sábado, 18 de febrero de 2012

El presidente de la comisión de control, Juan Ramón Avilés, lleva a la CAM ante el juez

ALICANTE.- El promotor murciano Juan Ramón Avilés Olmos, que preside la comisión de control de Caja Mediterráneo (CAM), ha presentado ante los tribunales una demanda contra la caja de ahorros  por reclamarle indebidamente una deuda de 133.179 euros. La demanda civil fue interpuesta el pasado 9 de enero ante los Juzgados de Primera Instancia de San Javier por los letrados de las sociedades La Vereda de Sucina, Residencial Sucina y Roig Coll, que constituyen el grupo de empresas ligadas a la familia de Avilés Olmos, adelanta hoy 'Abc'.

Con el fin de financiar la construcción de un complejo de 174 viviendas en la pedanía murciana del mismo nombre, la Vereda de Sucina suscribió el 16 de noviembre de 2010 un préstamo con la CAM por importe de 16 millones de euros. Para cerrar la operación, la caja de ahorros le exigió mantener un depósito pignorado de 800.000 euros para atender la deuda contraída por las tres empresas, en un acuerdo que fue ratificado cuatro meses después por la comisión territorial de riesgos de Murcia.
En cumplimiento de este requisito, la caja fue cargando desde entonces a dicho depósito las cuotas de los créditos contraídos por el grupo de empresas. Sin embargo, el pasado mes de septiembre, después de que la entidad financiera fuera intervenida por el Banco de España, la CAM dejó de cumplir este compromiso, lo que ha generado a las sociedades de Avilés Olmos una deuda impagada por importe de 133.179 euros con la caja.
No sólo esto sino que, además, la CAM ha cargado a sus cuentas otros 4.761 euros en concepto de intereses de demora, por no cumplir los plazos estipulados en el contrato. En su demanda, Juan Ramón Avilés pide al juez que imponga a la CAM la obligación de satisfacer todos los recibos pendientes de pago a través del depósito pignorado —que todavía tiene un saldo de más de 250.000 euros— y le indemnice con una cantidad equivalente a los intereses de demora que le ha cobrado indebidamente.
Juan Ramón Avilés Olmos es uno de los directivos de la CAM a los que el Banco de España ha abierto expediente disciplinario para esclarecer las presuntas irregularidades en la gestión de la caja. En su informe, los inspectores del órgano regulador sostienen que el empresario ha utilizado «presumiblemente a su hermana como testaferro de una sociedad en dificultades acreditada en la caja».
En concreto, el expediente señala que el 20 de diciembre de 2010 su esposa vendió a la hermana del empresario la totalidad de sus participaciones en La Vereda de Sucina, con el fin de «ocultar» al Banco de España la financiación que había obtenido de la CAM «en condiciones favorables».
Juan Ramón Avilés ha negado rotundamente las afirmaciones expuestas en el expediente por el Banco de España. «Ni he ocultado nada, ni mis empresas se han beneficiado de créditos en condiciones más ventajosas que las de cualquier cliente», afirmó el empresario, «¿cómo vamos a ocultar la venta de las acciones, si el mismo día que mi mujer firmó las escrituras enviamos una copia a la CAM desde la propia notaría?».
Avilés Olmos explicó que en abril de 2011 refinanció el crédito con la caja para obtener dos años de carencia —durante los cuales la entidad sólo le carga el pago de intereses—, lo cual le supuso incrementar en dos puntos el tipo de interés aplicado, en condiciones similares a las que puede obtener cualquier cliente.
Aunque la promoción de viviendas de La Vereda de Sucina —de las cuales ya han sido vendidas la mitad— fue tasada en 30 millones de euros, el promotor sólo llegó a disponer de 16 millones de euros en el crédito, explicó a 'Abc'. «Tan sólo el valor de los bajos comerciales y las viviendas que nos faltan por vender supera el saldo pendiente del cobro», que ronda los 10 millones, explicó.

Reforma....¿para qué? / Francisco Parra *

Lo siento, no lo veo claro. Se supone que el objetivo último de la reforma del Sector Financiero Español es, en palabras del Sr. De Guindos, reactivar el flujo del crédito privado y de esta forma generar crecimiento y crear empleo. Para ello, se diseña una reforma apoyada en tres puntos fundamentales:

Saneamiento de los activos inmobiliarios de la banca. Se trata de que los inmuebles presentes en los balances de las entidades financieras españolas corrijan su valoración a la baja en un importe de 50.000 millones de euros en un solo ejercicio. Incremento de las provisiones para cubrir eventuales pérdidas en activos inmobiliarios.

Se establece además una provisión genérica del 7% sobre la financiación inmobiliaria en situación regular.

