El mago te pone el puño derecho cerrado frente a la cara para
concentrar tu atención en el prodigio mientras introduce la mano
izquierda sutilmente en el bolsillo del pantalón para depositar en él la
bolita que no ves cuando extiende la otra mano ante tus narices. Se
llama, más allá del arte de la magia, maniobra de distracción.
Así empezó todo. Con una frase de Ramón Luis Valcárcel, al poco
de que el PP tomara posesión del Gobierno regional a mediados de los 90:
«Mientras yo sea presidente no se construirá el acceso Norte a La
Manga». Era una frase valiente, porque contra esa voluntad del entonces
flamante presidente gravitaba la opinión del alcalde de San Javier, de
su propio partido, que tenía expuesta en el hall del Ayuntamiento una
maqueta del puente que habría de unir las dos orillas.
Y también la de
algunos consejeros de su propio Gobierno: el de Industria y Turismo me
señalaba desde un restaurante junto a la desembocadura del Tajo en
Lisboa, adonde acudimos políticos y periodistas con motivo de la Expo,
el poderoso puente que cruza el río, y proclamaba: «Si se puede
construir un gran puente sobre la desembocadura del Tajo, ¿por qué no en
La Manga para enlazar el tramo final con la costa?». Quedaba claro que
la opinión de Valcárcel era personal, pues sus alcaldes concernidos y
sus consejeros con competencias sobre el asunto apostaban por el acceso
Norte.
EL TRUCO. No era difícil ponerse del lado de
Valcárcel y valorar su coraje frente a las propias fuerzas vivas de su
partido. Hasta que percibimos más tarde que lo del acceso Norte era el
puñito que el mago nos ponía frente a los ojos mientras promovía con la
otra mano la urbanización del espacio protegido de Cabo Cope en la costa
de Águilas. Se trataba de construir una Marina D’Or de lujo en
competencia institucional con las iniciativas privadas de resorts en
otros puntos de la Región.
Para llevar a los ‘turistas residenciales’
(una contradicción en términos) hasta Cabo Cope se hacía necesario
construir un aeropuerto que diera lugar a un tráfico de cinco millones
de pasajaros al año, y desde él trazar una autopista con destino a la
almeriense Vera, pero con salida a la nueva zona turística, su verdadero
punto de destino, una vía que solapaba el trazado de la autovía ya
existente con idéntica meta, a escasa distancia del nuevo monstruo que
se alargaba más cercano a la costa.
Se construyó la autopista, que nadie
inauguró y por la que nadie circula, una de las que el Estado ha tenido
que venir a rescatar, y se construyó el aeropuerto, éste a trancas y
barrancas, sin que hasta ahora la Región haya obtenido de él los grandes
beneficios que se anunciaban sino que más bien constituye una nueva
máquina de tortura para las arcas públicas.
LA LAGARTIJA DEL RABO COLORAO. Los ecologistas,
a los que el Gobierno despreciaba públicamente señalándolos como
‘enemigos del progreso’ porque preferían a éste la conservación de la
‘lagartija del rabo colorao’ (un bicho inexistente, pero convertido en
metáfora de todo reparo proteccionista frente al desarollismo
desenfrenado), recurrieron la urbanización de Cabo Cope ante el Tribunal
Constitucional, y ganaron.
Antes de que se emitiera la sentencia
pregunté al presidente Valcárcel: ¿Qué pasará si el Constitucional anula
la Ley que permite construir en Cabo Cope? Su respuesta fue:
«Cambiaremos la Ley para que sea posible construir en Cabo Cope».
No era posible el acceso Norte a La Manga (el señuelo con que el
presidente se daba barniz ecologista), pero sí lo era plantar a
mansalva edificios, hoteles y campos de golf en la última zona del
litoral murciano libre de la presión del ladrillo por su protección
medioambiental. La sentencia del Constitucional fue tan expeditiva que
no permitió cambiar la Ley que permutaba, por apuntarlo gráficamente, el
concepto protección por el de intervención.
