CARTAGENA.- Las mancomunidades de servicios sociales de la Región continuarán
ofreciendo los servicios y prestaciones que desarrollaban hasta el
momento, y lo mismo ocurrirá con diversas competencias de los
Ayuntamientos, ya que así lo establece el decreto ley 1/2014,
convalidado esta mañana por la Asamblea Regional.
El consejero de
Presidencia y Empleo, José Gabriel Ruiz, ha comparecido hoy ante la
Diputación Permanente de la Cámara para presentar el nuevo decreto, el
primero que se aprueba en la región, ya que esa posibilidad se introdujo
en el Estatuto de Autonomía el pasado mes de noviembre.
En
declaraciones a la prensa, Ruiz ha recordado que la nueva ley nacional
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local redujo
las competencias propias de ayuntamientos y mancomunidades, y este
decreto permitirá a esas entidades continuar ejerciéndolas.
En la
región hay actualmente cuatro mancomunidades de servicios sociales (Comarca
Oriental, Valle de Ricote, Río Mula y Comarca del Noroeste), que
atienden las necesidades de más de 150.000 personas de 16 municipios.
En
concreto, las mancomunidades prestan servicios relacionados con la
atención temprana, atención residencial de discapacitados y otros
servicios de interés social, y lo hacen, según el consejero, de manera
"eficiente" y cercana a los ciudadanos.
El decreto permitirá
también que los Ayuntamientos de la región puedan seguir teniendo
competencias en áreas en las que hasta el momento han trabajado, como
servicios turísticos, defensa de los consumidores, actuaciones de
conservación en zonas rurales, asistencia a drogodependientes, servicios
sociales especializados y reinserción de menores, entre otras.
"El
decreto permitirá que mancomunidades y ayuntamientos sigan dando unos
servicios, porque lo hacen bien, son la administración más cercana a los
ciudadanos y la que mejor puede detectar sus necesidades, y lo hacen
con un grado alto de calidad y de satisfacción de los usuarios", ha
indicado.
Con la nueva normativa, ha insistido, se da validez a
todas las atribuciones que la legislación nacional anterior permitía a
ayuntamientos y mancomunidades, a los que se les ofrece ahora una
seguridad jurídica sobre sus competencias y servicios a prestar.
Por
último, ha recordado que el decreto para mantener las competencias de
esas administraciones lo habían solicitado los propios municipios y
mancomunidades, está consensuado con la Federación de Municipios de la
Región de Murcia, y cuenta con el respaldo de los tres grupos políticos
de la Asamblea Regional (PP, PSOE e IU-V).
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