Ecologistas en Acción solicita la mediación del Defensor del Pueblo ante sus demandas a la Administración regional

MURCIA.-   El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia se ha reunido este jueves con el coordinador de Ecologistas en Acción de la Región de Murcia, Pedro Luego, y su secretario general, Rubén Vives, quienes han solicitado la mediación de la Defensoría para tratar de resolver las quejas tramitadas contra la Administración regional.

   En la queja que iniciaron los ecologistas consideraban que "se está incumpliendo la legislación ambiental, en cuanto al Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente, ya que el presidente del citado órgano está haciendo una dejación de su obligación de convocarlo con la periodicidad establecida, como mínimo una vez al trimestre y siempre que deba de dictaminar sobre asuntos de su competencia". Según la documentación que aportaron al expediente, este organismo no se reúne desde abril de 2008.

   Ante la petición de información que cursó el Defensor a la Consejería de Presidencia para interesarse por este asunto, el consejero Manuel Campos contestó que en la actualidad se llevan a cabo las actuaciones preparatorias necesarias para una próxima convocatoria.

   En este sentido, la Consejería ya ha dirigido los oficios a las consejerías de Obras y Públicas y Ordenación del Territorio y a la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, para que designen a los representantes que actuará como miembro del Consejo Asesor, según ha informado la institución en comunicado.

   Ecologistas en Acción también ha solicitado un seguimiento del cumplimiento de la resolución del Defensor del Pueblo que se cursó a la Consejería de Agricultura y Agua, en la que se recordaba el Deber Legal que tenía de "remover todos los obstáculos existentes para proceder a la redacción y aprobación de los distintos planes de recuperación, conservación y manejo de la fauna silvestre amenazada, dados los inexcusables mandatos contenidos en el artículo 18 de la Ley de Fauna Silvestre de la Región de Murcia".

   Con respecto a esta recomendación, la Consejería contestó que aceptaba su contenido y que "asumía los compromisos de desarrollo de los mandatos contenidos en esta ley y que se estaba procediendo, dentro de la estrategia Regional para la Conservación y el uso sostenible de la Diversidad Biológica, a la adopción de las medidas necesarias para su cumplimiento".

   En contestación a las demandas del Defensor, recientemente la Administración regional también ha informado por escrito sobre los distintos planes de recuperación de las especies en los que están trabajando.

Vecinos denuncian al Defensor del Pueblo que las ayudas de Emuasa para las familias en dificultades son "un engaño"

MURCIA.- Vecinos de Murcia, acompañados por miembros de la Asamblea de La Paz, La Fama y Vistabella del 15-M, han denunciado que el fondo de 200.000 euros habilitado por Aguas de Murcia (Emuasa) para ayudar a pagar los recibos del agua a las miles de familias sin ingresos y más necesitadas por la crisis es un "engaño" y un instrumento "propagandístico" porque no han llegado a los afectados.

   Así lo han hecho saber los afectados Judith Rodríguez, Rafael Fernández, Alfonso Muñoz Cánovas y Rafael Fernández, quienes han acudido acompañados por un miembro del 15-M a presentar una queja ante el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, José Pablo Ruiz Abellán, para denunciar una situación que califican de "extrema" para miles de familias.

   Cabe recordar que las familias afectadas pusieron en conocimiento del movimiento 15-M, en mayo de 2011, que se encontraban en una situación de dificultad por no poder afrontar a los pagos y estar amenazados por Emuasa de un posible corte de agua. En aquel entonces, contabilizaron un total de 200 familias afectadas, aunque el número era "mucho mayor", según el 15-M.

   Los afectados protestaron entonces ante el Ayuntamiento de Murcia y, con la intermediación de la concejala de Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, el consejo de administración de Emuasa aprobó la creación de un fondo social dotado con 200.000 euros al año para las familias más desprotegidas.

   Según lo aprobado, estas familias podrían beneficiarse en 2012 de una reducción de casi el cien por cien del importe del recibo del agua. Se calculaba que cerca de 1.000 familias se podrán acoger a este fondo.

