MURCIA.- El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Juan Vicente Larrosa, ha
lamentado este jueves el "espectáculo bochornoso y lamentable que ha
dado el Ayuntamiento de Murcia" tras haberse mantenido durante años como
acusación particular en el caso de los policías de Beniaján acusados de
acoso a un cabo y ahora absueltos.
"El fiscal considera que el Ayuntamiento de Murcia actuó de mala fe
ejerciendo la acusación sobre estos seis policías y ahora nos tocará a
todos los murcianos y murcianas pagar las costas de una actuación
totalmente arbitraria e irresponsable por parte del anterior equipo de
Gobierno", ha indicado Larrosa.
El edil socialista ha asegurado que la forma de proceder del
consistorio como acusación particular en este caso es un hecho grave,
"ya que se han violado derechos fundamentales y se ha actuado al margen
de la Ley. La responsabilidad es del anterior equipo de Gobierno del PP
y, más concretamente, de la ex concejal Nuria Fuentes, quien ahora
ostenta el cargo de directora general de Ordenación del Territorio y
Vivienda".
Para el Grupo Municipal Socialista, es Fuentes quien debería hacerse
cargo de las costas que se le reclamen al Ayuntamiento de Murcia si éste
es condenado a hacerse cargo del pago. "La señora Nuria Fuentes es la
responsable directa de esta forma de actuar que le puede salir cara al
Ayuntamiento de Murcia. No sólo creemos que debe hacer frente a las
consecuencias de su gestión negligente, sino que, además, por
responsabilidad política, debería abandonar cualquier cargo público y,
por tanto, dimitir como directora general".
Larrosa ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista en la
Asamblea Regional también pedirá a Fuentes que asuma su responsabilidad y
deje su cargo. "El actual equipo de Gobierno, también del PP, tendría
que sumarse a esta exigencia y reclamar a su partido que cese a la ex
concejala Fuentes. Los hechos son de la suficiente gravedad como para no
permitir que siga ostentando cargos de responsabilidad".
El procedimiento
Los seis policías locales juzgados en la Audiencia Provincial acusados de acosar a un cabo serán absueltos al retirar el Ayuntamiento de Murcia la acusación particular que ejercía contra ellos y después de que el fiscal haya reclamado una sentencia absolutoria.
Así lo adelantó el presidente de la sala, el magistrado José Luis García, que explicó que tras la retirada de la acusación particular y la decisión del fiscal del caso, «la sentencia está abocada a la absolución». Lo que sí deberá debatir y decidir la sala es si, como le han pedido la acusación estatal y las defensas, condena en costas al Consistorio si, como todos ellos entienden, ha actuado con mala fe en este caso.
Con respecto a este tema, el fiscal, Manuel Campos, recalcó durante la exposición de su informe que la acusación particular, ejercida en nombre del Ayuntamiento de Murcia y del cabo denunciante, «ha actuado con temeridad y mala fe».
Para el representante del Ministerio Público, se ha hecho acreedora de la imposición de las costas, reprochándole también que en la primera sesión de la vista oral pidiera su recusación «sin aportar siquiera ni un principio de prueba que justificara su solicitud».
Campos, lo mismo que los letrados defensores, entre ellos José Luis Mazón y Mariano Bó, afirmó que la cámara que fue instalada en el vestuario del cuartel de la Policía Local de la pedanía de Beniaján, cuyas grabaciones constituyeron la base del proceso, violó derechos fundamentales, al no contar con autorización judicial.
Para el Ministerio Público y los letrados de la defensa, este asunto no debió llegar nunca a los tribunales y, en su caso, debió ser resuelto en el seno de la propia Policía Local, cuyos mandos mantuvieron a los agentes, destinados en el cuartel de Beniaján y hoy absueltos, en situación de suspensión de empleo y sueldo durante seis meses.
El procedimiento
Los seis policías locales juzgados en la Audiencia Provincial acusados de acosar a un cabo serán absueltos al retirar el Ayuntamiento de Murcia la acusación particular que ejercía contra ellos y después de que el fiscal haya reclamado una sentencia absolutoria.
Así lo adelantó el presidente de la sala, el magistrado José Luis García, que explicó que tras la retirada de la acusación particular y la decisión del fiscal del caso, «la sentencia está abocada a la absolución». Lo que sí deberá debatir y decidir la sala es si, como le han pedido la acusación estatal y las defensas, condena en costas al Consistorio si, como todos ellos entienden, ha actuado con mala fe en este caso.
Con respecto a este tema, el fiscal, Manuel Campos, recalcó durante la exposición de su informe que la acusación particular, ejercida en nombre del Ayuntamiento de Murcia y del cabo denunciante, «ha actuado con temeridad y mala fe».
Para el representante del Ministerio Público, se ha hecho acreedora de la imposición de las costas, reprochándole también que en la primera sesión de la vista oral pidiera su recusación «sin aportar siquiera ni un principio de prueba que justificara su solicitud».
Campos, lo mismo que los letrados defensores, entre ellos José Luis Mazón y Mariano Bó, afirmó que la cámara que fue instalada en el vestuario del cuartel de la Policía Local de la pedanía de Beniaján, cuyas grabaciones constituyeron la base del proceso, violó derechos fundamentales, al no contar con autorización judicial.
Para el Ministerio Público y los letrados de la defensa, este asunto no debió llegar nunca a los tribunales y, en su caso, debió ser resuelto en el seno de la propia Policía Local, cuyos mandos mantuvieron a los agentes, destinados en el cuartel de Beniaján y hoy absueltos, en situación de suspensión de empleo y sueldo durante seis meses.
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