miércoles, 6 de abril de 2016

Urbina: "La impaciencia hizo que la CARM aceptase el proyecto de Escombreras para desarrollos urbanísticos"


CARTAGENA.- El diputado regional de Podemos, ha asegurado que el Plan Agua y las desaladoras ya construidas en el año 2003 resolvían el problema del agua para consumo humano y que la "única justificación de la construcción de Escombreras es para poder avalar mediante convenios los desarrollos urbanísticos previstos en multitud de ayuntamientos".

Tras la comparecencia de Fuentes Zorita, Urbina ha señalado que en el año 2003 la Confederación Hidrográfica del Segura no daba concesiones a planes de desarrollo urbanístico, "puesto que se estaba resolviendo el problema de la escasez de agua para consumo humano y para agricultura" y por ello, "la impaciencia de impulsar el negocio del ladrillo, lleva a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a poner en marcha el entramado de Escombreras".
En este sentido, el diputado de Podemos ha afirmado que "no había demanda que justificase una nueva desaladora, pero la impaciencia del gobierno regional es tan grande a la hora de construir, que les lleva a comprar el proyecto de Escombreras". Un proyecto que según Antonio Urbina "ya se intentó vender anteriormente a la CHS, como ha subrayado Zorita, y también a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla".
En ambos casos, ha incidido Urbina, "la debilidad del proyecto, porque no se apreciaba una demanda clara para el agua a producir, se acaba rechazando el proyecto". Si bien, la Comunidad Autónoma "después del mercado previo con la CHS y la MCT lo compra, y esto desemboca en el enorme peso financiero para las cuentas públicas regionales que tiene ahora la desaladora, que es en definitiva, un lastre para todos los murcianos y murcianas".

Apoyo de IU a la Fiscalía sobre las recalificaciones urbanísticas amparadas en el agua de Escombreras

MURCIA.- José Manuel López, responsable de Organización de miembro de IU-V-RM, ha manifestado hoy el apoyo de su formación política a la tesis que sostiene la Fiscalía de la Región en su informe sobre "prevaricación de las recalificaciones no autorizadas por la CHS". Un informe que, sostiene López, viene a coincidir en lo sustantivo y a dar la razón a las denuncias públicas que durante años realizó IU tanto en la Asamblea Regional como en muchos de los ayuntamientos que firmaron acuerdos con la desaladora de Escombreras.

Cabe recordar que para sortear (de manera ilegal) los informes negativos que entonces emitía la CHS sobre disponibilidad de recursos hídricos cada vez que algún Ayuntamiento intentaba revisar un Plan General o firmar un convenio urbanístico, los alcaldes del PP comenzaron a utilizar, con el visto bueno del gobierno regional del PP, el aval que les daba el Ente Público del Agua. Así, se firmaron decenas de acuerdos entre los ayuntamientos murcianos y la EPA certificando la disponibilidad de agua procedente de Escombreras. Con esos acuerdos, ilegales según tiene ya declarado tanto el Tribunal Supremo como el TSJ de Murcia, se pasaban por alto los informes que emitía la CHS y se daba rienda suelta al "urbanismo a la carta" que ha presidido la política regional y municipal durante más de una década.
Han sido decenas los planes generales revisados en la Región y los convenios urbanísticos firmados en muchos municipios que han estado amparados en esa estrategia ilegal. Una estrategia que IU denunció en solitario en su día, y que hoy está suponiendo una ruina para muchos ayuntamientos a los que se les están anulando planes y convenios y a quienes se obliga a devolver grandes cantidades de dinero a promotores y especuladores de diverso pelaje.
Esa bancarrota municipal tiene, en opinión de López, unos responsables claros. Decenas de alcaldes del PP y dirigentes regionales de este partido. A todos ellos se debe exigir además de las responsabilidades penales que ahora intentarán depurar los tribunales de Justicia, la responsabilidad política que conllevaron sus decisiones de entonces.
Hay que recordar que muchos de esos alcaldes, algunos con bastón de mando y otros sin él, siguen sentándose hoy en los plenos de los ayuntamientos de la Región, y lo menos que tenían que hacer es dimitir por la opacidad con la que operaron, por la dejación de las funciones públicas del urbanismo, por imponer un urbanismo a la carta y de maletín que fue el mejor caldo de cultivo para corrupción y por la ruina económica que finalmente han generado en sus municipios.

La Consejería de Agua elabora un estudio técnico sobre las inundaciones en la ribera sur del Mar Menor

CARTAGENA.- El director general del Agua, Andrés Martínez, se reunió esta mañana con técnicos del Ayuntamiento de Cartagena para tratar, entre otros aspectos, el informe que ha elaborado su departamento sobre las inundaciones en el Mar Menor, en poblaciones como Los Nietos y Mar de Cristal, pertenecientes al término municipal de Cartagena.

La Comunidad no tiene competencias para el encauzamiento de aguas pluviales en zonas no urbanas, no obstante, destacó Andrés Martínez, "la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente reconoce la necesidad de dar respuesta a un problema con amplia repercusión social, más allá de las competencias de las administraciones presentes en el territorio y, por ello, ha elaborado un estudio técnico cuyas conclusiones se han expuesto ya a la Confederación Hidrográfica del Segura y al Ayuntamiento de Cartagena".
"El siguiente paso será exponer dicho estudio a los vecinos de las urbanizaciones afectadas y a los propietarios de los predios donde se generan las escorrentías", añadió el director general.
Dicho estudio evalúa la escorrentía de fenómenos torrenciales en cauces no marcados, complementando así los análisis desarrollados en el 'Plan de gestión ante el riesgo de inundaciones', elaborado por la Confederación Hidrográfica del Segura para aquellos cauces bien definidos en los que se pueden producir daños por inundaciones.
Se han evaluado las afecciones que se producen con precipitaciones para períodos de retorno de 500 años, de acuerdo con la reglamentación para análisis de inundabilidad en zonas costeras, y cómo mejoran las circunstancias realizando 'infraestructuras blandas' en el entorno de las urbanizaciones. Dichas 'infraestructuras blandas' serían canalizaciones en tierras o embalses de laminación y regulación también en tierras y con vegetación.

Turismo mejora la señalización de la 'Ruta de las Norias'


ABARÁN.- El director general del Instituto de Turismo, Manuel Fernández-Delgado, inauguró hoy junto con el alcalde de Abarán, Jesús Molina, la nueva señalización de la Ruta de las Norias de Abarán, que renueva y completa la ya existente.

Además de una renovación del diseño de los carteles interpretativos, se han modificado los mapas y textos, que ahora también están traducidos al inglés, y se ha añadido en cada cartel un código QR que permite enlazar con la información cargada en la web murcia turistica .es sobre la ruta y sobre toda la oferta turística del municipio. Por otro lado, se ha completado la señalización direccional para indicar las distancias hasta las norias.
Según indicó Fernández-Delgado, esta acción se incluye dentro del Plan de Mejora de Infraestructuras Turísticas de la Consejería, cuyo objetivo es mejorar la percepción del destino por parte del viajero, así como la accesibilidad a los recursos turísticos. En este caso, afirmó, "hemos adaptado la infraestructura de esta ruta de cara al aumento de nuestro turismo, a su diversificación y a su internacionalización".
Fernández-Delgado recordó que la Ruta de las Norias "es uno de los principales recursos turísticos del municipio de Abarán y se incluye en la excursión al Valle de Ricote que se oferta a los turistas de algunas de nuestras operativas, como la primavera austriaca que arranca hoy".
Abarán es el municipio con más norias funcionales de toda Españay el que acoge la noria en uso de mayor tamaño en Europa, la Noria Grande. Las otras norias que se pueden ver durante el transcurso de la ruta son la Noria de la Hoya de Don García, la Noria de Candelón y la Noria de la Ñorica.

La 'Apdef' gana en Sabadell su primera demanda en España por cuotas participativas de la CAM

BARCELONA.- La Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras (Apdef) ha ganado en Sabadell (Barcelona) su primera demanda en España por las cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), con una sentencia en la que el juez ha condenado a Banco Sabadell --que compró la entidad alicantina tras su intervención-- a devolver el dinero a una pareja de jubilados de Orihuela.

El fallo, contra el que cabe recurso, declara nulas las compras de 650 cuotas participativas de la CAM que realizaron los afectados en 2010 e insta a devolverles los 3.822 euros que invirtieron porque no fueron informados convenientemente sobre el producto, ha informado Apdef en un comunicado.
Banco Sabadell --que ha declinado valorar la decisión-- también debe pagar intereses y las costas del proceso judicial, mientras que la Fundación CAM --a la que Apdef había demandado como responsable subsidiaria-- ha sido absuelta plenamente.
La sentencia considera que los demandantes --que pensaban que contrataban un depósito a plazo-- recibieron "información insuficiente, incompleta e inveraz de la naturaleza, condiciones y comportamiento del producto financiero complejo que adquirían".
Así, recoge la ausencia de la información preceptiva en la contratación de este tipo de productos complejos, unida al perfil de los clientes y la no realización del test de idoneidad.
Apdef está tramitando más de 250 reclamaciones por las cuotas participativas de la CAM, de las que ha presentado ya más de 150; la entidad financiera empezó a emitir estos títulos en 2008, que dejaron de tener valor en diciembre de 2011, y los colocó entre 55.000 pequeños inversores, con lo que consiguió 292 millones de euros.

Exteriores convoca al embajador francés en Madrid para protestar por los ataques a camiones españoles

MADRID.- El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha convocado al embajador francés a una reunión en la sede del departamento para trasladarle la protesta formal de España ante los últimos ataques a camiones españoles en el país vecino, han confirmado hoy fuentes diplomáticas.

