El presidente Valcárcel Sisó, personalmente, no quiere más provincias en la Región de Murcia para evitar que la hoy dominante oligarquía capitalina que le soporta tenga que compartir estatutariamente el poder con una oligarquía cartagenera, muy agresiva y crecida, de la que no se fía, y que aspira a hacerse con el gran negocio inmobiliario de la costa y comarcas limítrofes, aparte de concentrar un polo industrial de dimensión multinacional y explotar un puerto de los más rentables de España. El resto del territorio tiene mucho menos futuro, si se exceptúa la comarca del Mar Menor, a la que también aspira a liderar Cartagena dentro de un amplio contexto de nueva provincialidad que alarma mucho en la Gran Vía Escultor Salzillo y aledaños.
El mandatario, además, no está dispuesto a que la ciudad de Murcia se quede sólamente al frente de una huerta en trance de desaparición como espacio productivo y de los campos baldíos de Albudeite, Abanilla o Yéchar. El PSRM-PSOE tampoco está por la labor, así que no es probable que la provincia de Cartagena se recoja finalmente en la reforma del Estatuto de Autonomía tras un debate no considerado todavía necesario por la mayoría de la población regional, a juicio de un grupo de expertos participante en los estudios justificativos previos por encargo expreso de parte. Sin embargo, la codicia de políticos decolgados en Madrid es motor de reivindicación.
El PP se encuentra dividido ante la cuestión. El presidente de la Asamblea Regional, Celdrán, y el consejero de Presidencia, Fernando Cierva, pero, sobre todo, el primero como el único alto dirigente nacido en Cartagena, discrepan de Valcárcel Sisó en privado y no se sabe si han llegado a plantearle su postura a favor. Celdrán pudiera querer ser, legitimamente, el presidente de la primera Diputación Provincial; Cierva, alcalde de esa nueva capital de provincia, y Pilar Barreiro, la nueva presidenta de la Autoridad Portuaria para no mezclar pasado y futuro. Todo perfecto porque algunos socialistas cartageneros de peso en Madrid, caso de Eduardo Alonso, van a mover todos sus resortes para que Ferraz vea las ventajas particulares de esta secesión.
El principal problema radica en que ni San Esteban ni Princesa van a mover un dedo para conjurar las fuertes resistencias detectadas en los municipios que, por no querer, no desean estar en una comarca liderada por Cartagena, casos de Torre Pacheco, La Unión, Fuente Álamo, Los Alcázares, Mazarrón, San Pedro del Pinatar y San Javier. Si se llegan a plantear referendos municipales al efecto, la provincia de Cartagena se estanca antes de preguntarles luego a los propios cartageneros, y encima todavía se descuelgan algunos núcleos que aspiran a ser municipios independientes. La cosa, pues, no está nada fácil o se ha planteado equivocada y prematuramente al no consultar primero con los necesarios para formar un todo supramunicipal.
Otro problema es Madrid. Moncloa, valiente y arriesgada para cuestiones más peliagudas, no desea ahora abrir el melón de nuevas provincias; de ahí la prudencia y reserva de Saura, aparte de su origen pachequero y, por tanto, siempre reactivo en contra de una Cartagena que reste fuerza y protagonismo a una tan cercana población, hoy salida de madre y, en cierto modo, competidora en tantas cosas para sustituir un modelo agrícola por otro inmobiliario especulativo. Solo faltaría que Navarro-Valls consiguiese la archidiócesis y, en un momento, se rivalice en importancia a partir de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, la Asamblea Regional, el Mando Naval Militar y la sede histórica primada de la Iglesia Católica Española. Valcárcel se muere del soponcio si así termina su ciclo y Saura inauguraría con mal pié su eventual mandato.
La burguesía cartagenera no va a ceder en su presión y comenzará pronto a negociar pactos territoriales encubiertos con los líderes naturales del Campo de Cartagena, Mar Menor y Valle del Guadalentín. Del éxito o fracaso de esos contactos, dependerá el éxito y viabilidad política de la propuesta. Si la biprovincialidad es un clamor de la Asamblea Regional, el Estado tendrá que ser sensible con la aspiración, tanto más si las Fuerzas Armadas secundan la iniciativa a su nivel de poder fáctico local, de esa reforma del Estatuto de Autonomía a los 25 años de su vigencia.
