Detenidos los gerentes de una empresa de Totana por irregularidades en la contratación de extranjeros

MURCIA.- La Guardia Civil, en colaboración con funcionarios de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social de la Comunidad, detuvo a dos gerentes de una empresa del municipio de Totana, de 23 y 45 años y nacionalidad española, vecinos de los municipios almerienses de Huércal Overa y Velez Rubio, por irregularidades en la contratación de trabajadores extranjeros.

La operación 'Abandonado' se inició cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la atención sanitaria prestada en un Centro de Salud de Totana a un ciudadano marroquí que acudió tras sufrir un accidente laboral, consistente en un corte en el rostro con una herramienta tipo radial.

Al parecer, el paciente acudió solo y no presentó documentación que acreditase su legal estancia en territorio nacional, por residencia o trabajo.

Con esta información, la Benemérita inició las labores necesarias para la identificación de la víctima, así como de la empresa donde, supuestamente, se produjo el accidente, lo que resultó positivo al averiguar que se trataba de una mercantil, con sede en Totana, dedicada a la reparación de remolques y semirremolques de vehículos pesados.

Los investigadores, en colaboración con funcionarios de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social de la Comunidad, coordinaron un dispositivo de inspección, ante las sospechas de que se pudiera estar cometiendo un delito contra el derecho de los trabajadores.

Un equipo, formado por miembros del Cuerpo e inspectores, se desplazó hasta la nave industrial donde supuestamente se produjo el accidente, para realizar una inspección.

La visita se saldó con la identificación de 15 trabajadores de distintas nacionalidades, entre los que se encontraban cuatro ciudadanos marroquíes que carecían del correspondiente contrato laboral. Tres de éstos, además, no poseían permiso de residencia o trabajo.

La operación 'Abandonado' culminó con la detención de los dos gerentes de la mercantil -uno de ellos con un abultado historial delictivo por delitos de la misma naturaleza-, a los que se les atribuye la presunta autoría de delito contra el derecho de los trabajadores, por tráfico de seres humanos con fines de explotación laboral.

Los arrestados y las diligencias instruidas fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 2 de Totana. Además, se tramitaron los correspondientes expedientes sancionadores, a la vista de las distintas infracciones administrativas detectadas.

Ayuda comunitaria de 2,2 millones a la cuestionada organización de productores 'Agrícola Perichán'

MURCIA.- El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la concesión de una ayuda comunitaria a los programas y fondos operativos por importe de 2.259.426 euros a la cuestionada organización de productores Agrícola Perichán por sus prácticas laborales dudosas, con cargo a la partida extrapresupuestaria 'Feaga sin financiación autonómica'.

La Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, como organismo pagador en la Región de Murcia, aprobó mediante la Orden de 17 de enero de 2017 dicha ayuda, correspondiente a la anualidad de 2016, cuyo pago había sido solicitado por la citada organización de productores.

El informe de la Dirección General de Producciones y Mercados Agroalimentarios señala que el expediente cumple con los requisitos exigidos en la correspondiente reglamentación comunitaria y estatal, y contiene los certificados de los controles administrativos y de campo, por lo que informa favorablemente para el pago de la ayuda.

La Región de Murcia cuenta en la actualidad con cien Organizaciones de Productores (OP) reconocidas, que representan el 20 por ciento de las 600 existentes en España. Del total de OP de la Región, 93 se acogen al régimen de ayudas, a las que se les ha aprobado un programa operativo para 2016.

Con esta ayuda a la cuestionada Perichán, el Consejo de Gobierno ya ha autorizado 25 de las 93 a las Organizaciones de Productores que se acogen al régimen correspondiente a 2016.

España es el segundo país receptor de esta medida, con el 25 por ciento del total de la Unión Europea. El reconocimiento de OP otorga valor añadido a las empresas, contribuye a mejorar el sistema productivo de la empresa y hace que los productos sean más competitivos.

A 300 temporeros que viajan desde Murcia les han cerrado las puertas en las fincas donde trabajan en Albacete

ALBACETE.-Los 300 temporeros que vienen desde Murcia a trabajar a fincas de la provincia de Albacete, y que ayer denunciaron en una rueda de prensa su situación de "esclavitud", se han encontrado hoy, al llegar a sus puestos de trabajo, "con que no les han dejado entrar y hay otras personas haciendo ese trabajo". 

Así lo ha denunciado Ana Albaladejo, miembro de la sección de Industria de Comisiones Obreras en Albacete, que ha exigido que "al menos les den la carta de despido para que no tengan que estar viniendo todos los días desde Murcia".
Ha detallado que miembros de CCOO se estaban trasladando a las fincas para conocer "in situ" la situación y que han denunciado el tema ante la Inspección de Trabajo "que es cierto que no tiene muchos medios".
Ha recordado que los trabajadores están vinculados laboralmente por un gestor autónomo a la empresa murciana Agrupación Frutícola Lucas y que se han encontrado hoy con esta situación "después de atreverse ayer a contar lo que están viviendo, en condiciones infrahumanas".
Desde este sindicato han insistido en que "no se trata de criminalizar a todos los empresarios del campo, sino de denunciar estas situaciones irregulares que actualmente se están produciendo en el sector del campo".
En la rueda de prensa ofrecida ayer, los propios temporeros, en su mayoría de origen marroquí, denunciaron que cada día tienen que realizar el viaje desde Murcia a Albacete, costeándoselo con su propio dinero y que el salario es de unos dos céntimos por cada lechuga que recoja, por ejemplo, por lo que, para lograr un salario más o menos que les dé para sobrevivir, deben realizar jornadas de hasta doce horas. 

