miércoles, 30 de enero de 2019

La Unión Europea propone medidas de emergencia en caso de un Brexit duro


BRUSELAS.- Los estudiantes podrán acabar sus programas de intercambio, los actuales proyectos de la UE aún podrán ser financiados y los trabajadores del bloque en Reino Unido podrían seguir acumulando prestaciones para la jubilación en sus países de origen, según las medidas de emergencia propuestas el miércoles por el brazo ejecutivo de la UE para paliar el caos de un Brexit sin acuerdo. 

Ante la petición del Parlamento británico de realizar cambios al acuerdo de divorcio que según la UE no puede ser renegociado, la Comisión Europea observa que el riesgo de un Brexit sin acuerdo crece por momentos y que ha llevado a reforzar los planes de contingencia.
En un comunicado, la Comisión propone que los estudiantes que ya estén realizando programas de intercambio Erasmus en universidades puedan continuar estudiando y recibiendo becas. La Comisión dijo que habrá 14.000 estudiantes de la UE en Reino Unido y 7.000 británicos estudiando en otros lugares del bloque el día del Brexit.
“La gente joven de la UE y Reino Unido que estén participando en el programa Erasmus+ el día 30 de marzo de 2019 podrán completar su estancia sin interrupción”, dijo la Comisión.
Otras medidas buscan garantizar que los estados de la UE continúen incluyendo periodos de trabajo, seguros y residencia en Reino Unido para los cálculos a la hora de obtener prestaciones sociales como las pensiones de sus propios ciudadanos.
Y si Reino Unido cumple sus obligaciones en función del presupuesto de la UE de 2019 después del Brexit, los británicos beneficiaros de programas de la UE podrán continuar recibiendo fondos de la UE, como estaba previsto.
El Parlamento británico rechazó el mes pasado el acuerdo de divorcio que selló a finales del año pasado la primera ministra, Theresa May, con la UE.
Los diputados británicos pidieron el martes a May que solicitara eliminar una cláusula del acuerdo que implica la entrada en vigor de normas de la UE en Irlanda del Norte si no se encuentra otra solución para evitar la existencia de una frontera física entre la UE y la provincia británica. 
La UE sostiene que el acuerdo no se puede renegociar.
Si no se llega a ningún acuerdo ni se toman medidas para retrasar o cancelar el Brexit, Reino Unido saldrá automáticamente de la UE el próximo 29 de marzo.

Plan estratégico para reactivar la economía de los municipios del Mar Menor tras el cierre del aeropuerto de San Javier

SAN JAVIER.- El secretario general del PSRM-PSOE y candidato a la Presidencia de la Comunidad, Diego Conesa, se ha reunido esta tarde, en Santiago de la Ribera, con representantes de los hosteleros del Mar Menor, junto al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín López Pagán, y el diputado regional Antonio Guillamón, para escuchar las inquietudes del sector tras el cierre del aeropuerto de San Javier.

El candidato a la Presidencia de la Comunidad les ha mostrado su apoyo y compromiso de trabajar en la elaboración de una Estrategia para los municipios afectados: Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar, que frene el impacto en el desarrollo económico que tendrá el cierre del aeródromo.
En concreto, lo que el secretario general de los socialistas murcianos propone es la elaboración y puesta en marcha de un ambicioso Plan estratégico para el Mar Menor, que contribuya a la reactivación económica de todo su entorno.
"Este es el comienzo de una andadura que debería haber estado hecha por parte del Gobierno regional previamente a la decisión del cierre". 
En este sentido, le ha reprochado "la ausencia de una adecuada planificación para la zona del Mar Menor, que sirva para paliar las consecuencias económicas que ha supuesto para los municipios ribereños el nuevo escenario".
Diego Conesa señaló que "este es un problema que afecta a un amplio sector, como son los comerciantes de dentro y de las inmediaciones del aeropuerto, hosteleros, taxistas de la zona, etc.; algo que el Gobierno regional debería haber tenido en cuenta antes de clausurar esta infraestructura".
Recordó que a día de hoy, la única medida que hay sobre la mesa es la que ha planteado el Ministerio de Turismo, a través de la ministra, Reyes Maroto, quien anunció que destinará 2 millones de euros para la promoción del sector turístico del Mar Menor".
Conesa destacó, asimismo, "la importancia de mejorar la imagen de la Región de Murcia y eso es inherente a la mejora del Mar Menor en su conjunto, para lo que son necesarios recursos y planificación, que es lo que ha faltado con los gobiernos del PP hasta la fecha".

'Ahora Murcia' denuncia que el PP "saca a hurtadillas y de forma antidemocrática" la ordenanza del agua

MURCIA.- Ahora Murcia denuncia que el Gobierno municipal del PP "saca a hurtadillas y de forma antidemocrática" la Ordenanza de las Tarifas del Agua y el Saneamiento del Municipio, cuyo borrador ha sido presentado por sorpresa en la Junta de Portavoces de hoy. 

El concejal Miguel Angel Alzamora señala que "la moción de Ahora Murcia del pasado mes de junio, aprobada por unanimidad, establecía que la ordenanza debía realizarse 'de forma participativa y previendo la inclusión de diversos actores institucionales y organizaciones profesionales y ciudadanas que trabajan en torno a la gestión del agua".
"Frente a esto", apunta Alzamora, "el único aliado del PP para hacer el borrador de la ordenanza ha sido la empresa Agbar/Hidrogea, que no se caracteriza por defender los intereses de la ciudadanía murciana, sino más bien al contrario, ya que cada año tiene unas ganancias millonarias a costar de cobrarnos el agua más cara de España".
El concejal considera "un escándalo y una tomadura de pelo a los grupos de la oposición y a la sociedad civil organizada que el PP, en lugar de mantener reuniones con ellos para la elaboración del borrador, se limite a subirlo a una web durante una semana poniendo un mail al que remitir las sugerencias, que evidentemente no va a tener en cuenta".
Ahora Murcia llevó al Pleno de junio de 2018 una moción para que el Ayuntamiento elaborara una Ordenanza de Tarifas del Agua y Saneamiento para el Municipio, de forma que el Ayuntamiento aplique las tarifas "con unas garantías legales, y con las garantías medioambientales y sociales necesarias, así como con unos precios justos y adecuados a la ciudadanía del municipio de Murcia".
"La ordenanza debe respetar que estas tarifas sean ingresos públicos bajo el control del Ayuntamiento", afirma Alzamora, que recuerda que el agua "es un servicio que se ofrece en forma de monopolio, de forma coactiva, pero que está considerado un bien público y un derecho humano por la ONU desde 2010".
El edil de Ahora Murcia indica que "llegados a este punto, en que el Gobierno municipal ha incumplido su compromiso de realizar un borrador de la Ordenanza de forma participativa y consensuada, lo mínimo que cabe exigirle a Ballesta es que amplíe el plazo -que es de solo de una semana- para recibir sugerencias; que se reúna con las organizaciones y agentes relacionados con el agua; y que dé la debida publicidad a este proceso, para que los actores interesados tengan conocimiento de que se está llevando a cabo. La elaboración de esta Ordenanza es de gran importancia para el municipio, y el Gobierno municipal tiene la obligación de realizarla de forma democrática".

C's pide extender el estudio epidemiológico en Sierra Minera y explicaciones al Gobierno por la ejecución del 'Prasam'

CARTAGENA.- Tras la información publicada hoy por el diario La Verdad en la que se da cuenta de los resultados de un estudio médico sobre la contaminación por metales pesados en el que se han detectado niveles de plomo superiores a los valores de referencia en siete casos, el portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, urge a la Comunidad Autónoma a actuar de manera determinante tanto en la ampliación del estudio epidemiológico que Salud ha emprendido para despejar dudas y temores entre los vecinos de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión y de Mazarrón como en la ejecución de la partida introducida por Ciudadanos en los presupuestos regionales de 2019 de cuatro millones de euros para actuar en las balsas y terrenos contaminados de la zona.