   Sin embargo, meses más tarde han comprobado que esta ayuda sólo garantiza el pago de un recibo atrasado, correspondiente a dos meses de servicio. De hecho, lamentan que ni siquiera está claro que Emuasa vaya a pagar las ayudas, ya que ellos sólo se comprometen a tramitar las subvenciones, según Muñoz.

   Mientras, lamentan que los recursos económicos de los afectados transcurridos ese tiempo "siguen siendo los mismos, es decir, ninguno", por lo que se preguntan qué va a pasar en sucesivos recibos, según ha explicado Rodríguez en declaraciones a los medios de comunicación.

   Fernández añade que, en su caso concreto, la empresa tramitó la subvención para hacer frente a sus atrasos, pero le amenazaron con que le iban a quitar el contador del agua si volvía a atrasarse en el pago.

   Al parecer, la empresa emplaza a los afectados a acudir a sus oficinas a reclamar la ayuda cuando se acumulen varios recibos. Sin embargo, las familias se preguntan cómo pueden acumular más recibos, si al segundo abono sin pagar se les corta el agua.

   En ocasiones, la situación es tan extrema que aseguran que, si abonan los pagos, los afectados no pueden dar de comer a sus hijos, por lo que tienen que escoger entre una cosa u otra. Incluso, Muñoz amenaza con que si le cortan el agua irá a enchufar el agua, aunque lo lleven a la cárcel.

   Rodríguez ha explicado que hay familias "a las que les da vergüenza todo esto", pero ha reprochado que quien tiene que tener vergüenza es la Administración y Emuasa. "Nosotros no hacemos nada malo, y demasiado estamos pasando, porque estamos pasando muchas necesidades y fatigas, porque llegan cartas de embargo de la casa y recibos impagados".

   Los afectados, que dicen estar pasándolo muy mal, piden una respuesta "contundente y que sea cierta", al tiempo que preguntan "dónde está la ayuda y qué se va a hacer con ella". Por ejemplo, denuncian públicamente que cuando los afectados acuden a Emuasa, la empresa suministradora del servicio de agua les ayuda en una ocasión, pero les dice que no vuelvan más por sus oficinas".

   Rodríguez lamenta que las tarifas del agua "han subido, en vez de bajar, y suben también la comisión, que el año pasado eran 96 euros y ahora son 100,36 euros", algo que han calificado de "robo" con el agravante de que se hace a "personas que no tenemos recursos".

   "Tenemos las casas embargadas", añade Muñoz, quien dice que no se van a quedar el agua. En este sentido, proponen incluso a Emuasa que habiliten una fuente de agua potable colectiva de la que puedan beneficiarse todos los vecinos, pero que sean ellos los que se hagan cargo de su gestión.

   Los afectados, que incluso llegan a sospechar que Emuasa "quiere quedarse" con el fondo solidario, lamentan que la situación es crítica, porque se encuentran en paro y no encuentran trabajo, al tiempo que tienen que hacer frente al pago de todos los recibos, muchas veces con hijos a su cargo.

USO quiere aguarle la fiesta económica a la CROEM, UGT y CC OO de la mano de la Defensora del Pueblo

MURCIA.- La Defensora del Pueblo Nacional en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha acusado recibo del Recurso de queja presentado por USO Región de Murcia solicitándole que presente un Recurso de Inconstitucionalidad contra las subvenciones nominativas de las Consejerías de Economía y Hacienda y la de Educación, Formación y Empleo por importe de casi 800.000 euros a la Patronal CROEM y los Sindicatos UGT y CCOO.

   De este modo, estas subvenciones están contenidas en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2.012, en donde se excluye a USO y resto de organizaciones sindicales, "cuando en repetidas sentencias, el Tribunal Constitucional ha fallado que en las subvenciones públicas a los sindicatos debe únicamente primar el criterio de la representatividad", según han informado fuentes sindicales en un comunicado.