IU-V denuncia la situación de semiesclavitud que se vive en algunos tajos del campo de Lorca

LORCA.- Dos concejales de IU-V en el Bajo Guadalentín,  Pedro Sosa, portavoz de esta formación en Lorca, y Víctor Romera, portavoz de la misma en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras y especialista en derecho laboral, han abordado un asunto de actualidad en la comarca y Lorca: la situación laboral y la extraordinaria precariedad en la que se desarrolla el trabajo en dos sectores económicos concretos: el agroalimentario y el de servicios.

Sosa ha afirmado que de los 13.514 contratos firmados en Lorca el pasado mes de mayo, nada menos que el 98,24% (13.276) son temporales; a veces de unas horas, de un día o de una semana, señala Sosa, que además advierte que no cabe confundir esos contratos con puestos de trabajo, pese a la propaganda que desde el PP se suele hacer. Desagregando cifras el concejal lorquino ha informado que 9.783 contratos lo han sido en el sector de la agricultura de temporada y 3.439 en el de los servicios.

El edil ha advertido que más del 60% de esa contratación se ha realizado a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT´s) mediante lo que se denominan "contratos de puesta a disposición". 

Tras recordar que las ETT's fueron una invención contra los derechos de los trabajadores que vieron la luz en España en 1994, en la última legislatura del Gobierno de Felipe González, Sosa ha afirmado que las ETT's están sustituyendo de facto la principal función que debería tener los servicios públicos de empleo, y lo hacen además convirtiendo el mercado laboral lorquino en un erial donde cada vez son más numerosos los episodios de semiesclavitud laboral, con incumplimiento de convenios, derechos sociales y tablas salariales.

Sosa ha advertido que las administraciones públicas -también el Ayuntamiento de Lorca- deben tomar cartas en el asunto. Por lo pronto y en el medio y largo plazo analizando el peso que en la economía local tienen los diversos sectores productivos y constatando que no es posible desarrollar un municipio como el de Lorca abandonando los sectores económicos que generan más valor añadido y que además tienen mejores salarios. 

Necesitamos diversificar nuestra economía, sostiene Sosa, pero entre tanto ello sucede hay que combatir la irregularidad laboral que cada día se produce en el campo, la competencia desleal que implica para algunas empresas que otras trabajen en negro, sin contratos o con contratos que no recogen la totalidad de las horas que se trabajan. No sólo se está robando a los trabajadores, afirma Sosa, también a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública.

Por su parte Víctor Romera ha abundado en el papel de las ETT's, aclarando en primer lugar que no todas las empresas de trabajo temporal actúan al margen de la legalidad, que hay muchas que actúan legalmente, pero que habida cuenta el peso de las mismas en la contratación laboral de los sectores agroalimentario y de servicios, la precariedad está muy extendida y muy generalizado el incumplimiento de los convenios colectivos y del ordenamiento jurídico laboral, con salarios que no se pagan, o que se pagan por debajo de lo estipulado, con la realización de destajos prohibidos por la ley, con contratos que se rescinden si las trabajadores quedan embarazadas, con incumplimientos en materia de vacaciones o de seguridad e higiene en el trabajo.

Lo peor, apunta Víctor Romera, es que conocemos casos de ETT's que tras ser investigadas y sancionadas, lo cual no es frecuente si tenemos en cuenta su extensión en Lorca, se cambian de nombre y se vuelven a montar con otra razón social para que las mismas personas que antes las gestionaban sigan explotando a los trabajadores, haciendo competencia desleal a las empresas que cumplen, y defraudando a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social.

Romera ha afirmado que en breve comparecerán con el Secretario General de CCOO de la Región de Murcia para proponer un plan que combata la irregularidad laboral en estos sectores, exigiendo a la administración pública que articule y ponga en marcha su labor de policía e inspección, e instando a la patronal del sector a que también contribuya con su denuncia a identificar y sancionar a aquellas empresas -y a las personas que están detrás de ellas- que trabajan en negro y hacen trabajar a los trabajadores en condiciones de semiesclavitud.

"La explotación a los trabajadores del campo los conduce a trabajar sin derechos para poder seguir trabajando", dice Pedreño

CARTAGENA.- El diputado regional y responsable del área de trabajo de Podemos ha denunciado las condiciones de trabajo indigno que atraviesan muchos trabajadores y trabajadoras del empresas agrícolas de la Región, como son los casos recientes de las empresas El Perichan de Mazarrón y la semana pasada, en el Grupo Lucas, donde los propios trabajadores denuncian las condiciones de explotación y de anulación de los derechos laborales a los que se ven sometidos.

