Prisas por encontrar un culpable / Milagros Pérez Oliva *

La información de sucesos resulta con frecuencia problemática por la relación de dependencia que tienen los periodistas respecto de la fuente policial, pero si además se produce en un contexto de fuerte tensión política, puede convertirse en un campo de minas del que no resulta fácil salir indemne. No solo puede verse afectada la credibilidad del periodismo sino que también pueden producirse víctimas entre quienes han tenido la mala suerte de atraer los focos mediáticos, como ocurrió con la detención de Diego P. V. en Tenerife en 2009, acusado de la muerte de la hija de su compañera, una niña de tres años. El hombre fue objeto de un injusto linchamiento mediático hasta que se demostró que era inocente.

Una espiral parecida se ha producido con la detención de un joven sospechoso de haber agredido al consejero de Cultura de Murcia, Pedro Alberto Cruz, del PP. La detención se produjo el lunes después de que el joven hubiera sido identificado por el consejero como su agresor en una fotografía. El martes la detención era noticia de portada en casi todos los periódicos. Algunos se referían al detenido como "el agresor del consejero de Murcia" y le presentaban como un peligroso extremista de izquierdas. Pero el miércoles la juez lo dejaba en libertad después de que el consejero fuera incapaz de identificarle en una rueda de reconocimiento.

Los titulares de EL PAÍS respetaban la presunción de inocencia, tanto en portada (Interior detiene a un presunto agresor del consejero del PP de Murcia), como en el interior (La detención de un sospechoso de la agresión en Murcia rebaja la tensión). Y en la crónica, el corresponsal Javier Ruiz y el enviado especial Carlos E. Cué se esforzaban por dejar claro que el detenido era solo sospechoso y que tanto amigos como familiares insistían en su inocencia. 

Pero en el texto se incluían algunos detalles que Óscar Caballero Montero, de Blanes (Girona), considera innecesarios: "No solo se dan nombre y apellidos del que solo es un sospechoso", escribe a la Defensora, "sino que también se publican datos personales, como la población de origen, Baños y Mendigo, y el negocio que da sustento a la familia: la única gasolinera de la población. ¿Le parece a usted correcto que EL PAÍS publique esos datos de un simple sospechoso?", pregunta. "¿Cree que el detenido y su familia van a poder salir indemnes del tratamiento informativo de su diario y otros medios, aunque pudiera ser absuelto de las acusaciones que ahora se le imputan?", insiste el lector.

No. Creo que aunque sea inocente, no saldrá indemne. Ya se ha producido un daño, pero no todos los medios han contribuido por igual.Javier Casqueiro, redactor jefe de la sección de España, sostiene que la cobertura de EL PAÍS ha sido muy comedida: "En todo momento hemos intentado equilibrar al máximo la necesidad de información y el respeto a las vidas privadas, cuando desde muchos medios de comunicación se criminalizaba al detenido y se sacaban consecuencias de la detención. El debate político se había desbordado y la detención ayudó a que el PP cargara todavía más las tintas contra los partidos de izquierda, a los que culpaba, sin pruebas, de la agresión al consejero. Para aclarar ese debate, entendíamos que debíamos dar a los lectores toda la información posible sobre el detenido".

Casqueiro admite que "la crónica incluía un dato claramente innecesario: el de que la familia regentaba una gasolinera. Es un error por el que hay que pedir disculpas, pero no por el resto de la información, que tan solo pretendía ayudar al lector a comprender lo que ocurría en Murcia".

Javier Ruiz explica que él y sus jefes se plantearon si debían dar el nombre completo o solo las iniciales. Se decantaron por lo primero al observar que otros medios divulgaban la identidad. Creo, sin embargo, que este es un mecanismo perverso: sabemos que si revelamos el nombre, y luego es inocente, provocamos un grave daño al detenido, pero si otros lo dan, nos consideramos amparados por esa coartada. El resultado es que el más osado o el menos escrupuloso de los medios acaba arrastrando a los demás. Resistir la fuerza de esa espiral no es fácil, porque todos compiten por dar el máximo de información posible, pero creo que en estos casos deberían utilizarse iniciales y evitar los datos que permitan identificar al detenido, al menos hasta que el juez se pronuncie sobre los indicios de culpabilidad. Hay que tener en cuenta que la propia policía estaba sometida en este caso a una fuerte presión política: la crispación crecía y había prisa por encontrar un culpable.

(*) Defensora del Lector en El País