   En dicho acuse de recibo, dirigido a USO Región de Murcia, se comunica el número del expediente abierto y afirma textualmente "que se ha iniciado un estudio sobre este asunto y que se le informará puntualmente de toda la tramitación relativo al mismo".

   La Institución del Defensor del Pueblo tiene de plazo hasta el 31 de marzo para presentar el Recurso de Inconstitucionalidad, ya que es la fecha límite, es decir hasta tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, que fue el 31 de diciembre último; o dentro de ese plazo dirigirse al Gobierno Regional para corregir esa anomalía en los Presupuestos.

Los vendedores ambulantes piden el amparo del Defensor del Pueblo ante una falta de normativa regional

MURCIA.- El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia se ha reunido este lunes con la Junta Directiva de la Asociación de Vendedores Ambulantes de Murcia, que le ha solicitado su amparo por la falta de una ley regional, ante la próxima aplicación de la Directiva Europea 2006/123/CE, que fije los criterios necesarios para la adjudicación de los puestos que se otorguen en los mercados.

   Según han expuesto en la reunión el presidente del colectivo, Fulgencio Barba Espinosa, y su vicepresidente, Juan Antonio López Espinosa, "las nuevas regulaciones que se pueden llevar a cabo en materia de comercio ambulante, tienen que favorecer la profesionalización y la estabilidad".

   Tras admitir a trámite la queja que presentó el pasado año este colectivo, el Defensor del Pueblo solicitó un informe de la Administración sobre su reclamación.

   En su escrito remitido al Defensor, la Dirección General de Comercio y Artesanía contestó que aún no existe un proyecto de Ley de Comercio Interior de la Región de Murcia, aunque el borrador tendrá en cuenta unos plazos de duración fijada por los ayuntamientos, previa ponderación de las inversiones realizadas.

   El artículo 54 de la Ley atribuye a los ayuntamientos la competencia para el otorgamiento de las autorizaciones de venta ambulante, "que no serán por tiempo indefinido, que se otorgarán mediante un procedimiento transparente, imparcial y con publicidad".

   En su reunión con el Defensor del Pueblo, los comerciantes ambulantes han pedido este lunes que se les devuelva "la tranquilidad que se nos ha sustraído con la anulación de nuestras renovaciones automáticas de las autorizaciones municipales" y solicitan un régimen transitorio para los actuales profesionales de los 'mercadillos' que han venido ejerciendo su actividad desde 2010.

El Defensor del Pueblo recuerda a Cultura su obligación de contestar y notificar a la ciudadanía sus peticiones

MURCIA.- El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, José Pablo Ruiz Abellán, recuerda a la Consejería de Cultura y Turismo, su obligación a contestar por escrito y a notificar en tiempo y forma a la ciudadanía las solicitudes y peticiones que ésta le dirija.

   Y es que, según se explica en una resolución, en mayo de 2010 se registró la entrada en esta Defensoría de una queja de un ciudadano en la que manifestaba su malestar por la tardanza en contestar a una solicitud realizada al Museo de Bellas Artes de Murcia.

   El interesado exponía en su queja que tres meses antes se dirigió a dicho museo solicitando ver un cuadro del pintor murciano Manuel Arroyo, pero fue informado de que, al no encontrarse en exposición permanente, debía rellenar un formulario, el cual presentó en la recepción del propio museo.

   Sin embargo, al día siguiente recibió un correo electrónico de la responsable Técnico de Colecciones y Atención y Atención a Investigadores en el que le informaba que debía rellenar otro impreso más detallado. Una vez enviado, el ciudadano recibió la confirmación de que todo estaba correcto.

   Transcurridos tres meses sin recibir respuesta, el interesado se puso en contacto telefónico con la responsable del museo que le informó de que su solicitud no había sido aceptada ni rechazada por su superior, pero iba a hacer las gestiones necesarias para darle una respuesta.