Andrés Pedreño ha explicado que "existe una explotación continuada de los trabajadores de las empresas dependientes del sector agrícola en su mayoría inmigrantes, y trabajadores de baja cualificación profesional, estos, precisamente de los que han sido los trabajadores y sustentadores de -La Huerta de Europa", sin embargo "la situación que se están viviendo en estos momentos, es la de perdida y renuncia de derechos laborales para poder continuar trabajando, luego sus derechos están siendo mercantilizados en pos de su continuidad laboral"

En este sentido ha manifestado que "no podemos permitir que se renuncie al trabajo con derechos por ganar un salario casi equivalente a una propina, dado que trabajadores como los de la empresa Perichan soportan jornadas más allá de lo establecido, sin descanso semanal y con salarios ínfimos de cinco euros la hora"

Pedreño ha recordado en la Asamblea Regional que Podemos está llevando a cabo iniciativas contra la proliferación de ETT,s que alargan las jornadas laborales y promueven el trabajo a destajo, los largos desplazamientos, y por último liquidar la figura del trabajador fijo discontinuo".

Del mismo modo, el diputado regional ha avanzado, que Podemos está trabajando en una iniciativa de petición a la autoridad regional competente para impulsar el cumplimiento y aplicación de los convenios colectivos del campo ante la ostensible degradación de las condiciones salariales en la agricultura murciana.

Doce detenidos por explotar a inmigrantes 'sin papeles' en una finca agrícola

MURCIA.-Agentes de la Policía Nacional han detenido a doce personas como presuntos autores de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, usurpación del estado civil, pertenencia a organización criminal y de un delito contra los derechos de los trabajadores, al utilizar a personas extranjeras en situación irregular para trabajar en explotaciones agrícolas. Estos trabajadores eran trasladados en furgonetas por los encargados de la empresa agrícola, carentes de habilitación para el transporte de trabajadores. 

La investigación se inició a primeros de año, cuando la Unidad contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documentales (Ucrif), de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia, tuvo conocimiento de la explotación laboral por parte de una empresa agrícola y transporte de trabajadores a fincas para la recolección sin las habilitaciones pertinentes para ello, según una nota policial.

Fruto de esta investigación los agentes comprobaron que los trabajadores, en su gran mayoría, se encontraban en situación irregular, carentes de contrato de trabajo y que los encargados les obligaban a aportar datos falsos a los agentes policiales con el fin de dificultar su identificación. Incluso les pedían que usurparan la identidad de otros trabajadores, en situación regular, en caso de ser inspeccionados, como sucedió en el momento de la operación policial.

En el operativo llevado a cabo se procedió a la detención de los responsables, encargados y jefes de cuadrilla, entre los que se encontrarían los que hacía labores de 'furgoneteros', y por otra parte los trabajadores en situación irregular que en el momento de la detención o bien aportaron datos falsos o bien usurparon la identidad de trabajadores en situación regular.

En el transcurso del operativo se pudo constatar que la empresa no cumplía con las condiciones laborales o sociales prescritas en las disposiciones legales aplicables. El salario no se fijaba por horas trabajadas sino por caja recogida o día trabajado, y los trabajadores debía pagar por los gastos de desplazamiento, así como sufragarse ellos el material de trabajo.

Como remate había dos tipos de trabajadores: los 'legales' y los 'ilegales', aplicando, por parte de los responsables de la empresa, un trato diferencial hacia ellos tanto de condiciones de trabajo como de pago por trabajo realizado.

Los detenidos son todos ellos varones de diferentes nacionalidades, española, marroquí, ucraniana y ecuatoriana y de edades comprendidas entre los 20 y 62 años de edad.

Detienen a cuatro empresarios por explotación laboral en Librilla

MURCIA.- Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Librilla a cuatro personas, regentes de una explotación agrícola y ganadera por delito contra los derechos de los trabajadores y contra la integridad moral por acoso en el ámbito laboral, sobre trabajadores extranjeros en situación irregular.

Según informan fuentes policiales, las investigaciones se iniciaron a primeros de año, a través de los contactos habituales que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Región, realiza la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, con el fin de constatar las condiciones higiénico/sanitarias y laborales en las que se estaría trabajando en una explotación agrícola/ganadera, situada en la localidad de Librilla; teniéndose conocimiento de que se estaría empleando a trabajadores inmigrantes en situación irregular.

Tras las primeras comprobaciones, por parte de los agentes actuantes, se inició una investigación y se pudo comprobar que los trabajadores estaban siendo sometidos a condiciones abusivas en materia laboral aprovechándose de la situación de irregularidad de todos ellos.

Los trabajadores, al encontrarse en situación irregular, carecían de contrato laboral y por consiguiente no estaban dados de alta en la Seguridad Social. Las jornadas eran abusivas, 15 horas diarias, por un salario de 40 euros la jornada y en unas pésimas condiciones higiénico/sanitarias, realizando su labor de recolección de frutas junto a ganadería en estado de descomposición. Además no se les facilitaba herramientas de trabajo por lo que se las tenían que procurar ellos mismos.

