viernes, 30 de noviembre de 2007

CROEM, CC.OO., y UGT recibirán 5,6 millones de euros para formación contínua de los trabajadores de la Región

MURCIA.- La Consejería de Empleo y Formación concederá subvenciones por un valor total de 5.653.775 euros, a la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia, UGT y CC.OO., para la ejecución de planes de Formación Profesional Continua de carácter intersectorial de los trabajadores de la Región de Murcia, según aprobó hoy el Consejo de Gobierno.

La finalidad de los planes de formación continua dirigida a trabajadores de la Región será la mejora de las competencias y cualificación profesional de los trabajadores en activo, así como su actualización y especialización profesional.

Los contratos programa para la ejecución de planes de formación intersectoriales se dirigirán a la formación de trabajadores en competencias transversales y horizontales a varios sectores de la actividad económica.

Estas competencias transversales serán las competencias básicas comunes a diversas ramas de actividad, en particular sobre nuevas tecnologías de la información, idiomas, prevención de riesgos laborales y gestión empresarial.

La subvención total para este tipo de contrato ascenderá a 2.544.202 euros con la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), y será de 1.537.990 euros para CC.OO. y de 1.571.583 euros para UGT.

Según IU-Totana, Valcárcel debe quitar la inmunidad al diputado popular Juan Morales

TOTANA.- Tras la detención del Alcalde de Totana -José Martínez-, la secretaria municipal -Laura Bastida- y el jefe de la policía local –Alfonso Canales-, el coordinador de política municipal de Izquierda Unida Regional apostilla que “la detención del alcalde, la secretaria municipal y el jefe de la Policía han dado lugar a un vacio administrativo de importancia capital en el Ayuntamiento, que Izquierda Unida de Totana considera que debe superarse cuanto antes”.

“Izquierda Unida de Totana –según Cánovas- desea y espera por el bien de nuestro pueblo que se clarifique pronto la situación legal de los detenidos, y que quede en buen nombre el ayuntamiento de Totana, concretamente que la actividad de la alcaldía no quede en entredicho, así como de la actuación de la propia secretaria del ayuntamiento y el jefe de la policía local”.

“Ahora bien, ha manifestado Juan José Cánovas, hay algo que podría acelerar la resolución de este caso, y es ni más ni menos que es enrocamiento en su calidad de aforado de Juan Morales Cánovas como diputado regional, y que va a alargar el procedimiento judicial del sumario”.

“El presidente del Partido Popular en la Región, Ramón Luís Varcarcel, puede y debe actuar para acortar el vacío de poder que en este momento existe en el municipio de Totana, debe obligar a su diputado regional, Juan Morales Cánovas, a proceder a su desaforamiento”.

“Juan Morales Cánovas debe dejar cuanto antes de ampararse en su cargo de diputado regional del PP, para no dar cuenta a la justicia de su actuación en el caso de presunto cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y negociaciones ilícitas que se dirime en Totana. Su persistencia en la inmunidad parlamentaria, está aumentado la incertidumbre política que ahora existe en Totana”.

“Valcárcel al dilatar la agonía judicial del diputado aforado Juan Morales Cánovas, está echando sobre su espalda una responsabilidad que no es propia de un presidente regional”.

“Por otro lado, según Cánovas, la coalición Izquierda Unida pide que se clarifique cuanto antes el papel de los empresarios totaneros detenidos en todo esto, pues la generalidad de las empresas de Totana son ajenas a las prácticas que pueden estar en el fondo de este asunto judicial.

A la vez, dice Cánovas, que lo acontecido en Totana es un aviso para los agentes económicos de nuestro pueblo. Nunca más los intereses empresariales y los municipales deben enredarse en tramas de dudosa legalidad. Cuando las empresas quieren intervenir en política se esta a un paso de las prácticas corruptas”.