El diplomático francés, Yves Saint-Geours, fue recibido en la mañana de este miércoles por los directores generales de Relaciones Bilaterales con Países de la UE, Países Candidatos y Países del Espacio Económico Europeo, María Victoria Morera, y de Coordinación de Políticas Comunes y de Asuntos Generales de la UE, Alejandro Abellán.
La convocatoria de un embajador es una herramienta de protesta diplomática que se emplea para trasladar un profundo malestar ante un Estado extranjero, al que se le piden explicaciones. En la escala de protestas en diplomacia, es el paso anterior a llamar a consultas (retirada temporal) al embajador del país ofendido.
Esta protesta ante Francia se produce como consecuencia de la agresión sufrida el lunes en el país vecino por varios camiones que transportaban vino español y cuyo cargamento quedó inutilizado.
Según organizaciones agrarias, un grupo de agricultores franceses destruyó unos 30.000 litros de vino procedente de España en el paso fronterizo de Le Boulou, cerca de La Junquera. La mercancía, proveniente de Castilla-La Mancha, fue vertida a la carretera y destruida por los manifestantes, que amenazaron y amedrentaron a los conductores de los camiones que sufrieron el ataque.
España ha reclamado al embajador francés que las autoridades de su país adopten todas las medidas oportunas para garantizar con total seguridad la libre circulación de personas y mercancías, uno de los principios básicos de la Unión Europea.
En un comunicado difundido ayer martes por el Ministerio español de Exteriores, España lamentó unos hechos que se producen "con desafortunada periodicidad" y de los que ha informado a la Comisión Europea, pues suponen "una violación flagrante de varios principios básicos" de la UE, como el de la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros y otros referidos a la propiedad y seguridad de los bienes y de las personas.

Banco Sabadell pide a la Audiencia Nacional aclarar su responsabilidad subsidiaria por actuaciones en la CAM

BARCELONA.- Banco Sabadell ha solicitado hoy una "nota aclaratoria" a la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, para que delimite la responsabilidad subsidiaria de la entidad catalana respecto a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que se circunscribe a una pieza separada sobre la comercialización de cuotas participativas de la CAM, han informado esta noche fuentes de la entidad catalana.

El banco presidido por Josep Oliu, que se adjudicó la entidad murciano-alicantina por un euro después de que fuese intervenida en 2011, ve confuso el escrito de apertura de juicio oral contra ocho exdirectivos de la CAM por irregularidades en la gestión de la Caja que condujeron a su quiebra, a quienes reclama, además, el pago de una fianza de 1.592 millones de euros.
Banco Sabadell considera que la redacción induce a error cuando hace referencia a la responsabilidad subsidiaria de Banco Sabadell --actual propietario de la caja-- y la Fundación de la Comunidad Valenciana Obra Social CAM, así como a la declaración de la aseguradora Caser como responsable civil directo.
Ha concretado que estas responsabilidades no son generales, sino que corresponden a una pieza separada del caso, que solicitó Fiscalía, sobre la comercialización de cuotas participativas de la CAM entre clientes que no recibieron una información adecuada del producto.
Se trata de unos 11 millones de cuotas participativas valoradas en unos 60 millones de euros, que fueron vendidas a clientes desde que se publicaron las cuentas de 2010 en marzo de 2011, hasta que la entidad fue intervenida en julio y se reformularon sus cuentas, que pasaron de beneficios a pérdidas.
De estos 60 millones, 40 quedan cubiertos por una póliza que tenía contratada la CAM con la aseguradora Caser, y los otros 20 son de los que deben responder como responsables subsidiarios Banco Sabadell y la Fundación de la Comunidad Valenciana Obra Social CAM.
La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores; en marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones, mientras que tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones.

Bruselas pide información a Francia tras los ataques de agricultores franceses a camiones con vino español

BRUSELAS.- La Comisión Europea sigue "de cerca" los acontecimientos tras los ataques de agricultores franceses a camiones cargados de vino español en el paso fronterizo de Le Boulou, próximo a La Junquera, y ha reclamado información a París sobre este hecho y las medidas que piensa adoptar al respecto. 

"Estamos siguiendo los acontecimientos de cerca, y hemos pedido a las autoridades francesas el 5 de abril que informen a la Comisión sobre el estado de la cuestión (lugar, fecha, duración, naturaleza y consecuencias) y sobre las medidas que han sido o van a ser tomadas para informar a los operadores económicos involucrados y para limitar lo posible la distorsión de la libertad de circulación de bienes", han informado fuentes comunitarias.
Además, el Ejecutivo comunitario ha señalado que fue informado del "incidente" este martes por parte de las autoridades españolas, en el marco de la normativa europea que recoge el intercambio de información entre los Estados miembros y Bruselas en situaciones que pueden afectar la libre circulación de bienes en el mercado único.
Según denunciaron organizaciones agrarias, un grupo de agricultores franceses destruyó el lunes unos 30.000 litros de vino procedente de España en el paso fronterizo de Le Boulou, cerca de La Junquera. La mercancía, procedente de Castilla-La Mancha, fue vertida a la carretera y destruida "sin pudor" por los manifestantes.
En consecuencia, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha convocado al embajador galo a una reunión en la sede del departamento para trasladarle la protesta formal de España ante esta cuestión, han confirmado hoy fuentes diplomáticas.
Por otro lado, eurodiputados del Partido Popular y del PSOE han reclamado este miércoles a la Comisión Europea que actúe en respuesta a estos hechos.

'Navantia' Sistemas desarrolla una herramienta de adriestramiento de personal de máquinas

MADRID.- Navantia Sistemas, a partir de los simuladores de control de plataforma existentes y enfocados al adiestramiento de personal de máquinas, ha desarrollado el sistema 'Navantis', que extiende las capacidades de adiestramiento a la virtualización del puente de gobierno, el puesto físico de control más completo y complejo a bordo.

En este sistema, a partir de una recreación del entorno natural con distintas condiciones atmosféricas que afectan a la visibilidad de los pilotos, la compañía propone una superficie táctil modular y continua llamada 'consola de cristal' para disponer de una única instalación configurable que permite representar de forma precisa cualquier consola de puente de todos los barcos en los que se requiera realizar ejercicios de adiestramiento.
La sala de adiestramiento de puente y la de control de máquinas asociada realizan de forma conjunta, colaborativa y sincronizada los mismos ejercicios partiendo de los escenarios diseñados por los instructores.
Este sistema se puede instalar en bases navales o centros de adiestramiento de las marinas y estos se pueden interconectar para trabajar conjuntamente en tiempo real dentro del mismo entorno natural virtual, lo que abre la posibilidad de adiestrar a diversas dotaciones en las maniobras en las que están involucrados varios buques.
Un ejemplo de estas prácticas es el aprovisionamiento en la mar entre dos barcos, donde no solamente se requiere pericia en la maniobra de aproximación y alineación de los buques, sino también acciones precisas para el trasiego de combustible u otros líquidos operando sobre el SICP.
Según ha informado la empresa en un comunicado, se abre el camino para que Navantia incorpore nuevos elementos a las sesiones de adiestramiento una vez que sus sistemas de combate entren en la escena 'Navantis', de manera que el "adiestramiento integrado" cobraría sentido en su máxima dimensión.

El TS anula los límites del déficit autonómico de 2013 fijados por el Gobierno pero avala los de 2014-2016

MADRID.- El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha estimado parcialmente los recursos de Cataluña, Andalucía y Asturias contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de agosto de 2013 que fijó la distribución entre las comunidades autónomas de régimen común de los objetivos generales de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el año 2013, que es anulado.

Por otro lado, los casi 40 magistrados que integran esta Sala, que darán a conocer sus resoluciones sobre este asunto en los próximos días, han rechazado otros recursos presentados por este mismo asunto por parte de Cataluña y Andalucía relativos al acuerdo de la misma fecha que estableció la distribución entre comunidades de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el trienio 2014-2016.
En total eran cinco recursos sobre este asunto los que se vieron este miércoles por la Sala, formulados por las cuatro comunidades autónomas citadas más Canarias.

La AIReF achaca parte del desvío del déficit de las CC AA al sistema de financiación autonómico

MADRID.- El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, achaca parte del desvío del déficit de las comunidades autónomas en 2015 al sistema de financiación, y no únicamente a la gestión realizada por los gobiernos regionales. 

Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso este miércoles, Escrivá ha citado todos los informes que publicó el año pasado y en los que ya advertía de forma reiterada de los altos riesgos de incumplimiento del objetivo de déficit, fijado en el 4,2% para el conjunto del Estado y que finalmente cerró casi un punto por encima, en el 5,18%.
Sin embargo, gran parte de esa desviación se debe a las comunidades autónomas, que acabaron el año con un déficit del 1,66%, muy lejos del 0,7% previsto.
Según Escrivá, esta situación "es consecuencia de muchos factores", incluyendo tanto la "eficacia" de la gestión como el "compromiso con la estabilidad" presupuestaria de cada administración, pero sin olvidar "la facilidad de alcanzar los objetivos fijados" según el punto de partida, la "sensibilidad al ciclo de ingresos y gastos", y la "suficiencia y adecuación del sistema de financiación".
"Por eso no es conveniente centrar el debate en el cumplimiento o incumplimiento de los objetivos, porque eso sería una simplificación en la búsqueda de soluciones a través del tratamiento de los síntomas y no de las causas del problema", ha advertido.
En este sentido, ha señalado que no sólo hacen falta medidas de consolidación fiscal e incluso una revisión de la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria tras cuatro años en vigor, sino que además se necesita un "análisis integral del sistema de financiación" para "adecuar el nivel de gasto a las competencias de cada administración y al cumplimiento de la regla de gasto".
Y es que Escrivá no cree que el déficit del conjunto de las comunidades sea "muy grande" y considera que el verdadero problema a medio plazo será la financiación de la Seguridad Social. Sin embargo, sí admite que hay "casos bastantes evidentes de infrafinanciación" de algunas comunidades concretas.
"Y, en la medida en que esto es así, hay un déficit de autoridad moral para aplicar medidas fuertes sobre las comunidades que tienen un déficit de financiación. Y para poder exigir medidas, el sistema tiene que estar bien equilibrado entre todas las comunidades. Por eso insistimos en este problema", ha añadido.
El Ministerio de Hacienda acepta esta sugerencia de revisar el modelo, pero matizando que es su competencia decidir cuándo afrontarla.
"Sin embargo, no parece razonable mantener, en el contexto actual, objetivos de déficit aún muy exigentes en algunos subsectores y superávit recurrentes en otros", ha advertido Escrivá, que recuerda que en Europa hay un "reconocimiento general y creciente" de que las reglas de estabilidad presupuestaria deben aplicarse con "más flexibilidad" y con un carácter "más anticíclico".
Y es que a su entender que el Estado hay conseguido "cumplir holgadamente" con el objetivo de 2015 puede interpretarse como que "su objetivo no es particularmente exigente", mientras que dar más margen a los gobiernos regionales permitiría que menos comunidades incumplieran. "Parece que el objetivo de 2015 era particularmente exagerado", ha apostillado.
Además, Escrivá ha pronosticado que si no se toman medidas adicionales el déficit de las comunidades autónomas este año será del 0,8% del PIB, cerca de un punto por debajo de 2015 aunque todavía lejos del objetivo del 0,3% acordado con Bruselas.
También ha recordado que sugirió establecer objetivos de déficit diferenciados por comunidades tanto para 2016 como para 2017, en aras a que en 2018 todas tuvieran equilibrio presupuestario. "Pero esta recomendación no fue seguida", ha lamentado, insistiendo en que hay que ver la "factibilidad" de los objetivos que se marcan porque si se incumplen "se erosiona la credibilidad de todo el sistema".
En la misma línea, ha admitido que le resulta "desalentador" que los esfuerzos de la AIReF "no hayan sido suficientes para transmitir los beneficios de un ajuste gradual y diseñado internamente, frente a uno que venga de fuera y sea precipitado y traumático" y que las administraciones públicas no hayan seguido sus sugerencias hasta que no las ha planteado la Comisión Europea (CE) de forma pública y se han comprobado las desviaciones de déficit.
Por otra parte, el presidente de la Autoridad ha subrayado que parte sustancial de sus recomendaciones han estado relacionadas con las medidas previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, sobre todo con la "conveniencia de reforzar la actuación temprana cuando hay riesgo de desviación".
"Las herramientas preventivas no han terminado de ser aplicadas", se ha quejado, señalando que sería "necesario disponer de plan presupuestario a medio plazo realista, creíble y que preste especial atención a las administraciones con mayores desviaciones" del déficit.
También la regla de gasto ha sido objeto de muchas de sus sugerencias, para mejorar su aplicación, aunque siempre teniendo en cuenta que "las recomendaciones de la AIReF no son meras sugerencias, sino que están sujetas al principio de cumplir o explicar".
"Las administraciones tienen la obligación de seguir nuestras recomendaciones o explicar por qué no lo hacen", ha precisado Escrivá, que valora los avances conseguidos en esta materia durante los últimos meses, en los que se ha pasado de un "insuficiente diálogo" entre las administraciones a actitudes más "constructivas".
En cualquier caso, considera que "queda un importante trabajo" que hacer en este campo para que el principio de cumplir o explicar "no sea un mero trámite" y se eviten "fórmulas evasivas", de modo que todas las administraciones que tengan "intención de cumplir" precisen "cómo y cuándo" lo harán o argumenten "de forma convincente" cualquier otra postura.
"Yo preferiría muchas veces que discreparan más de nosotros, porque no tenemos por qué tener razón. Esto contribuiría a reforzar el marco presupuestario nacional", ha añadido.
Por otra parte, Escrivá se ha referido a la Memoria Anual de la AIReF de 2015, cuya presentación era el objetivo formal de la comparecencia, en cumplimiento de la normativa vigente.
En este sentido, ha recordado que su trabajo pasa por "identificar problemas en el ciclo presupuestario y hacer recomendaciones para solventarlos" pero "en último término la decisión sobre las medidas a aplicar corresponde a los gobiernos competentes".
Además, ha subrayado que la aplicación del Plan Estratégico de 2015 ha estado "condicionado" por la disponibilidad de recursos financieros y humanos, sobre todo porque la plantilla está "muy lejos" de las necesidades de la institución.
En cualquier caso, se ha comprometido a trabajar este año en algunas medidas, como incorporar a la web de la Autoridad un observatorio interactivo de la sostenibilidad de la deuda de cada administración pública o iniciar el diseño de la evaluación externa que la AIReF pedirá a la OCDE a mediados de mandato.

La Unión Europea alcanza un principio de acuerdo sobre el plan de recuperación del atún rojo

BRUSELAS.- La Unión Europea (UE) ha alcanzado este miércoles un principio de acuerdo sobre la propuesta para aplicar las medidas del plan de recuperación del atún rojo en el Atlántico oriental y en el mar Mediterráneo, según ha informado el Consejo de la UE. 

El principio de acuerdo al que han llegado los negociadores de la presidencia holandesa de turno de la UE y del Parlamento Europeo necesita ser validado ahora tanto por los Veintiocho como por la Eurocámara.
La propuesta de la Comisión Europea, presentada en abril del año pasado, transpone las medidas legislativas del plan de recuperación plurianual del atún rojo en el Atlántico oriental y en el Mediterráneo adoptado por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT por sus siglas en inglés) en sus encuentros anuales entre 2012 y 2014.
De hecho, el plan plurianual de recuperación para el atún rojo, que está vigente entre 2007 y 2022, fue recomendado por el ICCAT, comisión de la cual la Unión Europea es parte contratante.
Tras el acuerdo, el ministro de Agricultura de Países Bajos, Martijn van Dam, ha elogiado el trabajo de todas las partes involucradas en la negociación y ha destacado que permitirá a la UE "estar en línea con las recomendaciones internacionales para la protección y la conservación del atún rojo", así como con "la explotación sostenible de unas actividades pesqueras sostenibles.
Por otra parte, el comisario europeo de Medio Ambiente y Asuntos Marítimos y Pesqueros, Karmenu Vella, se desplazará mañana jueves a Argelia con el objetivo abordar la necesidad de establecer una gestión conjunta con el país norteafricano para el mar Mediterráneo, según ha informado la Comisión Europea.
El Ejecutivo comunitario ha destacado que Argel es un "socio clave" para contribuir a una gestión sostenible de los recursos y para desarrollar una economía "azul" en el Mediterráneo.
Bruselas ha subrayado también que este viaje tiene lugar después de que los ministros de los países de la cuenca mediterránea coincidiesen en febrero en señalar la "urgente" necesidad de revertir la "preocupante" pérdida de stocks pesqueros.
"El Mediterráneo es una cuenca políticamente, culturalmente y económicamente diversa que tienen recursos y potencial compartidos, vital para toda la región. Unos ecosistemas saludables son vitales para seguir generando riqueza; un mar Mediterráneo sano nos permitirá aprovechar todo el potencial de la economía azul", ha destacado el comisario maltés.
Vella tiene previstos encuentros con el primer ministro argelino, Abdelmalek Sellal, así como con el ministro de recursos del Agua y Medio Ambiente, Abdelouhab Nouri, antes de visitar el puerto pesquero de El Djamila. Por la tarde, será recibido por el ministro de Transportes, Boudjema Talai, y por el ministro de Agricultura y Pesca, Sid Ahmed Ferroukhi.

La cúpula de la CAM irá a juicio y se enfrenta a una fianza de 1.600 millones

MADRID.- La Audiencia Nacional ha decretado hoy la apertura de juicio oral a los ocho exdirectivos de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) acusados de varios delitos societarios, entre ellos estafa y falsedad documental, a quienes ha impuesto una fianza conjunta de 1.592,4 millones de euros.

En su auto, la titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3, Carmen Lamela, señala también a la Fundación CAM y a Banco Sabadell -que adquirió la entidad en diciembre de 2011 por el simbólico precio de un euro- como responsables civiles subsidiarios, y a la aseguradora Caser como responsable civil directo.
Los ocho acusados, entre los que se encuentran el expresidente de la entidad Modesto Crespo y los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, disponen ahora de 24 horas para depositar "de forma civil y solidaria" los cerca de 1.600 millones de fianza solicitada por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) en su escrito de acusación.
El ministerio público pide siete años y medio de cárcel y multa de 180.000 euros para López Abad, Amorós, Sogorb y Martínez García como autores de falsedad contable y estafa.
Más flexible se muestra con los presuntos cómplices, Sabater Navarro y Ochoa Pérez, para quienes solicita un año y dos meses de prisión y multa de 9.000 euros; mientras que pide para Soriano Terol diez meses de cárcel y 12.000 euros por delito de estafa.
De cara a las vistas orales, el fiscal propone la comparecencia de más de una decena de testigos, entre ellos varios peritos aportados por el Banco de España.
Por su parte, el FGD atribuye también al expresidente Crespo, a la exdirectora Amorós y a Teófilo Sogorb un delito de estafa a inversores y manipulaciones informativas, por lo que solicita nueve años de cárcel y multa de 144.000 euros.
Una cantidad idéntica para López Abad y Martínez por falsedad societaria, para quienes pide tres años de prisión frente a los dos años de cárcel y multa de 81.000 euros que el fondo solicita para Sabater Navarro por falsedad societaria.
Además, requiere a los peritos que realizaron los informes sobre los estados financieros de la caja antes y después de su intervención por el Banco de España en julio del 2011.
La apertura de juicio llega semanas después de que Lamela archivase la causa por la comercialización de las cuotas participativas de la CAM, vendidas a 55.000 minoristas desde 2008 y que aportaron 292 millones a la entidad; en diciembre de 2011 dejaron de tener valor y se suspendió su cotización en bolsa.
Sin embargo, pese a este archivo, las cuotas comercializadas entre las 13:03 horas del 1 de marzo de 2011 y el 22 de julio de ese año, fecha en que se hizo público el inicio del proceso de reestructuración de la CAM, siguen bajo investigación en la pieza principal.