Fruto de todas estas irregularidades y de la falta de formación se ha materializado en numerosos accidentes laborales, como cortes, aplastamientos de falange e incluso la caída de un trabajador, desde un tejado, cuando se encontraba arreglándolo careciendo de ningún tipo de seguridad, ni de sujeción, según indican las mismas fuentes en comunicado de prensa.

Añaden que los accidentes laborales que sufrían los empleados eran mitigados y ocultados por los investigados, conscientes de la ilicitud de su conducta, coaccionando a los trabajadores para que mintieran en los centros de salud donde eran atendidos. Incluso llegaron a despedir a un empleado, responsable de la fumigación, cuando protestó reclamando una mascarilla, tras sufrir dolores de cabeza y diarreas al finalizar su jornada laboral.

Así como que los investigados conscientes de la situación de vulnerabilidad y necesidad de las víctimas, eran sometidas a continuos insultos y vejaciones, éstas últimas, llegaban a traducirse en agresiones físicas como empujones o golpes.

Los detenidos son cuatro varones, españoles, de edades comprendidas entre los 20 y 52 años de edad.

Este operativo ha sido llevado a cabo por la Unidad contra la Redes de Inmigración ilegal y falsedad documental (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia, contando con la asistencia de la Unidad de Prevención y Reacción de la misma Jefatura y la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Murcia.

Detenido un empresario lorquino por negarse a una inspección y avisar a los trabajadores ilegales

LORCA.-Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Región de Murcia, han llevado a cabo tres inspecciones realizadas en centros de trabajo de Lorca, que han dado como resultado la detención de un empresario, al negarse éste a la realización de la inspección, a la vez que alertaba a sus trabajadores, quienes fueron sorprendidos e interceptados cuando saltaban la valla perimetral del centro de trabajo.

El objetivo de estas inspecciones es luchar contra situaciones laborales donde se pudieran estar vulnerando los derechos de los trabajadores extranjeros.

Las investigaciones se iniciaron hace unos meses, a raíz de la denuncia de uno de los trabajadores, en la que manifestaba haber estado trabajando de forma ilegal para el sector agroalimentario y, tras sufrir un accidente de trabajo, el empresario no se hizo cargo y le cesó en su puesto laboral.

Dentro de las funciones que tiene encomendada la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Lorca, se procedió a la inspección de varias empresas, en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.

En la primera de estas empresas revisadas se detectó la presencia de tres personas, mujeres en situación regular, pero carentes de contrato laboral.

Asimismo, cabe destacar la negativa del empresario a facilitar el paso a la inspección policial y laboral, alertando a los trabajadores y siendo estos interceptados cuando abandonaban su puesto de trabajo, saltando la vaya perimetral de cierre del centro de trabajo. El empresario fue detenido por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.

De forma aleatoria se procedió a la inspección de otras dos empresas del sector agroalimentario, una de ellas con 140 trabajadores extranjeros, todos ellos con permiso de residencia y trabajo y con contrato laboral. La tercera de las empresas inspeccionadas, con tan solo siete trabajadores, carecían todos ellos de contrato laboral.

Por todo ellos se han llevado a cabo las pertinentes diligencias y se ha dado cuenta a la autoridad judicial y de las actuaciones derivadas de las inspecciones.

Detenido un cliente de jóvenes prostituidas, conocido con el sobrenombre de 'el profesor', por ser docente de la UMU

MURCIA.-La Policía Nacional ha desarticulado un grupo que captaba a menores en Facebook para explotarlas sexualmente, una operación que se ha saldado con siete detenidos, entre ellos el supuesto líder del grupo, según ha indicado el propio cuerpo en un comunicado.

Los detenidos son presuntos responsables de delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores, contra los derechos de los trabajadores y de pertenencia a grupo criminal.
Según la investigación de la UCRIF de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia, que contó con la colaboración de la Inspección de Trabajo, dos captadoras buscaban a las víctimas en la red social y se aprovechaban de su edad y estado de necesidad para ofrecerles un trabajo como camareras que en realidad conducía a la explotación sexual.

Además, el presunto líder del grupo habría mantenido relaciones sexuales con tres menores de edad interesadas en participar en un espectáculo pornográfico privado a cambio de una alta remuneración.

Fuentes conocedoras de la operación han indicado hoy que también ha sido detenido un cliente, conocido con el sobrenombre de 'el profesor' por ser docente de la Universidad de Murcia.

Los investigadores identificaron un total de 29 víctimas en dos clubes de alterne de Murcia y Santomera, de las que dos son menores de edad. Otras quince tienen entre 18 y 19 años y comenzaron a ser explotadas ya siendo menores.

Una inspección policial y laboral llevada a cabo en un club en la localidad de Santomera permitió detectar la presencia de una menor de edad y otras dos chicas muy jóvenes. Las tres negaron cualquier tipo de relación con el negocio y afirmaron ser clientes, pero las sospechas de los agentes condujeron a la apertura de investigaciones y una supervisión sobre el establecimiento.