En cuanto al estudio epidemiológico, Manuel Padín recuerda que el estudio se inició el 3 de mayo de 2018 y la Consejería de Salud aseguró entonces que las conclusiones provisionales llegarían a finales de ese año, "no acatarse a los tiempos y la falta de información genera una alarma social evitable", sostiene el portavoz naranja que considera que "la indiferencia demostrada por el PP regional ante un problema de salud pública es inadmisible y censurable". 
Por ello, el portavoz ha trasladado a sus diputados regionales la necesidad de que la Consejería haga públicos los resultados y atienda todas las dudas de los vecinos, "no vale una carta y limpiarse las manos, deben acudir al terreno y reunirse con los vecinos y las plataformas las veces que haga falta; una verdadera campaña pública informativa". 
Además, desde C's entienden que el análisis debe ser más profundo y extensivo incluyendo la evaluación comparada de los historiales clínicos de los habitantes de la zona para medir la prevalencia de diversas enfermedades, tal y como reclaman los vecinos.
En cuanto al Plan de Recuperación Ambiental de Suelos Afectados por la Minería (Prasam), Ciudadanos incluyó una primera partida de cuatro millones de euros para 2019, "pero si quien debe seleccionar las primeras actuaciones y encargarse de la ejecución sigue de brazos cruzados como está haciendo el PP, no hemos hecho nada", señala Manuel Padín que también ha remitido a su Grupo Parlamentario la importancia de saber "exactamente si se han inventariado ya los 80 depósitos y se ha diseñado la hoja de ruta plurianual con las prioridades de intervención para el sellado y descontaminación de la zona. 
En este sentido, el portavoz de C's exige a la Comunidad que justifique que la primera intervención se realice en el conjunto El Lirio, "esto sólo se comerá 3,5 millones de euros, ¿es realmente la actuación más urgente, la que comporta más riesgo extremo y no otras como en La Paz o la anterior localización de la Balsa Jenny?", se pregunta Manuel Padín que duda incluso de la previsión más halagüeña del Prasam "además de que diez años es algo excesivo para la urgencia de lo que estamos tratando, no me salen las cuentas con los 85 millones de euros de previstos". 
"Creo que, y así se lo he transmitido hoy a nuestros diputados regionales, que la comparecencia del consejero, Javier Celdrán, en la Asamblea está más que justificada para que dé explicaciones de todas estas dudas".
Ciudadanos considera que las balsas cercanas a los centros educativos deberían entrar dentro de las actuaciones urgentes a realizar conforme a los informes que constan en la Dirección General de Medio ambiente, "sin duda, la prioridad en las actuaciones será también uno de los temas a tratar en la Ponencia de la Comisión sobre la problemática socioambiental de la Sierra Minera".
C's también ha cargado contra la inacción del PSOE a nivel estatal y municipal, "los Presupuestos Generales del Estado no han incluido un sólo euro para la descontaminación de los terrenos de Cartagena; eso nos da una idea aproximada del poco valor que los dirigentes nacionales del PSOE han dado a nuestras necesidades".
La descontaminación de Cartagena tiene que implicar a las administraciones local, autonómica, estatal y europea, "por lo que debemos recurrir a una Inversión Territorial Integrada (ITI) similar a la del Mar Menor", defiende Padín.
Desde que cesó la actividad en las minas en 1992, ni PP ni PSOE han movido un dedo para proteger a la población y detener las escorrentías hacia el Mar Menor, "la inacción y la dejación de funciones del bipartidismo, sobre todo los gobiernos del PP, ha sido demencial desde entonces, por eso no creemos que la solución pase por estos partidos que son responsables del desastre; tarde o temprano pagarán por lo que hicieron y sobre todo por lo que no hicieron", afirma el portavoz de Ciudadanos.

Pedreño: "Actuar con urgencia sobre los suelos contaminados de la Sierra Minera es un asunto de salud pública"

CARTAGENA.- El diputado regional de Podemos, Andrés Pedreño ha señalado que los resultados que se están conociendo del Estudio Epidemiológico de la Sierra Minera que Podemos propuso en la Asamblea Regional "revelan una situación de emergencia en cuanto a la salud pública de poblaciones expuestas a metales pesados" por lo que ha pedido que el plan de actuación sobre suelos contaminados (Prasam) adopte como prioridad descontaminar los suelos y antiguos pantanos mineros de alrededor de las poblaciones del Llano del Beal y El Estrecho" .

Así el diputado regional de Podemos, ha mostrado su preocupación por las prioridades establecidas por el gobierno del PP en el Prasam (Plan de Intervención sobre suelos mineros), cncretamente por la actuación sobre el conocido pantano del Lirio: "una zona que está alejada de las poblaciones de la sierra minera y cuyos procesos de descontaminación urgen menos que en lugares habitados por población infantil".
Por este motivo, Pedreño ha explicado que "el gobierno regional ha decidido como prioridad actuar sobre el Lirio, un deposito minero que no presenta ninguna urgencia en comparación con el resto ubicadas en la zona que se encuentran a escasos metros de viviendas con el propósito de reactivar del Plan Parcial La Princesa de Atamaría, por la promotora Inmogolf S.L" lo que en palabras del diputado regional, "nos conduce a corroborar que el gobierno regional está gobernando en función de los intereses de La Manga Club".

El PSRM denuncia que el Gobierno del PP sigue minimizando la realidad de la pobreza en la Región y le exige soluciones

CARTAGENA.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Consuelo Cano denuncia que el Gobierno regional sigue negando y sin asumir la preocupante realidad que sitúa a la región de Murcia como la cuarta comunidad con mayor tasa de pobreza.

"Los datos son tozudos y desde el Gobierno regional minimizan y niegan la veracidad de una realidad que no quieren ver y que afecta a demasiada gente en esta Comunidad".
Según refleja la encuesta del Instituto Nacional de Estadística, los informes de EAPN y todos los que ofrecen datos y estudios sobre la pobreza, "nadie tiene dudas sobre la magnitud de este problema excepto el Gobierno regional del PP".
La diputada socialista recordó que ha costado diez años de debates en la Asamblea Regional conseguir la aprobación del reglamento que permitiera regular y asegurar mayor protección y prestación económica a través de la renta básica".
Cano recordó que la renta básica garantiza derechos y recursos de subsistencia a sectores muy vulnerables de la sociedad, por lo que "es necesario que los poderes públicos regionales aborden, con carácter de urgencia, una respuesta inmediata que invierta y corrija estas preocupantes cifras".
La diputada socialista mostró su preocupación ante el hecho de que tres de cada diez murcianos viva con serias dificultades económicas y que en muchos casos sobrevivan gracias a esta prestación de renta básica.
Por otro lado, añadió que "el perfil de los perceptores de estas ayudas no es precisamente el de personas inmigrantes, como algunas voces interesadas pretenden hacer creer, sino el de mujeres españolas desempleadas de ente 35 y 44 años, de las que tres de cada diez son familias monoparentales".
Por ello, considera que "es preciso que el Gobierno regional proponga soluciones y políticas que persigan mejorar estos terribles datos que condenan a la sociedad murciana a heredar esta pobreza generación tras generación". 
Al tiempo que subrayó que "es importante tener en cuenta que las familias que dejan de percibir la renta básica no lo hacen porque ya no la necesiten, sino porque alcanzaron el tiempo máximo de prestación, que tiene un tope de dos años", concluyó.

"Murcia líder en paro, precariedad y desigualdad. A la cola en ayuda y solidaridad", dice Podemos

MURCIA.- La Secretaria de Derechos Sociales y Sociedad Civil de Podemos Región de Murcia, María Marín, ha manifestado que "es inadmisible que siendo la cuarta comunidad con mayor tasa de pobreza seamos los cuartos por la cola en perceptores de la renta básica de inserción".