El Ayuntamiento de Murcia no se sabe si cumplió, o no, por falta de información, con la regla de estabilidad financiera

MADRID.- Málaga, Vigo y L'Hospitalet fueron los únicos ayuntamientos, con una población superior a los 250.000 habitantes, que cumplieron con los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto de 2015, así como con las previsiones sobre estos dos asuntos para 2016.

Un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre los dieciséis ayuntamientos capitales de provincia con ese tipo de población señala que en ninguno se aprecia riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad en 2016, si bien, con carácter general, el margen sobre el objetivo podría reducirse de forma notable respecto al registrado en años anteriores.
Zaragoza es el único que incumplió el objetivo de estabilidad en 2015 debido a la decisión de Eurostat de imputar en este año el gasto de inversión correspondiente al tranvía de la ciudad (evaluada en 256 millones, según el aumento que ha supuesto en la deuda registrada en el Banco de España).
Al ser una operación no recurrente, el desequilibrio se corregirá automáticamente en 2016, según la AIReF.
Es altamente probable, añade, que los de Bilbao, Madrid y Zaragoza incumplan la regla de gasto en 2016 y, en menor medida, en los de Valencia y Valladolid existe riesgo de incumplimiento de la regla de gasto en 2016, si bien en éstos el cumplimiento sería posible si la capacidad de financiación fuese finalmente superior a la prevista en este momento por esos ayuntamientos.
En el caso de los de Alicante, Córdoba, Gijón, Las Palmas de Gran Canaria, Murcia y Palma de Mallorca no ha sido posible la valoración, puesto que no han comunicado la información de forma completa.
Solo los de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat prevén un superávit muy cercano a la estimación de la AIReF más favorable.
Por el contrario, Alicante, Madrid, Valencia y Vigo muestran una previsión de superávit para 2016 por debajo del nivel mínimo de estimación de la AIReF.
También se hace un análisis de ingresos y se deduce que los municipios con una autonomía financiera superior a la media son los de Murcia, Madrid, Alicante, Palma de Mallorca, L'Hospitalet de Llobregat y Vigo.
En materia de gasto, los que tienen un mayor gasto corriente primario per cápita son Bilbao, Barcelona, Madrid y Sevilla.
Destaca que el de Bilbao es el de mayor gasto por habitante, que casi dobla el importe del resto de ayuntamientos en su tramo de población.
De los ayuntamientos analizados, solo Zaragoza no puede concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo en 2016, ya que su ratio de deuda viva sobre ingresos corrientes consolidados se sitúa por encima del 110 %.
El siguiente cuadro recoge la comparativa de la AIReF sobre la valoración del riesgo de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto al cierre de 2015 y las previsiones para 2016:

. OBJETIVO ESTABILIDAD REGLA DE GASTO
AYUNTAMIENTO 2015 2016 2015 2016
==============================================================
Madrid Cumple Cumple Incumple Incumple
Barcelona (1) Cumple Cumple Cumple Cumple
Valencia Cumple Cumple Cumple Incumple
Sevilla Cumple Cumple Incumple Cumple
Málaga Cumple Cumple Cumple Cumple
Zaragoza (2) Incumple Cumple Incumple Incumple
Murcia Cumple Cumple Sin infor. Sin infor.
Palma de Mallorca Cumple Cumple Incumple Sin infor.
Las Palmas de GC Cumple Cumple Cumple Sin infor.
Bilbao Cumple Cumple Cumple Incumple
Alicante Cumple Cumple Incumple Sin infor
Córdoba Cumple Cumple Cumple Sin infor.
Valladolid Cumple Cumple Cumple Incumple
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(1) Cumple la regla de gasto de 2015 de acuerdo con el Plan Económico-Financiero.
(2) Incluye el ajuste exigido por Eurostat por las inversiones en el tranvía. Sin este ajuste cumpliría el objetivo de estabilidad y la regla de gasto de 2015.

La Autoridad Fiscal pide déficit diferenciados a las Comunidades Autónomas para 2016 y 2017

MADRID.- El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, ha insistido hoy en que las Comunidades Autónomas deberían tener objetivos de déficit diferentes este año y el que viene, para que en 2018 puedan alcanzar el equilibrio (0 % del PIB).

En su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso, Escrivá ha afirmado que "no parece razonable" mantener objetivos de déficit "muy exigentes" en determinadas administraciones públicas cuando existen situaciones de superávit, como es el caso de los Ayuntamientos.
Escrivá ha recordado ante los grupos parlamentarios el "esfuerzo" que han hecho los gobiernos autonómicos por reducir el déficit entre 2010 y 2014, cuando consiguieron disminuirlo en 2 puntos.
Ha reiterado que el saldo negativo del 5,16 % del PIB que se ha registrado en 2015 es "muy negativo" y no ha sorprendido a la AIReF ya que "está en línea con sus previsiones y se han materializado los riesgos que se advertían".
Entre estos riesgos, Escrivá también ha aludido a la situación "preocupante" de la Seguridad Social y aunque ha señalado que es difícil actuar a corto plazo ha reiterado la necesidad de cambiar su sistema de financiación para que algunas prestaciones se financien a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.
Asimismo, sobre la aplicación de la denominada "regla de gasto" que contempla la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado que va a aplicar a las CCAA incumplidoras, Escrivá ha considerado útil este mecanismo.
Sin embargo ha afirmado que cada corporación debería hacer sus planes de reducción de gasto según la aplicación de esta regla de gasto.
Ha dicho que por razones de urgencia la AIReF cree que "hay que concretar cuanto antes los planes de ajuste asociados al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de 2016".
El dirigente de la AIReF ha recordado que "es necesario que estos planes de ajuste se hagan satisfaciendo las garantías que marca la ley presupuestaria.
También ha lamentado que de los 15 planes de ajuste que debían presentarse por incumplimientos de déficit en 2014 "a fecha de hoy sólo se ha aprobado uno" y ha afirmado que es "muy desalentador" que el Gobierno sólo siga las recomendaciones de la AIReF cuando la Comisión Europea constata y materializa el riesgo de incumplimientos.
Escrivá ha advertido de que las medidas que propone el organismo que dirige "no son meras sugerencias, sino que deben cumplirse" ya que las administraciones públicas tienen obligación de seguir sus recomendaciones o bien explicar los motivos por los que deciden desviarse de sus objetivos.

'Podemos' critica que Pedro Antonio Sánchez no puede «mirar a otro lado» con el déficit

CARTAGENA.- El portavoz del Grupo Parlamentario Podemos en la Asamblea Regional, Óscar Urralburu, consideró que el presidente del Gobierno autonómico, Pedro Antonio Sánchez, "no puede mirar hacia otro lado" porque "es su partido, el PP aquí y en Madrid, el que ha permitido la acumulación de la deuda y el déficit de la Comunidad Autónoma", mientras que el PSOE con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue el que "profundizó" en la situación con el último acuerdo de financiación autonómica.

En una rueda de prensa y al ser preguntado por el argumento de la infrafinanciación de la Comunidad Autónoma esgrimido por el Gobierno regional para justificar el déficit, Urralburu recordó que se trata de algo que se remonta a los años 1999 y 2000, "cuando se materializaron las transferencias de Educación y Sanidad".
"No se nos puede olvidar que fue precisamente Mariano Rajoy, siendo ministro de Administraciones Públicas en ese momento y vicepresidente del Gobierno con José María Aznar, quien negoció con el entonces presidente murciano Ramón Luis Valcárcel las transferencias de los principales pilares del Estado del Bienestar en la Región", recordó.
En concreto, reprochó que estas competencias se negociaron "mal" y con una financiación "a la baja". Desde entonces, critica que la Región arrastra "ese déficit que está cifrado, más o menos, en torno a los 250 o 300 millones de euros anuales".
Desde entonces "ha llovido mucho" y Urralburu reconoció que "va a ser difícil recuperar ese dinero", ya que la deuda acumulada en la Comunidad Autónoma alcanza los 8.000 millones de euros y "tiene mucho que ver con ese déficit de financiación".
Por otra parte, Urralburu también se refirió a las declaraciones del presidente del Gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez, quien este martes afirmó que no está dispuesto a que el déficit "lo paguen los discapacitados, ni la asistencia sanitaria ni educativa".
En este sentido, recordó que, tal y como Podemos anunció en el debate del techo de gasto, "hay trampa en las cuentas de la Comunidad", porque el Gobierno regional "hace unas cuentas raquíticas que no recogen todas las necesidades y que, cuando llega le mes de octubre o noviembre, tienen que poner la mano para incrementar el déficit".
Se trata, lamentó, de un déficit "desbocado" debido a unos presupuestos "sin control" que el Gobierno regional "no tiene ninguna voluntad de modificar" en el marco de la "lógica presupuestaria que ha venido aplicando en estos últimos años".
Al igual que ocurrió en 2015, Urralburu reprochó que "luego llega el recorte en los sectores más débiles", como el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) que, de los 100 millones que tenía presupuestados para ese ejercicio, solo se ejecutaron 80".
Por tanto, los "recortes" vienen "de facto" por la "insuficiencia en la ejecución de los presupuestos del capítulo social, tanto en Educación, donde la reducción se sitúa en torno al 10%, como en los capítulos sociales dependientes del IMAS y de las políticas de dependencia o políticas sociales".
Precisamente por eso, anunció que la Asamblea Regional debatirá este jueves la Ley de Procedimientos de Emergencia Ciudadana propuesta por Podemos y que ya ha sido tramitada, pasando por la Comisión de Asuntos Generales este mismo martes.
El objetivo de esta Ley, recordó, es "poner en primer orden de prioridad la política de gasto y los gastos sociales", con el fin de que "no ha ni una dieta o ningún gasto en infraestructuras, o una contratación de personal eventual para personal de gabinete de Pedro Antonio Sánchez antes de pagar una ayuda por dependencia, una RBI o una beca por comedor escolar".
"Esto es lo que significa tener por delante a la gente antes que los intereses de partido", defendió Urralburu.

