SAN PEDRO DEL PINATAR.- El alcalde de San Pedro del Pinatar, José García Ruiz, afirmó durante una rueda de prensa, que el Ayuntamiento "acumula una deuda de 15 millones de euros que ha heredado de sus antecesores".Esta cifra, según García Ruiz procede de "una deuda a largo plazo, en bancos, de seis millones de euros", mientras que la deuda a proveedores, a corto plazo, "asciende a más de nueve millones de euros, más unos trescientos sesenta mil euros que hay pendientes de aprobar", lo que suma "un total de más de 15 millones de euros".
Además, explicó que el Ayuntamiento cuenta "como mínimo", con un crédito "encubierto de 800.000 euros a nombre de la empresa Aqualia, y que está pagando el Ayuntamiento en estos momentos a través de un contrato". García Ruiz indicó que son operaciones "que no son ilegales pero que alteran la realidad total de la deuda".
Criticó que "el Ayuntamiento funciona, en estos momentos, con presupuestos prorrogados de 2006", y que "no se han aprobado a día de hoy los presupuestos de 2007", lo que el alcalde achacó a que el 2007 fue un año electoral, y no se hizo "porque si hubiesen salido a la luz estos datos, no le habrían hecho mucho bien al equipo de gobierno anterior".
Luego aseguró que "el hecho de trabajar con presupuestos prorrogados y con la mayoría de partidas presupuestarias agotadas tiene muchísimos problemas para trabajar, ya que no se puede contratar, por poner un ejemplo, personal excepcional para limpieza de playas, entre otras muchas cosas necesarias".
"A esta situación económica hay que añadir un remanente negativo de caja que parte del año 2005, de más de cuatro millones de euros", y precisó que el cierre del ejercicio 2005 está sin aprobar en Pleno, ya que "estamos pendientes de asesoramiento jurídico para ver lo que hacemos con ese ejercicio".
García dijo "no entender" que la deuda a corto plazo "sea más de un 50% superior que la deuda a largo plazo", una situación que, explicó, "no se da en ninguna empresa privada, sería totalmente inviable, una situación de quiebra".
Sin embargo, añadió que "afortunadamente", la Administración "tiene otros recursos para solucionar estos casos, aunque, desde luego, no es lo habitual".
García Ruiz acusó al Grupo Popular de la pérdida, "por desidia y descoordinación entre concejalías", de "cuantiosas" subvenciones para obras como el Albergue Juvenil y de "haber hinchado" facturas con desproporcionados gastos de gestión, entre otras cosas.
En cuanto a las actuaciones urbanísticas, criticó que "hasta ahora en San Pedro del Pinatar ha habido legalidad urbanística cero", y puso ejemplos como "el proyecto de reparcelación del Plan Parcial 5-R Las Palomas", del que afirmó "tener varios expedientes disciplinarios por edificaciones sin licencia".
Asimismo, reprochó la construcción "sin licencia" de un total de 287 viviendas entre dúplex y bungalows", y precisó que "la mayoría" de ellas están terminadas y otras en fase de estructura o cerramiento, "antes incluso de que se apruebe el plan de reparcelación de ese proyecto".
De esta forma, dijo sentirse "extrañado" de que "el inspector, los técnicos municipales o el anterior equipo de Gobierno no hayan visto las 287 viviendas", a la vez que recriminó que estas actuaciones "ilegales, consentidas desde este Ayuntamiento, se consideraron una falta leve y se les sancionó con un dos por ciento del valor calculado".
Por el contrario, García Ruiz señaló que "existe un expediente por construir un porche donde el proyecto contemplaba dos garajes, lo que le valió una falta muy grave, por lo que se le sancionó con más de 2.000 euros de multa y a demolición del porche", y contrastó esta medida con la decisión de sancionar "con solo 1.563 euros, por construir sin licencia y sin estar aprobado el proyecto de reparcelación, 27 dúplex y 16 bungalows".
El alcalde se preguntó "por qué se han permitido actuaciones ilegales de empresas poderosas y después se han legalizado a tan bajo coste", aunque no culpó a las empresas, a la vez que señaló que "si el equipo de gobierno conocía estas ilegalidades y las consentía, esta situación jurídica tiene un nombre".
Con respecto a la subida de sueldos de la Corporación Municipal, el alcalde aclaró que "en el año 1999, un concejal liberado del Partido Popular cobraba unos 1.400 euros", y que "el alcalde en ese año percibía una retribución 2.554 euros de ahora", lo que suponía que el alcalde "cobraba un 80 por ciento más que un concejal liberado".
Señaló que en 2007, un concejal liberado del PP "percibía algo más de 2.700 euros, el doble justo que en 1999" y argumentó que "si aplicamos el mismo incremento en el sueldo del alcalde, es decir el 80 por ciento, el sueldo se convertiría ahora en unos 5.100 euros".
Precisó que "el alcalde anterior cobraba en el Ayuntamiento, por asistencia, compatibilizando su sueldo de Senador que ascendía a 5.530 euros", y señaló que "si le sumamos lo que percibió por asistencia en 2006, arroja un total bruto anual de 105.000 euros".
En este sentido, García Ruiz afirmó que "la nota de prensa enviada por el PP, unos días después del pleno anterior, es absolutamente falsa", y argumentó que el alcalde anterior, "por imperativo legal tenía que elegir si cobraba el sueldo de alcalde o el de senador, y eligió este segundo pero además cobraba por asistencia 27.700 euros".
Señaló que "no haberse subido el sueldo", sino que "se ha adaptado el sueldo, a lo que había en el año 1999", y aseguró que "en esa proporción debería de cobrar más de 5.000 y, sin embargo, se ha quedado en esa cantidad".
Por último, pidió al Grupo Popular que, "a partir de ahora, los comunicados de prensa y lo que digan públicamente, se ajuste a la verdad", y afirmó que "se va a contratar una auditoria tanto legal como económica para estudiar la situación del Ayuntamiento". - (Agencias)
MURCIA.- La Fundación Cajamurcia ha firmado un convenio con la Fundación Key Mare, organismo sin ánimo de lucro perteneciente al grupo Key Mare, por el que Cajamurcia aporta 3.016 euros destinados al proyecto de ´Caravana Solidaria´.
