CARTAGENA.- La presidenta de la Fundación Red Madre, Carmen García, ha denunciado en
la Comisión Especial sobre Infancia y Adolescencia de la Asamblea
Regional que "el Estado gasta diez veces más en el aborto que en ayudar a
la maternidad" y ha reclamado la aprobación de una ley integral de
apoyo a la maternidad que cuente con el consenso de todos los grupos
para "evitar que la interrupción voluntaria del embarazo sea la única
salida" para muchas mujeres.
García ha presentado el 'Mapa de
la maternidad 2024' de Red Madre, según el cual España ha destinado más
de 101,3 millones de euros en ayudas a la mujer embarazada en
dificultades, con una ayuda media anual de 237,85 euros por mujer.
Ha
precisado que la mayor parte de esos fondos se concentran en Madrid y
Galicia, que suman más de 96 millones, mientras que al resto apenas han
destinado 4,8 millones, lo que reduce la ayuda media hasta los 21 euros
por mujer.
Ha subrayado que ocho de las once autonomías que ofrecen
alguna ayuda al embarazo y primera crianza "dan menos de 50 euros
anuales" y solo tres superan los 300.
Así, ha insistido en que
apoyar la maternidad "es un acto de justicia social y una apuesta
estratégica para el futuro", y ha alertado de que una de cada tres
mujeres que dan a luz no tiene derecho a ninguna prestación por
nacimiento y cuidado del menor por no haber tenido nunca contrato de
trabajo.
Ha añadido que la maternidad "se ha convertido en una losa de
hormigón" para muchas mujeres, que son quienes interrumpen su carrera
profesional, y ha apuntado que casi el 32% se encuentra en pobreza
laboral en hogares encabezados por mujeres y el 54% en riesgo de
pobreza.
En cuanto a la experiencia de la entidad, ha indicado
que, tras dieciséis años de actividad y más de 50 asociaciones en
España, "más de 400.000 mujeres" han recurrido a Red Madre y que, cuando
reciben información, acompañamiento emocional y apoyo material, "ocho
de cada diez continúan con su embarazo".
En la Región de Murcia, ha
cifrado en 100 los casos de riesgo de aborto atendidos en los dos
últimos años, "100 bebés que han nacido bajo el amparo integral de Red
Madre y que iban directos a una clínica por falta de apoyo y ayuda".
García ha detallado que la fundación acompaña a las mujeres durante
el embarazo, acude con ellas al parto si se encuentran solas y mantiene
el apoyo tras el nacimiento "hasta, al menos, los dos años del bebé",
facilitando enseres y materiales, formación y, en la medida de lo
posible, búsqueda de empleo. Ha defendido que "no vamos en contra del
aborto, defendemos la vida" y ha insistido en que Red Madre "no tiene
que hablar del derecho constitucional" a la interrupción voluntaria del
embarazo, sino de "ofrecer una alternativa" a quienes quieren seguir
adelante con la gestación pero lo ven muy difícil.
Al hilo, ha
reivindicado una ley de apoyo a la maternidad que aborde las
dimensiones emocionales, físicas, laborales, fiscales, habitacionales y
relacionales del embarazo y la crianza, incluyendo situaciones de
maltrato o discapacidad.
"Si se apoyara de verdad a la maternidad,
subirían los índices de natalidad y el aborto no sería necesario", ha
defendido. También ha sostenido que llevan años facilitando ecografías a
mujeres con embarazos complicados a través de médicos voluntarios y ha
asegurado que escuchar el latido del bebé "cambia" a muchas de ellas,
que deciden continuar con el embarazo si se sienten acompañadas.
García ha reconocido que el llamado "síndrome postaborto" no está
recogido como diagnóstico médico, pero que la fundación dispone de
informes internos sobre efectos psicológicos en mujeres atendidas tras
una interrupción del embarazo y se ha ofrecido a remitirlos a los
diputados. Al mismo tiempo, ha criticado el uso reiterado de la píldora
abortiva como "método abortista", algo que, a su juicio, "no es normal
si todos estamos a favor de las mujeres".