Giro en la hipótesis de la defensa del 'caso Cala Cortina' y firmeza judicial en el 'caso Visser'

CARTAGENA/MURCIA.- El abogado defensor de uno de los policías nacionales acusados de la muerte de Diego Pérez Tomás, en Cala Cortina en 2014, sostiene que el fallecido subió voluntariamente en el coche de los agentes "por miedo a unas presuntas amenazas", que los agentes desconocían los problemas mentales que padecía y que su muerte fue accidental, "nunca homicida". Así como la imposibilidad de que los policías nacionales lo mataran y arrojaran al mar, por falta de tiempo.

Así se desprende del escrito de calificación presentado en el juzgado por el letrado Raúl Pardo-Geijo, que especifica una serie de hechos en su defensa como la autopsia del 23 de octubre que abría la hipótesis a la muerte accidental o un informe del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria de febrero de 2015 que establecía que "existía aún mayor probabilidad de que el cuerpo se hubiese introducido en el agua el día 12 ó 16 que el propio día 11 de la desaparición".
A lo que se une un informe de noviembre de 2014 que concluye que dado "la etiología de las lesiones y sus planos de acción-reacción, la fuerza fundamental para la causa de las lesiones axiales, acuñamiento colapso y fracturas de varias vertebras trabeculares es violenta accidental, con muy baja probabilidad de homicida, ya que no existe modelo ni registro de lesiones producidas por ninguna hipótesis de arma u objeto usado".
O el informe del 3 de agosto de 2015, donde se señala que Diego se cayó desde una altura de unos dos metros, "impactando violentamente la cara sobre una superficie dura que ocasionó la hiperextensión de la cabeza y cuello, con tal violencia que se fracturaron varias vértebras cervicales, que a su vez lesionaron la médula espinal y el tronco del encéfalo".
Señala, además, que todas las lesiones que presenta el cadáver "se deben a la caída desde una altura aproximada de dos metros, no existiendo ninguna lesión ajena a este mecanismo de producción" y, por tanto, "se descarta la intervención de una tercera persona en este fallecimiento y que no existe ningún signo de violencia externa" ejercida sobre Diego Pérez; subrayando que "todas las hemorragias y lesiones que presentaba se debieron exclusivamente a la caída" y que "la etiología de la muerte fue accidental".
El abogado sostiene, asimismo, la imposibilidad de que los agentes pudieran dar muerte a Diego, así como arrojarlo al mar, teniendo en cuenta las llamadas y la hora aproximada (4.55 horas) a la que los tres 'Z' salieron del domicilio de Diego hasta Cala Cortina "sin realizar parada alguna".
Señala que "no es lógico entender que seis agentes lleguen en 2 minutos y 40 segundos al acuerdo de matar a Diego, que, posteriormente, vuelvan a acordar el arrojarlo al mar, teniendo, a su vez, no sólo que determinar qué concreto sitio sería el pertinente sino, además, arrastrar el cuerpo hacia tal lugar, depositar el mismo, volver hacia sus vehículos para, finalmente, dar salida y marcharse hacia Cartagena".
Tras lo que el letrado se pregunta si "no se hace más cabal entender, dado el sobreexcitado estado que presentaba la víctima que, tal y como relataron los seis agentes, se le abrió la puerta del vehículo y, acto seguido, salió corriendo, subiendo el terraplén, en dirección hacia la carretera".
Asimismo, según el escrito, resalta los posicionamientos de los teléfonos de cada agente, que confirman que estuvieron juntos (dos por vehículo) en todo momento, y niega que sea cierto que Cala Cortina sea un lugar solitario y aislado y que Cala Cortina esté a dos kilómetros de la zona de patrullaje de los agentes.
Insiste, además en que fue Diego "quien, ante su hiperbólico temor, insistió y consiguió introducirse en el vehículo policial y que, además, los agentes le trasladasen a un lugar apartado de su domicilio, declinando acudir a comisaría para denunciar pero tampoco al hospital para ser tratado a tenor de su más que descentrado estado mental".
Por lo que, a juicio del abogado, el error de los agentes fue ocultar lo ocurrido por temor a una sanción, y solicita que los acusados declaren en último lugar, "al finalizar la actividad probatoria", posibilidad que "resulta más respetuosa con el principio de contradicción de la prueba y con la posición del acusado como sujeto de derechos y no como objeto del proceso".


El TSJ deja como estaba el 'caso Visser'


Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia ha desestimado el recurso que Serafín de Alba, acusado como encubridor en el caso de los asesinatos de la jugadora holandesa de voleibol Ingrid Visser y de su pareja, Severein Lodewijk, presentó para solicitar el sobreseimiento.
El recurso fue planteado contra el auto de apertura de juicio oral dictado por el magistrado-presidente del jurado popular que juzgará los hechos y en el que mantenía su imputación como presunto encubridor. Durante la vista celebrada ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ el pasado 17 de marzo, su abogado defensor expuso que no existía prueba ni indicio alguno que acreditara que, previamente a ocurrir el doble crimen, tuviera el menor conocimiento de ello.
Asimismo, señaló a la Sala que cuando la policía se presentó en su finca, donde fueron enterrados los cadáveres de Visser y de su pareja, mostró su total colaboración con los agentes, algo que, aseguró el letrado, no se compadece con quien ha sido un encubridor.
En contra de lo sostenido por el apelante en su recurso, que alegó que el auto recurrido vulneraba la presunción de inocencia que le ampara, el TSJ indica que esta le protegerá hasta el juicio e incluso hasta que haya una sentencia firme, por lo que no se ha producido vulneración alguna. La vista oral de esta causa, incoada hace ahora casi tres años al descubrirse el doble crimen, cometido en una casa rural ubicada en Molina de Segura, dará comienzo el próximo septiembre y se prolongará por espacio de mes y medio.
Para el juicio, que se desarrollará ante un jurado popular, están citados 170 testigos y peritos, entre los que se encuentran los más de ochenta agentes de Policía que intervinieron en las actuaciones. Además de De Alba, los acusados son Juan Cuenca, gerente del club de voleibol de Murcia donde jugó Visser, considerado ideólogo del doble crimen, y los rumanos Ion Valentin y Constantin Stan, presuntos autores materiales de los asesinatos por encargo de Cuenca. Para cada uno de los tres últimos el fiscal pide 50 años de prisión por dos delitos de asesinato.
El caso que será enjuiciado ocurrió en 2013 cuando fueron asesinados la jugadora de voleibol holandesa Ingrid Visser y su pareja Severein Lodewijk, por el que ingresaron en prisión Juan Cuenca Lorente, exgerente del equipo de voleibol Murcia 2005, y los dos ciudadanos rumanos.

C's-Cartagena propondrá modificar los estatutos de la ADLE para una representación política más justa

CARTAGENA.-Ciudadanos Cartagena ha llevado hoy al Consejo Rector de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE) su petición de cese del gerente, Diego Peñarrubia. Los motivos de esta petición, que se ha debatido y votado tal y como se aprobó en el último Pleno municipal, es la pérdida de más de 700.000 euros en ayudas del Servicio de Empleo y Formación para cursos remunerados de garantía juvenil y con prácticas laborales hecho por el que nadie, a día de hoy, ha asumido ni su error ni su responsabilidad.

"Desde Ciudadanos lamentamos que la representación política de este consejo no se corresponda con la del Pleno municipal, y que a pesar de que los partidos que conforman el Gobierno local, Movimiento Ciudadano y PSOE, representan, entre los dos, tan sólo al 34 por ciento del electorado, tienen la mayoría en este Consejo Rector. Ha sido esta desvirtuación de la representatividad la que ha supuesto que en la votación se haya desestimado el cese del director de la ADLE, Diego Peñarrubia, a pesar de que los tres grupos de la oposición, que representan al 54 por ciento del electorado haya votado a favor del mismo".
"Ciudadanos Cartagena, así como el resto de grupos de la oposición, está sopesando la posibilidad de conseguir que se modifiquen los estatutos de la ADLE para que el Consejo Rector sea un fiel y proporcional reflejo de la representación política surgida de las urnas, una representación más justa".
Según el portavoz de Ciudadanos Cartagena, Manuel Padín, "durante la reunión se ha dado a entender que el Pleno, el máximo órgano de representatividad política de los ciudadanos, con mayoría o sin ella, no tiene ninguna autoridad sobre las decisiones que se adopten en el Consejo Rector, y me parece que trasmitir eso a la ciudadanía, que no hay nada supeditado al ejercicio democrático del Pleno es muy triste y poco democrático". 
El portavoz de la formación naranja creía que "tanto Movimiento Ciudadano como PSOE tenían la clara voluntad de cambiar las cosas en Cartagena, cambiar la forma que se ha tenido de entender la política y el gobierno de una ciudad, generar un cambio a través de las nuevas mayorías para un futuro mejor y más democrático modificando, entre otras cosas, aquellas normas que se habían hecho a medida para centralizar el poder a pesar de que no se tuviera la mayoría absoluta, pero no, ahora que están en el ejecutivo local no les viene bien, no les interesa, ahora dicen aquello de 'yo tengo el sillón, yo mando' y si no te gusta que se incumplan los acuerdos del Pleno te mandan a los tribunales, y eso no puede ser"
Manuel Padín considera inaudito el desprecio del Gobierno de Cartagena por el cumplimiento de los mandatos plenarios, "durante la reunión he intentado hacerles ver que es ahora cuando tienen que ser generosos, que la ciudadanía lo recordará y apreciará, que será ella la que les juzgue cuando pasen los años".