La Fiscalía almeriense pide 10 meses de cárcel para Tomás Olivo por un delito de desobediencia al juez


ALMERÍA.- La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Almería ha pedido diez meses de prisión para el empresario murciano Tomás Olivo por un presunto delito de desobediencia al incumplir dos órdenes judiciales de paralización de obras en una finca privada adyacente al centro comercial Gran Plaza, en Roquetas de Mar (Almería).

Según el escrito de calificaciones del Ministerio Público, Olivo -presidente de General de Galerías Comerciales, promotora de la superficie comercial- prosiguió con la ejecución de obras en la finca privada hasta su conclusión definitiva en enero de 2004 a pesar de que en febrero de 2002 el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Roquetas de Mar dictó un auto urgiendo a la inmediata suspensión de las mismas.

Además de desoír esta orden judicial, Olivo hizo caso omiso según la Fiscalía a la sentencia en firme que dictó en el mismo sentido algo más de un año después la sección segunda de la Audiencia Provincial, en la que se acordó nuevamente la confirmación de la orden de paralización de obras.

Según el escrito, el empresario murciano, además de no frenar el muro que estaba construyendo en la finca privada, procedió a la instalación de un bordillo de tipo no remontable, que quedó situado en el área que debía retranquearse según la sentencia dictada por la Audiencia Provincial almeriense.

Por su parte, el Juzgado de Instrucción número 2 de Roquetas de Mar (Almería), ha dictado un auto en el que se declara apertura de juicio oral contra Olivo -quien se enfrenta por el mismo delito a una petición por parte de la acusación particular de un año de cárcel- al considerar que en las actuaciones que obran en poder del órgano judicial "aparecen méritos suficientes" para exigirle responsabilidad criminal.

El auto acuerda remitir las actuaciones en "el momento oportuno" al Juzgado de Lo Penal, competente para el conocimiento y fallo de esta causa.

La decisión judicial contra el empresario imputado tanto en la "operación Malaya", en Marbella (Málaga), como en el caso del parque comercial Nevada, de Armilla (Granada), se ha producido después de que el Juzgado de Instrucción nº1 de Roquetas de Mar dictase en febrero de este año una providencia en la que fijaba en un mes el plazo para que General de Galerías Comerciales y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar procedieran al derrumbe del muro construido en la finca privada.

Además, durante el pasado mes de marzo la sección primera de la Audiencia Provincial ratificó otra sentencia del citado juzgado en la que se establecía la demolición de una tubería del Gran Plaza que también invadía los terrenos privados situados a la espalda de la superficie comercial.

En estos momentos el TSJA dirime además un recurso interpuesto por la Junta de Andalucía contra un auto dictado por el Juzgado de Lo Contencioso Administrativo nº 2 de Almería en el que se estableció la no ejecución de la sentencia por la que el Alto Tribunal andaluz declaró previamente la nulidad de la licencia de apertura del Gran Plaza al haberla concedido el Ayuntamiento de Roquetas sin los perceptivos informes favorables de la Administración.- (EFE)
(Audiencia Provincial de Almería)

Dos nuevos detenidos en el desarrollo de la 'operación Tótem', uno ex concejal del PP

MADRID.- La Guardia Civil ha detenido esta mañana a otras dos personas en la localidad murciana de Totana en el marco de la 'operación Tótem', una de ellas un empresario y la otra un particular, han informado fuentes de la investigación.

El primero de los detenidos es un empresario, Juan Francisco Casanova que, según las mismas fuentes, podría haber incurrido en un delito de cohecho ya que está acusado de haber pagado algunas cantidades de dinero para que se agilizaran licencias de obras.

Este empresario pertenece actualmente a una cooperativa y fue concejal de Agricultura, Ganadería y Caminos por el PP, entre los años 1995-99, siendo alcalde Juan Morales.

El segundo de los detenidos, Diego Carrión, es un particular de Puerto Lumbreras que, en este caso, según estas fuentes, podría haber incurrido en un delito de tráfico de influencias relacionado con la Policía Local.

