Mafia nostra (Carta obligada al fiscal Valerio)

Publicado por Francisco Poveda en "La Economía", noviembre de 2003 ; en "Economía Avanzada", diciembre de 2005, y en "Vega Media Press", septiembre de 2006.

Ahora que tiene usted hasta el 28 de diciembre para concluir la instrucción de un sumario relacionado con presuntos hechos delictivos, en gran parte cometidos en mi tierra, creo estar en la obligación de ilustrarle a mi modo, porque es más joven y navarro, sobre la actual Región de Murcia, un paraíso mediterráneo a menos de 1.500 kilómetros de Sicilia, en línea recta por mar, desde Cabo Palos. Se puede pensar por eso que las lacras sociales que encuentran allí una universal denominación de origen han podido tener fácil penetración cultural a través de nuestras costas hasta enraizar aquí ciertas prácticas mafiosas, básicamente en nuestras comarcas litorales y prelitorales aunque la gran clave actual haya que buscarla en el término municipal de Lorca. El chip me lo activó una vecina de Luchena.

Existe, en efecto, una estructurada mafia murciana, desarrollada y posible a partir del autogobierno de los últimos veinte años, y que crece en paralelo a la asunción de competencias administrativas cedidas por el Estado a la Comunidad Autónoma. Esa sociedad secreta y anticonstitucional ha secuestrado ya la soberanía de todos los murcianos para condicionar su voluntad popular desde una metaestructura que tiene sojuzgada a nuestra sociedad regional y que impide, además, con sus perturbaciones y anteposición de intereses, el normal desenvolvimiento de nuestra particular economía de mercado para que no sea posible el desarrollo que nos acerque a Europa porque, decididamente, eso no conviene a sus capos. Un profesor de Filosofía de la Universidad de Murcia, Antonio Pérez Ramos, acaba de escribir, en plan ficción, un riguroso libro de mucha altura intelectual, que refleja tal estado de cosas desde hace tiempo. Léalo aunque no logre identificar a los personajes. También le recomiendo un ligero repaso contextualizador a "Escuela de mandarines" y "La fea burguesía", de Miguel Espinosa.

Por lo que he podido observar en los seis años que llevo al frente de "La Economía", en un retorno profesional responsable para que no se pierda aquí del todo cierto periodismo no dependiente de tamañas fuerzas ocultas, esa mafia, que constato con frecuencia en mi ejercicio profesional sobre el terreno, pone y quita políticos; promociona a mediocres, serviles e inmorales, y combate sin piedad a quienes le plantan cara; amenaza a los más débiles o peor situados hasta hacerse con algunos de sus patrimonios a precio de saldo; impide el acceso a palancas de poder social, a la vez que cercena la generación de liderazgos emergentes por talentos con conciencia social y libre; se jacta en privado de tener bastante contenida a la Justicia; no consiente medios de comunicación regionales cuya línea editorial y política informativa puedan rozar sus intereses más vitales; ha procurado, hasta conseguirlo, una enseñanza universitaria de dudosa calidad, absolutamente acrítica con el entorno, y a la medida de esos intereses, desde los que se acaparan ayudas de los fondos europeos. Sólo tolera cierta actividad cultural apoyada en lo lejano y en banales lugares comunes para que no encuentre resquicio alguno un mínimo pensamiento regional avanzado. En suma, la invisible dictadura que no cesa de apretar en cada oportunidad que se le presenta desde una realidad amañada y un sustrato propicio.

Aunque varios clanes conforman esa mafia murciana de mucho guante blanco y que, desde hace algún tiempo, se atreve a retar al Estado (igual que en la Italia del sur), su núcleo principal y su dirección estratégica se encuentran fuera de la Región, a la vez que históricas relaciones familiares explican algunas presencias insospechadas y actuaciones sectarias desde relevantes despachos madrileños. Usted que defiende por ley el interés público debe saber, si está dispuesto a que Murcia no sea por más tiempo el "far southeast" ni un territorio factualmente "off shore" respecto al resto de España, que aquí la legalidad se suele incumplir por muchos poderosos y que la impunidad es casi absoluta a bastantes niveles. Pero, igualmente, no se debe dejar engañar y pensar que, lo que no son más que testaferros o capataces, han diseñado por su cuenta, y están ejecutando sin método, todo un plan mafioso que persigue apoderarse del mayor número de recursos posibles desde la violencia moral que compendia arrogancia, prepotencia, abuso y amenazas por quienes se sienten protegidos, seguros e impunes al tener suficientes resortes de poder en sus manos, ocupadas y utilizadas en el sólo provecho de la Casa.

Si me lo permite le diré, para mayor orientación, que un ingeniero maduro es el delegado plenipotenciario del gran capo (poseedor de hacienda propia en nuestra región) por pura relación de parentesco. Que ilustradas familias de uno y de otro, se encargan de las finanzas y las relaciones exteriores. Que la conexión con otros grupos mafiosos, autóctonos o nacionales, existen y tienen una funcionalidad práctica esencial. Que mantiene, con redundante apellido de clan interno, un excelso procónsul en Madrid (por eso no interesa estructurar un genuino poder murciano allí, integrado por otros ilustres ciudadanos de la Región por ajenos a esta trama, y a manera de "lobby" convencional). Que ahora lo ha intentado en Bruselas, sin suerte por la mentalidad predominante en su cualificada y civilizada burocracia, para intentar controlar en origen las ayudas de las que luego se apropian en gran medida. Y que varios capataces (generalmente emergentes figuras del sector agrícola y de la Construcción) se utilizan de señuelos para evitar que se vean los rostros de los auténticos lugartenientes que llevan las riendas de crecientes negocios en sectores estratégicos para la actual economía murciana, o de alta e inmediata rentabilidad.