El PP exige el cese inmediato del gerente de la Agencia de Empleo decidido por el Pleno municipal de Cartagena

CARTAGENA.- Tras la reunión celebrada esta mañana en el Consejo Rector de la Agencia de Empleo, el Partido Popular mantiene su exigencia de que se cumpla el mandato del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena y se cese al director por su responsabilidad en la pérdida de 700.000 euros de programas para desempleados .

"Es de vergüenza es que nos convoquen a un consejo extraordinario para tomar en consideración una decisión aprobada por el Pleno y que la vicealcaldesa y concejales del gobierno impidan con su voto que se cumpla la soberanía popular representada en el máximo órgano municipal", ha dicho Diego Ortega, portavoz adjunto popular.
Así, Ortega destaca que el gobierno ha podido imponer su criterio porque diseño el consejo rector sin reflejar las proporciones de los grupos para poder controlar el organismo. En cualquier caso, "los que hoy han votado en contra del cese del director de la Agencia están en el consejo como concejales y no pueden sabotear la decisión del Pleno al que pertenecen".
El portavoz popular recuerda que el alcalde López ya anunció su intención de incumplir la decisión en el Pleno y "esta mañana la señora Castejón ha vuelto a decir que el pleno no tiene potestad sobre la Agencia de Empleo, y de hecho, ha recriminado que se hable de empleo en el pleno municipal, cuando ellos lo han hecho siempre".
"El primer paso para burlar al Pleno ha sido la convocatoria del Consejo Rector, en el que Castejón establece como único punto del orden del día la toma en consideración de la moción de Ciudadanos, cuando lo que se debate ya no es la moción de un grupo, sino una decisión del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena".

IU-V exige que "Aguas de Lorca" gestione la retirada de las tuberías de fibrocemento en las pedanías

LORCA.- El concejal de IU-V en el Ayuntamiento de Lorca, Pedro Sosa, ha planteado esta mañana en el Consejo de Administración de Aguas de Lorca que se preste atención a las numerosas conducciones de la red de abastecimiento de agua potable de Lorca que aún utilizan tubos de fibrocemento. 

En este tipo de conducciones está presente el amianto, una sustancia altamente contaminante y generadora de enfermedades muy graves, y cuyo uso está prohibido en España desde 2002.
Con esta iniciativa el edil de IU-V traslada a "Aguas de Lorca" una demanda de las asociaciones de vecinos de las pedanías altas de Lorca, preocupadas por los casos crecientes de enfermedades graves que se están registrando en estas pedanías en los últimos años.
Sosa, haciendo de altavoz de los vecinos, pretende que Aguas de Lorca contrate la realización de análisis externos de las aguas en las pedanías tendentes a detectar la presencia de este contaminante, y que asimismo el plan que en la actualidad se acomete en la ciudad de Lorca de renovación integral de las conducciones de abastecimiento de agua potable se extienda a todas las pedanías del término municipal.
De otro lado, el concejal de IU-V ha afirmado que demandará del gobierno municipal información precisa sobre el tratamiento que se está dando a los residuos de amianto que llegan al vertedero municipal, y si efectivamente ese tratamiento se está gestionando con sujeción a la normativa estatal y comunitaria existente. Un decreto del gobierno de España de 2006 y una posterior Directiva de la Unión Europea.

Valcárcel pide a la Comisión Europea que tome medidas para evitar los ataques franceses contra el vino español

BRUSELAS.- Ramón Luis Valcárcel ha solicitado a la Comisión Europea que tome medidas para evitar que se repitan los ataques producidos en Francia en los últimos días contra camiones que transportaban vino español.

En una pregunta escrita presentada a la Comisión Europea, el eurodiputado ha denunciado ataques como el producido en el paso fronterizo de Le Boulou, entre Francia y España, en el que viticultores franceses detuvieron camiones españoles y vertieron el vino que transportaban desde España. Entre estos camiones se encontraban otros pertenecientes a empresas murcianas.
Valcárcel ha destacado en su pregunta que "no es la primera vez que, amparándose en que en España se consigue producir productos agroalimentarios más competitivos, los franceses boicotean la entrada de los camiones que entran a Francia". 
Asimismo ha criticado en su escrito la pasividad de los gendarmes franceses, que no actúan para impedir el boicot de las mercancías españolas por parte de los agricultores galos, y ha puesto de manifiesto que el acoso al vino español no es un caso aislado, ya que ataques similares se han producido contra otros sectores como el de los melocotones en julio de 2014, los productos cárnicos en julio de 2015 o la quema de la carga de un camión procedente de Lorca con destino a Austria el pasado 2 de febrero, cerca de Arlés.
Por ello, ha solicitado a la Comisión Europea que medie ante Francia, para "evitar que estos atentados al mercado común vuelvan a producirse".
En el pasado, hay que recordar que los ataques que sufrieron año tras año los camiones de frutas y hortalizas españolas por parte de los campesinos franceses ya le valieron a Francia una condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 1997 por haber manifestado una total pasividad ante esos actos de vandalismo.

El diputado Guillamón (PP) pone en evidencia la tolerancia de Fuentes Zorita respecto a la desaladora de Escombreras

MURCIA.- El expresidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, el socialista José Salvador Fuentes Zorita, facilitó el proyecto del Gobierno regional de construcción de la desaladora de Escombreras, ha afirmado el diputado del PP, Juan Guillamón, tras escuchar su comparecencia hoy ante la comisión de investigación de la Asamblea Regional. 

En este sentido, ha recordado un informe firmado por Fuentes Zorita cuando estaba al frente de la Confederación en el que expresamente reconoce "la labor encomiable del Gobierno Regional en el interés de obtención de nuevos recursos hídricos procedentes de la desalinización de agua para ayudar a paliar el déficit hídrico que padece la Región", afirmaciones que contrastan con lo dicho esta mañana en la Asamblea.
"Su predisposición a facilitar el proyecto certifica que la desaladora es un instrumento útil frente al fracaso del Programa Agua", ha añadido Guillamón quien considera que el expresidente de la CHS ha intentado defenderlo ante la comisión pero el Programa Agua no ha cumplido sus funciones porque ni ha llegado agua antes, ni es más barata ni de mayor calidad.
Para el diputado popular, José Salvador Fuentes Zorita, como buen socialista se ha preocupado de no transgredir la postura de Narbona, de quien debemos recordar que derogó el trasvase del Ebro.
Por otro lado, Guillamón considera que las desaladoras que se construyeron bajo el mandado del PSOE están paradas o infrautilizadas, frente a lo afirmado esta mañana por Fuentes Zorita, y ha aportado como dato que todas ellas, doce años después, han aportado 120 hm3 de agua, no cabe una mirada optimista sobre el funcionamiento de estas desaladoras que no si ni tan siquiera utilizadas como fuente de recurso por la Mancomunidad de Canales del Taibilla. 
"Como contrapunto se encuentra la desaladora de Escombreras que funciona al 70% de su capacidad, produce agua para consumo humano y para riego proporcionando actualmente este recurso a más de 70 empresas y comunidades de regantes".


Visión socialista

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús Navarro ha manifestado tras la comparecencia de el ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, José Salvador Fuentes Zorita, en la Comisión de Investigación de la Desaladora de Escombreras que "se ha ratificado que la construcción de dicha planta desaladora era innecesaria".
Y lo era porque el Programa AGUA del Ministerio de Medio Ambiente garantizaba los recursos hídricos suficientes para el abastecimiento en el horizonte del año 2007-2008, tal y como demuestra la puesta en marcha de la desaladora de San Pedro II en 2006, la de Valdelentisco en junio de 2007, y la de Alicante II en julio de 2008.
Navarro agregó que el Programa Agua no solo garantizaba el agua para abastecimiento, sino que contemplaba una importante cantidad de agua desalada para redotar los regadíos con más de 142 hectómetros cúbicos. Además, "sorprenden los costes de la desaladora de Escombreras con los costes reales de las desaladoras programadas desde el Gobierno socialista de España".
Como ejemplo citó la de San Pedro II, con un período de ejecución de 18 meses y una inversión de 90 millones de euros, para producir 24 hectómetros cúbicos, en comparación con la desaladora de Escombreras, cuya producción máxima a pleno rendimiento será de 22 hectómetros cúbicos y nos puede costar a todos los murcianos cerca de 600 millones de euros.
Navarro indicó, asimismo, que la comparecencia ha venido a desmentir las afirmaciones de Valcárcel en las que decía que la desaladora de Escombreras garantizaba agua para miles de hectáreas de regadío y para el mantenimiento de miles de puestos de trabajo. "Algo que es falso, pues la solicitud inicial para la construcción de la desaladora destinaba el agua exclusivamente para abastecimiento; posteriormente, se solicitó un cambio de uso de la concesión para uso industrial de 2 hm3 y para uso recreativo (campos de golf) de otros 2 hm3. Finalmente, a partir de mediados de 2012 se solicitó el cambio de uso para regadío, con solo 3 hm3".
El diputado socialista señaló que hasta el 31 de marzo de 2009, cuando el Ente Público del Agua (EPA) consiguió los permisos para el funcionamiento de la desaladora y autorizaciones para distribuir agua, todas las actuaciones y convenios firmados no tenían autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), por tanto, estaban incumpliendo la Ley de Aguas vigente.
Según los informes y archivos de la Comisaría de Aguas a fecha 3 de agosto de 2006, no consta que la mercantil Hidromanagement S.L., tuviera concesión alguna por parte de la Confederación para la construcción de una desaladora.
Por otro lado, los informes de la CHS relativos a la creación del precio público del agua para abastecimiento de agua potable, procedente de la desaladora de Escombreras, no se ajustaban al ordenamiento jurídico vigente, al incumplir lo dispuesto en el artículo 13 del texto refundido de dicha Ley, en lo relativo a la concesión de agua desalada, así como a la aprobación de las tarifas, que debían haberse tramitado a través del Organismo de Cuenca, es decir, la Confederación Hidrográfica del Segura.
Por último citó el informe del Tribunal de Cuentas de 31 de marzo, donde se pone de manifiesto la extrema situación económica deficitaria de algunos proyectos de infraestructuras muy relevantes para la Comunidad Autónoma de Murcia, como la infrautilización de la planta desaladora de Escombreras.

