza para lo que se ha cedido y además, se produce un "mercado negro". Una situación que bien le puede sonar a CLM, una región que cede agua a Murcia a través del trasvase Tajo-Segura desde 1979 para que los murcianos rieguen sus huertas.
Sin embargo, dicho trasvase sirve para mucho más que para regar cultivos. Desde su inauguración y según un estudio de la Universidad de Murcia la superficie ilegal de regadíos surgida en la región "se cuenta por decenas de miles de hectáreas". Entre ellas podrían citarse, como ejemplo, las correspondientes al Paraje de las Lamparillas en el término municipal de Fortuna (Murcia), propiedad de la mercantil Gestimur y Áridos Torralba. Según una denuncia de Ecologistas en Acción, en dicha zona, que se encuentra catalogada por el Ayuntamiento como un área de secano, se realizí la puesta en regadío de 70 hectáreas y se construyó un embalse con capacidad superior a los 50.000 hectómetro cúbicos, contraviniendo la Ley 1/95 de Protección del Medio Ambiente al no realizarse la evaluación de impacto medioambiental necesaria, entre otras normativas.
Marina de Cope
A las más de 4.000 hectáreas de regadíos que por año se incrementan abasteciéndose ilegalmente del Segura a través de un presunto "mercado negro" del agua, según el catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia Miguel Ángel Esteve, habría que sumar el incesante incremento en la construcción de urbanizaciones y campos de golf sobre la famosa ´tierra de yeso´ de la región murciana. El último coletazo en este sentido lo dio el Consejo de Gobierno de Murcia cuando declararó el complejo turístico "Marina de Cope" como de Interés Regional y fijó su ejecución, que deberá iniciarse en el plazo de dos años.
"Marina de Cope" está promovido por la Consejería de Turismo de Murcia y, según el Gobierno regional murciano iba “a ser el complejo turístico más grande de Europa". Abarcaría 20,7 millones de metros cuadrados en los que se construiríann 24 hoteles y apartahoteles, con un total de 10.924 plazas turísticas; 10.968 viviendas residenciales, y una marina interior con 2.000 puntos de amarre. Habría cinco campos de golf, diez campos de fútbol, diez áreas deportivas por cada unidad residencial y una zona de hípica.
Además se construirían diez zonas comerciales, un hipermercado, diez zonas de ocio, salas de fiestas, casino y parques de atracciones y acuático.
Un ´megaproyecto´ que necesitaría de agua y que concentra todas las expectativas en una sola pregunta: ¿De dónde van a obtenerla?...
Robo del agua
Mientras que el Gobierno y los ayuntamientos murcianos aprueban proyectos turísticos sin parangón, el "mercado negro" del agua existente en torno al Segura es un hecho probado, cuando la jefa jurídica de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), María Vicenta Oliveros, denunció, antes de morir en un accidente de tráfico, irregularidades en el uso del agua al TSJ_de Madrid. Tras iniciarse la investigación oportuna, el fiscal jefe del TSJ de Madrid, Manuel Moix Blázquez, derivó a la Fiscalía murciana todas las diligencias practicadas por su fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio, sobre supuestos robos de agua en el Segura cometidos entre 1983 y 1996, porque no había funcionarios de la Administración del Estado con sede en Madrid implicados en el caso. Por contra, sí constaban personas con residencia en Murcia.
Sin embargo, Moix, en su decreto del 19 de febrero, señaló que del contenido de las diligencias iniciadas por el fiscal instructor de Madrid se extrae que pueden "existir indicios de que determinadas conductas investigadas pudieran subsumirse en diversos tipos penales" y al igual que hizo Valerio en su informe, instó al Gobierno de Murcia a depurar las posibles responsabilidades entre los funcionarios de la CHS que estuvieran implicados en tomar caudales de forma ilegal para ser vendidos presuntamente, con el correspondiente fraude a Hacienda, a agricultores y urbanizaciones.
Regadíos ilegales
Y es que, según hizo constar el fiscal madrileño de medio ambiente, que utiliza en su investigación numerosas denuncias planteadas en los últimos años por asociaciones y organizaciones de agricultores, ratificadas en muchos casos por la investigación de la Guardia Civil, hay creado "un mercado negro del agua" en el que "grupos económicos" quitan ilegalmente el recurso a sus verdaderos dueños, regantes con derechos concesionales, para vendérselo posteriormente a precios muy elevados, con el presunto consentimiento de la CHS. El caudal fraudulento sería derivado a la construcción de urbanizaciones y campos de golf.