Fraude fiscal y blanqueo de capitales procedente de un narcotráfico en auge entre nosotros son los verdaderos medios de capitalización inicial de esta"mafia nostra", que se ha convertido en una hidra de no más de seis cabezas ante la desesperante pasividad y temor de ciertos poderes públicos, y que amenaza con convertir la Región de Murcia en la plataforma principal del tráfico de drogas en la Unión Europea, tras Holanda y Galicia. El alarmante aumento de alijos intervenidos en nuestra costa por la Guardia Civil puede dar una idea de lo que debe estar entrando entre Cabo Palos y Águilas en las noches cerradas, y explicaría, de algún modo, que el paraíso fiscal de las Islas Caimán se haya convertido en el quinto destino teórico de unas, por otra parte, inexistentes exportaciones regionales. Eso está unido a la enorme cantidad de dinero negro que necesita afluir, mediante la inversión en suelo, para luego desarrollar tan faraónicos como comercialmente inviables proyectos urbanísticos, pero que sirven de efectivas lavadoras de capitales con un origen inconfesable, como hasta ahora parece se puede haber hecho desde alguna factoría del Valle del Guadalentín.

En esta nueva tierra de promisión para el alijo, competidora de Galicia y el Rif en regatas nocturnas de planeadoras, y de conexiones algo sólidas con la mafia gallega y alicantina, el pulso al Estado es permanente. Las transferencias se desarrollan, muchas veces, en función de intereses espurios. Las administraciones públicas parecen aquí, en ocasiones, estar al exclusivo servicio de quienes no deben, incluidos ayuntamientos clave por su potencialidad urbanística y algunas estratégicas de la periférica estatal. De la mafia murciana se dice, cada vez más, que proporciona financiación privilegiada con cobertura aparentemente legal, que tiene infectados los intersticios de la propia Comunidad Autónoma, de la Confederación Hidrográfica del Segura, de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, algunos departamentos de las dos universidades públicas y del CEBAS (CSIC), una parte considerable de la Universidad Católica, las burocracias de partidos políticos, sindicatos y patronales, las redacciones de algunos medios de comunicación, alguna de las tres cámaras de comercio, y unos colegios profesionales más que otros. No parecen librarse de sus tentáculos significativas comunidades de regantes, organizaciones agrarias, cofradías de pescadores, asociaciones de consumidores, clubes deportivos, y, lo que es muy importante para usted, algún ámbito del Transporte implicado claramente con el narcotráfico, tal como se ha denunciado por la patronal comarcal "Atranscar" desde el Campo de Cartagena.

Por tanto, todo eso gangrenaría ya, e impediría, el libre crecimiento de una vital y desencadenada sociedad civil murciana. Nuestro propio medio de comunicación ha notado los sutiles embates y la verdadera presencia de esa incuestionable realidad que es "mafia nostra" por no aceptar un pacto tácito que sólo nos permitiría contar lo que conviene, y no contraviene, los intereses exclusivos de unos capos acostumbrados a tener hipotecada la libertad real de los ciudadanos de esta región, hasta conducirla a una situación marginal e indolente, por anestesiada, y yugular sin contemplaciones cualquier posibilidad de alternativa a una situación de intereses ya muy creados. Los secuenciales fraudes a fondos comunitarios, los robos consentidos de aguas públicas para traficar y especular con esos caudales, el oligopolio en la propiedad de suelo edificable, las concentraciones parcelarias injustas, las expropiaciones innecesarias para el bien público, una legislación a medida de determinados intereses económicos, las prevaricaciones constantes, y el desprecio al medio físico natural, sólo son una muestra evidente del carácter depredador impuesto sin correr mayor riesgo legal local.

Murcia, Cartagena, Lorca, Mazarrón, Águilas, La Unión, San Javier, San Pedro, Los Alcázares, Alhama, Torre Pacheco, Fuente Álamo, Caravaca, Moratalla, Molina, Alcantarilla, Totana, Santomera... son nodos casi forzosos de la trama territorial de "mafia nostra". La Región es así ya, sin duda, para este "gans" un coto particular donde, en realidad, no rigen plenamente los derechos ciudadanos de la Unión Europea ni el libre mercado que da sentido a su existencia para estimular la competencia, así como favorecer la creación y armónica distribución de riqueza. Esa afrenta permanente al sistema democrático y de economía de mercado, a nuestra Constitución en suma, exige la urgente y ejemplarizante intervención del Estado para restablecer cuanto antes, y sin retorno posible, el imperio de la Ley. Por el momento, tiene usted la vez para que esto no se parezca tanto a la Rusia de Putin y los oligarcas, aunque el paragón con Sicilia me temo que ya sea inevitable.