Dar voz y voto a una provincia de Cartagena significa, además, un pacto no escrito para que los partidos políticos alternen en San Esteban un candidato de la capital regional con otro de fuera. De los presidentes regionales que lo han sido en un cuarto de siglo, tres fueron murcianos, uno lorquino y otra molinense. Los cartageneros, pese a su importancia, se han resignado a ser esfinges en la mesa del parlamento autonómico. Ninguno de sus pesos pesados ha podido jugar fuerte a ocupar un palacio de San Esteban monopolizado por huertanos con la excepción del ilustre profesor socialista, Collado Mena.
El mandatario, además, no está dispuesto a que la ciudad de Murcia se quede sólamente al frente de una huerta en trance de desaparición como espacio productivo y de los campos baldíos de Albudeite, Abanilla o Yéchar. El PSRM-PSOE tampoco está por la labor, así que no es probable que la provincia de Cartagena se recoja finalmente en la reforma del Estatuto de Autonomía tras un debate no considerado todavía necesario por la mayoría de la población regional, a juicio de un grupo de expertos participante en los estudios justificativos previos por encargo expreso de parte. Sin embargo, la codicia de políticos decolgados en Madrid es motor de reivindicación.
El PP se encuentra dividido ante la cuestión. El presidente de la Asamblea Regional, Celdrán, y el consejero de Presidencia, Fernando Cierva, pero, sobre todo, el primero como el único alto dirigente nacido en Cartagena, discrepan de Valcárcel Sisó en privado y no se sabe si han llegado a plantearle su postura a favor. Celdrán pudiera querer ser, legitimamente, el presidente de la primera Diputación Provincial; Cierva, alcalde de esa nueva capital de provincia, y Pilar Barreiro, la nueva presidenta de la Autoridad Portuaria para no mezclar pasado y futuro. Todo perfecto porque algunos socialistas cartageneros de peso en Madrid, caso de Eduardo Alonso, van a mover todos sus resortes para que Ferraz vea las ventajas particulares de esta secesión.
El principal problema radica en que ni San Esteban ni Princesa van a mover un dedo para conjurar las fuertes resistencias detectadas en los municipios que, por no querer, no desean estar en una comarca liderada por Cartagena, casos de Torre Pacheco, La Unión, Fuente Álamo, Los Alcázares, Mazarrón, San Pedro del Pinatar y San Javier. Si se llegan a plantear referendos municipales al efecto, la provincia de Cartagena se estanca antes de preguntarles luego a los propios cartageneros, y encima todavía se descuelgan algunos núcleos que aspiran a ser municipios independientes. La cosa, pues, no está nada fácil o se ha planteado equivocada y prematuramente al no consultar primero con los necesarios para formar un todo supramunicipal.
Otro problema es Madrid. Moncloa, valiente y arriesgada para cuestiones más peliagudas, no desea ahora abrir el melón de nuevas provincias; de ahí la prudencia y reserva de Saura, aparte de su origen pachequero y, por tanto, siempre reactivo en contra de una Cartagena que reste fuerza y protagonismo a una tan cercana población, hoy salida de madre y, en cierto modo, competidora en tantas cosas para sustituir un modelo agrícola por otro inmobiliario especulativo. Solo faltaría que Navarro-Valls consiguiese la archidiócesis y, en un momento, se rivalice en importancia a partir de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, la Asamblea Regional, el Mando Naval Militar y la sede histórica primada de la Iglesia Católica Española. Valcárcel se muere del soponcio si así termina su ciclo y Saura inauguraría con mal pié su eventual mandato.
La burguesía cartagenera no va a ceder en su presión y comenzará pronto a negociar pactos territoriales encubiertos con los líderes naturales del Campo de Cartagena, Mar Menor y Valle del Guadalentín. Del éxito o fracaso de esos contactos, dependerá el éxito y viabilidad política de la propuesta. Si la biprovincialidad es un clamor de la Asamblea Regional, el Estado tendrá que ser sensible con la aspiración, tanto más si las Fuerzas Armadas secundan la iniciativa a su nivel de poder fáctico local, de esa reforma del Estatuto de Autonomía a los 25 años de su vigencia.
Dar voz y voto a una provincia de Cartagena significa, además, un pacto no escrito para que los partidos políticos alternen en San Esteban un candidato de la capital regional con otro de fuera. De los presidentes regionales que lo han sido en un cuarto de siglo, tres fueron murcianos, uno lorquino y otra molinense. Los cartageneros, pese a su importancia, se han resignado a ser esfinges en la mesa del parlamento autonómico. Ninguno de sus pesos pesados ha podido jugar fuerte a ocupar un palacio de San Esteban monopolizado por huertanos con la excepción del ilustre profesor socialista, Collado Mena.
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