MURCIA.- Ahora Murcia denuncia que PP, PSOE y C's se han unido para aprobar un plan urbanístico que perjudicará gravemente a cientos de familias en una de las zonas más deprimidas del municipio.
En la Comisión de Urbanismo
celebrada hoy estas formaciones han votado a favor de la aprobación del
Plan Especial PH-CT1, que afectará a los cabezos de la Cruz y del
Collado, en Cabezo de Torres, y que tiene como objetivo último la
construcción de una urbanización de duplex "en unos terrenos ocupados
actualmente por cientos de familias que viven en una situación de gran
vulnerabilidad socioeconómica".
La edil Angeles Micol asegura que "no se han subsanado ninguno de los
graves defectos de los que adolece esta actuación urbanística" y que
llevaron a que no fuera aprobada en las tres ocasiones anteriores en que
fue llevada a la Comisión de Urbanismo, la primera de ellas en tiempos
del exconcejal Fernando Berberena, que fue quien tramitó este plan.
La concejala afirma que en esta ocasión "lo único nuevo que han hecho
es decir que van a aportar 90 mil euros para dos asistentes sociales y
un administrativo, algo que ni siquiera está incluido en los
presupuestos municipales. Han dado una capa de maquillaje para hacer
creer que han hecho una consulta pública y que hay más participación,
unas acciones que ni siquiera han realizado de acuerdo a lo que se
aprobó en el Pleno de aprobación inicial de este plan".
"La forma que proponen PP, PSOE y C's", continúa, "de solucionar los
graves problemas socioeconómicos que tienen los vecinos de los cabezos
de la Cruz y del Collado es ensanchar las calles y dejar gran número de
viviendas o parte de éstas fuera de ordenación. El resultado va a ser un
desastre para esos habitantes y para todo el pueblo, creando un
problema social mayor del que ya se tiene".
Micol destaca que este plan urbanístico "tiene numerosas deficiencias
en la documentación y tramitación del proyecto" y que "su aprobación
estaría dando prioridad a intereses privados por encima del fundamental
derecho social a una vivienda".
Y es que más del 70 por ciento de estas
viviendas quedarían condicionadas por unas ordenanzas y una situación
"en las que para poder obtener licencia para rehabilitarlas con obras
mayores tendrían que tirarlas primero o tirar parte de la propiedad,
teniendo, encima de todo, que pagar ellos mismos los gastos de
urbanización de las calles y aceras".
La edil concluye que "lo que pretenden es poder hacer esa
urbanización, primero degradando aún más el barrio, abaratando así los
precios y consiguiendo finalmente que los vecinos abandonen las
viviendas, beneficiándose de ello los dueños de los terrenos, que son
los promotores del Plan urbanístico.
Un proceso que ya se ha producido
en otras ciudades españolas y que ha sido abundantemente estudiado por
arquitectos y expertos".
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