María Marín, se ha referido a los últimos datos que sitúan a la región como la quinta comunidad con mayor paro, la cuarta con mayor índice de pobreza, precariedad y desigualdad. Y es que tres de cada diez murcianos se sitúa en el filo de la navaja, a un paso de la exclusión social. Algo que contrasta con los perceptores de Rentas Mínimas de Inserción, ya que solo 3,69 de cada 1.000 habitantes las perciben, situando a la Región en la 3 posición, por la cola, en la percepción de estas ayudas.
En opinión de la Secretaria de Políticas Sociales y Sociedad Civil "observamos como las políticas murcianas insisten en precarizar el trabajo y fomentar la desigualdad" y es que "mientras la sociedad murciana sufre paro precariedad y desigualdad, el gobierno murciano sigue aplicando políticas en beneficio de una minoría".
Marín también se ha referido al detalle de estos datos, en los cuales se refleja que la nacionalidad del 83,4% es española, algo que "desmiente rotundamente que sean las personas migrantes los beneficiarios de estas ayudas, quienes acusan a los migrantes", en contra de lo que "irresponsablemente se quiere hacer creer algunos dirigentes políticos". Además el 65,8% de perceptores de esta ayuda son mujeres, algo que "evidencia la situación de especial desprotección de la mujer".
María Marín ha remarcado que "urge un cambio de modelo laboral y productivo para que los murcianos y murcianas tengan un trabajo de calidad", pero también "es necesario un gobierno solidario que ayude a los que menos tienen y frene la desigualdad". 
Marín ha concluido que "frente al modelo regresivo y antisocial del PP y C's, Podemos propone un modelo solidario y al servicio de la gente".

Los hogares murcianos destinan el 19% de sus ingresos al alquiler


MADRID.- La vivienda sigue siendo uno de los principales gastos que tiene que asumir una familia mes a mes. Después de años alejada de la actualidad política, el alquiler se ha convertido en la solución habitacional de cada vez más hogares. Para conocer la tasa de esfuerzo que supone el alquiler en esos hogares se han tomado los datos de renta media de los hogares en 2017 procedente del Instituto Nacional de Estadística (INE) y los datos de alquiler de idealista a cierre de ese año. 

Según el análisis, los hogares españoles destinaron de media el 24% de sus ingresos anuales en pagar el alquiler de su vivienda. Según el INE, la renta media rozó los 27.550 euros, cuando el arrendamiento medio acabó 2017 en 9,7 euros/m2 al mes.
Por comunidades autónomas, el esfuerzo de los hogares es más alto en Baleares (30,9%) Cataluña (28%) o Madrid (26,5%), las tres comunidades donde los precios del alquiler fueron más altos en 2017. De hecho, Cataluña y Madrid (ambas con 14,4 euros/m2) fueron las autonomías más caras. Completa la terna Baleares (12,5 euros/m2) y, por debajo, Euskadi (11,2 euros/m2).
Mientras sus rentas no fueron las más altas del país, Baleares (32.160 euros/año), Cataluña (31.410 euros/año) y Madrid (32.450 euros/m2) si que tuvieron la mayor tasa de esfuerzo. Estas regiones fueron superadas por País Vasco (34.200 euros/m2) y Navarra (33.430 euros/m2), donde su tasa de esfuerzo alcanzó el 21,5% y el 18,6%, respectivamente.
Justo estas comunidades coinciden donde están las ciudades más caras para alquilar. Barcelona repitió como la capital española con los alquileres más caros en 2017 (17,5 euros/m2), seguida de Madrid (15,5 euros/m2) y San Sebastián (14,1 euros/m2). En cuarto lugar, se situó Palma, con un precio de 12,2 euros por cada metro cuadrado.
En el lado contrario de la tabla de regiones autonómicas, La Rioja (15,3%), Galicia (15,7%), Aragón y Asturias (ambas con el 16%) presentaron las tasas de esfuerzo más bajas de los hogares para alquiler una vivienda. Sin embargo, los alquileres más asequibles se encontraron en 2017 en Extremadura (4,1 euros/m2), Castilla-La Mancha (4,7 euros/m2) y La Rioja (5,2 euros/m2).
Mientras, entre las comunidades que tuvieron de los mayores incrementos de precios de los alquileres en 2017 aparecen Canarias (27,8%) o Andalucía (15,5%), junto a la mencionada de Baleares (22,1%). La tasa de esfuerzo de canarios y andaluces se encuentra en el 23,9% del salario anual o del 23,3%, respectivamente. Los precios en Canarias llegaron a 9,1 euros/m2 al mes, y de 7,4 euros/m2 al mes, respectivamente.
La OCDE y la Unión Europea ya avisaron de que la vivienda, ya sea en venta o en alquiler, sigue siendo la mayor partida que destina el presupuesto familiar y representa la mayor carga financiera de las familias con bajos ingresos. 
En el promedio general de los países de la OCDE, cerca del 15% de los arrendamientos, generalmente aquellos con los ingresos más bajos, gasta más del 40% de sus ingresos en pagar la vivienda. Los expertos recomiendan no superar el 30% del salario en el pago del alquiler.

La pobreza energética sigue golpeando a muchas familias yeclanas, según IU-Verdes

YECLA.- A pesar de que desde junio de 2018 existe un informe elaborado por el Observatorio de la Exclusión Social de la Universidad de Murcia que concluye que existe un importante sector de la población yeclana que sufre el fenómeno de la pobreza energética, el Equipo de Gobierno del Partido Popular no ha sido capaz, otro año más, de implementar las políticas necesarias dirigidas a prevenir y paliar esa pobreza energética existente en Yecla, según denuncia IU-Verdes. 

Ya en enero de 2014, el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes presentó una proposición al Pleno del Ayuntamiento pidiendo la elaboración de un Plan contra la pobreza energética, "pero no fue hasta el año 2016 cuando el Partido Popular decidió aceptar los continuos requerimientos y preguntas que estuvimos haciendo al respecto, encargando un informe a la Universidad de Murcia para que analizara esta situación en nuestra ciudad".
Aunque el estudio ha tardado más de dos años en llegar, y se ha realizado únicamente desde la perspectiva de la población vulnerable, "lo que a nuestro juicio refleja unos resultados que pueden no corresponderse con la realidad, establece unas conclusiones que no se pueden obviar".
"El Informe Ejecutivo del Observatorio de la Exclusión Social ha puesto de manifiesto que la pobreza energética es una realidad en nuestra ciudad y que los hogares y familias yeclanas que la sufren presentan altas tasas de paro y elevados niveles de pobreza y de privación material.
La pobreza energética depende fundamentalmente de tres componentes: los ingresos familiares, los costes de la energía y la calidad de la vivienda".
Algunos de los datos que han arrojado las encuestas llevadas a cabo por el equipo del Observatorio de la Exclusión Social son los siguientes:
La población yeclana vulnerable en edad de trabajar tiene una tasa de paro del 64%, tratándose además de un desempleo estructural o de larga duración.
Del total de los yeclanos en situación de vulnerabilidad, el 54% dispone de menos de 564 euros al mes, lo que los coloca en el umbral de pobreza regional, correspondiendo la mayor tasa de pobreza a los menores y los jóvenes.
De esas personas que se encuentran en situación de pobreza, un 68,8% reconoce que no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, de forma que han debido reducir sus gastos en electricidad y otros suministros.
Casi la mitad de los hogares vulnerables no pueden permitirse equipar su vivienda con calefacción. Y casi el 40% de esas familias ni siquiera puede permitirse mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante los meses fríos.
En base a todos estos datos, el estudio concluye que hay un importante sector de la población yeclana que se encuentra en riesgo de pobreza energética y que necesita la ayuda del Ayuntamiento, que tendría que haber puesto en marcha ya todas las medidas necesarias para prevenirla y paliarla. No hay que olvidar que estamos hablando de una situación que afecta a la salud de las personas, agrava enfermedades crónicas y puede afectar a la esperanza de vida. La pobreza energética mata y por eso combatirla debería ser una prioridad, también en nuestra ciudad.
"Sin embargo, la pretendida austeridad en el gasto social, de la que todavía sigue presumiendo el PP de Yecla, impide ayudar a las familias y hogares yeclanos con bajos ingresos económicos, que van a ver pasar otro invierno más sin tener garantizadas unas condiciones mínimas de bienestar, puesto que el Equipo de Gobierno no ha sido capaz de poner en marcha el Plan de pobreza energética".

