El mandato adoptado con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones defiende la obligación de los demandantes de asilo a los que se deniegue la protección de aceptar cooperar con las autoridades para agilizar su expulsión y aboga por plazos de detención para los repatriados de hasta 24 meses si no cooperan o las autoridades ven riesgo de fuga.
Estos plazos se podrán aplicar incluso a menores no acompañados y a
familias con niños pequeños, ya que aunque los eurodiputados piden que
sea una medida de «último recurso» y se aplique por el periodo más corto
posible teniendo en cuenta el interés superior del menor, no establecen
límites por debajo de los 24 meses generales.
Con todo, los motivos para la detención y los plazos deberán estar
recogidos en el ámbito de la legislación nacional y corresponderá a las
autoridades judiciales decidir sobre ello. Además, reconocen la
competencia de los Estados miembro para ofrecer alternativas a la detención como, por ejemplo, presentar informes periódicos, comunicar una residencia fija o pagar una garantía financiera.
Además, cualquier país de la Unión deberá reconocer y ejecutar las
decisiones de retorno y las órdenes de expulsión emitidas por otro
Estado miembro antes del 1 de julio de 2027, a propuesta de la Comisión.
Y el país en donde se encuentre la persona sobre la que pesa una
orden de expulsión será responsable de garantizar su retorno. Por otra
parte, los eurodiputados abogan por suprimir una disposición de la
propuesta original que exige a los gobiernos tomar medidas para detectar
a los ciudadanos no pertenecientes a la UE que se encuentran en su
territorio de manera ilegal.
En cuanto a la posibilidad de prohibir la
entrada a migrantes a los que se rechaza conceder el estatus de asilo,
el mandato defiende que quienes no cumplan una decisión de retorno en
el plazo establecido para la vuelta voluntaria quedarán sujetos a la
expulsión y se les podrá prohibir la entrada e vuelta a suelo
comunitario durante un periodo determinado en función de cada caso, pero
que podría llegar a ser permanente.
La posición del Parlamento Europeo, muy cercana a la propuesta de
reforma que Bruselas puso sobre la mesa y al mandato que han acordado
los Veintisiete de cara a la negociación, consolida los centros de
deportación con los que la Unión busca externalizar a países terceros el
proceso de retorno de los migrantes a los que se deniegue el permiso de
asilo, para garantizar que están fuera de territorio de la UE mientras se tramita su deportación definitiva
al país de origen o tránsito que proceda.
Así, los eurodiputados
respaldan modelos similares al que el Gobierno italiano de Giorgia
Meloni negoció con Albania para trasladar allí a migrantes sin derecho a
asilo mientras se gestiona su expulsión y reconocen que tales acuerdos
pueden ser negociados por uno o varios países o incluso por la Unión.
En todo caso, advierten los eurodiputados, no podrán ser transferidos
a esos centros fuera de la UE los menores no acompañados.
Los grupos de Socialistas y Demócratas (S&D), Verdes e Izquierda europea
forzaron el voto de este jueves en un intento de frenar el inicio de
las negociaciones de esta reforma impugnando el mandato acordado en
comisión parlamentaria entre el Partido Popular Europeo (PPE) y los grupos de ultraderecha de Patriotas por Europa, Conservadores y Reformistas Europeos y la Europa de las Naciones.
Sin embargo, el apoyo de la mayoría permitirá a los negociadores de la
Eurocámara iniciar este mismo jueves los contactos entre el Consejo
(gobiernos). El liberal holandés Malik Azmani liderará las negociaciones
por el Parlamento en tanto que ponente de la posición de la
institución, a pesar de que su informe decayó en favor de otro texto más
duro redactado por el 'popular' François-Xavier Bellamy y negociado con
la llamada «mayoría Venezuela».
Tras la votación, el Comité Internacional de Rescate
(IRC) ha alertado de que esta decisión supone un «Un revés histórico
para los derechos de los refugiados» e instado a la UE a defender sus
propios principios jurídicos y morales durante el avance de las
negociaciones.
Desde Caritas Europa, por su parte, se han mostrado
«profundamente preocupados» y han arremetido contra la Eurocámara por
respaldar «medidas aún más estrictas que socavan la dignidad humana, los
derechos fundamentales y las garantías legales».
En un comunicado, el
Partido Popular ha defendido que esta reforma permitirá reforzar la
credibilidad de su política migratoria y reducir la inmigración irregular
mediante normas más estrictas y coordinadas.
«No podemos avanzar en una
política migratoria creíble y eficaz si las decisiones de retorno no se
cumplen», ha dicho al respecto el presidente de la comisión
europarlamentaria de Libertades Civiles, Justicia e Interior y
eurodiputado del PP, Javier Zarzalejos, que sostiene que el nuevo
reglamento entra en contradicción con la política migratoria y
regularización extraordinaria del Gobierno.
Por parte de Vox, su jefe en la Eurocámara, Jorge
Buxadé, ha puesto en valor que se acuerde un mandato «más duro» y
subrayado que, cuando se aprobado definitivamente, será de obligado
cumplimiento por todos los países de la UE.
También ha celebrado que la
posición de la Eurocámara vaya más allá que la Comisión y considere que
los gobiernos nacionales vayan a ganar «autonomía» al poder decidir
«deportaciones forzosas» si lo ven justificado, sin tener que someterse a
una lista cerrada de criterios establecidos por la UE.
«No se trata de
un enfoque europeo equilibrado, sino un giro político impulsado por el deseo del PPE de alinearse con la extrema derecha»,
ha alertado, por su parte, la vicepresidenta de los socialdemócratas en
la Eurocámara, Ana Catarina Mendes, quien ha avisado de que los
derechos fundamentales consagrados en los Tratados no pueden ser
considerados como «opcionales».
La eurodiputada que negoció por Los
Verdes, Mélissa Camara, que la víspera pidió aplazar el voto para dar más margen a la negociación de un texto menos duro, ha tachado del resultado de «vergüenza» y considerado que se trata de «una traición a los valores fundamentales de la Unión Europea».
