Buenos días, soy Valcárcel». Así se presentó a los miembros de la
comisión de investigación de la desaladora de Escombreras el ex
presidente autonómico el día que le obligaron a comparecer. Por si
alguien tenía alguna duda de ante quién estaban. Algo propio de quién ha
ostentando el poder absoluto en la región durante dos décadas sin que
nadie le tosiera. Quién sabe si afectado por el denominado síndrome de
Hubrys, también conocido como ´la enfermedad del poder´, después de
tantos años. Los que la padecen presentan rasgos narcisistas, imaginan
que lo que piensan es correcto y lo que opinan los demás no, creen que
los que le critican son enemigos. Y todas esas actitudes les pueden
llevar a tomar decisiones erróneas porque pierden la perspectiva de la
realidad total y ven solo lo que quieren ver.
Valcárcel nunca
admitirá que, con su consejero Cerdá y la complicidad de la empresa ACS,
ideó una trama empresarial público/privada para dar cobertura a la
especulación urbanística; que creó el Ente Público del Agua para
vulnerar el artículo 25 de la Ley de Aguas y que urdió un entramado para
saltarse la Ley de Contratación y no sacar a concurso público la
construcción de una desaladora que nunca se planeó para dar agua a la
agricultura. Esta planta no es propiedad de la Comunidad pero nos cuesta
1,3 millones de euros al mes y, según la Intervención General, a pleno
rendimiento y vendiendo el agua al precio más caro, arrojaría unas
pérdidas anuales de 13 millones de euros.
Un negocio ruinoso
para todos los murcianos por el que la sección de enjuiciamiento del
Tribunal de Cuentas también ha abierto una causa para averiguar quiénes
son los responsables de las pérdidas causadas en las arcas regionales,
ante los indicios de un posible delito de alcance. Hace cinco meses
pedía DNI y domicilio de quienes la promovieron, entre otros, del ex
consejero Antonio Cerdá, del presidente de la CHS, Miguel Ángel Ródenas y
del Delegado del Gobierno, Antonio Sánchez Solís.
No, Valcárcel
nunca admitirá las evidencias a las que ha llegado la Comisión de
Investigación de todo un Parlamento. Al contrario. «No voy a ir con la
cabeza baja por abrir una desaladora que hacía falta», dijo altivo
aunque no existe ningún estudio de mercado que la justifique y, además,
se hizo de espaldas a los Servicios Jurídicos de la Región.
Aunque
en una región seca como Murcia toda agua dulce es poca, esa planta que
ahora se vende como la salvación del campo murciano no hacía falta.
Habría bastado con que el Gobierno regional hubiese llegado a un acuerdo
con el gobierno de la Nación que ya disponía de cuatro plantas
desaladoras a tiro de piedra. Y por supuesto, no tiene ninguna
justificación un contrato que impone condiciones leoninas que pueden
llevar a la ruina a toda una región si se incumplen los pagos mensuales
acordados a Florentino Pérez. Los contratos asumidos por la Comunidad
hasta 2034 con sociedades del grupo ACS podrían llegar a costar al
erario público 600 millones de euros. Obligaciones contractuales que el
Gobierno regional pudo dinamitar. Dispuso de un cartucho que no quiso
aprovechar. Y no se me ocurre nada bueno como causa de esa pasividad.
El
cartucho se llamaba autorización provisional para la toma de agua en la
dársena de Escombreras que la Autoridad Portuaria concedió a la planta
mientras supuestamente construían la toma de agua fuera del puerto. Esa
autorización caducó el 31 de diciembre de 2013. Habría bastado con que
al día siguiente la Autoridad Portuaria mandara a la policía del puerto,
le cerrara el grifo impidiendo que la planta siguiera produciendo agua
desalada -era tan poca que apenas se habría notado- y que la Comunidad
hubiese denunciado el contrato por incumplimiento obligando a ACS a
renegociar las condiciones.
Un consejero del entonces gobierno de
Valcárcel -puede que el único con criterio propio que se negó a decir
AMÉN al líder supremo- lo planteó pero le ignoraron. Durante meses, la
desaladora de Escombreras siguió tomando agua del puerto ilegalmente
mientras la Autoridad Portuaria hacía la vista gorda. Según su
presidente Adrián Ángel Viudes, porque desde la planta le pidieron
encarecidamente que no cerrara el grifo hasta que a mediados de 2014,
Viudes es sustituido por Antonio Sevilla que estaba en paro y buscaba un
cargo.
La primera decisión que toma Sevilla –dentro del PP llaman el
´bien mandado´– fue renovar la autorización de toma de agua a la planta
desaladora con carácter retroactivo para evitarle problemas legales de
tal forma que sigue extrayendo agua desde un cajón construido en el
puerto muy cerca del lecho marino donde, según un informe de Greenpeace,
se acumulan metales pesados. Ya se verá qué concluyen los análisis
complementarios del agua que la Fiscalía ha solicitado por indicación
del Instituto Nacional de Toxicología.