Clarificador para C's

Finalmente, Ciudadanos valoró positivamente la información proporcionada por las 11 autoridades políticas que comparecieron ante la Comisión de Investigación de la desalinizadora de Escombreras "porque han servido para aclarar algunos aspectos que, hasta ahora, eran oscuros y que reflejaremos detalladamente al término de la investigación".
Miguel Sánchez, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Regional, y presidente de la Comisión de Investigación de la desalinizadora de Escombreras, recordó que esta Comisión es la primera que se realiza en abierto, gracias a la iniciativa de Ciudadanos "porque los murcianos tienen derecho a conocer las explicaciones que ofrecen sus representantes políticos y, en este caso concreto, en qué se ha invertido el dinero de sus impuestos, y cuál es el resultado de esta inversión".
Sánchez resaltó las comparecencias de Alberto Garre y de Antonio Cerdá. "Garre reconoció que la desalinizadora fue un mal negocio y Cerdá que había sido un modelo ruinoso. Por el contrario nos ha llamado negativamente la atención la insistencia de otros políticos, entre ellos Ramón Luis Valcárcel, en justificar algo tan injustificable, como es un contrato leonino que blindaba a una empresa privada en perjuicio de los intereses de los ciudadanos de la Región de Murcia".
En la sexta jornada de la Comisión se produjo la comparecencia de José Salvador Fuentes Zorita, antiguo presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura. A preguntas de Sánchez, Fuentes Zorita reconoció que "la desalinizadora era innecesaria" y que, tal y como afirmó en 2007 en el momento de su inauguración, se encontraba en una situación de alegalidad ya que no tenía en orden, ni la toma de agua, ni el emisario, ni la concesión necesaria, testimonio que el portavoz de Ciudadanos calificó de "clarificador".
Sánchez también resaltó el testimonio de Fuentes Zorita, quien criticó que la Comunidad Autónoma sorteara los requisitos de la Ley de Aguas para abastecer a las urbanizaciones, una ley sobre la que el propio Fuentes Zorita manifestó que "debe ser buena, porque aún continúa en vigor".
El antiguo presidente de la Confederación Hidrográfica comparó el despilfarro de la planta de Escombreras, con otras desalinizadoras como la de San Pedro del Pinatar "que tuvo un precio inferior, que tardó menos tiempo en construirse y que produce más hectómetros cúbicos que Escombreras".
Por último, el portavoz de Ciudadanos anunció que en las próximas semanas se reanudará la Comisión de Investigación con la comparecencia de los técnicos.

'Podemos' pide en Murcia la eliminación de las tasas judiciales a pymes y ONGs

CARTAGENA.- El portavoz del grupo parlamentario de Podemos, Oscar Urralburu, la diputada en la Asamblea Regional, María Jiménez acompañados del Decano del colegio de Abogados de Cartagena,  José Muelas, han presentado la moción que se debatirá mañana en la Asamblea para la derogación de tasas judiciales a Pymes, ONGs y entidades sin ánimo de lucro.

Urralburu ha explicado que el acceso a la justicia es un derecho básico en cualquier sistema democrático, que se vio mermado con la reforma del Ministro Gallardón y que aunque ha tenido modificaciones, como la de que las personas físicas se encuentren exentas de ellas, las organizaciones no gubernamentales y las pymes también deben de estarlo y ha puesto como ejemplo el hecho de que si estas tasas hubiesen estado vigentes en algunos procesos judiciales, estos no hubiesen salido adelante.
"¿Qué hubiese pasado si en procesos como cuando se recurrió el proyecto de Marina de Cope o del Algarrobico, Ecologistas en Acción hubiese tenido que abonar las tasas? Esos recursos no podrían haber prosperado por el alto encarecimiento del proceso judicial"
Por su parte la diputada regional María Giménez, que será la ponente de la moción, ha explicado que "derechos fundamentales como el derecho a la Justicia y el acceso a ella, está en el ADN de Podemos, y la vigencia de las tasas lo único que ha producido hasta el momento son trabas, y el acceso a la justicia no puede negársele a nadie con estos métodos disuasorios".
Giménez ha expresado su deseo de que "mañana impere el sentido común y todos los grupos parlamentarios voten a favor de esta moción para instar al Gobierno central a que introduzca la exención de las tasas judiciales a pymes y Ongs y que destine a la Comunidad de Murcia lo recaudado en las tasas judiciales desde el periodo 2013-2014, para destinar esta cuantía a la asistencia jurídica gratuita en la Comunidad Autónoma".
En caso de que la moción de Podemos salga adelante y se eleve a estatal, tendrán que ser devueltos 450 millones de euros a los diferentes territorios, que ha sido lo recaudado con la política de tasas judiciales.

El PSRM apuesta por el funcionamiento en condiciones dignas de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia

MURCIA.- La vicesecretaria general del PSOE-RM y diputada en la Asamblea Regional, Isabel Casalduero, ha constatado la necesidad de que se emprendan una serie de acciones para garantizar la supervivencia de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (OSRM).

"Es necesario el funcionamiento en condiciones dignas del que consideramos que es uno de los exponentes de mayor calidad y prestigio de la cultura de la Región", ha señalado Casalduero tras reunirse con el comité de empresa de la Fundación OSRM.
Según la diputada socialista, ha sido una reunión productiva y enriquecedora para ambas partes, en la que el PSOE murciano ha conocido de primera mano la precaria situación en la que se encuentra la OSRM.
"Esto se debe a la falta de apoyo del Gobierno regional desde hace ya varios años. De hecho, es la orquesta sinfónica peor tratada de todas las que hay en España", ha explicado Casalduero.
"No podemos hacer una marca Región de Murcia si descuidamos, como hace el Partido Popular, la esencia y las raíces de la cultura de calidad, y esto último es, evidentemente, lo que la OSRM es para nuestra comunidad autónoma", ha concluido.

La Guardia Civil solicita la protección de las Salinas Reales de Sangonera la Seca


MURCIA.- La Guardia Civil de la Región de Murcia, tras el correspondiente estudio, ha solicitado el inicio de varios expedientes administrativos para asegurar la catalogación, protección y conservación del conjunto de bienes muebles e inmuebles que componen las Salinas Reales de la pedanía murciana de Sangonera la Seca, así como otros yacimientos e inmuebles en Alcantarilla y Cañada Hermosa-Murcia.

Estas actuaciones están enmarcadas en el 'Plan para la defensa del Patrimonio Histórico Español', puesto en marcha por la Dirección General de la Guardia Civil con el objetivo de incrementar la seguridad del Patrimonio Histórico Español y reducir la actividad delictiva en este sector.
En las últimas fechas, la Guardia Civil ha tramitado a la Dirección General de Bienes Culturales del Servicio de Patrimonio Histórico de la CARM, una solicitud para que se inicien los trámites de catalogación como bien de interés cultural, con la categoría de lugar de interés etnográfico parte de la Finca Las Salinas, ubicada en la pedanía murciana de Sangonera la Seca.
Dentro del perímetro de esta finca agrícola, de propiedad particular, se encuentran ubicadas las conocidas como Salinas Reales. Se trata de un centro salinero de interior, cuyos primeros datos históricos datan del siglo XIII. En el año 1266 y debido al alto rendimiento económico que proporcionaba un elemento tan necesario y demandado por aquel entonces como la sal, el rey castellano Alfonso X El Sabio tomó la propiedad de estas salinas y las demás situadas en las tierras del Reino de Murcia. De ahí su denominación de Salinas del Rey o Salinas Reales.
En el periodo bajomedieval, las Salinas Reales se convirtieron en el principal centro salinero de este reino, superando su explotación a otras de interior, como las de Molina de Segura, o costeras, como las de San Pedro del Pinatar. La actividad industrial llevada a cabo en estas salinas se extendió en el tiempo, cesando su actividad como tal, en la década de los años 70 del pasado siglo. Sus más de 700 años de funcionamiento han dado lugar a multitud de historias relacionadas con disputas por el arrendamiento de sus instalaciones, el uso de esclavos en las mismas o las falsificaciones llevadas a cabo en la venta de sal, debido al alto grado de calidad del producto extraído.
En la actualidad, dentro de esta finca de casi 2.000 tahúllas de extensión, se conservan las instalaciones usadas desde antaño para la recolección de sal. En una pequeña porción de terreno, al margen de la explotación, se pueden observar concentrados y muy próximos entre sí, una casa señorial con una pequeña ermita en su interior, tres almacenes o alfolís, ocho balsas o recocederos, la torre de un molino de viento para triturar la sal, así como el nacimiento natural del agua hipersalina. Hace unos pocos años, las más de 150 pequeñas eras de cristalización desaparecieron por la instalación de una balsa de riego para la finca agrícola.
A finales del pasado mes de marzo, agentes de la Guardia Civil especializados en la protección del patrimonio, junto con expertos del Servicio de Patrimonio Histórico de la CARM, visitaron e inspeccionaron las instalaciones descritas, donde verificaron la riqueza del conjunto descrito y la carencia de protección y catalogación de sus elementos, integrantes como parte de la Cultura del Agua y la Sal. De hecho, según la Ley 4/2007, de Patrimonio Cultural de la CC. AA. de la Región de Murcia, la torre del molino de viento, ya de por sí, tiene la catalogación de bien de interés cultural, con el mero hecho de comunicarlo e iniciar su tramitación administrativa, puesto que este tipo de bienes molinos de viento tienen asignada esa catalogación en la Región.
Esta actuación está integrada en el conjunto de otras similares que, en colaboración con el Servicio de Patrimonio Histórico, están siendo impulsadas por los guardias civiles especializados en la protección del Patrimonio Histórico.
Además de la protección de las Salinas Reales, durante los últimos meses se ha comunicado y solicitado a la Comunidad Autónoma la protección de diversos bienes culturales como el Puente de las Pilas, dos chimeneas industriales y el hallazgo de un escudo heráldico desaparecido en Alcantarilla, dos acueductos y una balsa de Cañada Hermosa-Murcia, así como la localización de vestigios fósiles y arqueológicos.
Fruto de estas actuaciones se ha logrado la catalogación de un yacimiento paleontológico, con fósiles marinos asociados al Mioceno superior y está en estudio la de un yacimiento ibérico, tras haber hallado vestigios cerámicos de los siglos V y IV a. C.
En el campo del Patrimonio Cultural, tan importante es su hallazgo o recuperación, como el asegurar su protección, que facilite su posterior disfrute a las generaciones venideras.

