CARTAGENA.- La Comunidad Autónoma de Murcia ha rechazado la posibilidad de que la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena revoque la decisión adoptada por este mismo órgano en la
legislatura pasada de declarar desierta la plaza de interventor del
Ayuntamiento. El Ejecutivo actual, de Movimiento Ciudadano y PSOE, no
podrá dar marcha atrás al acuerdo del equipo del PP y adjudicar el
puesto a Fernando Urruticoechea, el único candidato que se presentó al
concurso público convocado para cubrir la plaza de forma definitiva.
Un portavoz del alcalde, José López, confirmó a 'La Verdad' que
en respuesta a una pregunta del Ayuntamiento, la Consejería de
Presidencia, que dirige María Dolores Pagán, ha emitido un informe en el
que determina que no ha lugar a revocar la decisión de la Junta que
presidía como alcaldesa Pilar Barreiro.
En su resolución, dictada en enero pero que ha trascendido ahora, la
Consejería advierte además al Ayuntamiento de que pronto se cumplirá el
plazo máximo para convocar un nuevo concurso. La plaza es ocupada de
forma provisional por Miriam González, designada por la Comunidad Autónoma.
La Junta de Gobierno tiene previsto aprobar hoy las bases del nuevo
concurso para la plaza de interventor, y para las de otros dos
funcionarios de habilitación nacional: secretario general y directora de
la Oficina del Gobierno municipal, ocupados de forma transitoria por
Bernardo Muñoz y Encarna Valverde respectivamente.
En la Alcaldía indicaron que López «no puede imponer su criterio»,
sino que debe actuar con «máximo respeto a sus obligaciones legales y
con coherencia», dado que cuando estaba en la oposición su grupo,
Movimiento Ciudadano, exigió al PP acatar las leyes y los plazos. En
todo caso, recordaron que, en cualquier momento, Fernando Urruticoechea puede ver
reconocido su derecho a la plaza en los tribunales.
En la vía penal, MC se querelló contra la Junta anterior por
prevaricación, por catalogar al aspirante como «no idóneo» a pesar de
que cumplía todos los requisitos, y Urruticoechea ejerce la acusación
particular. En lo contencioso-administrativo, hay un pleito interpuesto
por el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros
de Administración Local (Cosital).
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