Fuentes municipales informaron que Casanova tiene una empresa de productos fitosanitarios en el polígono industrial El Saladar de la población, y explotaciones ganaderas.

Casanova es socio del también detenido Pedro Martínez, y a Diego Carrión se le ha encontrado documentación pública del Ayuntamiento de Totana aunque hoy mismo ha quedado en libertad después de prestar declaración ante la Guardia Civil y tras considerarse que no obstruiría la investigación.

Poco después, la Guardia Civil ha dejado en libertad al Jefe de la Policía Local de Totana tras tomarle declaración, según han confirmado fuentes de la investigación.

Por otra parte, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Totana, Asunción Navarro, reanudó pasadas las once de la mañana la toma de declaración de los seis detenidos el lunes en la 'operación Tótem' contra una presunta trama de corrupción urbanística, cuatro de los cuales declararon ayer y hoy lo harán los dos restantes.

Los seis detenidos llegaron pasadas las ocho de la mañana al edificio judicial, cuatro de ellos en un autobús de la Guardia Civil y los otros dos en sendos vehículos del instituto armado escoltados cada uno por dos agentes.

Además, a primeras horas de la mañana dos guardias civiles introdujeron en el edificio judicial cinco cajas y un paquete envuelto en una bolsa de plástico.

Asunción Navarro, ha finalizado a las 18.20 horas la toma de declaraciones a los dos detenidos que aún no lo habían hecho, tras lo que han dado comienzo las comparecencias de los primeros seis arrestados ante el fiscal.

Tras la toma de declaraciones por parte de la juez que instruye el caso, se están llevando a cabo las comparecencias de los seis detenidos ante el fiscal, quien, a su término, deberá solicitar las medidas que estime oportunas para los arrestados.

Tras la petición del fiscal, la juez se retirará a deliberar y emitirá una resolución, que, según estimaron las mismas fuentes, no se producirá hasta antes de la medianoche para conocer la situación en la que quedan los seis detenidos.

Esta juez ha iniciado también ya el trámite, habitual en estos casos, de notificación a la Asamblea Regional, mediante requerimiento judicial, para saber la actual situación de determinadas personas que pudieran estar aforadas para, si así fuese, proceder a su desafuero mediante el correspondiente suplicatorio del TSJ a los órganos competentes de la cámara autonómica, al objeto de que puedan ser procesadas en un procedimiento penal ordinario.

También el TSJ ha dictado hoy una providencia enviada a la Asamblea Regional para responder así a la petición de amparo que le ha hecho el diputado autonómico del PP, Juan Morales, y le ha dado tres días al fiscal para que informe sobre actuaciones que puedan interesar al ex alcalde de Totana.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ) ha iniciado también actuaciones para determinar si el diputado regional y ex alcalde de Totana, Juan Morales, ha visto vulnerados sus derechos dentro de la investigación de la Guardia Civil sobre presuntos casos de corrupción en este municipio.

La actuación del TSJ es consecuencia del escrito de Morales presentado en este tribunal en el que se denuncia que la retirada de su pasaporte y del ordenador proporcionado por la Asamblea Regional "viola sus derechos constitucionales".

En su escrito el diputado regional señala que sus derechos como ciudadano y como miembro de la Asamblea Regional pueden haberse visto afectados con la actuación de los agentes, que realizaron un registro en su domicilio en Murcia, por lo que pide el amparo del tribunal.

Antes de pronunciarse sobre la queja de Morales, la Sala deberá dar traslado de la misma a la Fiscalía del TSJ para recabar su criterio sobre el asunto, según fuentes judiciales.

Las fuentes añadieron que los diputados regionales gozan de una especial protección, de manera que no puede emprenderse actuaciones penales contra ellos si previamente no se ha concedido el suplicatorio por parte de este órgano legislativo.