C's-Murcia solicita al Pleno el sellado inmediato de los pozos y aljibes ubicados en el municipio que suponen un peligro

MURCIA.- El edil de Ciudadanos-Murcia, Carlos Peñafiel, defenderá en el Pleno de mañana jueves una moción pidiendo a la Junta de Gobierno a tomar las medidas necesarias para localizar, señalizar y sellar con total seguridad los pozos y aljibes ubicados en el término municipal de Murcia y así evitar cualquier riesgo.

Peñafiel ha destacado la necesidad de localizar pozos, aljibes o elementos análogos que “puedan ofrecer peligro, adoptando las medidas necesarias para su señalización y sellado inmediato y así poder ofrecer total garantía de seguridad”.
En este sentido, el concejal de la formación naranja ha insistido en que “los pozos no sellados suponen un enorme peligro para las personas, por un lado; pero también para los animales y el medio ambiente”. 
“Y detectar estos pozos, ha subrayado, “no es fácil porque se ocultan, se camuflan y muchos de ellos apenas tiene 30 centímetros de diámetro”.
Por ello, Peñafiel pretende que “se implante un sistema cómodo y fácil para que los senderistas puedan denunciar rápidamente la existencia de estos pozos peligrosos y avisar a las autoridades competentes para su sellado inmediato”.
Así mismo, el edil de C's exigirá que “se tomen medidas para la inspección de fosas sépticas y pozos ciegos de la zona de la Huerta para comprobar que su instalación es correcta y se encuentran fuera de peligro”.

CCOO señala un grave problema laboral con el personal de mantenimiento del hospital 'Morales Meseguer'

MURCIA.- La plantilla de Mantenimiento del Hospital Morales Meseguer convoca una concentración mañana jueves 31 de enero a las 11:00 en la puerta del centro para protestar por la pérdida de sus puestos de trabajo el 1 de febrero.

"Se deja en la calle a un total de 17 personas, algunas de ellos con más de 20 años de experiencia realizando los trabajos de mantenimiento en el hospital Morales Meseguer pertenecientes actualmente a la empresa Veolia.
La nueva empresa a la que el Servicio Murciano de Salud ha adjudicado el contrato de prestación del servicio de mantenimiento, Moncobra, no quiere respetar los derechos de los trabajadores y no va a subrogar a una plantilla que lleva muchos años realizando el trabajo y prestando el servicio sin queja alguna. La empresa Moncobra, simplemente les ha comunicado a los trabajadores que no cuenta con ellos", señala el sindicato CC OO en un comunicado.
"Desde CCOO señalamos directamente a la gerencia del hospital y a los responsables del Servicio Murciano de Salud en particular, como responsables directos de dejar a 17 personas sin sus puestos de trabajo, de la noche a la mañana, sin dar una sola explicación, y en consecuencia, a 17 familias sin su fuente de ingresos principal. La empresa adjudicataria, Moncobra, ha hecho una oferta económica a la baja a costa de las condiciones de la mano de obra.
Denunciamos que el Servicio Murciano de Salud rebaja el coste del servicio a costa de no respetar los derechos de los trabajadores, y sin tener en cuenta la profesionalidad, la experiencia y el buen servicio llevado a cabo por la plantilla durante más de 20 años. Hay que lamentar y denunciar la vergonzosa forma de actuar de nuestras administraciones y del Servicio Murciano de Salud en particular en lo que se refiere a la subcontratación de sus servicios con el dinero de todos los murcianos".

C's denuncia que el aumento de la tasa de abandono escolar es una nueva muestra de la política educativa errática

CARTAGENA.- Juan José Molina, diputado regional de Ciudadanos, ha afirmado que “este informe vuelve a demostrar que la política educativa errática del Gobierno del Partido Popular sigue dejando por los suelos la imagen de la Región de Murcia. Estamos a la cola de España en casi todos los indicadores y cuando pensábamos que ya es imposible empeorar, surge un nuevo informe que refleja que la calidad educativa sigue retrocediendo debido a la incompetencia del Gobierno regional. Al menos la consejera de Educación ha dicho que no se conforma con los resultados, faltaría más”.

En este sentido, Molina ha denunciado que el Gobierno regional, “lejos de hacer autocrítica y de reconocer que algo están haciendo mal, lanza un mensaje sesgado en el que intenta ocultar los datos reales sobre el incremento de la tasa de abandono escolar. Son las consecuencias de una política continuista y sin ideas, basada especialmente en realizar anuncios propagandísticos como plantear un programa bilingüe que, como ya anunció la Asociación Nacional de bilingüe de España, está abocada al fracaso”, ha señalado Molina quien ha resaltado que “el plan estratégico de éxito educativo está formado por las mismas actuaciones que ya  planteaban hace cuatro años. La única novedad de la legislatura es el programa de refuerzo escolar impulsado por Ciudadanos”.
El diputado de Ciudadanos ha exigido al Gobierno regional “que de una vez por todas ponga en marcha propuestas constructivas para mejorar nuestra educación, como el aumento de las plantillas de orientadores educativos, la ampliación del programa de refuerzo educativo en primaria y secundaria, y el apoyo a las escuelas rurales; medidas todas ellas impulsadas por Ciudadanos en los presupuestos regionales”.
Según Molina, este informe es una muestra más de la necesidad de abrir procesos de transición a un nuevo modelo educativo regional que haga efectivo el derecho de todos los seres humanos a la educación. 
“Por eso, tenemos si tenemos responsabilidades de gobierno todas las decisiones en materia educativa irán destinadas a aumentar la igualdad de oportunidades. Queremos, una escuela que no margine a nadie y elimine de raíz el fracaso escolar. El actual sistema educativo regional es claramente injusto, inequitativo, segregador, tal y como lo recoge el último informe educativo del BBVA”.

C's-Lorca reclama al equipo de Gobierno que exija el cumplimiento de las normas y ordenanzas municipales

LORCA.- Durante el pleno ordinario del mes de enero, la concejala de Urbanismo reconoció que actualmente existen en el municipio de Lorca siete mezquitas de las que sólo dos tienen permiso.

Tras esta declaración tan sorprendente, Antonio Meca ha solicitado una reunión con los responsables de urbanismo "para conocer los detalles de estas cinco instalaciones de culto religioso, si han iniciado la actividad careciendo de los requisitos pertinentes que exige la normativa, ubicación de estos locales, además de conocer los expedientes que se siguen desde Urbanismo".
El concejal recuerda que "la legislación vigente establece los requisitos mínimos para la instalación y apertura de un centro de culto religioso: declaración responsable de apertura, licencia de actividad y certificado del registro de actividades religiosas que exige el Ministerio de Justicia".
Meca preguntará igualmente en esta reunión si existe algún tipo de limitación en la instalación de centros de culto en locales privados.
En mayo del pasado año, este Grupo Municipal ya solicitó la clausura de un local comercial usado como centro religioso y Meca exige "el cumplimiento de la ley y las garantías de máxima seguridad para todos los vecinos, al igual que el cumplimiento de las normas y ordenanzas municipales de nuestro municipio".

IU Lorca: "Exigimos la misma oferta educativa que en Murcia o Cartagena para nuestra Escuela Oficial de Idiomas"

LORCA.- La concejala de Izquierda Unida Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, Gloria Martín, ha criticado que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia incorpore una octava lengua a la Escuela Oficial de Idiomas de Murcia mientras en Lorca sólo se imparte el estudio de inglés, francés e italiano. Además, los estudiantes de francés afectados por la supresión de grupos que ha llevado a cabo la Consejería de Educación, ni siquiera les permite continuar su itinerario formativo.