Pero ahí quedaron para los
restos la autopista fantasma y el aeropuerto fantasmón, al que se le
pretendió dar vida más tarde con el proyecto estupefaciente de la
Paramount, otra auténtica jugada de mago en la que ya los espectadores
adviertieron el truco con prontitud.
DEROGACIÓN DEL PROTECCIONISMO. A la par y antes
y después de todo esto, el Gobierno regional se empeñó en derogar la
ley del socialista Fuentes Zorita que preventivamente tomaba medidas
sobre los efectos que contra el Mar Menor podían acarrear los
desarrollos agrícolas en su entorno a consecuencia de la inyección
hídrica del trasvase y de la alegría urbanizadora en los municipios de
la costa. Valcárcel, Trillo y unos cuantos firmones agradecidos
recurrieron esa Ley ante el Constitucional, en el supuesto de que el
Gobierno socialista al que sucedieron los populares se había atribuido
competencias que eran del Estado.
El tribunal, sin embargo, refutó esa
alegación y declaró que la Comunidad autónoma disponía de todas las
competencias para regular tanto las directrices urbanísticas como los
regadíos, tal y como figura explícitamente en su Estatuto de Autonomía.
Pero después llegó Aznar y decretó por Ley el mundo al revés.
Antes de Aznar se podía construir allí donde las Administraciones lo
autorizaran; con Aznar se podía construir en todo lugar, salvo si las
Administraciones lo denegaban con alguna causa que debían justificar
mediante muy estrictos argumentos.
Parece lo mismo, pero no es igual. En
la Ley del Suelo de Aznar prima lo privado sobre lo público, es decir,
las Administraciones debían actuar a la defensiva, y eso en aquellas
pocas que cargaban con la responsabilidad de moderar el despendole, y
ahí empezó el cachondeo.
FUERA ESA LEY. La Ley de Protección del Mar
Menor fue la primera víctima de este cambio de foco, y a partir de
entonces todo valía. Ancha es Castilla, tanto que los expertos en
ingeniería legal se sacaron de la manga la posibilidad del
‘teletransporte urbanístico’, que consistía en levantar urbanizaciones
en espacios hasta entonces vedados a cambio de ceder terrenos de monte a
los Ayuntamientos, pericia en la que se especializó en su día el
funesto alcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara, quien ahora considera que
la crisis del Mar Menor es (atentos, atentos) una oportunidad para la
colaboración público-privada.
Es decir, para promover nuevos negocietes
privados a costa de los intereses públicos después de que los intereses
privados se hayan cargado el espacio público del Mar Menor y ni siquiera
hayan respondido a la ley no escrita de que ‘quien contamina, paga’. El
‘teletransporte urbanístico’ es, para entendernos, una fórmula como la
de los países que cumplen las limitaciones sobre contaminación
establecidas en los pactos internacionales intercambiando su cuota con
la que corresponde a naciones del Tercer Mundo.
LA HERENCIA. Este es el legado medioambiental
de Valcárcel, el hombre que no quería construir el acceso Norte a La
Manga, aunque en su último mandato accedió a que se instalara un puente
de madera para paseantes y ciclistas que habría colmatado el último
espigón de la zona con pretendientes a disfrutar de ese espacio.
Es
también el presidente que, entusiasta de los eufemismos de la política
europea, cambió el rótulo de la consejería de Medio Ambiente por el
concepto de Desarrollo Sostenible, un maquillaje perfecto mientras su
Gobierno apadrinaba la urbanización de La Zerrichera, Lo Poyo o los
proyectos de presión urbanística sobre el Mar Menor diseñados por Hansa
Urbana y otros, y alguno de sus diputados exhibía desde el escaño de la
Asamblea Regional el libro El ecologista escéptico, de Bjorn Lomborg,
que más que escéptico era negacionista. Pero entonces todo valía contra
los proteccionistas de la lagartija del rabo colorao.
