MURCIA.- El abogado Diego de Ramón se ha adherido a la querella del letrado José Luis Mazón contra el ya ex delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, por negarse a ser identificado en un control de alcoholemia de la Guardia Civil de Tráfico y contra el capitán del subsector que luego trató de ocultar el incidente. E incluye en su adhesión también a Fernando Mateo Asensio, conductor del vehículo y secretario de la Delegación del Gobierno desde hace poco más de un año, quien finalmente y, a raíz del incidente, no realizó la prueba requerida, según fuentes del bufete del primero.
Fernando Mateo, lorquino, licenciado en Derecho por la UNED y en Ciencias Químicas por la Universidad de Murcia, es un colaborador histórico de Bascuñana, ha sido diputado regional del PP en la Asamblea, director regional de Carreteras, director-gerente del Servicio Murciano de Acción Social, secretario general de la Consejería de Política Social así como miembro del Servicio Murciano de Salud y del Consejo Social de la Universidad de Murcia.
Ambos viajaban en compañía de dos personas más, entre ellas la imputada Mariola Martínez, ex concejal del PP en Molina de Segura y que ha tenido que dimitir recientemente de su cargo de directora regional de Turismo por su implicación judicial en la 'operación Púnica'.
Regresaban los cuatro de madrugada a Murcia después de participar en las fiestas de la citada localidad cuando, ya en el término municipal de la capital, fueron retenidos en un control de alcoholemia de la Guardia Civil situado en la carretera nacional 301 Madrid-Cartagena.
El ex delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana (PP), ha acabado imputado ahora en un procedimiento por desobediencia a la autoridad por parte del Juzgado de Instrucción nº 9 de los de Murcia como presunto responsable de un delito de desobediencia a la autoridad tras una denuncia del abogado José Luis Mazón en representación del partido político 'Soberanía'.
El pasado 21 de septiembre, a la
altura del kilómetro 388 de la CN-301 Madrid-Cartagena, desde un
control de tráfico de la Guardia Civil se le dio el alto a un vehículo
en el que viajaba Bascuñana.
Según
la versión oficial de los agentes, cuando uno de ellos se dirigió al
conductor del
vehículo - a la sazón Fernando Mateo Asensio, secretario de la Delegación del Gobierno- el
entonces delegado interrumpió la conversación, requiriendo al
agente para que le informara si había alguna novedad.
Ante la
negativa del agente a contestarle, Bascuñana salió del vehículo y
continuó exigiendo que le informaran de las novedades,
según plasmaron los propios guardias civiles del operativo en un informe interno posterior al incidente.
Ante
la actitud de Bascuñana, los agentes le pidieron que se identificara
mostrando su DNI, algo que se negó a hacer el ahora ex delegado, exigiendo hablar con un superior, por lo que los agentes decidieron comunicar lo sucedido
al máximo responsable de Tráfico, un capitán que optó porque se dejara
marchar a Bascuñana y al conductor, sin ser sometido éste siquiera al preceptivo control de alcoholemia.
Según la ley vigente española, cualquier ciudadano tiene la obligación de identificarse si se lo requiere un agente de la autoridad; resistirse conlleva habitualmente la detención de quien se niega a hacerlo.
Fernando Mateo ya fue juzgado, hace exactamente dos años, después de siete de procedimiento, en el Juzgado de lo Penal nº 5 de Murcia por presunto maltrato al funcionario Cecilio
Hernández. Este ingeniero de Carreteras
lo denunció por supuesto acoso laboral a raíz
de un expediente disciplinario contra él, responsabilizándolo además de los problemas de salud que sufrió, alguno de ellos de carácter irreversible.Según la ley vigente española, cualquier ciudadano tiene la obligación de identificarse si se lo requiere un agente de la autoridad; resistirse conlleva habitualmente la detención de quien se niega a hacerlo.