Apoyo a los procesos de integración que den lugar a entidades más grandes, solventes y viables. Este apoyo se manifiesta en una mayor flexibilidad en cuanto al proceso de saneamiento antes indicado y con aportaciones de FROB.

El efecto inmediato que se pretende conseguir con estas medidas es, fundamentalmente, recobrar la credibilidad de las entidades financieras españolas ante los mercados financieros internacionales, con objeto de que éstos se animen a financiar de nuevo a la banca española.

Otro efecto deseado es empujar a la banca a liquidar su stock de viviendas. Con estos dos efectos, se supone que la posición de liquidez de la banca española mejora y por tanto, tendrán mayor capacidad y motivación para hacer fluir el crédito.

Pues desde mi punto de vista, va a ser que no. Al menos a corto plazo.

Me pregunto si quienes diseñaron la reforma han calculado algunos efectos perniciosos que acarrearán estas medidas.

En primer lugar, el incremento de las provisiones, de forma inmediata lo que va a conseguir es una mayor restricción del crédito. Un aumento de las provisiones, tiene en un primer momento, un efecto contractivo. Si después eso me permite conseguir financiación en los mercados financieros internacionales está por ver, pero en un primer momento, repito, efecto contractivo sobre el crédito. Si además, se obliga a provisionar también los créditos en situación regular destinados a la promoción inmobiliaria, estamos penalizando al sector promotor, ralentizando aún más su ya difícil recuperación.

En segundo lugar, la concentración bancaria que se pretende potenciar en aras de la mayor solvencia y solidez de los bancos españoles, va a tener a corto plazo un efecto altamente pernicioso sobre el crédito, particularmente sobre el crédito a empresas. Se dará con frecuencia el caso en el que dos entidades que se fusionan tengan clientes comunes con ciertos límites de crédito concedido. 

Al unificarse la decisión sobre el riesgo, en la inmensa mayoría de los casos, acaba disminuyendo el crédito disponible para los clientes compartidos. Por ejemplo, si una empresa tiene crédito en el BANCO A por 300.000€ y crédito en el BANCO B por otros 300.000€, al fusionarse ambos bancos, lo mas probable es que termine con un límite de crédito no superior a 300.000e

En tercer lugar, la concentración bancaria acarreará una reducción de la competencia en el sector, con el consiguiente aumento de los márgenes de intermediación. Vamos, hablando en plata, que la financiación y el servicio bancario se encarecerán.

En cuarto lugar, si se empuja más a las entidades financieras a que se desprendan de su stock inmobiliario, estaremos clavando un cuchillo más al maltrecho sector inmobiliario en España. Ya en la actualidad, los bancos son los únicos que venden inmuebles, puesto que tienen la llave del crédito y acaban financiando casi en exclusiva las compras de inmuebles de la propia entidad. Con estas medidas podemos intuir que la agresividad de la banca en la venta de sus inmuebles aumentará y no necesariamente bajando el precio.

Me da la impresión que, una vez más, detrás de las medidas que se están adoptando están los intereses de nuestros grandes y poderosos acreedores, que anteponen la seguridad de reembolso de los créditos en vigor a cualquier otra consideración.

El ajuste traumático del déficit vía rebaja de pensiones, salarios y aumento de impuestos y el ajuste traumático del sector financiero vía aumento de provisiones y concentraciones bancarias, nos va a llevar a que pagaremos nuestras deudas, tanto públicas como privadas, pero sufriendo un brutal ajuste en forma de recesión y desempleo. Eso sí, a largo plazo será muy positivo, si llegamos…. .

Una vez más, cedemos.

(*) Economista

Una investigación de la UMU determina que la humanización del software es un elemento clave para su diseño

MURCIA.- Una investigación desarrollada por profesores de la Universidad de Murcia (UMU), la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid, ha determinado que las emociones son un importante factor que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar cualquier tipo de software.

   La investigación, que analizó el papel que desempeñan los sentimientos en los usuarios y desarrolladores de sistemas informáticos, ha concluido que la humanización del software es un elemento clave para su diseño, según fuentes consultadas por Europa Press del departamento de Promoción de la Investigación (Prinum), dependientes del Vicerrectorado de Investigación.
   Partiendo de la premisa de que las emociones son elementos clave en el comportamiento de las personas, el estudio indaga en la importancia que tienen en la ingeniería de software.
   En concreto, se centra en la ingeniería de requisitos, una fase crucial en el desarrollo del software que comprende tareas relacionadas con la determinación de las necesidades y condiciones que el sistema debe satisfacer.
   Para ello, estos científicos han aplicado al campo de la ingeniería de requerimientos una herramienta de la psicología social: la rejilla del afecto creada por J. A. Rusell.
   "Este instrumento facilita un análisis de las emociones de los agentes implicados en el desarrollo del software: los usuarios y el equipo de desarrollo", explica Pedro Soto, del departamento de Organización de Empresas y Finanzas de la UMU.
   Los resultados obtenidos muestran que las emociones son un factor que se debe tener en cuenta a la hora de establecer y negociar los requisitos del software, puesto que el estudio revela que existen diferencias en la forma de afrontar las situaciones por parte de los agentes involucrados.
   "Los desarrolladores sufren un mayor estrés que los usuarios en las primeras fases de fijación de los requisitos, aunque en las versiones definitivas las puntuaciones tienden a equilibrarse", señala Soto.
   Este trabajo, publicado en el Journal of Universal Computer Science, encuentra aplicaciones en otros campos y se enmarca en una línea de investigación más amplia que analiza la importancia del factor humano en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs).