   Se acusa recibo y se admite a trámite la queja el 31 de mayo de 2011, comunicando al reclamante que con esa misma fecha se había requerido a la Consejería de Cultura y Turismo para que informase sobre la queja planteada, concretamente sobre los motivos de la falta de contestación a las peticiones del ciudadano.

   Un mes después el interesado presenta copia de un correo electrónico de 27 de mayo de 2011, que le fue enviado por los responsables del museo, en el cual se le comunica la autorización para ceder el uso de la imagen en su blog con la condición de que se redujese la resolución de la misma y fuera imposible guardar la imagen.

   Ante lo que el interesado rechazó la posibilidad de utilizar una foto que en su opinión resultaba borrosa y de mala calidad que, además, debía hacerla la propia responsable del museo con su cámara.

   En julio, la Consejería de Cultura y Turismo presenta en la Defensoría un informe al que se adjunta escrito del conservador responsable del Museo de Bellas Artes de Murcia en el que pone de manifiesto que el motivo de la tardanza en proporcionar una respuesta al interesado radica en que el hecho de que "el museo carecía de una imagen actualizada de 'La Visión de Ezequiel', ya que esa obra fue restaurada en 2009, y dado que la apariencia de la misma había variado, era inviable enviarle la imagen anterior a la restauración".

   En dicho informe, se afirma que la única posibilidad era que la fotografía del lienzo la hiciese el conservador del museo con su propia cámara o bien la hiciera la técnico responsable con la cámara del museo que no era una cámara profesional.

   Por lo que el Defensor del Pueblo recuerda que la Administración del Estado garantizará el acceso de todos los ciudadanos españoles a los archivos, bibliotecas y museos de titularidad estatal, sin perjuicio de las restricciones que, por razón de la conservación de los bienes en ellos custodiados o de la función de la propia institución, puedan establecerse".

   Así como que la Ley 5/1996, de 30 de julio, de Museos de la Región de Murcia establece que "la realización de copias y reproducciones, por cualquier procedimiento, de los fondos de un museo integrado en el Sistema de Museos de la Región de Murcia, se basará en los principios de facilitar la investigación y la difusión cultural, salvaguardar los derechos de propiedad intelectual de los autores, garantizar la debida conservación de las obras y no interferir en la actividad normal del mueso".

   Ruiz Abellán puntualiza que el Museo de Bellas Artes de Murcia es un museo de titularidad estatal gestionado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Región, así como que en las páginas web de diversos museos de titularidad estatal, como es el Museo Nacional de El Prado, el Museo Reina Sofía o el Museo Nacional de Arqueología Subacuática (Arqua), se recoge de manera similar el derecho de acceso de los investigadores a los fondos museísticos, permitiendo la posibilidad de obtener copias de los documentos, siempre que sean autorizadas por el personal técnico del museo.

   Sin embargo entiende que "se ha incumplido la obligación de la Administración de dar contestación formal a la solicitud del ciudadano con la actuación pasiva del Museo de Bellas Artes de Murcia, que ha tardado más de tres meses en contestar a su petición".

   A tal efecto recuerda la obligación de la Administración Pública de servir con objetividad los intereses generales, actuando de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, "con sometimiento a la Ley y al Derecho, que, obviamente, significa entre otras cosas, la necesidad de dar puntual respuesta a las solicitudes y peticiones que presenten los ciudadanos".

IU-Mazarrón llevará a la Fiscalía el problema con la urbanización 'Camposol'

MAZARRÓN.- El candidato a la alcaldía de Mazarrón por Izquierda Unida, David Fernández Sánchez, anuncia que si el actual ayuntamiento de Mazarrón o el que salga de las próximas elecciones no pone en marcha las indicaciones que el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia hizo a raíz de las quejas presentadas por varios vecinos de la urbanización Camposol, "elevara una denuncia a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia contra los responsables políticos de la surrealista situación que padecen los vecinos de la urbanización Camposol", según un comunicado. 