'Cambiemos Murcia' recuerda que las leyes están para cumplirlas, en referencia a la de Memoria Histórica

MURCIA.- El concejal de Cambiemos Murcia Nacho Tornel ha recordado hoy al equipo de Gobierno del Ayuntamiento que las instituciones municipales tienen la obligación de cumplir con las leyes aunque a sus gobernantes no les gusten, como es el caso de la de Memoria Histórica.

Tornel ha insistido en que las leyes emanan de una institución democrática que representa la soberanía popular y, por tanto, su aplicación no responde al "clamor popular" al que hacía alusión la concejala de Organización, Maruja Pelegrín, sino al respeto hacia la voluntad de la ciudadanía.
"Este Ayuntamiento ha aplicado todas las leyes, incluidas algunas que han mermado los servicios públicos como es el caso de la reforma de la ley de Bases de Régimen Local", ha sostenido Tornel dirigiéndose a Pelegrín.
Otra cosa, ha señalado, es corroborar y mostrar sensibilidad respecto al grado de dificultad que se puede originar a la hora de aplicar una ley, pero lo que está haciendo el Gobierno local es "buscar excusas porque no está de acuerdo con ella".

El fiscal anticorrupción pone en evidencia la política urbanística, aún no derogada en Totana por IU-PSOE

TOTANA.- Después de conocer hoy la última decisión del Fiscal anticorrupción, la responsable de comunicación de Totana Unión y Progreso (TUP), Belen Muñiz, vuelve a instar a los gestores municipales de Totana  a revisar su actuación respecto al plan general de ordenación urbana.  

"Es hora de que el alcalde explique su persistencia en seguir adelante con un documento corrupto e ilegal desde el origen", afirma Muñiz en un comunicado. 
"Suena a mofa que se permita decir que no hay denuncias de particulares al plan general cuando él mejor que nadie sabe que ha batido un récord de alegaciones".
"Basta ya de actitudes paranoides ante  falsos intentos de derribo al gobierno legítimo porque gran parte de los totaneros ya saben a estas alturas que hay colectivos que representan peticiones y posturas legítimas, intereses mucho más legítimos que un sillón", añade.
"Como ya anunciaba TUP hace poco tiempo, es ahora la Fiscalía la que viene a darnos la razón de la inviabilidad del plan general de Totana que el señor alcalde y, por razones que a muchos se nos escapan, defiende, a sabiendas que es ilegal y que, ya su aprobación parcial en su día, estaba viciada por venir de un posible delito de prevaricación", recuerda.
"Es lamentable que la soberbia, que no queremos pensar ni en ignorancia ni en otros intereses, haga que tengamos que enterarnos por la prensa regional de decisiones de la Fiscalía graves y que afectan al PGOU también firmante con el EPA,  cuando el señor alcalde debiera ser el primero en informar o informarse de la situación real del plan general".
"Todo lo demás es engañar al pueblo y el equipo de Gobierno debe saber a estas alturas que este plan será anulado al igual que fueron otros que adolecían del mismo defecto, la falta de informe preceptivo de la CHS, y otros, al igual que no debe ignorar que hay un procedimiento penal en curso que también lo puede invalidar".
"Todo lo que no sea admitir esta realidad es hacer tontos a los totaneros".
"Es hora de que se deje de demagogias y populismos a los que tanto recurre, gobierne y diga la verdad al pueblo de Totana, asumiendo que lleva meses en el gobierno y a día de hoy aún no nos ha dicho cuál es la deuda real del Ayuntamiento, haga algo positivo en vez de deleitarnos con sus diarios menús, porque al pueblo de Totana le puede estar preparando usted un plato envenenado con sus políticas tan poco transparentes, prepotencia disfrazada de humildad y monólogos interminables". 
"Usted, alcalde, deje de perder el tiempo y saque adelante un nuevo y realista plan general con consenso real", apostilla.

Los demandantes de la extinta CAM ven un «paso adelante» que se abra juicio

ALICANTE.- La plataforma que agrupa a alrededor de 800 de los afectados por la compra de productos tóxicos de la extinta Caja Mediterráneo (CAM) ven "un paso adelante" en su camino a la devolución del dinero invertido que la Audiencia Nacional haya acordado abrir juicio a ocho exdirectivos de la entidad.

La Plataforma CAM de perjudicados representa a unos 800 clientes que adquirieron participaciones preferentes o cuotas participativas (acciones sin derechos políticos), por un valor conjunto de 14 millones de euros.
Uno de los portavoces de la Plataforma CAM, Carlos Pena, ha relatado que esta decisión de la jueza era "necesaria para poder reclamar el dinero porque hay que demostrar que ha habido un delito societario" y que "el daño colateral" del mismo fueron los clientes.
A este respecto, Pena ha puesto de manifiesto que tanto las participaciones preferentes como las cuotas participativas fueron emitidas por CAM "con información falsa" ya que "decían que la entidad daba ganancias cuando había unas pérdidas monstruosas".
Como ejemplo de esta disparidad de cifras, ha relatado que antes de que se acentuara la crisis en el sector financiero, en 2010, CAM informó de que había ganado 300 millones de euros cuando un informe independiente posterior rebajó la cifra a 30 y, según estima la Plataforma, la cuantía real pudo haber sido de 70 millones negativos.
"Es un paso adelante que esperábamos", ha continuado Pena, quien ha señalado que la Plataforma abrirá una nueva demanda colectiva por lo civil para quienes compraran estos productos tóxicos entre el 1 de marzo de 2011 y el 22 de julio de 2011. 
La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado hoy la vista oral para ocho exdirectivos acusados de varios delitos, entre ellos al expresidente de CAM Modesto Crespo y a los exdirectoers generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós.

Abel Sáez bien pudiera ser el nuevo presidente del TSJ para superar la actual división de la Judicatura murciana

MURCIA.- El prestigioso magistrado alicantino, Abel Sáez Domenech, actual presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y el más antiguo del TSJ, sustituirá como presidente interino, casi con toda seguridad, a Miguel Pasqual del Riquelme  tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que, como máxima instancia, anula por falta de motivación su nombramiento de hace un año por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según fuentes del primer organismo.

Un considerable número de jueces y magistrados vería bien que este reconocido y veterano magistrado se presentase ahora para ocupar el cargo de forma definitiva y que así lo estimase conveniente el CGPJ en su próxima reunión del 28 de abril para zanjar de esa forma la división producida en la Judicatura murciana por la sentencia del Supremo tras el recurso de otra aspirante, la no menos prestigiosa magistrada de la Audiencia Provincial de Murcia, Pilar Alonso Saura, con muchos más méritos que el juez de Primera Instancia e Instrucción, el joven Pasqual del Riquelme. 
Parcialmente admitido su recurso por 18 magistrados del Tribunal Supremo por defectos, el fallo favorable no supone la sustitución automática de Pasqual del Riquelme por Alonso, por lo que se abre la vía para una tercera opción en la persona de un magistrado con tantos, o más méritos que ningún otro, como es el caso de Abel Sáez, hijo de juez y persona muy respetada entre el colectivo de jueces y magistrados por su demostrada autoridad técnico-profesional, mesura y equilibrio de todas sus resoluciones perfectamente motivadas siempre.

Los fallecidos en las carreteras murcianas caen casi un 80% en la última década

MURCIA.- El delegado del Gobierno, Antonio Sánchez-Solís, destacó este miércoles tras presidir la Comisión Autonómica de Tráfico y Seguridad Vial que, entre 2005 y 2015, el número de víctimas mortales en la Comunidad Autónoma de Murcia disminuyó un 78%, contabilizando un descenso de 150 a 33 fallecidos en vías de titularidad urbana e interurbana.

Del análisis de fallecidos según tipo de vehículo, se constata una mayor presencia entre las víctimas mortales consideradas vulnerables, que durante el pasado año supuso el 45% del total (6 peatones, 1 conductor de ciclomotor y 8 conductores de motocicleta).
En la reunión se destacó la importancia de actuaciones interadministrativas para reducir el número de víctimas mortales de usuarios de la vía en condición de peatón, pues en todo el 2015, el número de fallecidos fue de 6, y en el presente año, en el primer trimestre, se contabilizaron ya 5 fallecidos.
Durante el año 2015, según datos analizados en la Comisión, en vías interurbanas se realizaron un total de 183.055 pruebas de alcohol, con un porcentaje de 1,37% positivos. Además, se realizaron 2.498 pruebas de droga, que derivaron en un 43,15% de positivos.
De las analíticas de alcohol en fallecidos llevadas a cabo el pasado año se obtuvo un 33% de resultados positivos.
Además se advirtió que el número de vehículos eléctricos, híbridos y de bajas emisiones representa el 5% del total del parque de la Región en el año 2015 con 51.360.
Los accidentes de tráfico de carácter laboral suponen el 18,18% del total de víctimas, 6 de 33 víctimas contabilizadas 24 horas después de suceder el accidente, según el informe resultante del análisis de datos conjunto realizado por Jefatura Provincial de Tráfico e Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.