MADRID.- El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado la ley estatal que reconoce
la personalidad jurídica de la laguna del Mar Menor y su cuenca al
rechazar el recurso presentado por Vox. La decisión ha sido adoptada por
siete votos a favor y cinco en contra, según apuntan fuentes jurídicas.
El partido de Santiago Abascal impugnó la Ley 19/2022, de 30 de septiembre, al considerar que podían vulnerar, entre otras cuestiones, las competencias autonómicas en materia de protección del medio ambiente.
En concreto, el pasado mes de enero, el presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, aseguró que es "una ley comunista" que "atenta contra la libertad de empresa, especialmente contra aquellos que nos pagan el sueldo", en referencia al sector agro-alimentario de la Región de Murcia.
A su juicio, es una "aberración jurídica" que "acaba con la propiedad privada" en el entorno de la laguna salada y genera "un ente paralelo que será quien decida qué se puede hacer, cómo se puede hacer y cuándo se puede hacer".
Según recoge en su preámbulo, el objetivo de la ley --fruto de una iniciativa popular-- "es otorgar personalidad jurídica al ecosistema lagunar del Mar Menor para poder dotarlo, como sujeto de derecho, de una carta de derechos propios, con base en su valor ecológico intrínseco y la solidaridad intergeneracional, garantizando así su protección para las generaciones futuras".
Detalla que "los motivos por los que se aprueba esta ley son dos: Por un lado, la grave crisis que en materia socio-ambiental, ecológica y humanitaria viven el mar Menor y los habitantes de sus municipios ribereños; por otro lado, la insuficiencia del actual sistema jurídico de protección, a pesar de las importantes figuras e instrumentos de carácter regulador que se han ido sucediendo a lo largo de los últimos veinticinco años".
El partido de Santiago Abascal impugnó la Ley 19/2022, de 30 de septiembre, al considerar que podían vulnerar, entre otras cuestiones, las competencias autonómicas en materia de protección del medio ambiente.
En concreto, el pasado mes de enero, el presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, aseguró que es "una ley comunista" que "atenta contra la libertad de empresa, especialmente contra aquellos que nos pagan el sueldo", en referencia al sector agro-alimentario de la Región de Murcia.
A su juicio, es una "aberración jurídica" que "acaba con la propiedad privada" en el entorno de la laguna salada y genera "un ente paralelo que será quien decida qué se puede hacer, cómo se puede hacer y cuándo se puede hacer".
Según recoge en su preámbulo, el objetivo de la ley --fruto de una iniciativa popular-- "es otorgar personalidad jurídica al ecosistema lagunar del Mar Menor para poder dotarlo, como sujeto de derecho, de una carta de derechos propios, con base en su valor ecológico intrínseco y la solidaridad intergeneracional, garantizando así su protección para las generaciones futuras".
Detalla que "los motivos por los que se aprueba esta ley son dos: Por un lado, la grave crisis que en materia socio-ambiental, ecológica y humanitaria viven el mar Menor y los habitantes de sus municipios ribereños; por otro lado, la insuficiencia del actual sistema jurídico de protección, a pesar de las importantes figuras e instrumentos de carácter regulador que se han ido sucediendo a lo largo de los últimos veinticinco años".