Esa autorización de toma
de agua que el consejo de administración del puerto de Cartagena aprobó
en julio de 2014 con carácter retroactivo expiró el 25 de diciembre de
2016, pero un mes antes la empresa Hydro Management solicitó que la
autorización se ampliase otros siete meses a lo que la Autoridad
Portuaria, cómo no, volvió a acceder. Supuestamente en julio de este
año, la empresa debería estar captando los caudales en aguas abiertas,
pero las obras de la tubería no han empezado. Deben intuir o saber que
la Autoridad Portuaria seguirá renovándoles.
Y el Gobierno regional no
aprovechará esa circunstancia para hacer que ese terrible contrato salte
por los aires en defensa del interés general ¿Por qué? Puede que solo
Valcárcel lo sepa. La Comunidad Autónoma cuenta con representantes en el
consejo de administración del puerto para defender sus intereses que no
son otros que José María Albarracín de CROEM, Antonio Gómez Fayrén, el
director de Repsol, Juan Antonio Carrillo, y José Hernández Filardi,
este último ha sido secretario del comité electoral del PP junto a
Sánchez Carrillo durante dos décadas e íntimo de Joaquín Bascuñana y de
Valcárcel.
La desaladora de Escombreras -inaugurada de broma y
sin conexión al mar por Valcárcel en 2007 y ya en serio en 2009- se
presentó con una capacidad de producción de 23 hm3 al año ampliable a
26,3. Eso dice la web de Tedagua. Sin embargo, según datos de la propia
Consejería de Agricultura, la producción de la planta en 2016 fue de 10
hm3 y las comunidades de regantes del Campo de Cartagena y ARCOSUR no
llegaron a realizar consumo alguno porque no han finalizado las obras de
conexión a la red de distribución de agua desalada hasta este año. La
planta no suministra agua potable a ningún municipio.
George
Orwell, en su novela 1984, habla del ministerio de la verdad
-actualmente debería llamarse el ministerio de la posverdad- que es en
lo que parece haberse convertido el PP de la Región de Murcia para tapar
las vergüenzas, entre otros, de Valcárcel fabricando argumentos ad hoc
que nadie cree. Ni siquiera ellos, pero la disciplina de partido obliga y
nadie se salta el guion. Si hay que decir que esa planta es la panacea,
pues se dice. Ni siquiera se lo saltó el Interventor General de la
Comunidad Autónoma, Eduardo Garro, que pese a las reiteradas
advertencias del Tribunal de Cuentas -y fueron muchas- no emitió un
informe hasta mayo de 2015 advirtiendo del desastre financiero que
estaba causando la planta. Garro, como fiscalizador de las cuentas
públicas, debió impedir que la Administración regional asumiera los
desmanes del Ente Público del Agua y las obligaciones de pago del
leonino contrato de la desaladora, pero decidió mirar para otro lado.
Esa
planta no se ideó para regar los campos ni para garantizar el
abastecimiento de núcleos de población existentes. Ese cuento ya está
descatalogado. En primer lugar se hizo para dotar de agua los resorts de
Polaris y la macrourbanización Novo Carthago que también investiga el
juzgado de instrucción número 5. Otro juzgado, el número 9, está
investigando cuántos planes generales se firmaron ilegalmente al amparo
del agua de esa planta.
La película de alto presupuesto llevaba
por título ´Murcia, la nueva Miami Beach´ con macrourbanizaciones de
lujo a pie de playa, avenidas flanqueadas por imponentes palmeras -con
permiso del picudo rojo-, un aeropuerto internacional, un tren AVE que
atravesaba el puerto de la Cadena y hasta un parque Paramount para
diversión de propios y foráneos. El guion incluía un viaje a Dubái con
jeque árabe que le daba un toque exótico del que ya se rodó la escena.
Si hasta pagamos un pastizal por montañas de escombros y por llenar de
basura y barbacoas la sala iglesia de Verónicas. Lo llamaron arte para
demostrar «la ingestión útil de objetos». Dicen que de eso entiende la
jet a la que querían atraer. Una película que se ha quedado en serie de
televisión que bien podría llamarse ´Corrupción en Miami´ pero sin Don
Johnson. En cuanto se levante el secreto de sumario -está al caer-
conoceremos el reparto de papeles que ha hecho la Fiscalía y a quién ha
dado el papel de actor principal de una película que nunca debió empezar
a rodarse.
(*) Periodista. Redactora-Jefe de Informativos en
Onda Cero Murcia