EL COLOFÓN DE UNA POLÍTICA. Esta es la herencia
del PP sobre medio ambiente en la Región de Murcia, resumida a muy
grandes rasgos. El colofón es el colapso del Mar Menor. Ahí es hasta
donde ha llegado el ‘agua para todos’,, incluidos los intocables piratas
del regadío. Por esto, todavía sorprende más que el actual presidente,
López Miras, no haya recurrido, como esta vez sí debiera, al recurso de
que él estaba aprendiendo a tocar la flauta cuando sus antecesores
históricos se cargaban el futuro medioambiental de la Región por un
puñado de votos.
Vale, López Miras y los suyos son los herederos de ese
poder acumulado sobre una promesa de falso progreso, pero tanto que
presumen de una nueva política aunque se sustente en las mismas siglas,
tal vez habría contribuido a su credibilidad que hicieran autocrítica
del pasado y no recurrieran, como han hecho, a culpar al Gobierno
nacional presente. En realidad, tanto Pedro Sánchez como López Miras
pasaban por aquí mientras Valcárcel, hacedor de todo esto, debe cobrar
como exeurodiputado una pensión de doce abuelos. Y ríase la gente.
YO DESREGULO, TÚ PAGAS. Tiene gracia. El PP
regional ha promovido, defendido y alentado políticas desarrollistas sin
freno ni control de las que se ha ido beneficiando electoralmente, con
el recurso de la patá palante, y cuando esas políticas han colapsado con
muestras gráficas de toneladas de peces asfixiados, instan al socorro
del Gobierno central.
Como si lo que está sucediendo en el Mar Menor
fuera cosa de un tal Sánchez y no de un historial de desprotección
medioambiental perfectamente estructurado hasta ayer mismo con los
decretos derogatorios del propio López Miras a cuenta del estado de
alarma consecuencia de la pandemia. Han llegado hasta el ridículo de
pedir al Gobierno central la declaración de ‘zona catastrófica’ para el
Mar Menor, como si el desastre hubiera obedecido a un hecho atmosférico
cirunstancial.
Pero lo más grave es que se acuerdan ahora de que no han
solicitado las competencias que constan en el Estatuto de Autonomía
acerca de la gestión hídrica interior, y esto sin reparar en que ya se
las atribuye una sentencia del Tribunal Constitucional y el propio
establecimiento de creación del Ente Regional del Agua (otro truco del
mago Valcárcel) en el que se relacionan todas.
Vamos a ver: está en
trámite en el Congreso de los Diputados la reforma del Estatuto de
Autonomía, y resulta que ni siquiera, según el Gobierno regional, se han
asumido todas las competencias del Estatuto original. ¿Podemos
considerar que esto es una buena gestión tras veintiséis años de
Gobierno? Más bien deberían ahorrarse ese pretexto, siquiera por pudor.
EL PP Y LA CHS. Al Gobierno López Miras se le
olvida, además, cuando apela a la Confederación Hidrográfica del Segura
(CHS) como el ramal del Gobierno central en la gestión del agua en la
Región, que se trata de un organismo en cuya Junta de Gobierno ostenta
la vicepresidencia el propio consejero de Agricultura y Agua, Antonio
Luengo, un dato que mucha gente desconoce, así como otra media docena de
representantes del Ejecutivo de López Miras.
El plan general de
actuacion de la CHS se establece en esa Junta de Gobierno, de manera que
quizá debiera quedar reflejada en las actas la posición del Gobierno
regional, aunque esté en minoría. Y hay que recordar que la CHS ha
estado en manos del PP durante los ocho años del Gobierno de Aznar y los
siete del de Rajoy. Sería interesante conocer qué hizo la CHS en la
famosa rambla del Albujón, por ejemplo, durante los quince años en que
el PP dirigió el organismo de cuenca.
La desprotección del Mar Menor viene de muy atrás y arranca
desde que el PP se hace cargo del Gobierno regional a mediados de los
90. Y no se trata de una circunstancia particular, pues afecta al
conjunto de la política medioambiental de los sucesivos Gobiernos de
este partido. Es la política de los trucos de magia: nada por aquí, nada
por acá, como en el último libro de Antonio Botías.
(*) Columnista
https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2021/09/12/desprotege-queda-57200065.html