UPyD apoya que los profesores renuncien a parte de su sueldo para que no se despidan interinos

MURCIA.- El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha visto muy positiva la propuesta que ha hecho pública la Federación de Trabajadores de Enseñanza (FETE) de UGT, en la que pide a los profesores la renuncia a los 37,5 euros que dejaron de percibir mensualmente el año pasado a consecuencia del 'tijeretazo', a cambio de que la Comunidad no destruya puestos de trabajo de interinos. 

   De este modo, Rafael Sánchez, ha señalado que UPyD apoya este tipo de medidas "siempre que sean efectivas y sirvan para mantener los puestos de trabajo de los más de 7.000 empleos interinos de la CARM", según han informado fuentes de la formación política en un comunicado.
   Sánchez ha manifestado que su formación política apoyaría, en ese caso, la reducción del sueldo en esos 37, 5 euros. "Entendemos que esa reducción salarial debería contribuir a mejorar la calidad de los servicios, pero nunca a suprimir los puestos de trabajo del personal interino, incrementando así el número de parados en la Región", ha añadido.
   Para finalizar, el coordinador de UPyD ha vuelto a insistir en que los empleados públicos deben contribuir ante la situación de crisis, pero que el Gobierno regional "no debe hacer caer todo el peso de la reducción del déficit de la Comunidad en los funcionarios públicos, ya de por sí penalizados con recortes salariales durante los últimos tres años".  
   "El Gobierno de Valcárcel tiene aún partidas de donde recortar para cumplir con la cifra el déficit, pero ha decidido ignorarlas y no  suprimirlas en unos momentos tan críticos como los que estamos  atravesando", ha concluido.

CCOO denuncia que la Sanidad Pública asume el gasto que le correspondería asumir a las mutuas

MURCIA.- El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado públicamente que la Sanidad Pública está asumiento el gasto que le correspondería asumir a las mutuas, según han informado fuentes sindicales en un comunicado.

   Y es que, el pasado miércoles, 15 de febrero se produjo un encuentro entre la Dirección General de Salud Pública, representantes de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO y el responsable de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO Región de Murcia.
   En dicha reunión, CCOO solicito que se pusiesen en marcha las medidas concretas para conocer las empresas que en la región han manipulado amianto y el número de trabajadores afectados. Así, según el sindicato, el número de trabajadores afectados en toda la Región ascendería a no menos de 2.000.
   De este modo, la Consejería convinió que sólo en Cartagena hay detectados casos que doblan la media nacional. Estos trabajadores están siendo tratados por la Sanidad Pública, y sólo cuando aparece la enfermedad, sin que hasta el momento se hayan tomado medidas preventivas.
   A juicio de CCOO, esto supone que el gasto sanitario, que correspondería a las mutuas correr con él, está siendo asumido por el SMS, y ello en el contexto actual de crisis y grave endeudamiento de nuestro sistema sanitario.
   Por otro lado, CCOO denunció también la situación de los trabajadores afectados, "a quienes sólo se les atiende cuando la enfermedad ha dado la cara y que deberían de ser sometidos a un seguimiento de carácter preventivo".
   El segundo asunto tratado en la reunión fue la puesta en marcha del Protocolo de Enfermedades Profesionales acordado hace un año. CCOO ha trasladado a la Consejería el dato de que teniendo en cuenta sólo los riesgos musculo-esqueléticos, unidos a los psicosociales y algunos otros ligados a la exposición a productos fitosanitarios, se estima que hay entre 450 y 600 personas que siguen padeciendo enfermedades relacionadas con el trabajo y que están, sin embargo, siendo tratadas por el SMS y por lo tanto asumiendo gastos que corresponden a las Mutuas.
   Esta situación conlleva, además, el que no se estudien las causas de estas enfermedades al no ser consideradas como profesionales. Por ello, CCOO pregunta "si es que la Consejería tiene miedo a las mutuas y a las organizaciones empresariales para no actuar en ese campo".
   Si no es así, como se pregunta José Cánovas, secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO RM, "¿cuál es la razón por la que en un momento de recortes presupuestarios que están afectado duramente a nuestro servicio público sanitario se gasta dinero público en atender lo que le correspondería atender a las mutuas?".