Según las pesquisas, en el local, cuyo dueño también regentaba otro pub en Murcia capital, las responsables se camuflaban de camareras o clientas pero también ofrecían servicios sexuales.

De hecho, el establecimiento contaba con reservados y habitaciones preparadas con duchas de hidromasaje y camillas.

En una inspección posterior, los investigadores detectaron la presencia de otra menor de edad y de otras cuatro jóvenes de entre 18 y 19 años. Por declaraciones de los clientes se pudo constatar que todas ellas, incluida la menor, ejercían la prostitución.

Según la investigación, el cabecilla del grupo recogía en su vehículo a las víctimas para trasladarlas al local de Santomera. Otras dos mujeres captaban a las chicas a través de la red social Facebook.

En una primera fase, fueron detenidos cinco miembros del grupo: el líder, administrador de ambos establecimientos; su pareja sentimental, captadora principal de las jóvenes; el hermano del cabecilla, auxiliaba al líder; la encargada del prostíbulo de Santomera, quien cobraba a los clientes por los servicios sexuales prestados por las chicas; y un antiguo miembro de la organización que ejerció como taxista pirata cuando el cabecilla estuvo privado de carné de conducir.

Posteriormente fue detenida una sexta persona, un cliente conocido como 'el profesor' que había mantenido presuntamente relaciones sexuales con un gran número de menores en una habitación del pub localizado en Murcia capital a la vez que consumía cocaína.

La séptima detención, que ha puesto fin a la investigación, es la de la segunda captadora, quien ayudaba a gestionar los perfiles de la red social Facebook utilizados por el grupo criminal desmantelado para contactar con las víctimas.

En la operación, la Policía se ha incautado de diversos dispositivos electrónicos, dinero en efectivo, efectos relacionados con el ejercicio de la prostitución, documentación y el vehículo en el que se trasladaba a las víctimas.

Detenidas siete personas en Murcia por explotar sexualmente a menores

MADRID.- La Policía Nacional ha desarticulado un grupo que se dedicaban a captar a menores de edad a través de Facebook ofreciéndoles trabajo como camareras para explotarles sexualmente. Según ha informado el Ministerio del Interior, los detenidos operaban en dos clubes de alterne de la provincia de Murcia (en Murcia y Santomera) en los cuales han sido identificadas 29 víctimas, de las cuales dos son menores de edad y otras 15 tienen 18 o 19 años.


"Aprovechándose de su edad y estado de necesidad, les ofrecían un trabajo como camareras, que en realidad conducía a la explotación sexual--explican los responsables de la operación--. Tanto el principal investigado como su pareja presionaban continuamente a las jóvenes captadas con referencias a lo que podrían ganar. El cabecilla incluso ofreció a varias menores participar en un espectáculo pornográfico privado por el que cobrarían elevadas cantidades de dinero. 
Así, alegando probar la valía de las mismas, mantuvo relaciones sexuales con varias víctimas, siendo tres de ellas menores en ese momento".Las detenciones se han podido llevar gracias a una investigación que se inició tras una inspección a uno de los dos locales, en el que los agentes encontraron a dos chicas muy jóvenes y una menor que negaban ejercer como prostitutas y que decían ser clientes.
Las sospechas de los agentes ayudaron a que se realizaran nuevas inspecciones al local, encontrando a otra menor y a varias chicas muy jóvenes. Gracias a las declaraciones de los clientes, la Policía pudo cerciorarse de que las jóvenes en cuestión ejercían la prostitución en el local.
Entre los detenidos figuran cinco personas detenidas en una primera fase de la operación, entre los que figura el administrador de los dos establecimientos y líder de la banda, su pareja sentimental, que era la principal responsable de captar a las jóvenes, el hermano del cabecilla, la responsable del prostíbulo de Santomera y un antiguo miembro de la organización que prestaba servicios de taxista "pirata" para el líder de la organización, según explican desde la Policía.
Además, posteriormente fueron detenidos uno de los clientes del establecimiento que habría mantenido relaciones sexuales con "un gran número de menores" a la vez que consumía cocaína en un pub de urcia capital, y la segunda captadora del grupo, que ayudaba a seleccionas los perfiles de Facebook de las víctimas a las que el grupo quería captar para inducir a la prostitución.
Junto con las detenciones, durante los registros llevados a cabo durante la operación la Policía se ha incautado de varios dispositivos electrónicos, dinero en efectivo, documentación, el vehículo en que se trasladaba a las víctimas y material relacionado con el ejercicio de la prostitución.

La Policía Nacional lucha contra la explotación laboral-sexual en Santomera y Lorquí

MURCIA.- El pasado 12 y 13 de marzo, se han llevado a cabo unos operativos policiales, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social , realizándose ocho inspecciones en diversos establecimientos públicos, alguno de ellos de ocio nocturno y alterne, concretamente siete en Santomera y uno en Lorquí.