Precisamente, el lider de los socialistas murcianos, Pedro Saura, ha puesto hoy en manos del presidente del PP y de la Región, Ramón Luis Valcárcel, la solución al tema de la corrupción en su partido. "Que saque de la política a los imputados y, si no se quieren ir, que los eche por el bien de la vida pública y de la Región de Murcia", mientras la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha calificado de "repugnante" la corrupción política.- (Agencias)

Del embargo al 'ladrillazo'

VIGO.- Manuel Núñez Arias, el propietario de la empresa que supuestamente pagó comisiones al anterior consistorio de Totana para que recalificara los terrenos donde construir unas 5.000 viviendas, se especializó durante la crisis económica de la Transición en asesorar como abogado a empresas en suspensión de pagos. Entonces acumuló los conocimientos que le permitieron, en 2004, continuar en sus oficinas de Vigo, pese a anunciarse su subasta, y seguir viviendo en su lujosa casa de A Ramallosa tras sendos embargos de 1998 y 1999, revela hoy "El País".

Sólo dos años después de la aparente ruina que indicaba la salida a subasta de sus oficinas, en septiembre de 2006, su grupo de empresas, Nuar, anunció una inversión de 570 millones de euros para urbanizar en Totana 2,2 millones de metros cuadrados. Curiosamente, dos de sus principales empresas, Conycase, que explota tres aparcamientos subterráneos en Vigo, y Senga, de productos de alimentación, acumularon pérdidas en los ejercicios de 2005 y 2006 por más de 1,5 millones de euros, según sus datos del Registro.

Ejerció de abogado, y temporalmente de administrador del patrimonio del empresario granitero David Fernández Grande, después de que en 1994 fuera asesinado éste, junto a su esposa, una hija y la chica del servicio doméstico. Encaró el declive profesional que le sucedió entonces con una incursión en la intermediación inmobiliaria. En 1997 creó la sociedad Mediación, Asesoramiento y Gestión (Mega) con el "proveedor de oportunidades" y gran tiburón del sector en Vigo durante la última década, Pedro Costas Gil.

Rompieron dos años después y Núñez fundó Inmonuar, que en 2002 compró Autocares de Tenerife, S.A., de cuyos solares habría obtenido, al parecer, las plusvalías necesarias para la operación de Totana.

Algunos abogados consultados por este diario afirman que Núñez Arias traspasó hace ya muchos años la línea roja. "Pensó que si obtenía dinero para otros, podía utilizar sus conocimientos para obtenerlo directamente para sí. Y cuando se da ese paso, ya no se puede volver atrás. Es un negociante antes que un abogado".- (PRISA)


'Totana Connection': Núñez Arias, el abogado gallego que quiso construirse una ciudad de vacaciones en Murcia

VIGO.- De Pontevedra a Murcia. De letrado laboralista a empresario imputado en un caso de corrupción urbanística y blanqueo de capitales. La historia del gallego Manuel Núñez Arias, conocido abogado en Galicia que llegó a ser socio del despacho de Garrigues Walker, se truncó en Totana, precisamente la tierra de los conocidos juristas, donde este selfmade man pretendía pegar su propio pelotazo urbanístico para construirse su ciudad de vacaciones en Murcia.

En Galicia se preguntan cómo es posible que a este hombre le recalificaran 2,2 millones de metros cuadrados en la huerta murciana. Anteayer, agentes de la Guardia Civil le detenían junto a su socio como dueños de la inmobiliaria Nuaria y registraban su impresionante chalet de A Ramallosa. Los otros detenidos fueron dos intermediarios, un miembro del ‘clan de los Recoveros’ de Totana y una sexta persona cuya identidad no ha trascendido. En la trama están involucrados asimismo el ex alcalde de la localidad, su ex mujer y su amante brasileña.

Núñez Arias comenzó su carrera como letrado sindical. En los 80 abrió su propio bufete, desde el que intervino en numerosas suspensiones de pagos en Galicia. Una década más tarde comenzó su despegue profesional. En esa época llegó a defender como abogado los intereses de los hijos del empresario David Fernández, tras el asesinato en Nigrán en 1994 a manos de dos policías. También representó a Segundo Rodríguez, en la batalla judicial que inició contra su hermano Francisco y que acabó destapando el caso de la adjudicación del Puerto de Sada.

