MURCIA.- Un grupo de destacados juristas murcianos va a tratar de impedir, dentro de la legalidad, que los magistrados del TSJ Miguel Pasqual del Riquelme Herrero y Enrique Quiñonero Cervantes formen parte de la Sala que eventualmente juzgue, llegado el caso, al presidente de la Comunidad Autónoma por aforado, Pedro Antonio Sánchez, si finalmente es imputado por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en el caso Púnica, y por la magistrada Consuelo Andreo, en Lorca, por el caso Auditorio, según fuentes de, al menos, tres bufetes de Murcia que tampoco están de acuerdo por higiene democrática en que aparezcan otros dos magistrados en escena: Juan Martínez Moya y Julián Pérez Templado.
Esos letrados y otros ya estarían en contacto con los miembros de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados al objeto de que, con toda su legitimidad democrática pese a sus limitaciones funcionales, ayuden a un proceso con todas las garantías - tambien para toda la sociedad murciana- si finalmente de enjuiciar a Pedro Antonio Sánchez se trata por la gravedad de las acusaciones que pesan sobre él y la presunta cercanía/dependencia/agradecimiento de los cinco magistrados citados respecto del PP, como está más que de sobra acreditado en cada una de la circunstancia personal y resulta motivo suficiente de recusación por los acusadores particulares o bien para su apartamiento voluntario dados algunos antecedentes y esas circunstancias que hacen dudar de la existencia de todas y cada una de las condiciones que se presumen y se deben reunir para poder juzgar al Presidente, con independencia de la casi segura pulcritud procesal de los jueces instructores madrileño y lorquina en sendos sumarios que afectan de lleno a PAS.
La Fiscalía Superior del TSJ no vería, tampoco, con malos ojos esa actitud de caución vistos los antecedentes recientes en otros casos donde políticos del PP de Murcia, incluido el propio Pedro Antonio Sánchez, han podido escapar por la tangente por la benevolencia interpretativa de la ley por parte del juzgador, curiosamente uno de ese grupo bajo la lupa. La insistencia y contundencia del fiscal Manzanera en el 'caso Auditorio' parece haber provocado una última visita urgente del presidente autonómico al ministro de Justicia, Rafael Catalá, antes del nombramiento del nuevo fiscal general del Estado en sustitución de la intachable Consuelo Madrigal, quien no consideró oportuno el relevo del fiscal superior de la Comunidad Autónoma, Manuel López Bernal, por otra parte nieto de un gran constructor murciano a través de la legendaria empresa Bernal Pareja S.A., radicada en Madrid durante el franquismo.
Crece la versión de que el cartagenero Miguel Pasqual del Riquelme recobró, contra toda lógica interna de la Justicia, la presidencia del TSJ gracias al apoyo desde dentro del magistrado murciano Juan Martínez Moya y del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, nombrados ambos gracias a los magistrados conservadores conectados con el PP por su designación desde ese partido en las Cortes, igual que el anterior, hijo y nieto de políticos de la derecha católica y más moderada de Murcia, UCD, como Juan Martínez Meseguer y José Martínez Garre, ambos chacineros como Tomás Fuertes y Pedro Jódar Serrano, el padre del alcalde de Lorca por el PP, Francisco Jódar, bajo las marcas 'Dígame' en Alquerías y 'Los Quijales' en Lorca respectivamente, también en pleno franquismo.
Luego está el caso distinto de Enrique Quiñonero - designado en su día miembro del TSJ por la Asamblea Regional gracias a la mayoría absoluta entonces del PP-, un profesor titular de Derecho Civil en la Universidad de Murcia dentro del Departamento del catedrático Juan Roca quien, en su época de rector, logró colocar a la esposa del anterior en el Consejo Social de la UMU y hasta hoy con Javier Ruano de presidente y antes de secretario, ahora recompensado con un escaño en el Congreso de los Diputados al correr la lista del PP por Murcia tras el nombramiento de Juan María Vázquez como alto cargo del Ministerio de Luis de Guindos en el Consejo de Ministros de este viernes.
Aunque lo más preocupante sobre la supuesta imparcialidad de Quiñonero es ser hijo de Raimundo Quiñonero López, secretario particular de gobernadores civiles franquistas desde Antonio Luis Soler Bans, almeriense como él, y coétaneo en el cargo de Carlos Valcárcel Mavor, secretario particular de los presidentes murcianos de la extinta Diputación Provincial desde el mandato de Ramón Luis Pasqual del Riquelme -tío carnal del actual presidente del TSJ- y padre del ex presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Ramón Luis Valcárcel Siso.
A la sazón, y sin que aparentemente no tenga nada que ver con todo lo anterior, el alcalde de Murcia era, a la vez en la misma época, el abogado Antonio Gómez Jiménez de Cisneros, padre del actual presidente del Consejo Jurídico Consultivo, ex vicepresidente de la Comunidad Autónoma e inspector de Finanzas del Estado, Antonio Gómez Fayrén, así como presidente de la Cofradía de Jesús del Viernes Santo murciano a la que también pertenecen, tanto Miguel Pasqual del Riquelme como Juan Martínez Moya, desde hace muchos años.
Luego está Julián Pérez Templado, ex presidente del TSJ como Martínez Moya, ambos con el apoyo de Ramón Luis Valcárcel, el primero descendiente de caciques de Cieza y bien sintonizado con la derecha murciana más clásica, hasta contraer matrimonio con Elena Ladrón de Guevara Mellado -directamente emparentada por su madre y vía Lorca con el ex embajador en Portugal, ex ministro de Franco y ex presidente de la Diputación Provincial de Murcia durante el gobierno republicano de Gil Robles, José Ibañez Martín- y lograr colocar a su esposa, por méritos políticos propios de la agraciada, en la Consejería de Cultura y, según se dice en determinados círculos de la capital regional, recibir luego en el momento oportuno sus inapreciables consejos desde la Magistratura para conjurar incertidumbres elementales de coyuntura.