Las investigaciones sobre estos hechos se iniciaron en el mes de enero cuando la Brigada de Extranjería y Fronteras de Murcia tuvo conocimiento de la existencia de una serie de locales radicados tanto en el término municipal de Santomera como de Lorquí, los cuales son frecuentados por una gran cantidad de ciudadanos extranjeros, con aforos que podrían alcanzar en alguno de ellos las cien personas, todo lo cual derivaría en la utilización de trabajadores que carecerían de cualquier contrato de trabajo para realizar su función y/o en situación irregular en nuestro país. 

Asimismo se tuvo conocimiento de trabajadoras que podrían ejercer en unos de estos locales la prostitución en su interior "alternando" para ello con los clientes y mezclándose con los mismos. No descartando que algunas de estas trabajadoras pudieran ser menores de edad.

Las inspecciones realizadas culminaron con la identificación de doscientas treinta personas y la detención de 20 de ellas, con edades comprendidas entre 27 y 44 años de edad, de los cuales dieciséis son marroquíes, tres argelinos y uno de nacionalidad española. 

Igualmente se levantaron diferentes actas por posesión de sustancia estupefaciente y armas.

Por otro lado la Brigada de Extranjería y Fronteras está investigando otras posibles irregularidades penales detraídas de las inspecciones realizadas.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de la Región de Murcia contando con la asistencia de la Unidad de Prevención y Reacción y en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La Policía sigue desmantelando en Lorca, Alcantarilla y Murcia explotaciones de seres humanos

MURCIA.- Agentes de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Murcia han llevado a cabo varias operaciones contra la explotación laboral que se han saldado con la detención de seis personas resultando como presuntas autoras de un delito contra los derechos de los trabajadores y por favorecimiento de la inmigración ilegal, según se informa en una nota policial.

La primera de las intervenciones se llevó a cabo en una discoteca clandestina situada en la localidad de Alcantarilla, sin rotulación exterior y sin ningún tipo de licencia administrativa y sanitaria para ejercer su actividad, local en el que se llegaba a aforos clientelares superiores a las cien personas con el riesgo que ello supone para la integridad física; debido a esta situación de clandestinidad el responsable del local se proveía de trabajadores sin darlos de alta en el régimen de la seguridad social y aprovechándose del estado de necesidad de los mismos, al encontrarse la mayoría en situación irregular en territorio español.

Seguidamente, la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (UCRIF) llevó a cabo una inspección en varios obradores de pan de la ciudad de Lorca regentados por ciudadanos magrebíes los cuales se encontraban explotando laboralmente a otros ciudadanos extranjeros en situación irregular en España; la mayoría de los trabajadores, algunos de los cuales dormían sobre el suelo de una de las habitaciones de la panadería, no tenían contrato ni estaban dados de alta en la Seguridad Social. Dadas las condiciones de insalubridad de los obradores de pan así como la falta de licencia para el desempeño de tal actividad, la Policía Local de Lorca levantó las correspondientes Actas, y se solicitó a la Consejería de Sanidad y Política Social la paralización cautelar de estos locales.

La última operación llevada a cabo por parte de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras ha tenido lugar en una empresa agrícola situada en Santa Cruz (Murcia) donde se empleaba a ciudadanos extranjeros, aprovechándose de su situación personal y administrativa y haciéndoles trabajar en condiciones precarias; del sueldo les era descontado los gastos de transporte desde su lugar de recogida hasta el punto de explotación y los propios trabajadores debían sufragar el gasto de herramientas y utensilios necesarios para llevar a cabo su labor.

Estas operaciones han sido llevadas a cabo por la UCRIF – Trata de Seres Humanos, de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de Murcia contando con la asistencia de la Unidad de Prevención y Reacción y Guías Caninos de la Policía Nacional, con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Murcia, y la colaboración de las Policías Locales de Alcantarilla y Lorca y la Consejería de Sanidad y Política Social. 

Sigue sin solución la explotación laboral en Murcia de inmigrantes sin papeles en empresas agrícolas

MURCIA.- Otro empresario agrícola, esta vez de la pedanía murciana de Santa Cruz, ha sido detenido en una operación de la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo, por emplear a trabajadores inmigrantes, algunos indocumentados, sin garantías laborales.

Según un comunicado de la Policía Nacional, el detenido es un hombre de nacionalidad italiana al que se atribuyen delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y facilitación de la inmigración ilegal.

Junto a este han sido detenidas otras diez personas, una como colaboradora en los delitos descritos y nueve más por infracción administrativa de la Ley de Extranjería.

Durante la inspección llevada a cabo en un huerto de cítricos de la pedanía de Alquerías, se acreditó que nueve de los trabajadores que allí prestaban sus servicios se encontraban en situación administrativa irregular, careciendo por tanto de contrato y alta en la Seguridad Social, y por tanto, sin cobertura alguna en caso de accidente laboral.

Junto a estos se localizó a otros trabajadores en situación legal en cuanto a su estancia en nuestro país, pero que también carecían de contrato, y por tanto de las garantías laborales asociadas al mismo.