"En la resolución emitida por la institución que preside Jose Pablo Ruiz Abellan se establece que el que la empresa urbanizadora no haya concluido los trabajos de urbanización del Plan Parcial , no exime al ayuntamiento de su responsabilidad de prestar los servicios municipales ya que tiene el deber de controlar el desempeño de la obligación de conservación y mantenimiento de la urbanización, ya que, en última instancia, es el responsable de la prestación de los servicios mínimos municipales que le atribuyen los artículos 25 y siguientes de la Ley de Bases de Régimen Local. 

Por otro lado el dictamen del defensor del pueblo hace responsable de la correcta ejecución del plan parcial al propio ayuntamiento aludiendo a su deber de ejercer la misión de policía y vigilancia , y no admite la excusa ofrecida por el ayuntamiento de ante los requerimientos de este hacia la empresa , esta no los haya tenido en consideración . El ejemplo seria el de un ciudadano que aparca su coche en un vado publico y de que a pesar de que el ayuntamiento le sancione el multado hiciera caso omiso, y el ayuntamiento adujera que el denunciado no ha hecho caso de los requerimientos de la administración , consecuencia de ello el,vehículo seguiría estacionado sine die provocando el perjuicio al que contrata el vado. En este caso el Ayuntamiento estaría incurriendo en un claro delito de prevaricación".

Lo que desde Izquierda Unida de Mazarrón se considera mas grave es que el dictamen del Defensor pone en evidencia al ayuntamiento ya que a pesar de que la mayoria de las casas no tienen licencia de primera ocupación ni célula de habitabilidad el Ayuntamiento ha permitido su ocupación.

Así lo establece el Defensor del Pueblo en un pasaje de su dictamen:

"El otorgamiento de la licencia de primera ocupación se condiciona a la comprobación de que el promotor ha cumplido su compromiso de realizar simultáneamente la urbanización, determinando la imposibilidad de concederla si no se han acabado las obras de urbanización o las mismas son defectuosas, según se desprende del artículo 21.2 d) del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y del artículo 40 del Reglamento de Gestión Urbanística. En este punto cabe afirmar que si el Programa de Actuación Urbanística impide todo tipo de recepción hasta la total terminación de las obras de urbanización, no será posible autorizar la ocupación de ninguna vivienda"

David Fernández Sánchez considera que la resolución emitida por el Defensor del Pueblo "censura la actuación del Ayuntamiento de Francisco Blaya y que la actuación del Ayuntamiento del PP respecto de la urbanización Camposol en los últimos ocho años ha estado plagada de mentiras y falsedades".

Las quejas dirigidas al Defensor del Pueblo murciano suben un 45% hasta junio

MURCIA.- Las reclamaciones de los ciudadanos al Defensor del Pueblo murciano se han incrementado un 45 por ciento, un aumento directamente relacionado con un mejor conocimiento y valoración de la Institución, así como la facilidad de acceso y la gratuidad del mismo.

En el detalle de las quejas tramitadas en este año, ha destacado que las relacionadas con Empleo, Prestaciones Sociales, Medio Ambiente y Servicios Municipales acaparan la mayoría de reclamaciones de los ciudadanos de la Región de Murcia.

En numerosos casos, solicitan el amparo del Defensor del Pueblo personas desempleadas, y en especial parados de larga duración, a los que se les ha agotado el desempleo y solicitan de la Administración otro tipo de prestaciones.

En cuanto a Empleo Público, también se ha detectado una paralización o reducción de la oferta pública de empleo, el incremento del número de personas opositoras, recortes presupuestarios.

En lo referente a Prestaciones Sociales, las quejas recibidas suponen el 17,5 por ciento del total. Se han admitido todas aquellas quejas relacionadas con la implantación de la Ley estatal 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (Ley de Dependencia).

Las quejas de atención a la Dependencia están en su mayoría relacionadas con retrasos en la percepción de prestaciones y con la compatibilidad entre las diversas ayudas que prevé la Ley de Dependencia y que hace cada vez más necesaria la aprobación del decreto correspondiente que permita esta compatibilidad.