Por el contrario, los ciudadanos y ciudadanas de Murcia cuentan con una oferta que incluye inglés, francés, italiano, español, chino, árabe, alemán y, desde hace unos días, también Iniciación a la Lengua y Cultura japonesas, tal y como ha anunciado la consejera de Educación, Adela Martínez-Cachá (PP).
Por ello, Martín ha vuelto a reclamar la incorporación a la sede lorquina de la Escuela Oficial de Idiomas de "las mismas enseñanzas que se ofertan en Murcia o en Cartagena", insistió en el agravio comparativo que sufren los estudiantes lorquinos en este sentido y recordó que "la Escuela Oficial de Idiomas es una institución de titularidad pública que, por tanto, debe ser garante de la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y ciudadanas".
La edil de IU-Verdes aseguró que el Gobierno regional del PP está "está dejando morir" a la EOI de Lorca al no dotarla de una mayor oferta formativa, seria, coherente y con más recursos.

Japonés en Murcia

La Comunidad oferta por primera vez Iniciación a la Lengua y Cultura japonesas en la Escuela Oficial de Idiomas de Murcia, que "ha comenzado a impartirse este mes de enero y que ha superado todas las expectativas, ya se han cubierto las 75 plazas", destacó la consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá, durante su visita al centro.
Se ofrecen tres cursos, de sesenta horas cada uno, en distintos horarios. "La organización de estos cursos específicos durante este curso servirá como una fase piloto para obtener datos que culminen en la implantación de la enseñanza reglada del idioma japonés en Murcia", explicó la consejera.
Los cursos suponen una primera toma de contacto con la cultura y sociedad japonesa, a través de la simulación de situaciones de la vida cotidiana y del aprendizaje de vocabulario de uso común, útil tanto para desarrollar competencias sociales como laborales o comerciales.
Del mismo modo, sienta las bases de la estructura y gramática del idioma japonés desde un enfoque comunicativo, de manera que el alumno pueda comenzar a expresarse en el idioma, poniendo los cimientos de una comunicación verbal y escrita que le permitan en el futuro, si lo desea, acceder a niveles superiores.
Es importante señalar que con estos cursos específicos, al estar diseñados para recibir una formación a nivel de introducción en la lengua y cultura japonesa, el alumno podrá recibir un certificado de seguimiento y aprovechamiento satisfactorio del curso, pero no una calificación o certificación.

Agricultura se reunirá con el sector citrícola para abordar la crisis por las importaciones

MADRID.- El secretario general de Agricultura, Fernando Miranda, ha reiterado que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, convocará próximamente al sector para abordar la crisis de los cítricos.

"Vamos a convocar al sector para abordar esta crisis desde todos los ángulos y no desestimamos ninguna de las razones que han provocado esta situación", ha asegurado Miranda, durante su participación en la comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En concreto, el secretario general ha asegurado que su Departamento ya se ha puesto en contacto con la Dirección General de Comercio de la UE para empezar a recopilar los datos y así poder pedir la cláusula de salvaguardia, que solicitan los agricultores españoles.
"Hay que recordar que la cláusula no es una solicitud, sino un expediente que se forma porque se trata de una medida muy potente del mercado y para activarse tiene que seguir muchos pasos. Hay que documentar todo muy bien y si llega el caso se activará, pero a la CE ya les hemos dicho que empiecen a hacer el dossier y lo hemos pedido activamente", ha explicado en el Congreso de los Diputados.
Sin embargo, Miranda ha señalado que el sector nacional debería mejorar en "organización y comercialización" y ha asegurado que en la reunión que se mantendrá se pedirá que se active la interprofesional.

Agricultura eleva un 22% el presupuesto para la pesca para garantizar la estabilidad del sector

MADRID.- La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, ha destacado que la partida de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para la pesca y la acuicultura, un sector "estratégico" para la economía española, ha ascendido un 22% este año, hasta alcanzar los 68 millones de euros, destinados principalmente a la mejora de estructuras y mercados pesqueros.

"Es una buena noticia el incremento del 22%, ya que estos presupuestos nos permitirán trabajar en pro de la sostenibilidad de nuestras pesquerías, además de apostar por la investigación y el conocimiento científico. También hemos reservado los créditos necesarios para dotarnos de herramientas que garanticen la estabilidad del sector y en una mejor integración en la estrategia azul", ha señalado durante su comparecencia en la comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Congreso de los Diputados.
Villauriz confía en que la dotación presupuestaria permita la "consolidación de la actividad pesquera de presente y futuro". "Se trata de un pilar ensencial para nuestras comunidades costeras tanto a nivel económico, social y medio ambiental", ha reiterado.
La secretaria general de Pesca ha reiterado que en la UE, España se sitúa en el primer puesto en capacidad de flota y es el mayor productor de pescado, de productos acuícolas y de conservas, además de ser un generador de empleo.
Entre las dotaciones presupuestarias, Villauriz ha destacado que se ha elevado el de las transferencias de capital, hasta más de 28 millones de euros para poner al día las ayudas que corresponden a ejercicios anteriores.
De ese incremento, 3,05 millones de euros corresponden a ayudas al desarrollo de la nueva Organización Común de Mercados (OCM) para la comercialización de productos pesqueros y que tiene una "gran importancia", que permitirá una mejor planificación del sector pesquero y el fortalecimiento de su cadena de valor.
Los presupuestos recogen una subida de la dotación económica para sufragar eventuales ayudas por paralización temporal, debido a la no renovación de acuerdos pesqueros entre la Unión Europea y terceros países, así como para poder atender los compromisos adquiridos con respecto a las ayudas por paralización definitiva, y para abordar las paradas temporales de la flota dedicadas a mantener un estado biológico satisfactorio los recursos pesqueros, a través del FEMP a comunidades autónomas.

Urbanismo de Lorca cierra tres mezquitas por "deficiencias y obras ilegales"

LORCA.- La Concejalía de Urbanismo de Lorca ha confirmado que tres de las mezquitas abiertas en el municipio disponen de todos los permisos para su apertura y funcionamiento como lugar de culto y reconocido que en los últimos meses ha decretado el cierre de otras tantas por "deficiencias y obras ilegales".

Su titular, Saturnina Martínez, ha respondido así a una pregunta pública del partido Ciudadanos sobre los lugares de culto de confesión musulmana con autorización después de que el partido naranja hubiera recibido información de que la mayoría eran ilegales.
Martínez ha aclarado que el servicio de inspección de urbanismo "ejerce su control de manera permanente y sistemática actuando de oficio y a instancias de denuncias de colectivos vecinales".
Hoy hay un centro de culto de confesión musulmana en la pedanía de Río, otro en el Camino Viejo del Puerto, que permaneció cerrado tras denuncias y reabrió una vez que contó con todas las autorizaciones, y otro en calle Pérez Casas, que también estuvo cerrado hasta que subsanó las deficiencias detectadas.
La normativa aplicable no exige licencia de apertura a estos centros, pero no les exime de disponer de los requisitos técnicos para garantizar la seguridad de las personas.

Bruselas vigila que la importación de cítricos de Sudáfrica cumple la legalidad

BRUSELAS.- La Comisión Europea ha afirmado que seguirá de cerca la evolución de las importaciones de cítricos procedentes de Sudáfrica, enmarcadas en el Acuerdo de Asociación Económica (AAE) con la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional, para detectar posibles perturbaciones en el mercado europeo y responder "adecuadamente".