Esos letrados y otros ya estarían en contacto con los miembros de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados al objeto de que, con toda su legitimidad democrática pese a sus limitaciones funcionales, ayuden a un proceso con todas las garantías - tambien para toda la sociedad murciana- si finalmente de enjuiciar a Pedro Antonio Sánchez se trata por la gravedad de las acusaciones que pesan sobre él y la presunta cercanía/dependencia/agradecimiento de los cinco magistrados citados respecto del PP, como está más que de sobra acreditado en cada una de la circunstancia personal y resulta motivo suficiente de recusación por los acusadores particulares o bien para su apartamiento voluntario dados algunos antecedentes y esas circunstancias que hacen dudar de la existencia de todas y cada una de las condiciones que se presumen y se deben reunir para poder juzgar al Presidente, con independencia de la casi segura pulcritud procesal de los jueces instructores madrileño y lorquina en sendos sumarios que afectan de lleno a PAS.
La Fiscalía Superior del TSJ no vería, tampoco, con malos ojos esa actitud de caución vistos los antecedentes recientes en otros casos donde políticos del PP de Murcia, incluido el propio Pedro Antonio Sánchez, han podido escapar por la tangente por la benevolencia interpretativa de la ley por parte del juzgador, curiosamente uno de ese grupo bajo la lupa. La insistencia y contundencia del fiscal Manzanera en el 'caso Auditorio' parece haber provocado una última visita urgente del presidente autonómico al ministro de Justicia, Rafael Catalá, antes del nombramiento del nuevo fiscal general del Estado en sustitución de la intachable Consuelo Madrigal, quien no consideró oportuno el relevo del fiscal superior de la Comunidad Autónoma, Manuel López Bernal, por otra parte nieto de un gran constructor murciano a través de la legendaria empresa Bernal Pareja S.A., radicada en Madrid durante el franquismo.
Crece la versión de que el cartagenero Miguel Pasqual del Riquelme recobró, contra toda lógica interna de la Justicia, la presidencia del TSJ gracias al apoyo desde dentro del magistrado murciano Juan Martínez Moya y del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, nombrados ambos gracias a los magistrados conservadores conectados con el PP por su designación desde ese partido en las Cortes, igual que el anterior, hijo y nieto de políticos de la derecha católica y más moderada de Murcia, UCD, como Juan Martínez Meseguer y José Martínez Garre, ambos chacineros como Tomás Fuertes y Pedro Jódar Serrano, el padre del alcalde de Lorca por el PP, Francisco Jódar, bajo las marcas 'Dígame' en Alquerías y 'Los Quijales' en Lorca respectivamente, también en pleno franquismo.
Luego está el caso distinto de Enrique Quiñonero - designado en su día miembro del TSJ por la Asamblea Regional gracias a la mayoría absoluta entonces del PP-, un profesor titular de Derecho Civil en la Universidad de Murcia dentro del Departamento del catedrático Juan Roca quien, en su época de rector, logró colocar a la esposa del anterior en el Consejo Social de la UMU y hasta hoy con Javier Ruano de presidente y antes de secretario, ahora recompensado con un escaño en el Congreso de los Diputados al correr la lista del PP por Murcia tras el nombramiento de Juan María Vázquez como alto cargo del Ministerio de Luis de Guindos en el Consejo de Ministros de este viernes.
Aunque lo más preocupante sobre la supuesta imparcialidad de Quiñonero es ser hijo de Raimundo Quiñonero López, secretario particular de gobernadores civiles franquistas desde Antonio Luis Soler Bans, almeriense como él, y coétaneo en el cargo de Carlos Valcárcel Mavor, secretario particular de los presidentes murcianos de la extinta Diputación Provincial desde el mandato de Ramón Luis Pasqual del Riquelme -tío carnal del actual presidente del TSJ- y padre del ex presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Ramón Luis Valcárcel Siso.
A la sazón, y sin que aparentemente no tenga nada que ver con todo lo anterior, el alcalde de Murcia era, a la vez en la misma época, el abogado Antonio Gómez Jiménez de Cisneros, padre del actual presidente del Consejo Jurídico Consultivo, ex vicepresidente de la Comunidad Autónoma e inspector de Finanzas del Estado, Antonio Gómez Fayrén, así como presidente de la Cofradía de Jesús del Viernes Santo murciano a la que también pertenecen, tanto Miguel Pasqual del Riquelme como Juan Martínez Moya, desde hace muchos años.
Luego está Julián Pérez Templado, ex presidente del TSJ como Martínez Moya, ambos con el apoyo de Ramón Luis Valcárcel, el primero descendiente de caciques de Cieza y bien sintonizado con la derecha murciana más clásica, hasta contraer matrimonio con Elena Ladrón de Guevara Mellado -directamente emparentada por su madre y vía Lorca con el ex embajador en Portugal, ex ministro de Franco y ex presidente de la Diputación Provincial de Murcia durante el gobierno republicano de Gil Robles, José Ibañez Martín- y lograr colocar a su esposa, por méritos políticos propios de la agraciada, en la Consejería de Cultura y, según se dice en determinados círculos de la capital regional, recibir luego en el momento oportuno sus inapreciables consejos desde la Magistratura para conjurar incertidumbres elementales de coyuntura.