El juicio se suspendió en febrero de 2013 porque los CD's con las
escuchas telefónicas obtenidas por la Guardia Civil no habrían sido
remitidos a las partes. La nueva vista oral se reanudará el próximo
viernes, 27 de marzo, a las 10.00 horas, en la sección segunda de la
Audiencia Provincial.
Martínez Andreo renunció a ser candidato del
PP a la Alcaldía en las últimas elecciones municipales y permaneció en
prisión dos meses desde que fuera detenido a finales de noviembre de
2007 por su imputación en dicho caso.
En principio, estaba
previsto la celebración del juicio durante dos semanas, pero el tribunal
decidió suspenderlo en 2013 a petición tanto del fiscal, José Luis Díaz
Manzanera, como de los letrados de la defensa, que coincidieron en
entender que no cabe la continuación del juicio en estas circunstancias.
Para
el fiscal, los hechos son constitutivos de un delito de falsedad,
fraude, infidelidad en la custodia de documentos y omisión de perseguir
delitos en relación a las obras del colegio San José de Totana y por el
que pide para Martínez Andreo un total de diez años de prisión.
Para
el empresario Pedro José Martínez, que ostentaba la representación
legal de la empresa 'Ucom 2005 S.L.', que firmaría con el Ayuntamiento
un convenio urbanístico para la construcción de infraestructuras
municipales, haciéndose cargo los promotores del pago del coste de las
mismas, entre las que se decide incluir las obras de un colegio, pide
cuatro años de cárcel por los presuntos delitos de fraude y falsedad, al
igual que para la exsecretaria municipal del Consistorio, Laura
Bastida, a la que solo se le imputa falsedad.
Así como dos años
para el gerente de Ucom, José Bonmatí; y el empresario Pedro Sánchez,
que fue quien firmó un primer precontrato en noviembre de 2002 con
Proinvitosa, ya que tenía interés en instalar un centro logístico del
transporte", ambos por el presunto delito de fraude; y el entonces
oficial de la Policía Local, Alfonso Canales, por infidelidad en la
custodia de documentos y omisión de perseguir delitos cuatro años.
El
caso Totem saltó a la luz pública en noviembre de 2007 cuando la
Guardia Civil destapó una trama de pago de comisiones millonarias a
cambio de licencias municipales para construir en Totana lo que sería el
mayor complejo residencial del municipio.
En este caso, el que
fuera también alcalde de Totana, Juan Morales, precedesor de Martínez
Andreo, se convirtió en el primer ex regidor de la Región de Murcia que,
con sentencia firme condenatoria, iba a la cárcel por las actuaciones
urbanísticas corruptas realizadas durante su mandado en Totana y de las
que pudo lucrarse.
Según el escrito de
acusación del fiscal, antes del verano del año 2006 se decidió en el
Consistorio la realización de obras en diferentes colegios públicos,
entre los que se encontraba la construcción de dos aulas en el centro
'San José'.
Para ello, era preceptiva la incoación del expediente
de contratación pública. El entonces concejal de Obras e
Infraestructuras, José Martínez Andreo, contactó con el empresario Pedro
José Martínez, que ostentaba la representación legal de la empresa
'Ucom 2005 S.L.', que firmaría con el Ayuntamiento un convenio
urbanístico para la construcción de infraestructuras municipales,
haciéndose cargo los promotores del pago del coste de las mismas, entre
las que se decide incluir las obras de un colegio.
En este acuerdo
se fijó en su redacción que los promotores propietarios de los terrenos
tenían que abonar al Ayuntamiento la cantidad de 6,1 millones de euros,
que se destinará a la construcción de infraestructuras municipales,
entre las que se decide incluir por el concejal acusado las obras del
colegio 'San José'.
El fiscal explica que Martínez Andreo "era
conocedor de que existía ya un presupuesto de la citada obra que
ascendía a la cantidad de 109.327 euros", y le adjudicó la misma a la
mencionada empresa, considerándola incluida en las obras a realizar
dentro del convenio urbanístico que aún "ni siquiera se había firmado".
Durante
el curso de las obras, el fiscal recuerda que el partido político
municipal en la oposición denunció públicamente la posible adjudicación
irregular. Por ello, los acusados Martínez Andreo y Martínez Ruiz
"comprueban que, efectivamente, podrían haber incurrido en alguna
ilegalidad en la adjudicación de la obra y se conciertan para tratar de
ocultar la irregular adjudicación".
En concreto, el fiscal cree
que los acusados, con el fin de tratar de desligar las obras del colegio
con el convenio urbanístico firmado, consiguen que se modifique el
contenido del apartado en el que se decía "a su vez los promotores
asumían la realización y/ o pago del coste de las infraestructuras",
eliminando la expresión "la realización y/o" por la expresión "pago".
En
segundo lugar, el fiscal atribuye a los acusados que se "inventaron" la
"burda tesis de que tales obras se iban a realizar de forma gratuita
por la empresa adjudicataria", cuando existía ya partida presupuestaria.
El
Fiscal sostiene que los acusados, tras comprobar que el asunto se había
judicializado, procedieron en agosto de 2007, de común acuerdo con la
secretaria municipal, a redactar un documento al que denominaron
"convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Totana y Ucom para la
realización de unas obras de ampliación del colegio San José".
Entre
los firmantes se encontraba Martínez Andreo que, aunque ya no era
alcalde, lo firmó en la condición que ya no tenía de concejal de obras e
infraestructuras públicas, facultad de la que en cualquier caso carecía
cuando era concejal, al no tener delegada tal competencia por el
anterior alcalde".
Asimismo, entre los firmantes estaba Martínez
Ruiz y la secretaria municipal, que fue quien asesoró en su redacción,
plasmando en el mismo la tesis de la "gratuidad" de las obras,
"inventándose que el objeto del mismo era regular la donación gratuita
de la mercantil Ucom al Ayuntamiento para la realización de las obras de
dos aulas en el colegio San José"..
Así, "asumiendo la empresa el
total importe, firmándolo en un primer momento el día 13 de agosto de
2007, poniéndole fecha 16 de abril de 2007". No obstante, al percatarse
José Martínez Ruiz de la fecha que habían puesto, "rompieron las tres
copias realizadas y redactaron y firmaron al día siguiente otras tres
modificando la fecha y poniéndole 16 de abril de 2006".
Todo,
según el fiscal, con la finalidad de dar apariencia de que ese supuesto
acuerdo de gratuidad de las obras "había sido de fecha muy anterior,
incluso, al comienzo de las mismas, y de esta forma engañar al juzgado
con el fin de que se archivase la denuncia por la adjudicación previa de
las obras sin expediente de contratación".
En segundo lugar, el
fiscal explica que Pedro Sánchez se concertó con Pedro José Martínez
Ruiz y, "con un fin claramente especulativo, firmaron el 18 de enero un
contrato privado de venta del primero al segundo de una parcela", pese a
que eran conocedores de la existencia de una cláusula del derecho de la
empresa municipal Proinvitosa a recuperar la parcela al precio original
de venta.
Martínez Andreo, en su condición de concejal del
ayuntamiento, "era perfectamente conocedor desde el principio de la
maniobra", según el fiscal.
