MURCIA.- El concejal de Cambiemos Murcia Nacho Tornel hará llegar al equipo de
Gobierno el acuerdo comercial suscrito por el que fuera presidente de
la junta municipal de Churra en 2014 y la empresa privada Millán
Publicidad Exterior para la colocación de carteles en espacios públicos
indicadores de edificios de interés general en la pedanía.
El acuerdo demuestra, según palabras de Tornel, la existencia de una
"relación" entre ambos por la que la junta municipal responde a una
solicitud del grupo empresarial, con sede en el polígono industrial
Saprelorca, que aporta como argumento que se trata de "información que
redunda en beneficio de la población".
Para el edil, "lo más importante en este caso es conocer si la junta
cobró a cambio de ceder la gestión de esos espacios públicos, en caso
afirmativo, en qué documento están reflejados los ingresos", lo que
sería un hecho "ilegal" porque la gestión de la publicidad privada en
los soportes públicos no es competencia de las juntas municipales, sino
del Ayuntamiento.
En el caso de Beniaján, el presidente, del PP, afirma que ese acuerdo
se gestionó directamente desde la concejalía. Esto supondría, ha
añadido el concejal de la formación municipalista, una vulneración del
artículo 4.2 de la Ordenanza de Publicidad Exterior, que prohíbe la
colocación de carteles indicativos o de señalización direccional con
mención de marcas, distintivos, logotipos, nombres comerciales o de
establecimientos, productos, promociones y otros en vía pública,
mediante la utilización de las señales de circulación, señalización y
seguridad vial, de los báculos y columnas de alumbrado público y de los
rótulos viarios con esta finalidad.
El edil ha recordado, asimismo, que las juntas carecen de
competencias para gestionar este tipo de actividades, máxime cuando
existen acuerdos con empresas por parte del Ayuntamiento para la
colocación de publicidad en el mobiliario urbano.
La formación municipalista ya llevó al Pleno de noviembre una moción
para que el Ayuntamiento procediera a retirar los paneles publicitarios
que corresponden a empresas privadas que incumplan la mencionada
Ordenanza, que fue aprobada por unanimidad.
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