Hoy, 23 de enero, se cumplen 20 años ya de la emisión de la condena,
por la Sala Civil del Tribunal Supremo en pleno, bajo la rúbrica de la
infracción de culpa grave de 11 magistrados del Tribunal Constitucional a
favor del demandante, que era yo, a abonarme 500 euros cada uno por
inadmitir un recurso de amparo eludiendo el deber de motivación. Como
veremos, los condenados recurrieron ante su propio tribunal y lograron
anular la condena haciendo lo blanco negro y viceversa.
El proceso traía causa de otro anterior, de tipo contencioso, ante la
Sala III del Tribunal Supremo (TS) con motivo de la contratación
irregular de los letrados del TC bajo el sistema de libre designación en
vez del concurso de oposición como fijaba la ley orgánica del TC.
Y es que la Sala Tercera del TS sentenció por 3 votos a favor y 2 en
contra la desestimación del recurso planteado por dos abogados, uno era
yo y la otra mi entonces compañera de despacho Nani Martínez Segado. La libre designación de los letrados no estaba amparada por la ley.
Maurandi y Trillo, magistrados de la sentencia, no compartían el
veredicto de la mayoría. Salvaron el honor del regimiento como se dice
en lo militar.
La sentencia condenatoria fue recurrida por los propios magistrados condenados ante su mismo Tribunal Constitucional, que en composición diferente en 2012 se "auto amparó" en un acto de desahogo que aplicaba una jurisprudencia ad hoc construida para anular una sentencia legítima y razonada del Tribunal Supremo.
Los 5.000 euros que habían tenido que abonar los condenados y que yo
había donado a un desamparado del propio TC –el gran inválido Antonio
Pérez Ortín, víctima de una de las graves injusticias que saldrán algún
día en alguna instancia futura que tal vez juzgue no solo a los vivos–
tuvieron que ser devueltos a los condenados por el cobrador, que era yo.
La mayoría de los juristas opinan que el Supremo se había vengado del Constitucional
por sus desavenencias y roces institucionales. Esto sería, en todo
caso, una bagatela. La sustancia era de otro nivel de la realidad.
Los que piensan eso saben poco de los detalles del caso. Nunca los
del Supremo se hubieran metido en ese "fregao", que era una guerra en la
tuvieron que entrar (para salvar la supremacía del Supremo como
tribunal máximo de leyes).
Hay que señalar que a los magistrados del Supremo condenantes luego
"les pusieron bombas" contra su reputación porque desde los tentáculos
de los condenados, que eran muy fuertes, lanzaron campañas de desprestigio contra la sentencia.
Alguno de los jueces condenantes le dijo a un tercero, como me consta:
"Teníamos que haberles condenado por dolo y no por culpa grave solo y
haberlos destituido". La condena por dolo les hubiera obligado a
dimitir.
Un servidor en el mes de mayo de 2004, es decir 4 meses después de la
sentencia, recibo una llamada a media mañana de mi amigo el periodista
de El País Bonifacio de la Cuadra. Me llamó inquieto para
decirme que había escuchado una conversación de miembros del "staff" del
periódico contra mí que le había dejado preocupado, aunque no me dijo
quiénes eran ni el contenido preciso.
Pero el hecho de que me llamara expresamente para ello y relacionado con el tema de la condena del TS al TC, me hizo acudir a un notario para extender una declaración respecto a que si aparecía muerto o ‘suicidado’
o con droga o material delictivo eso era provocado y ajeno a mi
voluntad. Tuve que acudir a varios notarios hasta que uno aceptó la
declaración, el notario de Alcantarilla (Murcia) en cuyos archivos está
todavía el acta.
En diciembre de 2004 la Policía llegó a mi casa con una orden de
registro y del ordenador que utilizaba mi hijo (15 años por entonces)
extrajeron una cantidad ingente de archivos delictivos con los cuales proyectaban detenerme y publicitarme como pederasta.
