MURCIA.- La Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (Huermur) y la Asociación para la Memoria del Sureste han presentado sendos recursos de alzada dirigidos personalmente al Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para exigir la protección completa e íntegra de la Antigua Prisión Provincial de Murcia, conocida como la Cárcel Vieja.
Ambas entidades denuncian que la reciente declaración del inmueble como Lugar de Memoria Democrática, publicada en el BOE el 20 de junio, deja implícitamente sin protección la mayor parte de sus muros perimetrales, pese a estar documentado que en ellos se llevaron a cabo más de 520 fusilamientos durante la dictadura.
Una resolución, que por otra parte, fue firmada una semana después de que el ayuntamiento y la Delegación del Gobierno anunciaran públicamente que ya estaba firmada.
Huermur y los colectivos memorialistas advierten de que permitir, mirando hacia otro lado, la demolición de esos muros sería una violación frontal de la Ley de Memoria Democrática y un atentado contra el patrimonio histórico de la ciudad.
Los recursos denuncian que la resolución ministerial publicada en el BOE reduce la protección a simples “tramos ilustrativos” de fachada, permitiendo implícitamente que el resto sea derribado por el ayuntamiento.
"Una cárcel sin muros no es una cárcel, y mucho menos un verdadero lugar de memoria y monumento histórico", afirma el presidente de Huermur, Sergio Pacheco.
Ambas entidades remarcan que los muros no son un elemento arquitectónico cualquiera, sino el soporte físico y simbólico del horror y la represión de la dictadura franquista, y recuerdan que la propia resolución ministerial reconoce expresamente como hechos probados que en ellos se ejecutó sumariamente a más de medio millar de personas.
“¿De qué sirve declarar un lugar de memoria si se permite destruir el escenario exacto de los crímenes?”, se preguntan.
El caso ha generado una creciente alarma en el ámbito patrimonial y memorialista, más aún tras confirmarse que el Ayuntamiento de Murcia había iniciado las obras que prevén el vaciamiento del edificio y el derribo total de los muros carcelarios, mientras ha abierto un restaurante con terraza en el interior del recinto penitenciario, banalizando su valor histórico y despojándolo de todo contexto represivo.
Los recursos recuerdan, además, que en otros lugares de España sí se han protegido de forma íntegra espacios similares. Es el caso de la tapia del Cementerio del Este (Almudena) en Madrid, donde se ejecutaron a miles de personas durante el franquismo. En ese lugar, el Estado ha ordenado conservar toda la estructura como testimonio de la represión. "¿Por qué allí se protege todo y en Murcia se permite el derribo casi completo? ¿Por qué un patrimonio merece más que otro?", se preguntan desde las entidades.
Huermur y la Asociación para la Memoria del Sureste advierten que si el ministro Ángel Víctor Torres no actúa para modificar la resolución publicada en el BOE el pasado 20 de junio y proteger íntegramente los muros y patios de la prisión, llevarán el caso ante organismos internacionales como el Comité contra la Tortura de la ONU, la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE (OIDDH), el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo para que todo el mundo sepa lo que está pasando en Murcia y España.
Ya se están preparando los primeros informes para denunciar la actuación del Ministerio y del Ayuntamiento de Murcia por obviar la legislación nacional e internacional sobre derechos humanos y memoria histórica.
“Esto no es una simple discrepancia técnica”, señalan.
“Estamos ante un caso gravísimo de desmemoria institucional que banaliza los crímenes de la dictadura y pisotea los derechos de las personas represaliadas y el propio patrimonio histórico. Si no se frena, se sentará un precedente inaceptable para toda España”.
En el recurso presentado se solicita la protección íntegra de los muros originales en su trazado, forma y continuidad, la conservación de los patios carcelarios donde se produjeron fusilamientos, la paralización inmediata de cualquier obra de derribo o sustitución, la revisión del proyecto financiado con fondos europeos para excluir toda actuación destructiva, la reposición de los tramos ya derribados en febrero de este año, y la adopción urgente de medidas cautelares para evitar más daños mientras se resuelve el procedimiento.
En el propio recurso presentado ante el ministro, se han solicitado expresamente medidas cautelares en vía administrativa, consistentes en la paralización inmediata de cualquier actuación que conlleve el derribo total o parcial de los muros de la prisión.
Huermur y la Asociación para la Memoria del Sureste advierten de que, si el Ministerio no adopta dichas medidas de forma urgente, se interpondrán nuevas acciones judiciales inmediatas, en defensa de la legalidad, el patrimonio y los derechos fundamentales vulnerados.
Las asociaciones también recuerdan que fue el propio Secretario de Estado de Memoria Democrática quien, el pasado mes de febrero, tras las presiones públicas, denuncias y advertencias de colectivos memorialistas y entidades patrimoniales, ordenó la paralización de los derribos de los muros de la prisión, reconociendo expresamente su valor y la necesidad de preservar su integridad.
Por ello, no se entiende que ahora, apenas unos meses después, se firme una resolución que permite de forma implícita su demolición, cediendo de facto a los intereses del Ayuntamiento de Murcia.
“Es una claudicación incomprensible, una bajada de pantalones institucional que deja a las víctimas sin reparación y a la historia sin testimonio físico”, denuncian desde Huermur.
Huermur concluye que ahora es el momento de actuar: el ministro Ángel Víctor Torres tiene en su mano evitar esta temeridad institucional y demostrar que el Gobierno de España está comprometido con una memoria democrática real, justa y coherente.
“Derribar los muros de la Cárcel Vieja es borrar la historia y nuestro patrimonio con una excavadora. No lo vamos a permitir”.