Según ha informado el PSOE, esta ha sido la respuesta que desde la Comisión se ha dado a dos preguntas de las eurodiputadas socialistas Inmaculada Rodríguez-Piñero y Clara Aguilera en las que se pedían datos de cómo ha variado el volumen de las exportaciones citrícolas españolas y valencianas desde el acuerdo entre octubre y noviembre y si hay previstas posibles medidas.
Rodríguez-Piñero y Aguilera recordaron en su pregunta a la Comisión que el acuerdo con Sudáfrica extendió su periodo de aplicación hasta el 30 de noviembre, "lo que ha provocado que los productores españoles alerten de que las grandes cadenas europeas siguen adquiriendo las variedades tardías de Sudáfrica por sus bajos costes".
Desde Bruselas, el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, ha respondido que el volumen de importaciones de naranjas de Sudáfrica ha aumentado un 5 % entre 2018 y 2017 durante el periodo de fuera de temporada, del 1 de junio al 15 de octubre, pero que se ha reducido un 39 % entre el 16 de octubre y el 30 de noviembre.
En este sentido, ha apuntado también que las naranjas frescas representan solo el 2 % de las importaciones anuales y que ningún otro cítrico se ha visto afectado por la prórroga del periodo de liberalización acordada tras la entrada en vigor del AAE.
Asimismo, ha recordado que el arranque de la campaña citrícola española en otoño de 2018 ha suscitado preocupaciones a los productores "por los retrasos en la maduración de las frutas, la persistencia de temperaturas elevadas en gran parte de Europa y el aumento de los volúmenes de cosecha".
"Sin embargo -ha asegurado Hogan-, la situación del mercado está mejorando gracias a la buena calidad de los cítricos y el aumento del consumo, así como a la buena absorción de las piezas de menor tamaño por parte de la industria transformadora".

'Fitch' sube un escalón la nota de Bankia tras soltar lastre en el ladrillo

MADRID.- Fitch ha decidido elevar un escalón la nota de solvencia que emite sobre Bankia, que ha pasado desde 'BBB-' hasta 'BBB', y ha cambiado la perspectiva de 'positiva' a 'estable', lo que implica que no está previsto realizar un nuevo ajuste del rating en el corto plazo.

La agencia crediticia explica que la mejora de la calificación se produce como consecuencia de la "importante" reducción de activos problemáticos o NPLs (por sus siglas en inglés), lo que se ha traducido en una bajada "notable" de la exposición del capital al 'ladrillo'.
De hecho, considera que el objetivo para 2019 de reducción de activos problemáticos en 2.900 millones de euros, previsto en el Plan Estratégico 2018-2020, "es alcanzable, apoyado en buenas perspectivas para el entorno económico en España y en la trayectoria del banco en la reducción de la morosidad".
Fitch ha destacado que Bankia cuenta con una franquicia "fortalecida" tras la integración con BMN, mantiene un capital robusto post-fusión, y una financiación y liquidez "adecuadas". También ha destacado su "favorable" gestión de integraciones.
Respecto al capital, Fitch indica que Bankia "mantiene colchones de capital satisfactorios sobre los requerimientos regulatorios mínimos". Señala que la ratio CET1 FL a cierre de 2018 (12,6%) compara "bien" con el 9,25% exigido por los requerimientos SREP en términos 'fully loaded'.
La firma también considera que la rentabilidad del banco "está mejorando gradualmente", apoyada en una mayor actividad comercial en los segmentos más rentables de negocio, como son los de consumo y Pymes, y en las comisiones del negocio de activos bajo gestión.
En cualquier caso, ha explicado que el banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri aún debe enfrentarse al reto de equilibrar el mix de negocio y mejorar la rentabilidad, a la que aún le pesa el "suave" crecimiento del crédito neto, un peso "elevado" de hipotecas poco rentables y un tamaño "considerable" de la cartera de la Sareb.
Fitch ha explicado que un potencial alza de la calificación vendría de una mejora de las mediciones de la calidad de los activos, lo que resultaría en una reducción de la vulnerabilidad de su capital a los activos problemáticos, así como a una clara señal de un aumento de la rentabilidad bancaria. 
"Esto debería ir acompañado del mantenimiento de ratios de capital sólidos", ha añadido.
Al contrario, si la calidad de los activos y el capital se deterioran sustancialmente, algo que Fitch actualmente "no prevé, las calificaciones de Bankia podrían rebajarse. De manera similar, un aumento significativo en el apetito al riesgo o un debilitamiento de las ganancias ejercería presión sobre el rating.

Trabajo estudiará la reforma del despido colectivo por causas empresariales para que sea “la última opción”

MADRID.- La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, ha afirmado que su Ministerio estudiará la reforma del despido colectivo por causas empresariales para convertirlo en la última opción y garantizar un “verdadero diálogo” antes de adoptar una medida “drástica” como es el despido. Así, habló de establecer otras medidas que puedan anticipar esta situación o incluso evitarla.

Según Valdeolivas, se van a trabajar en medidas de flexibilidad interna para redefinir las causas, con el objetivo de dar una mayor seguridad jurídica y justificar así “de manera más reforzada” la existencia de una verdadera necesidad empresarial para llevar a cabo un despido.
Concretamente, la secretaria de Estado ha hecho hincapié en que se quiere que la causa del despido sea “más garantista” y que la flexibilidad interna se canalice a través de una interlocución con los agentes sociales y los representantes de los trabajadores.
Así lo ha señalado durante su intervención en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el Senado, donde ha dejado claro que el Gobierno está trabajando para trasladar la recuperación económica al empleo y, sobre todo, al empleo de calidad, porque “todavía no se ha revertido la fuerte precarización laboral”.
Aunque ha señalado que los esfuerzos del Gobierno se van a centrar en los salarios, también ha resaltado que se está trabajando en otras muchas medidas, como que se liguen los salarios al rendimiento y productividad, que haya mayor transparencia salarial para evitar discriminaciones o que se equilibre la flexibilidad en la distribución del tiempo de trabajo.
En esta línea, ha destacado que la normativa en relación con los registros de jornada es una herramienta “indispensable”. 
“No queremos con esto perseguir a las empresas del siglo XXI, lo que queremos es perseguir a las empresas del siglo XIX, que siguen lastrando derechos”, subrayó.
La secretaria de Estado ha resaltado que también se está intentando recuperar el papel de la negociación colectiva “para intentar revertir algunos de los efectos más nocivos que ha producido la reforma de 2012 y subsiguientes”.
“Creemos que el papel del convenio colectivo ha perdido su rol de redistribución de la riqueza y es un elemento al servicio de la unilateralidad empresarial”, ha apuntado. Para el Gobierno, es necesario ir hacia un modelo que permita “la más amplia libertad de los sujetos negociadores con las mínimas trabas legales”.
Por último, la secretaria de Estado ha puesto de relieve que se va a seguir trabajando en todos los objetivos emprendidos hace 7 meses cuando el PSOE llegó al Gobierno, con el foco puesto en el logro de “más y mejor empleo”.
“Hay mucha tarea y es una tarea ambiciosa, porque revertir la creciente precarización de estos últimos años y corregir la brecha en la desigualdad social que ha dejado la crisis económica obliga a recuperar algunos elementos clave de nuestro sistema jurídico laboral y del actual mercado de trabajo, y esta es una actuación que requiere una reforma integral de la política social que compete a nuestro Ministerio”, ha apostillado.

La Unión Europea garantiza las becas Erasmus en caso de un Brexit ‘duro’

BRUSELAS.- Bruselas plantea que los estudiantes británicos que participan en la actualidad en el programa Erasmus+ y los de la UE que hayan elegido el Reino Unido como destino puedan completar su estancia en el país en el que estén si el 29 de marzo se produce un Brexit sin pacto.