El PSRM pide la creación en la Asamblea de una Comisión de estudio que investigue casos de niños robados

CARTAGENA.- La responsable de Política Social del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique va a solicitar en la Asamblea Regional la creación de una Comisión de estudio que investigue los casos de niños robados y adopciones irregulares que se hubieran podido dar en la Región de Murcia, según han informado fuentes socialistas en un comunicado. 

   De este modo, ante la denuncia de la recientemente creada Asociación de niños robados en la Región, el Grupo Parlamentario Socialista considera necesario que la Asamblea Regional, al igual que ha hecho el parlamento el vasco, constituya este instrumento para que puedan investigarse estos hechos.
   Rosique explicó que las administraciones públicas en nuestra CCAA "no pueden permanecer ajenas a este problema y deben dar cobertura a los afectados, así como clarificar y llegar hasta el fondo de lo sucedido en la Región".
   Y es que, según la Asociación de Niños Robados, en Murcia se han detectado alrededor de 40 casos, que podrían haber ocurrido, no sólo durante el franquismo sino también durante los años 70 y 80. Este hecho podría afectar a diversas instituciones y hospitales públicos.  
   La diputada señaló que dicha Comisión debería elaborar un Plan de trabajo, a fin de estudiar todos los expedientes y tramitaciones de adopción que pudieran haber incurrido en irregularidades administrativas vinculadas a la adopción de niños, con independencia de las actuaciones judiciales que pudieran producirse en relación con estos hechos.
   "La Comisión podría requerir la comparecencia de los afectados, para escuchar directamente sus denuncias, así como la de las autoridades públicas, funcionarios e instituciones que pudieran ayudar a aclarar los hechos denunciados", ha indicado.
   Finalmente, la diputada socialista presentará una moción en la Asamblea Regional en la que propondrá la creación de dicha Comisión.

El FROB pone un guardia en la CAM para vigilar a miembros de la comisión de control

ALICANTE.- Los administradores del FROB designados por el Banco de España para gestionar Caja Mediterráneo (CAM) no se fían de los miembros de la comisión de control de la entidad financiera alicantina. Al menos eso se desprende de lo ocurrido ayer en la sede central de la caja, según revela hoy el diario 'Abc'.

Varios miembros de la comisión de control, entre los que se encontraba su presidente, el murciano Juan Ramón Avilés Olmos, acudieron ayer a las dependencias situadas en la avenida Oscar Esplá para consultar la documentación interna solicitada el lunes, con el fin de preparar sus alegaciones al expediente disciplinario que les ha abierto el Banco de España.
Cuando el personal de la caja les condujo a una sala habilitada para que pudieran consultar estos informes, les consejeros se llevaron la sorpresa al descubrir que los administradores del FROB habían ordenado colocar en la puerta a un guardia de seguridad, encargado de vigilar sus movimientos.
No sólo esto, sino que un segundo guardia tenía instrucciones de permanecer en todo momento en el interior de la sala, para evitar que pudieran llevarse cualquier documento. Indignados con esta situación, los consejeros —que continúan en sus funciones, pues no han sido destituidos— le instaron a abandonar inmediatamente el despacho, alegando que se debe respetar la confidencialidad de sus conversaciones.
«Nos han tratado peor que a los abogados que visitan a un preso en la cárcel», declaró gráficamente a 'Abc' el presidente de la comisión de control, Juan Ramón Avilés, «hemos tenido que decirle al vigilante que somos letrados, en el ejercicio de nuestra defensa, para que desistiera de estar presente en nuestras conversaciones». Recurriendo a un símil, Avilés recordó ayer que el juez Garzón acaba de ser condenado como autor de un delito de prevaricación, «por espiar las conversaciones entre unos abogados y sus clientes».
Tal como había adelantado 'Abc', los administradores del FROB sólo han permitido a los miembros de la comisión de control consultar los documentos internos y tomar notas de sus datos, pero se han negado a facilitarles cualquier copia de ellos.
Entre los documentos puestos a su disposición para que puedan ejercer su defensa frente al expediente disciplinario se encuentran las actas de las reuniones del consejo de administración, la asamblea general, la comisión de control y otras comisiones internas, correspondientes a los cinco últimos años. En declaraciones a 'Abc', Avilés Olmos reiteró su voluntad de defenderse con todos los recursos legales frente a las «falsedades» del expediente disciplinario.