Ha denunciado,
asimismo, una "campaña de acoso y persecución" contra Red Madre en
Murcia y en otras comunidades, con pintadas, escupitajos diarios en la
sede, el teléfono de atención 24 horas tapado o el bombín de la puerta
sellado. Ha rechazado las acusaciones de ser una organización
"ultraconservadora" que recibe "cientos de miles de euros" y ha
precisado que, en la Región de Murcia, solo han percibido dos
subvenciones nominativas: 50.000 euros en 2022 y 40.000 euros este año,
mientras el resto de ayudas se han obtenido "en concurrencia
competitiva, como cualquier hijo de vecino".
La compareciente
ha recalcado que Red Madre cuenta con la declaración de utilidad pública
del Ministerio del Interior y ha insistido en que la entidad "no va a
las puertas de las clínicas ni coacciona a nadie", sino que atiende a
las mujeres que acuden voluntariamente. Ha asegurado que, cuando alguna
decide abortar y deja de responder a llamadas o mensajes, "se respeta su
decisión y se da por terminado el camino" con la fundación.
Durante el turno de los grupos parlamentarios, la diputada socialista
Lola Jara ha reconocido la importancia de que las mujeres embarazadas en
situación vulnerable reciban apoyos públicos, asesoramiento jurídico,
psicológico y material, pero ha defendido la Ley de salud sexual y
reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. Ha subrayado los
avances de la norma en la garantía de un aborto "seguro, accesible y con
garantías".
Jara ha criticado la baja cobertura pública del
aborto en la Región de Murcia, citando un informe que la sitúa entre las
que menos intervenciones realizan en hospitales públicos,"apenas el 0,9
por ciento frente al 99 por ciento en clínicas privadas", y ha
denunciado la externalización del aborto terapéutico, que obliga a las
mujeres a someterse al feticidio en una clínica privada y a permanecer
dos días en casa antes de completar el proceso en un hospital público.
Ha calificado esta situación como "un caso claro de violencia
obstétrica" y ha defendido la propuesta del Gobierno de reformar la
Constitución para blindar el derecho al aborto como derecho fundamental.
Por parte del Grupo Mixto, María Marín ha manifestado su apoyo a la
misión de Red Madre, pero ha reiterado las críticas por la "hemeroteca"
de la organización, señalando reportajes y testimonios que hablan de
desinformación y de prácticas consideradas como acoso.
Ha preguntado a
Red Madre cómo denomina a la situación de las mujeres que se ven
obligadas a abortar en clínicas privadas "a 500 kilómetros de su casa" y
ha reclamado un "respeto absoluto" a la libertad de quienes optan por
interrumpir su embarazo.
También ha pedido detalles sobre el tipo de
seguimiento que se realiza a los bebés una vez nacidos.
El
diputado de Vox Ignacio Arcas ha agradecido la labor de Red Madre y ha
puesto el foco en la situación económica y habitacional de las familias.
Ha recogido la denuncia de García Meroño sobre que el Estado gasta diez
veces más en aborto que en maternidad y le ha preguntado si derogaría
la actual ley del aborto, y su opinión sobre partidos que prometieron
hacerlo y no cumplieron.
También ha defendido propuestas de Vox, como la
iniciativa en Castilla y León para ofrecer a las mujeres que quieren
abortar la posibilidad de escuchar el latido fetal antes de tomar una
decisión.
Finalmente, la diputada del PP Maruja Pelegrín ha
elogiado la labor de Red Madre, ha reconocido que la entidad trabaja
"con escasísimos recursos" y ha defendido que la declaración de utilidad
pública por parte del Ministerio del Interior avala que su actividad
"es un bien para la sociedad".
Ha reprochado a la izquierda y a otros
partidos que identifiquen la defensa de la vida con ir contra la
libertad de las mujeres y ha sostenido que el objetivo de organizaciones
como Red Madre es "informar de los recursos y ayudas para que la mujer
pueda decidir en libertad".
Así, ha cerrado su intervención subrayando
que "no hay acto más transversal ni menos partidista que apostar por la
mujer y por la vida".