“Estas medidas garantizarán que los jóvenes europeos y británicos que estén participando en el programa Erasmus el 30 de marzo podrán completar su estancia sin interrupciones“, ha indicado el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, tras la reunión del Colegio de Comisarios en la que se ha adoptado la propuesta.
Reino Unido dejará de ser miembro de la Unión Europea el próximo 29 de marzo, haya o no acuerdo para una desconexión ordenada, y en ese momento habrá 14.000 jóvenes de la Unión Europea desplazados a Reino Unido –entre alumnos, estudiantes en prácticas y personal educativo– y 7.000 británicos en países de la UE, según los datos ofrecidos por el Ejecutivo comunitario.
Como todas las medidas de contingencia que ha presentado Bruselas en los últimos meses en este caso se trata también de planes “unilaterales”, de carácter “temporal” y con un alcance “limitado”, ha advertido Timmermans.
Fuentes comunitarias han añadido que se trata de una oferta “generosa” para tranquilizar a los estudiantes, sean británicos o del resto de la UE, que no exige reciprocidad” a las autoridades británicas, pero que, como en todos los asuntos que afectan a cuestiones presupuestarias, las partidas se someterán a “controles y auditorías”.
Bruselas también ha propuesto medidas de contingencia que tiene que ver con los sistemas de seguridad social y con el modo de garantizar que los programas europeos de ayudas e investigación siguen teniendo sus partidas cubiertas este 2019.
Así, se pedirá a las autoridades de los Estados miembros que sigan teniendo en cuenta los periodos de seguro, empleo o residencia en Reino Unido antes del Brexit a la hora de calcular prestaciones de la seguridad social, como por ejemplo a la hora de pagar la pensión de jubilación de un ciudadano comunitario.
También se quiere que los beneficiarios en Reino Unido de la financiación de la UE sigan recibiendo pagos en virtud de los contratos vigentes, siempre que Reino Unido siga cumpliendo sus obligaciones financieras con cargo al presupuesto de la UE.

Los ecologistas piden al Gobierno que identifique los pozos ilegales

MADRID.- El partido ecologista Equo y la oenegé Greenpeace han pedido al Gobierno que identifique los pozos ilegales que existen en España y adopte las medidas necesarias para proteger los acuíferos.

 Equo ha presentado una pregunta parlamentaria para conocer la "cifra exacta" de pozos ilegales que existen en España que, según datos "no oficiales del propio Ministerio de Agricultura", podría rondar el millón de perforaciones.
Así lo indica el partido ecologista en un comunicado, en el que recuerda que el último dato público sobre este asunto se remonta a 2006, cuando se calculó la existencia de medio millón de pozos ilegales.
 Equo ha pedido al Gobierno que tome medidas para la clausura de estas perforaciones y el freno de su avance debido a sus "dramáticas" consecuencias, especialmente en lugares como Doñana, donde el impacto de esta práctica ha supuesto "una denuncia de la Unión Europea a España ante el Tribunal de Justicia Europeo", ha explicado el diputado del partido Juantxo López de Uralde.
Otras áreas "especialmente afectadas" por la sobreexplotación de los acuíferos en España son las Islas Canarias, Campo de Dalias (Almería), Sierra de Crevillente (Alicante) o Sierra de Cartagena (Almería, Alicante y Murcia), según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aportados por el partido ecologista.
Por su parte, Greenpeace ha enviado una carta a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la que solicita que se identifiquen y localicen en un mapa todos los pozos ilegales.
El responsable de la campaña de Aguas de esta organización ecologista, Julio Barea, ha explicado que "la extracción ilegal de agua es un delito tipificado en el Código Penal con multas e, incluso, penas de prisión", si bien "la falta de información y de medios para perseguirlo contribuye a la impunidad".
Entre 2013 y 2017, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) recibió 1.146 denuncias por pozos ilegales detectados y solo se cerraron 10, una "cifra irrisoria" a juicio de Greenpeace.
Desde esta oenegé han advertido del peligro de esta práctica en España, el "país más árido de Europa, donde el 75 % del territorio es susceptible de sufrir desertificación".
"Las previsiones de cambio climático para la Península auguran un descenso de la disponibilidad de agua en superficie", ha explicado Barea, quien teme que "ya no tengamos agua en los acuíferos" cuando se necesite debido "al descontrol y desgobierno en la gestión de las aguas subterráneas".

El PP propone en el Senado eliminar el controvertido Impuesto de Sucesiones

MADRID.- El Grupo Parlamentario Popular ha presentado este miércoles una proposición de Ley para eliminar el controvertido Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, recién suprimido en Andalucía, por considerar que supone una doble imposición al gravar rentas y bienes ya sometidos a tributación.

En su propuesta, los populares plantear derogar la ley de 1987 que creó este tributo, que en su opinión penaliza el ahorro e incentiva la deslocalización de patrimonios, y establece una única compensación para las comunidades autónomas, equivalente a la última recaudación que ingresaran por el impuesto.
El PP considera que este impuesto recae principalmente sobre las clases medias que no pueden configurar sus patrimonios para evadir este tributo o acceder a determinadas ventajas fiscales que eliminarían sus efectos.
Así, ve que las clases medias suelen adjudicar por sucesión o donación principalmente bienes inmuebles (su principal vía de ahorro) y éstos ya soportaron en su día las correspondientes cargas fiscales.
"Un mayoritario número de familias se plantean si aceptan o no una herencia, por no poder pagar el tributo ya que en algunas Comunidades puede llegar a ser confiscatorio", aseguran los populares, que apuntan que este impuesto no llega al 1 % de los ingresos tributarios del Estado, por lo que su supresión no reviste un perjuicio "insoportable".

Los militares que cumplen 45 años en 2019 tendrán una plaza pública si superan las pruebas

MADRID.- El subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de la Calle, ha asegurado que todos los militares que tengan que dejar las Fuerzas Armadas durante 2019 por cumplir 45 años podrán obtener una de las plazas públicas reservadas en la Policía, la Guardia Civil, el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) o el Ministerio, siempre que superen las pertinentes pruebas de acceso a las mismas. 
 
Así lo ha garantizado De la Torre durante su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso donde ha dado cuenta de las distintas partidas que tendrá que gestionar su departamento si se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para 2019.
De la Torre ha recalcado que la intención del Ministerio que dirige Margarita Robles es ceñirse al dictamen aprobado en septiembre de 2018 por la subcomisión que se creó en el Congreso para estudiar el régimen profesional de los militares de tropa y marinería.
En este contexto, el subsecretario ha defendido las medidas en beneficio del personal que se tiene que desvincular de las FAS por cumplir 45 años, a los que se denomina "reservistas de especial disponibilidad" y para quienes, ha subrayado, el Gobierno tiene "las máximas atenciones".
Así, ha recordado que en los dos primeros años los miembros de este colectivo podrán hacer cursos de formación dentro del Ejércitoy ha reafirmado el compromiso del ministerio de implementar las disposiciones transitorias que correspondan para que puedan beneficiarse de las esas medidas de apoyo quienes tuvieran que dejar las FAS antes de su puesta en marcha.
En este contexto, ha garantizado que todos los militares que se desvinculen este año tendrán una plaza pública si superan las pruebas de acceso a las mismas. Aunque no ha dado la cifra de personas que estarán en esta situación en los próximos meses, sí ha asegurado que si aprueban podrán hacerse con una de las plazas que se les reservan en la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Servicio de Vigilancia Aduanera y las más de 400 plazas del ministerio de Defensa, tanto en puestos de funcionarios como de personal laboral
"Es firme el compromiso de esta subsecretaría con los programas de formación y apoyo, y de formación para el empleo encaminados a facilitar al personal militar que decide iniciar un proyecto profesional alternativo, complementar las capacidades profesionales adquiridas durante su vida militar con la formación necesaria para su promoción o incorporación al ámbito civil", ha señalado asimismo, el subsecretario.
El portavoz del PP, Jesús Postigo, ha denunciado que el Gobierno no ha previsto asignación presupuestaria para la adecuación salarial de los militares que considera "de justicia y equidad" puesto que, según sus cálculos, los miembros de las Fuerzas Armadas han sufrido una pérdida de ingresos del 28% respecto a los funcionarios y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
"Por aquí no vamos a pasar", ha avisado, recalcando que los militares, como todos los españoles tienen que "pagar la hipoteca".
El subsecretario ha reafirmado el compromiso de su departamento de encontrar una retribución "adecuada y justa" para los militares adecuar las retribuciones. 
"En ello estamos", ha dicho, especificando que se va a hacer un estudio "riguroso y actualizado" sobre los 132.000 puestos que hay en las Fuerzas Armadas para "evaluar el coste de todos ellos" teniendo en cuenta que "no tienen comparación con otros puestos de la función civil".
Tras subrayar que este no es un asunto que se pueda "tomar a la ligera", ha puesto en valor los complementos y las retribuciones en especie a modo de subvenciones para la movilidad de los militares o ayudas sanitarias o a la educación.

