MURCIA.- El pasado 16 de junio el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y las Comunidades Autónomas aprobaron en un Consejo
Extraordinarios de Servicios Sociales y Dependencia un nuevo modelo de
gestión de las subvenciones con cargo al 0,7 % del IRPF, a través del
cual las autonomías se encargan de tramitar el 80% de estos fondos y el
Estado el 20% restante.
Es un acuerdo de suma importancia ya que
hasta la fecha era el Estado el que gestionaba el 100% de las mismas.
Este programa es uno de los más importantes del país con el objetivo de
que lleguen las ayudas de forma directa a las personas más necesitadas,
potenciando el denominado Tercer Sector y garantizando la cohesión
social de nuestro país.
Ya ha pasado casi un mes de dicho acuerdo y
desde CC.OO no tenemos constancia de que los responsables de la CARM
hayan comenzado a realizar gestión alguna para ponerlo en práctica.
Ahora que tenemos la oportunidad de impulsar directamente estas ayudas
para los colectivos más desfavorecidos y que tienen un gran calado en
nuestra sociedad nos enfrentamos a la pasividad de nuestros dirigentes
que no articulan las medidas necesarias para gestionar los casi 8
millones de euros que corresponden a nuestra región para 2017. Esperamos
que ese dinero no se pierda por inacción de la Administración Regional.
Este
tipo de subvenciones son absolutamente vitales para trabajar
solidariamente con la sociedad murciana ya que atienden a personas en
situación de pobreza, a personas con discapacidad, a mayores, apersonas
en materia de violencia de género y en general a los colectivos más
vulnerables.
Resulta evidente que los responsables políticos son
los que valoran los problemas de acuerdo a la relevancia política que le
otorgan y la disponibilidad de recursos que pueden movilizar. Una
información adicional, también de responsabilidad política, es la que se
refiere a la urgencia temporal en el abordaje de los problemas.
Al
no iniciar de forma inmediata actuaciones en este ámbito ¿Qué
importancia le da el gobierno regional a la política social? Mucho nos
tememos que las prioridades de nuestros dirigentes son otras como
aprobar conciertos a centros educativos privados, mientras que los
colectivos más desfavorecidos e incluso en riesgo de exclusión no parece
que les interese en la misma medida.
Desde este sindicato
instamos a los responsables regionales a una urgente convocatoria de
todos los agentes implicados para poner en marcha este programa que es
una oportunidad para optimizar los recursos y hacer frente a los nuevos
retos sociales que se nos plantean en el contexto socio-económico
actual. También exigimos que se dote a la Consejería de Mujer e Igualdad
con los medios técnicos y humanos necesarios para la gestión de los
citados recursos.
La política de reducción drástica del empleo
público en la Administración Pública de la región de Murcia, iniciada en
2012, ha puesto a las consejerías en el precipicio de la imposibilidad
de gestionar servicios públicos básicos. Tenemos constancia que la
consejería competente en la gestión de los recursos cedidos, la de
Familia e Igualdad de Oportunidades, no tiene los medios humanos para
gestionarlos. Urge la dotación de personal, de una nueva Sección o
Unidad Administrativa, con su parte técnica y su parte administrativa,
que haga posible la gestión de los casi 8 millones de euros
correspondientes a 2017 y a los que correspondan en años sucesivos, no
nos vayamos a encontrar con los prisas y manos en la cabeza de última
hora.
Es necesario garantizar la distribución racional de los
recursos y la coordinación de todas las actuaciones, con el fin de
alcanzar los mayores niveles de bienestar social para los ciudadanos de
la Región de Murcia.
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