Estas condiciones de trabajo permitirían al empleador establecer condiciones de salario y horarios que incumplían el convenio laboral regulador en perjuicio de los trabajadores, que debían además hacerse cargo de los gastos de transporte e incluso del material de trabajo utilizado, mediante detracciones de su salario que se realizaban para compensar estos gastos.

La Policía Nacional detiene en Lorca a seis individuos por tener en condiciones precarias a sus trabajadores en el campo

LORCA.- La Policía Nacional ha detenido a seis individuos, de nacionalidad española, ecuatoriana y colombiana y con edades comprendidas entre los 40 y los 53 años, por tener en condiciones precarias a sus trabajadores en una empresa agrícola del campo de Lorca.

Según informa la Policía, los trabajadores debían soportar los gastos de su desplazamiento al lugar de trabajo, fuese cual fuese la distancia de desplazamiento, además de que se debían proveer ellos mismos de instrumental para poder tener opciones a trabajar y carecían de contrato y cobertura legal alguna.

El pasado mes de septiembre, la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras inició una investigación tras tener conocimiento de que un grupo de personas se encontraban trabajando en unas condiciones laborales muy precarias en el sector agrícola.

Los responsables de la empresa trasladaban a los jornaleros a las fincas careciendo de la correspondiente habilitación. Los gastos de dicho transporte no los soportaba la empresa, sino que los tenía que sufragar el propio trabajador mediante una detracción salarial.

La mayor parte de los trabajadores se encontraban en situación irregular en España, extremo del que se servían los gestores de la compañía para someterlos a unas condiciones laborales abusivas hasta el punto de no pagarles el salario pactado a pesar de haber completado sus jornadas laborales y no proveerlos del material e instrumental necesario para desempeñar su labor agrícola; los propios jornaleros debían adquirirlo. Obviamente, carecían de contrato y de cobertura legal alguna.

Aunque han sido localizadas numerosas víctimas de estos hechos, dado que la mayor parte de las personas explotadas laboralmente eran ciudadanos extranjeros en situación irregular, pueden ser muchas más las víctimas de la trama desarticulada radicada en su mayor parte en el municipio lorquino.

La pasada semana se produjo la detención de cuatro personas a las que se une la detención de dos personas, realizada el pasado mes de noviembre.

Un total de seis personas detenidas por delitos contra los derechos de los trabajadores, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a grupo criminal.

A su vez se han intervenido cinco vehículos, dinero en efectivo y numerosa documentación relacionada con la explotación laboral.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de Murcia.

En España el trabajo de menores es "anecdótico" o pasa desapercibido

MADRID.- El trabajo de menores en España es oficialmente "anecdótico" y, por tanto, no existen estadísticas ni informes, aunque el Ministerio de Trabajo detectó a 19 menores trabajando ilegalmente el año pasado.

No obstante, organizaciones como Save the Children, Unicef y la Plataforma de la Infancia advierten de que las cifras oficiales no incluyen a menores dedicados a la prostitución y que la familia es un "obstáculo a la visibilidad", por lo que es muy difícil obtener datos sobre el trabajo infantil, que se produce a menudo en empresas familiares o trabajos agrícolas.

Las últimas cifras recabadas de forma oficial en España corresponden a un informe del año 2000 realizado por Unicef a petición del entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que calculó en unos 170.000 los menores de edad que trabajaban en España.

Unicef coincide con otras organizaciones dedicadas a la infancia en que estas cifras no reflejan la realidad dado que solo contabilizan a los niños escolarizados, mientras que las grandes bolsas de trabajo infantil se dan entre los niños de poblaciones marginadas no escolarizados y en la economía sumergida.

Unicef también apunta que los inspectores de trabajo no tienen competencia para intervenir en casos de servicio doméstico, negocios familiares, delincuencia, explotación sexual y mendicidad.

Según cálculos del organismo de la ONU, unos 100.000 menores se dedicaban a tareas domésticas; 15.000 trabajaban a diario en el negocio familiar, 10.000 se dedicaban a tareas agrícolas, ganaderas o de pesca; 10.000 en publicidad, 4.600 en fábricas o talleres y unos 2.000 en venta ambulante.

Diez años más tarde, en 2010, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectó un total de 16 infracciones relativas al trabajo de 22 menores, por las que impuso multas por un total de 102.012 euros.

El año anterior, en 2009, las infracciones fueron 22 y afectaban a 56 menores.

A estos deberían añadirse los 1.300 menores identificados como víctimas de trata en España por la autoridades policiales, una cifra que a juicio de Save the Children "es sólo la punta del iceberg".

El Ministerio de Trabajo advierte de que aunque la edad mínima para trabajar es 16 años, incluidos los trabajos por cuenta propia, pueden existir infracciones laborales por limitaciones legales que prohíben a los menores de 18 años realizar ciertos trabajos.

Así, la ley prohíbe la admisión al trabajo a los menores de 16 años, salvo con un permiso especial para espectáculos públicos, y detalla que los menores de 18 no pueden realizar trabajos nocturnos, trabajar más de ocho horas diarias o hacer horas extra.