Ruina y reflote gracias a un socio canario

A principios del 2000, comenzaron los problemas. Sus oficinas fueron embargadas por Bankinter para atender las deudas que había contraído por créditos impagados. Sus impresionantes propiedades en A Ramallosa, en el concello de Nigrán, fueron intervenidas por el Banco Pastor y por el Juzgado a instancias de uno de sus antiguos socios. Hacienda investigó asimismo algunas de las actividades que desarrollaba. Por aquel entonces, ya había comenzado su actividad empresarial.

"En el año 2002 estaba totalmente arruinado. Le habían embargado la casa y las cosas le iban fatal", publica "Faro de Vigo", que cita a uno de sus colaboradores más próximos de aquellos años. Pero la suerte le volvió a sonreir cuando, junto a un socio canario, se hace con Transportes de Tenerife, compañía que tenía en propiedad importantes solares en aquella Isla. Ahí se produce el gran despegue económico de Manuel Núñez.

El espaldarazo de Tenerife le sirvió para crear el Grupo Nuaria, actualmente integrado por siete empresas, cuya actividad principal se centra en el sector inmobiliario, de la construcción y de la comercialización, aunque también participa en negocios del sector de la alimentación.

Nuaria lo conforman A&UGA (Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo de Galicia), dedicada a la redacción de proyectos urbanísticos, así como la dirección de obras; Inmonuar, sociedad inmobiliaria; Parking Nuar o Conycase -tal como figura en el Registro Mercantil- , que gestiona aparcamientos vigueses; Perconiza, dedicada a la venta de materiales para la construcción; Hogarhotel, que distribuye diversos productos en venta directa; Autesa (Autocares de Tenerife); y Senga, dedicada a la alimentación.

El negocio de Totana era el más cuantioso de todos en cuantos el abogado y empresario se había embarcado. Pretendía desarrollar una ciudad de vacaciones de más de 5.000 viviendas, un campo de golf y dos hoteles con spa, con un coste aproximado de 570 millones de euros. El proyecto estaba a la espera de de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que se preveía que fuera esta misma semana.
(Núñez y su pazo en Nigrán)
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Los independientes de San Javier pueden romper en horas su coalición de gobierno con PSOE y CDL

SAN JAVIER.- El apoyo político que hasta el día de hoy ha dispensado el Grupo Independiente al Gobierno municipal de San Javier pende de un hilo. De hecho, todo apunta a que esta misma mañana se romperá, después de la reunión interna en la que los independientes tomarán una decisión, adelanta hoy "La Opinión".

Anoche debía haber tenido lugar un encuentro entre los cuatro ediles independientes y el resto del equipo de Gobierno para tratar de acercar posturas, pero este fue finalmente rechazado por la portavoz y máxima dirigente del Grupo Independiente, Arantxa Espeso.

Durante la mañana de ayer, la alcaldesa, Pepa García, había manifestado su deseo de pulir asperezas en este encuentro y su voluntad de "continuar gobernando juntos". Sin embargo, Espeso declaró que, "después de mirar los expedientes sobre lo ocurrido a uno de mis compañeros (en referencia al edil Ramón Fernández), he querido respaldarlo, y considero que no hay lugar a más reuniones".

Según explicó Espeso (en la imagen), el Gobierno socialista "estaba tomando decisiones al margen de Ramón Fernández (edil de Personal) en asuntos de su competencia, y muchas veces en contra de su voluntad política". Asimismo, la líder del Grupo Independiente declaró que su formación siente que le han "faltado al respeto tanto política como personalmente".

En caso de que hoy anuncien la retirada de su apoyo al Gobierno socialista, este perdería la mayoría que actualmente ostenta al frente del Ayuntamiento.- (EPI)