Otras quejas son las relacionadas con el abono de renta básica, situaciones de pobreza y exclusión social; otras, atañen a la escasez de recursos que se destinan a los sectores más vulnerables de la sociedad como la tercera edad, a las familias monoparentales o a la atención específica de discapacitados.

Los asuntos relacionados con Medio Ambiente, incluyen quejas relacionadas con contaminación acústica, salud ambiental y contaminación atmosférica. En este epígrafe se incluyen los ruidos provenientes de las relaciones de vecindad, las molestias ocasionadas por el tráfico rodado, las molestias genéricas de las calles céntricas de las ciudades, o de la celebración de ferias o fiestas populares.

Del total de las recibidas, destacan por su volumen las reclamaciones ocasionadas por zonas de ocio y bares con música, en especial en las horas nocturnas.

La contaminación acústica no ha de circunscribirse exclusivamente al ámbito de las políticas medioambientales, sino que incide directamente en otras políticas públicas, como son la sanidad, el urbanismo y además se traduce en una cuestión de orden público.

Se está preparando una Resolución de Oficio para que las administraciones regionales y locales adecuen sus normas en materia de ruidos a lo ya establecido en la Ley básica estatal, más estricta que muchas de las disposiciones que se aplican actualmente.

El resto de quejas relacionadas con Medio Ambiente se asocian a la existencia de vertederos ilegales o depuradoras, que no cumplen con la normativa vigente, de manera que los episodios de malos olores y plagas de insectos que tienen que padecer los vecinos se intensifican con la llegada de la época estival.

Las quejas sobre la actuación municipal, están relacionadas con la prestación de los servicios que debe suministrar, como abastecimiento de agua, limpieza de jardines y calles, multas o falta de contestación a las peticiones ciudadanas.

En cuanto al modo de presentación de las quejas por parte de los ciudadanos, la mayoría se realizó a través de medios electrónicos, bien por correo electrónico o a través del formulario que se puede descargar en la web, un 26 por ciento de manera personal y un 18 por ciento a través de las ventanillas únicas. En cuanto a las visitas a la página web, desde que se pusiera en marcha el pasado mes de julio se han recibido un total de 87.000 accesos.

En cuanto a las Administraciones afectadas por las quejas de los ciudadanos, destaca que la Administración Autonómica representa el 39% del total, la Administración Local el 33 por ciento y los órganos de la Administración del Estado el 26 por ciento.

Por municipios, un total de 169 quejas han llegado del término de Murcia, seguido de las 37 de Cartagena y a distancia otros municipios entre los que destacarían Águilas, Molina, Mazarrón, Alcantarilla, Jumilla y Alhama. Al respecto, desde el Defensor del Pueblo se ha manifestado la necesidad de ampliar los servicios y sedes a otras localidades de la Región.

En el ejercicio de sus funciones, el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia ha formulado estos primeros seis meses del año a los organismos, autoridades y personal al servicio de las Administraciones afectadas 58 resoluciones, que contienen advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales.

Además de la actuación del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia por la presentación de quejas suscritas individual o colectivamente, también se han iniciado varios procedimientos de oficio.

Las quejas relacionadas con la actual coyuntura económica se prestan a ejercer la actividad supervisora del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia con expedientes de oficio en los que hacer llamadas a la reflexión, mediante las oportunas recomendaciones y sugerencias, sobre cuestiones de actualidad en el campo de los derechos y libertades.

Ya se trabaja ya en un informe monográfico sobre el impacto de la crisis económica y su repercusión sobre las familias y las personas de la Región.

Por lo que se refiere a Prestaciones Sociales, se ha iniciado otro informe monográfico sobre la situación de las residencias de Mayores, especialmente por el incremento de personas que acceden al catálogo sanitario/asistencial y que demandan más prestaciones, a causa de la aplicación de la Ley de Dependencia.