MADRID.- El grupo parlamentario de CiU ha pactado con PP, PSOE y PNV instar al
Gobierno a que revise los blindajes de los directivos de entidades
bancarias que requieran ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB) para evitar su materialización aunque dichas
indemnizaciones ya hayan sido devengadas, caso de Banco Mare Nostrum.
Según consta en el texto acordado por los diferentes grupos
parlamentarios, se pide al Ejecutivo que revise
"la totalidad de las cláusulas indemnizatorias, pensiones o cualquier
cláusula de blindaje, incluso las de carácter laboral, de las cuales
puedan derivarse beneficios discrecionales por el ejercicio de sus
funciones y percibidas o demandadas por los administradores o cargos
directivos, aunque ya hayan sido devengadas, de entidades financieras
que hayan requerido de ayudas del FROB".
Además, en lugar de pedir la anulación o declaración de
invalidez de estos blindajes, como figuraba en la iniciativa original,
CiU pide que se "impida la materialización" de dichos pagos, y precisa
que la revisión "sólo afectará a las entidades financieras que hayan
requerido ayuda al FROB", dejando fuera a las entidades sanas que se
fusionen con otras problemáticas para que no se vean castigadas por este
tipo de operaciones.
Finalmente, el PNV ha introducido en el texto una enmienda
propia en la que se recoge que estos principios deberán "ser tenidos en
cuenta" durante la tramitación como proyecto de ley de la reforma del
sector financiero aprobada el pasado mes de mayo.
Tras una tarde de gran trasiego por los pasillos del Congreso,
CiU ha decidido sacar de su iniciativa la petición de anular o, al
menos, limitar las pensiones e indemnizaciones de los directivos de
cajas de ahorro que reciban apoyo público del FROB no sólo en 2012 y
mientras subsista el apoyo financiero público, sino también con carácter
retroactivo a ejercicios anteriores si de la gestión de aquellos
ejercicios se derivara la posterior situación de necesidad de ayuda
pública.
En cualquier caso, el portavoz nacionalista catalán de
Economía, Josep Sánchez Llibre, ha defendido que con el nuevo texto se
mantiene el objetivo de "impedir que con dinero público se puedan pagar
indemnizaciones millonarias, incluso con carácter retroactivo, a los
administradores o directivos de entidades financieras que hayan sido
intervenidas por el Estado o que hayan recibido ayudas públicas a través
del FROB".
Su aliado en la negociación, Pedro Azpiazu (PNV), se ha
congratulado del acuerdo aunque ha reconocido que su grupo prefería que
estas medidas no se limitaran únicamente a las entidades con ayudas
públicas, sino que se incluyeran en los códigos de conducta y los
estatutos de los bancos. Además, ha exigido que "la iniciativa se
convierta cuanto antes en ley de obligado cumplimiento mediante su
inclusión en el proyecto de ley de la reforma financiera"
El socialista Jesús Caldera ha destacado que este acuerdo,
aunque "parcial", es "muy importante" para acabar con un comportamiento
que "no es ético y tampoco tiene sentido económico".
"Las remuneraciones
excesivas llevan a la asunción de riesgos excesivos, y es importante
que hagamos que quienes no han hecho un buen trabajo y no han aportado
valor a sus empresas no puedan percibir indemnizaciones millonarias,
especialmente en un momento tan delicado como éste", ha defendido.
Además, el exministro ha deseado que a partir de este acuerdo
se pueda hacer "un debate de más profundidad" y "con transparencia"
sobre este asunto para "establecer códigos de conducta" que impidan que
estas situaciones se repitan en el futuro.
También el diputado 'popular' Fernando López-Amor se ha
congratulado de este acuerdo para frenar un fenómeno "absolutamente
execrable", aunque ha recordado que el Gobierno de Mariano Rajoy "ya
había tomado las medidas adecuadas" en este sentido, prohibiendo los
bonus en el futuro en entidades que reciban ayudas públicas.
A renglón seguido, ha aprovechado para reprochar al PSOE que,
"en ocho años de Gobierno y viendo que no había un saneamiento adecuado
del sector, no tomó medidas ni desde el punto de vista del saneamiento
ni desde el punto de vista ético y de razonabilidad".
"Esperamos que en
la tramitación del proyecto de ley de la reforma financiera se puedan
plasmar estas medidas de acuerdo con todos los grupos", ha concluido
López-Amor.
Por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), el diputado Joan
Coscubiela ha aplaudido que se intente abordar un problema como éste,
que es "una de las causas" de la actual crisis, si bien ha reconocido
tener "la sensación de que se pretende dar la imagen de que se abordan
los problemas sólo para dar la imagen de que se hace algo". Por eso, ha
condicionado su voto "de buena fe" a que el PP se comprometa a plasmar
estos principios en la reforma financiera y también a llevarlos a la
práctica.
El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha apoyado la
medida si bien ha señalado que debería extenderse a todas las entidades,
y no sólo a las que pidan ayuda al FROB, y ha recordado que con este
acuerdo se aborda "una de las partes donde radica la crisis", pero no se
abordan las responsabilidades de quienes "tenían que regular y vigilar
el sistema y no lo hicieron", permitiendo que "comportamientos obscenos"
de algunas entidades para obtener beneficios hayan llevado a un gran
apalancamiento del sistema que ahora provoca problemas generalizados al
sistema.
En este sentido, la diputada de ERC Teresa Jordà ha
aprovechado para señalar que los directivos de las entidades con
problemas "no sólo no merecen los premios económicos sino que merecen
una comisión de investigación y, muy probablemente, un castigo penal de
dimensiones similares a sus escandalosas indemnizaciones".
"Es ruin que
entidades intervenidas con dinero de todos regalen indemnizaciones
multimillonarias a sus directivos", ha zanjado.
Finalmente, el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha
reconocido que le gustaba la propuesta inicial de CiU y ha lamentado la
nueva "propuesta edulcorada" que "mira hacia adelante" y pierde la
petición de retroactividad más allá de lo devengado y no cobrado. "No se
puede ignorar esto, no se puede decir que se han llevado esas
cantidades por hundir las entidades y, como mínimo, hay que congelar
cautelarmente (estas indemnizaciones) mientras la justicia actúa. Si no,
será una solución en falso", ha advertido.
