MURCIA.- Los sindicatos CCOO y UGT han propuesto al Gobierno regional una serie de medidas alternativas a la Ley de recortes que suponen una reducción del gasto cifrado en 193,5 millones de euros y un aumento de los ingresos en 109 millones, con lo que ahorro total alcanzaría los 302,5 millones de euros.
Así lo han dado a conocer los secretarios generales de CCOO y UGT, Daniel Bueno y Antonio Jiménez, una hora antes de que se celebrase el que fue cuarto encuentro con el Gobierno regional y el resto de sindicatos que componen el Comité de Crisis.
A pesar de que el Comité de Crisis lo integran ocho sindicatos, al que se incorpora en último momento el Sindicato Médico a petición de la Comunidad, los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT han decidido presentar estas medidas respondiendo así al ofrecimiento que Valcárcel les brindó. De forma que el resto de organizaciones han entendido que no es su función sindical entrar en esta dinámica, "lo que nos parece respetable", ha subrayado Jiménez.
En lo que respecta a este paquete de medidas, el objetivo, según Jiménez, es "aportar soluciones alternativas para reducir los gastos y mejorar los ingresos de la Administración regional, sin que se vean afectadas las nóminas de los empleados públicos".
Desde CCOO, su secretario general ha coincidido con su homólogo de UGT en que esta serie de medidas que proponen van encaminadas a "mantener la calidad de los servicios públicos y las políticas sociales, así como a pagar a cientos de proveedores y empresas", cuya deuda se cifra en 600 millones de euros.
Del mismo modo, Bueno ha puesto de manifiesto que garantizarán "las exigencias del Ministerio de Economía para cumplir el objetivo de déficit presupuestario y el plan de austeridad que le ha marcado".
En esta misma línea, sendos secretarios han criticado que después de 40 días de la aprobación de la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, en la Asamblea Regional, "no se ha emitido ninguna instrucción de carácter general" por parte de la Consejería de Economía y Hacienda, lo que da a entender "la dificultad que tiene la Administración Regional de desarrollar la ley".
En este sentido, Jiménez ha reprobado que el Gobierno regional "aún no nos hayan dicho el coste que supone cada medida, su valoración económica", expresando su deseo de que en el encuentro que en estos momentos celebran "ya tengan" esa cantidad cifrada.
En concreto, en el paquete de medidas alternativas a la ley de recortes, CCOO y UGT proponen, en materia de política fiscal, "la necesaria equiparación del impuesto que se cobra por la compraventa de vivienda usada con el IVA aplicable a la compraventa de vivienda nueva, situado en el 8 por ciento".
Y es que, a juicio de Bueno, de esta forma "se favorece la compraventa de vivienda nueva, dándole salida al importante stock que hay en la Región, generando unos ingresos de alrededor de 19 millones de euros para las arcas regionales".
En materia impositiva, ha continuado, proponen restituir el impuesto de sucesiones y donaciones a la situación que había en 2007, de forma que se generarían unos ingresos de, al menos, 12 millones; además de subir el tipo impositivo aplicable a las rentas de entre 60.000 y 120.000 euros al 22,5 por ciento, y a las superiores a 120.000 euros, al 25 por ciento.
Una medida, ha explicado Bueno, que "incrementaría directamente los ingresos tributarios de la Comunidad en 45 millones y permitiría que aquellos que tienen mayores rentas empiecen a contribuir de una vez a apoyar la solución a la crisis".
Los sindicatos se hacen eco de algunas propuestas que IU y PSOE han presentado en el Parlamento autonómica, consistente en el impuesto a las grandes superficies que permitiría apoyar al pequeño comercio tradicional.
En lo que respecta a la política de gastos, abogan porque el Servicio Murciano de Salud (SMS) "se gestione de forma más eficiente, corrigiendo los vicios que el sistema de autoconcertación tiene en la actualidad, que se basan en que se pueda producir autoconcertación durante la jornada ordinaria, lo que genera un sobrecoste añadido en la atención a los pacientes o en la eliminación de listas de espera".
En este sentido, Bueno considera que en el organigrama del SMS "se podrían acometer importantes reducciones de gasto" que vienen motivadas por el incremento de las áreas de salud, lo que supone un equipo directivo y de gestión para cada una que "multiplica por nueve un esquema de gestión del modelo sanitario que es ineficiente".
Estiman, al hilo, que se debe de revisar el edificio que habita el SMS, que le cuesta al dinero público "7,2 millones de euros al año, 600.000 euros al mes", lo que consideran "un exceso absoluto cuando, por otro lado, la Comunidad habla de malvender patrimonio público".
Igualmente y en relación al SMS, los sindicatos han alertado que "la no renovación de contratos eventuales puede haber producido una reducción de personal en torno a los 2.000 trabajadores".
Por su parte, Jiménez ha resaltado la necesidad de que "se ataje el problema de la economía sumergida", para lo que han abogado por la puesta en marcha de un plan de lucha contra la economía irregular que contemple la creación de una Comisión Interadministrativa al objeto de que los datos se puedan mezclar y se detecte el fraude fiscal y a la seguridad social.
Y es que, ha apostillado, "solo la reducción de un punto de economía sumergida en Murcia devolvería al conjunto de las arcas públicas unos 81 millones de euros, de los que 30 se atribuyen a tributación que pierde y que correspondería a la Administración regional".
Desde UGT y CCOO se propone, igualmente, "reducir el gasto en bienes corrientes y servicios del capítulo II de los presupuestos", que registra un incremento del 6,48 por ciento respecto a 2010, lo que da a entender que "si no está fracasando, está cerca de fracasar".
Por ello, han reclamado una revisión del plan de austeridad y de simplificación administrativa que el Gobierno regional "ha vendido 'a bombo y platillo'", además de incidir en la reducción de los gastos de atenciones protolocarios, de publicidad institucional, en mobiliario y material de oficina y de dietas de los altos cargos, entre otros.
Contemplan la posibilidad de reducir los entes integrantes del sector público regional sobre su estructura y preservando los puestos de trabajo. Un ejemplo de ello, criticado por los sindicatos, es la creación, en "plena situación de crisis", de un Instituto de Crédito y Finanzas en la Consejería de Economía, cuyas funciones "se solapan" con las propias del INFO.
Además de "fraccionar aquellas inversiones que no son urgentes, que permitiría ahorrar 46,5 millones", tales como instalaciones deportivas o de rehabilitación de determinados espacios lúdicos.
Preguntado por la negociación que el Sindicato Médico ha estado manteniendo con el Gobierno regional, Bueno y Jiménez han exigido a la Administración regional que la negociación "debiera ser con todas las organizaciones sindicales, puesto que hay ocho en unidad de acción sindical y un sindicato que negociaba al margen de esa mesa institucional".
En su opinión, "negociar con la Administración en dos mesas distintas un mismo asunto" no debe ser así, por lo que, finalmente y a instancias del presidente murciano, el Sindicato Médico se ha incorporado a la mesa de negociación, algo "magnífico", aunque "se ha equivocado intentando una negociación al margen de la unidad frente al rechazo de la ley".