Imputados
En un principio, en el informe se implicó directamente al ya ex presidente de la CHS, Juan Cánovas, al ex comisario de Aguas, José Alemán, y al ex alto cargo Gerardo de la Cruz.
Después, las imputaciones por presunto uso ilícito de agua se extendieron a siete grupos económicos murcianos más, entre ellos, a los grupos empresariales de Mariano Roca Meroño, al del magistrado murciano y sus hermanos, Espinosa Rueda Jover, al grupo Hernández Zamora, al heredamiento de Aguas de Mula, cuyas instalaciones inauguró el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, y a tres sociedades agrícolas de transformación, La Forja, Carche-Raspay y Abemar.
Una lista que a los que se les acusó de robar 60 millones de metros cúbicos de agua al año para regar 8.500 hectáreas de Murcia, Alicante y Almería, cifrando el mercado negro del agua en 18 millones anuales de euros, parte de los cuales se ocultarían a Hacienda. Si bien, la magnitud total "de agua robada", podría ascender, según se ha publicado, a los 200 millones de metros cúbicos al año, destinados a regar 30.000 hectáreas ilegales.
Gran parte de la información sobre el “Robo del Agua” en la Cuenca del Río Segura fue entregada a la Fiscalía de Madrid por la jefa de los Servicios Jurídicos de la Confederación Hidrográfica del Segura, María Vicenta Oliveros, y por el jefe de prensa de esta institución, Antonio Bernabé. Se da la circunstancia de que ambos fallecieron -junto a un hijo de seis años de Bernabé- en un terrible accidente de tráfico en la N-II cuando viajaban a Madrid. En la capital tenían una cita con la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La muerte de los dos funcionarios creó una enorme consternación en círculos de la investigación de estos casos, ya que el testimonio de Oliveros se antojaba clave para esclarecer ambos caso
Echar atrás o, al menos, reducir el impacto de los proyectos de urbanización de la finca Novo Carthago, al sur del Mar Menor, y de la dársena de contenedores de El Gorguel. Éstos son los dos asuntos que centrarán durante este año los esfuerzos de la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse), que en los últimos meses ha redoblado sus críticas y sus alegaciones oficiales contra dos planes que considera dañinos para la preservación de la costa de Cartagena.
En cuanto a la construcción del macropuerto de El Gorguel, Anse se opone a que la Autoridad Portuaria y el gobierno regional de Valcárcel saquen adelante una obra «que continuaría la política de seguir consumiendo el litoral sin planificación alguna y en nombre del desarrollo».
Con esta dársena, presupuestada en mil millones de euros, las autoridades del Puerto esperan que éste reciba en el año 2012 un total de 90 millones de contenedores y sea referencia en el tráfico de mercancías en el Mediterráneo (en el eje Gibraltar-Suez).
En Cartagena y La Unión
El Ayuntamiento de La Unión y el PSOE e IU a nivel regional se oponen al proyecto. Anse prepara ya las alegaciones para el momento en que se haga oficial el anuncio de los trámites para iniciar las obras.
Además de oponerse a que se habiliten nuevos puntos de amarre para barcos de recreo en Isla Plana-La Azohía y Los Urrutias, la asociación espera recibir respuesta sobre una denuncia que interpuso hace más de medio año sobre la ampliación de dos puertos deportivos en el Mar Menor: el de Dos Mares y el de Los Alcázares.
Anse está pendiente de que los tribunales decidan sobre el recurso contencioso administrativo que presentó contra la construcción por parte de la empresa Hansa Urbana de 5.000 viviendas, dos hoteles y un campo de golf de nueve hoyos que invade parte del humedal protegido de Lo Poyo.
Monte San Julián
Tras la anulación por parte de la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Cartagena del proyecto constructivo de Lo Poyo [salpicado por el caso Malaya de corrupción urbanística en Marbella], los naturalistas insisten en el «disparate de permitir un proyecto aún más agresivo para la protección del entorno del Mar Menor», según la definición del presidente de Anse, Pedro García.
Los ecologistas también presionarán para que la Unesco acepte la propuesta oficial de la Consejería de Medio Ambiente y declare el Parque Regional de Calblanque Reserva de la Biosfera.
Asimismo, Pedro García indicó que también estarán atentos al nuevo Plan Urbano de Cartagena, que lleva un año de retraso.
Anse quiere evitar que se cambie la calificación del suelo para que se pueda urbanizar «amplias zonas» del entorno de Isla Plana y La Azohía y en las faldas del monte de san Julián, desde Lo Campano hacia Alumbres.
De "La Verdad"
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