Los menores de 18 tampoco pueden realizar trabajos "declarados insalubres, penosos, nocivos o peligrosos, tanto para su salud como para su formación profesional y humana".

La Ley ya no distingue entre hombres y mujeres, como sí hacía la norma de 1957 que regulaba el trabajo de menores y mujeres debido al "alto concepto que en general al español merece la mujer y la atención que de manera especial debe ser puesta para evitar que un trabajo nocivo pueda perjudicar su naturaleza".

Esta ley de "Trabajos prohibidos a mujeres y menores" quedó derogada en lo relativo a las mujeres en 1995, y sólo persisten ciertas normas que regulan el trabajo de las mujeres embarazadas.

Tres detenidos por emplear irregularmente a 40 inmigrantes en Murcia a los que pagaban 20 euros por jornada

MURCIA.- Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Murcia pertenecientes a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, con la colaboración de la Inspección Provincial de Trabajo de Murcia, han detenido a tres ciudadanos españoles como responsables de un delito contra los derechos de los trabajadores.

   Estas detenciones son consecuencia de las labores de investigación de la referida Brigada, encaminadas a la protección de los derechos de los trabajadores y los ciudadanos extranjeros, según han informado fuentes policiales.

   Así, en fechas recientes se pudo comprobar que una empresa del sector agrícola de la Región de Murcia se encontraba empleando personas extranjeras, la mayoría de ellas en situación de estancia irregular en nuestro país, trasladándolas a fincas agrícolas de nuestra región o provincias limítrofes para trabajar en las mismas, sin ningún tipo de contrato o protección laboral, con salarios ínfimos o muy por debajo del convenio que regula este tipo de actividades

   Una vez realizadas las gestiones necesarias, el pasado 19 de octubre, con la colaboración de la Unidad de Prevención y Reacción de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Murcia, se llevó a cabo una inspección en la citada finca, situada en el término municipal de Alhama de Murcia, donde se identificó a 45 personas, de las cuales 40 carecían de permiso de residencia y trabajo, encontrándose por tanto en situación de estancia irregular en España.  

   De estos, 32 son nacionales de Paraguay, uno de Bolivia, otro de Burkina Faso, dos de Guinea Conakry, uno de Nicaragüa, uno  de Guatemala, uno de El Salvador y otro de Costa de Marfil. Todos ellos fueron trasladados a dependencias policiales como detenidos por infracción a la ley de extranjería y al objeto de incoar los correspondientes  expedientes de expulsión.

   La inspección permitió comprobar que las personas que trabajaban en la explotación agrícola investigada carecían de contratos de trabajo y de cualquier tipo de protección social, lo que se aprovechaba para remunerarles con cantidades muy inferiores a las estipuladas en los convenios del sector.

   Las remuneraciones recibidas por los trabajadores de la empresa que se encontraban en esta situación de precariedad, se han estimado en una media de 20 euros por una jornada de trabajo de ocho horas.

   Por todo lo anterior, el pasado día 21 de octubre, se procedió a la detención del gerente de la citada empresa y de dos trabajadores de la misma, encargados de la captación de los trabajadores entre colectivos de inmigrantes en situación administrativa irregular. A todos ellos se les imputan delitos contra el derecho de los trabajadores.

UGT lanza una campaña contra la explotación laboral ante el "relajamiento" de las autoridades

MADRID.- UGT desarrollará a partir de hoy una campaña contra la explotación en el trabajo ante el aumento de la economía sumergida y el "relajamiento" de los controles para detectar estas irregularidades.

"Como consecuencia de la crisis se ha producido cierto relajamiento para perseguir la explotación laboral", denunció el secretario general de UGT, Cándido Méndez, en rueda de prensa para presentar la campaña de la central, al tiempo que cuestionó la medida 'estrella' de esta legislatura: "Resulta bastante incoherente defender un nuevo modelo productivo con la convivencia de la explotación laboral".

Así pues, Méndez pidió la colaboración de la Administración Central y las comunidades autónomas con el fin de "fortalecer" la persecución a esta "fuente de negocio ilegal". Por su parte, el director general de Inmigración, Markus González Beilfuss, valoró la iniciativa del sindicato y compartió la necesidad de "implicar" a todos los agentes sociales y económicos de la sociedad.

"La lucha contra la explotación es un problema social y no individual, por lo que requiere de medidas especiales y consensuadas", enfatizó.

Con todo, el sindicato liderado por Méndez considera que, tras las reformas del Código Penal y de la Ley de Extranjería, ahora es el momento "adecuado" para abordar y detectar con "eficacia" la explotación en el trabajo.

En concreto, el Código Penal, cuya reforma se encuentra aún en tramitación parlamentaria, tipifica por primera vez el delito de trata de seres humanos, entre otras causas, con la finalidad de explotar laboralmente a las víctimas, en tanto que la Ley Orgánica 4/2000 de derechos y libertades de los extranjeros en España recoge la inclusión de documentar a las víctimas de la trata de seres humanos cuando son inmigrantes irregulares.