
Tras recibir la exposición razonada de la juez Asunción Navarro, que instruye el caso, el TSJ la trasladará a la Fiscalía para que ésta se pronuncie, de forma no vinculante, sobre la competencia de la Sala de Lo Civil y Penal en la investigación de Juan Morales, que fue alcalde de Totana por el PP hasta las pasadas elecciones municipales, y actualmente tiene condición de aforado por ser diputado regional.
Ahora, el fiscal deberá pronunciarse respecto a si los indicios encontrados contra el ex alcalde incurren en alguna infracción de tipo penal, para lo cual dispone de un plazo de cinco días.
Fuentes judiciales indicaron hoy a EFE que la Sala, tras recibir el preceptivo informe de la Fiscalía, deberá pronunciarse sobre su propia competencia para asumir el sumario y, en caso afirmativo, se procederá al nombramiento de un instructor que será el que investigue la actuación de Morales en estos hechos.
Informe demoledor
Según la exposición razonada remitido por la juez de Totana al TSJ, y a la que dice haber tenido acceso la Cadena "Ser" en Murcia, el diputado y ex alcalde de Totana, Juan Morales, ha amasado en tan sólo tres años un patrimonio difícil de justificar con sus sueldos de alcalde primero y diputado después. Se investiga, en su caso, posibles delitos de cohecho, por los que podría ser procesado tras constatarse fuertes desembolsos en viviendas y vehículos de lujo desde 2005.
Esa exposición razonada, ya en poder de la Sala de Lo Civil y Lo Penal del TSJ, y remitida hoy mismo a la Fiscalía, es la conclusión de tres informes elaborados por la investigación de la UCO, en los que se recogen como propiedades del diputado regional tres viviendas en Murcia, dos más en Brasil, y tres vehículos de gama alta, entre ellos un "BMW" y un "Mercedes Benz". La Policía brasileña estaría investigando nuevas inversiones de Morales en aquel país, donde ya se habría detectado un local comercial y un apartamento, al menos.
Además, siempre según la Cadena "Ser", en la gestoría propiedad de Juan Morales, se han encontrado copias exactas de los 53 convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento de Totana y se cree saber que, supuestamente, podría haber cobrado hasta un 30% de las plusvalías de cada convenio, unos tres millones de euros. La UCO no descarta que la gestoría fuese una tapadera para las presuntas actividades delictivas del ex alcalde y diputado del PP hasta su baja en el partido.
Anuncio de la defensa
Por su parte, el letrado defensor del diputado, José María Caballero, señaló hoy a EFE que tiene preparada "una batería" de actuaciones por si el Tribunal Superior decide actuar contra su cliente.
En opinión de Caballero, la juez instructora de Totana "se extralimitó" en sus competencias, ya que, en su opinión, "la ley le obligaba a paralizar la investigación y elevar el caso al Tribunal Superior de Justicia tan pronto creyó encontrar algún indicio" contra su defendido.
Para el letrado, las actuaciones adoptadas en relación a Juan Morales "vulneraron" derechos fundamentales, por lo que está decidido a solicitar la declaración de nulidad de todas las actuaciones judiciales realizadas.
Las diligencias judiciales siguen siendo secretas, según fuentes del TSJ, por lo que de su contenido sólo tienen conocimiento los jueces y la Fiscalía.
La operación comenzó el 26 de noviembre con la detención de seis personas en Totana, Murcia, Vigo y Las Rozas (Madrid), continuó el 29 de ese mes con la de detención de otras cuatro en Totana, y el 30 con la de otras dos en Totana y Puerto Lumbreras (Murcia).
La operación policial está dirigida por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Totana, María Asunción Navarro Artero, que mantiene el caso bajo secreto de sumario.
La Sala trasladará ahora al fiscal jefe, Manuel López Bernal, la exposición razonada recibida aunque, posiblemente, tanto la Fiscalía como el TSJ coincidan en sus conclusiones.
El fiscal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, que investiga la 'Operación Tótem', remitió a la juez un informe en el que le solicitó que eleve al TSJ esta investigación al ver "indicios suficientes" de presuntos delitos cometidos por el ex-alcalde de Totana, Juan Morales, entre ellos el de cohecho "por el cobro de comisiones", según informaron a Europa Press fuentes judiciales.
En concreto, en ese informe, remitido la última semana de diciembre, se solicitó a la juez que eleve al TSJ "una exposición razonada, basándose en que pueden haber indicios probatorios ya suficientes de una posible implicación en una serie de actuaciones que se han realizado respecto a una persona aforada", en referencia al diputado del Grupo Mixto, Juan Morales. Así, la Fiscalía vio elementos suficientes de posibles delitos, entre ellos el de cohecho, "por el cobro de comisiones".
De este modo, el TSJ deberá pronunciarse ahora sobre si Morales es aforado, ya que "se pueden plantear dudas de si el delito lo cometió no siéndolo"; y de si se han remitido "elementos probatorios suficientes para ver si se le puede imputar algún delito concreto de lo que se han investigado en Totana".
Se trata, según explicaron las fuentes, de que el TSJ, basándose en esta "exposición razonada explicativa de lo que hay", decida si el procedimiento se encuentra en una fase en la que este órgano judicial puede asumir el asunto o, por contra, se tiene que seguir investigando, aunque todo apunta a que "sí lo admitirá".
En el caso de que el TSJ asuma la investigación, se nombrará a un magistrado instructor, que no formará parte de la sala de enjuiciamiento, a fin de que practique más diligencias, además de que el TSJ comunicará al juzgado de Totana que le remita el testimonio de todas las actuaciones respecto de las cuales se considera competente en lo relacionado con el aforamiento, y si hay elementos suficientes para imputar o inculpar.
Como consecuencia, serán enjuiciados todos los no aforados que están implicados respecto de esa conducta delictiva que atañe a Morales.
Así, llegado el momento, el magistrado instructor y el fiscal jefe decidirán si llaman a declarar a Morales. Igualmente, dependerá del magistrado instructor el que se levante o no el secreto de sumario, previo informe del fiscal.