Los archivos fueron extraídos de una web bajo vigilancia policial. Un ex agente de un servicio de información militar
que era cliente mío me dijo que eso era obra de la alcantarilla del
Estado y que tenían 9.000 personas fuera de la nónima del Estado
trabajando en operaciones secretas desde donde hacían de todo.
El aviso de Bonifacio en mayo 2004 se había cumplido aunque con mala
suerte para los organizadores. Yo sospecho de uno de los magistrados
condenados con altas amistades en la dirección del lado más perverso del
Estado fue quien planificó aquel "favor a fulano" para vengar la
condena. Los magistrados de la Sala Civil sufrieron graves campañas de descalificación por la red tupida de los condenados que se comportaron con ellos como una verdadera mafia.
Un amigo que era juez de instrucción de un partido judicial murciano
me dijo: "Llévate cuidado con quien te metes que te colocan droga en el
maletero del coche". Añadió que él había temido algo similar cuando
había llevado causas contra el aparato del Estado. Y otro amigo que era
juez de Madrid me dijo que en un proceso donde él había tomado parte,
agentes habían colocado droga en los coches de los que no se plegaban a
sus chantajes.
Otras anécdotas dignas de ser contadas
Fue un "ficus" centenario del Jardín del Conde de Floridablanca en Murcia quien me aclaró las dudas sobre si iniciar o no el proceso civil contra los magistrados
y es que se vencía el plazo para la demanda y me fui a meditar sobre
ello en un asiento del susodicho parque cuando en el muslo izquierdo me
cayó una semilla de ficus que rebotó y siguió en el muslo "uno partido
por un millón" que me dijo un profe de física.
La madre naturaleza a través del ficus cual oráculo de Delfos había
hablado. Por cierto, muy cerca estaba la estatua del Conde de
Floridablanca, un personaje de la alta política de su tiempo,
abogado, estadista, secretario de Estado de Justicia con el rey, jefe
de la fuerza militar que inició la resistencia contra Napoleón. Nunca
hasta hoy había pensado en el influjo telúrico del famoso Conde ministro
y abogado.
Cuando en la mañana del 23 de enero 2004 recibí la noticia de la
histórica sentencia, llamé a mi amigo, el periodista Bonifacio de la
Cuadra, redactor en tribunales de El País: "Boni, han condenado a los magistrados del TC a pagarme 500 euros cada uno"; me contestó tajante: "Imposible".
El mensaje de la condena del 23 de enero de 2004 descalificando la labor de tribunal de amparo del TC, que no se ha enmendado
El amparo es un recurso maltratado por el Tribunal Constitucional
desde los tiempos en que Manual García Pelayo dejó de ser presidente.
Las inadmisiones tienen un nivel inaceptable e inhumano.
No les gustan los derechos humanos a las sucesivas generaciones del
TC y anteponen sus egos y conveniencias al servicio público. Pues esa
condena civil que ellos mismos se quitaron años después hay que
transformarla en la señal que mandó el Supremo: "Hay que quitarle la
competencia del recurso de amparo al TC, que se dedique a los otros
menesteres y crear una Sala de Derechos Fundamentales en el Tribunal
Supremo a donde puedan acudir los menesterosos de tutela de derechos
fundamentales".
Sería una reforma muy popular del acceso a la justicia
de amparo, es barata y rápida. Y muchos dirán: "Dios existe".
Es tiempo de quitarle al Tribunal Constitucional (TC) la competencia
para el recurso de amparo que tan malamente gestiona, mediante una
reforma exprés de la Constitución ejecutable con el consenso del PP y
PSOE, y pasar el amparo a una nueva Sala del Tribunal Supremo o Sala de
los Derechos Fundamentales.
De esta manera, se reduciría el alto gasto
del TC – por avaricia se ha roto el saco o muerto el perro se acabó la
rabia–. Y castigando al abusón de las funciones públicas, retirándole la
custodia del amparo por maltratador.
Este es el mensaje final que saco en limpio de aquella condena contra
11 magistrados del Constitucional emitida hace dos décadas y que me
pareció influjo de una justicia divina en la que pocos creemos.
(*) Abogado