PSPV y Compromís alientan el pacto Podemos-EU para no perder Valencia

VALENCIA.- La aparición de los últimos sondeos de intención de voto ha añadido un peldaño más a la incertidumbre sobre la posible reedición de los pactos que sostienen a Compromís y al PSPV en la Generalitat y en muchos de los ayuntamientos valencianos. Y no tanto por sus propios resultados como por los de quienes se han convertido en la muleta para poder gobernar durante los últimos cuatro años: Podemos, recuerda hoy El Mundo. 

Las encuestas dibujan un posible descalabro del partido morado y de las plataformas en las que se integraron en el ámbito municipal hasta el punto de que, en algunos casos, no garantizan que superen la barrera del 5% y, por tanto, accedan de nuevo a las instituciones si concurren en solitario.
En un escenario de bloques con márgenes mínimos (en el Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo, la alianza de Compromís, PSPV y València en Comú, la plataforma de Podemos, supera sólo por un concejal al bloque formado por PP y Ciudadanos a la espera de la irrupción de Vox), los votos del partido encabezado por Pablo Iglesias se antojan claves para poder retener el control de las instituciones de cara a la próxima legislatura. 
En esta tesitura, tanto desde Compromís como desde el PSPV están muy atentos al hipotético pacto que estarían a expensas de firmar Podemos y EU para garantizar, sobre el papel, su entrada en las instituciones.
La negociaciones para formalizar esta alianza, sin embargo, permanecen atascadas y los nervios han empezado a aflorar en Compromís y en el PSPV, al menos en el Ayuntamiento de Valencia, ya que, si Podemos no accede al hemiciclo municipal, la reedición del gobierno de la Nau estaría en serios aprietos. 
 Por ello, desde ambas formaciones han iniciado los contactos con EU para ayudarles a resolver las dificultades por las que está encallando su pacto con el partido morado. De momento, no hay movimientos en ningún sentido, aunque ayer no se descartaba alguna intervención para facilitar el acuerdo.
La alianza en los municipios está supeditada al acuerdo a nivel autonómico, por lo que hasta que no se cierre éste no se podrán formalizar el resto. Además, la situación generada en la Comunidad de Madrid tras la crisis abierta por Íñigo Errejón ha enturbiado aún más las negociaciones. 
En Valencia ciudad, de hecho, el nuevo escenario ha dado alas a EU para poner sobre la mesa un nuevo reparto de la lista por el que podrían reclamar el número tres para poder estampar su firma en el acuerdo electoral. La zozobra que viene de Madrid ha desestabilizado aún más a Podemos y en EU quieren hacer valer su base electoral que, aunque insuficiente en 2015 para encaramarse al hemiciclo del Ayuntamiento de Valencia, sí representa un alto porcentaje de votos.
A nivel autonómico, desde que se levantaron de la mesa las comisiones negociadoras no ha habido avances. Fuentes de Podemos apuntaban que esta semana tendrán que concertar alguna cita para reactivar las negociaciones para la Generalitat. De hecho, en el otro lado, señalan que el tiempo corre y ponen como fecha límite para sellar una entente el 9 de febrero, cuando se ha convocado el Consell Polític Nacional que debe ratificar este tipo de acuerdos. 
Tanto a unos como a otros les ha llegado la preocupación de socialistas y nacionalistas que, en conversaciones informales, les han apresurado para llegar a un acuerdo que evite que se pierdan votos en el bloque de la izquierda.
Con todo, en Podemos no acaban de entender que otros partidos se inmiscuyan en cuestiones internas de otras formaciones y advierten de que lo que piensen terceros no les va a condicionar los acuerdos. Así las cosas, piden paciencia y entienden que se puede llegar a buen puerto.
Al contrario que en Valencia, en el tablero regional, los dos partidos de izquierdas entienden que lo sucedido en Madrid no tiene por qué afectarles pues son organizaciones autónomas. Podemos entiende que, aunque el enfrentamiento entre Errejón e Iglesias le debilita,no hay necesidad de mejorar su oferta a Esquerra Unida.
Por su parte, la marca que lidera Rosa Pérez Garijo no va a jugar esa carta para lograr un acuerdo más beneficioso pues entiende que deben ser responsables y no tensar más la negociación.
La entente no será sencilla, pues amén de los puestos de salida en cada una de las tres listas (Valencia, Alicante yCastellón), encima de la mesa también está un futuro reparto de la representación en las Diputaciones, la distribución de los fondos y la coordinación del grupo parlamentario. EU demanda tener un portavoz adjunto para estar en la Junta de Síndics y poder firmar y presentar iniciativas parlamentarias.
Con todo, en Podemos no acaban de entender que otros partidos se inmiscuyan en cuestiones internas de otras formaciones y advierten de que lo que piensen terceros no les va a condicionar los acuerdos. Así las cosas, piden paciencia y entienden que se puede llegar a buen puerto.
Al contrario que en Valencia, en el tablero regional, los dos partidos de izquierdas entienden que lo sucedido en Madrid no tiene por qué afectarles pues son organizaciones autónomas. Podemos entiende que, aunque el enfrentamiento entre Errejón e Iglesias le debilita, no hay necesidad de mejorar su oferta a Esquerra Unida.
Por su parte, la marca que lidera Rosa Pérez Garijo no va a jugar esa carta para lograr un acuerdo más beneficioso pues entiende que deben ser responsables y no tensar más la negociación.
La entente no será sencilla, pues amén de los puestos de salida en cada una de las tres listas (Valencia, Alicante y Castellón), encima de la mesa también está un futuro reparto de la representación en las Diputaciones, la distribución de los fondos y la coordinación del grupo parlamentario. EU demanda tener un portavoz adjunto para estar en la Junta de Síndics y poder firmar y presentar iniciativas parlamentarias.

Las patrulleras de Hugo Chávez dejan un 'pufo' millonario en 'Navantia'

LA CORUÑA.- Navantia contiene la respiración ante la situación en Venezuela. El macrocontrato de ocho patrulleras encargado en 2006 por el Gobierno entonces dirigido por Hugo Chávez aún colea en la cúpula de la empresa pública. Trece años después de la firma del contrato, el país venezolano todavía tiene pendiente una millonaria devolución de avales a Navantia, revela hoy economiadigital.es.

La empresa participada por la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) dejó 312 millones de euros como fianza por este pedido valorado en 1.246 millones de euros, de las cuales todavía no ha recibido su totalidad. Economía Digital ha contactado con portavoces de la empresa, que admiten que todavía quedan avales por devolver, aunque no detallan su importe.
El único rastro de estas devoluciones se encuentra en las últimas cuentas anuales de la compañía (del año 2017). En ellas figura la cancelación de la fianza de cumplimiento de las cuatro patrulleras de altura por valor de 144,31 millones de euros, así como de la fianza de garantía de calidad del tercero de los cuatro buques de vigilancia litoral (de 3,44 millones de euros).
Los pagos, datados de febrero de 2018, no se produjeron hasta casi seis años después de la entrega del último de estos buques. Fue en abril de 2012 cuando la Armada venezolana recibió el Kariña, cerrando un ciclo de entregas que se había iniciado con el Guaicamacuto en marzo de 2010.
El contrato suscrito entre Navantia y la Armada venezolana establecía que la devolución de los avales estaría ligada al cumplimiento de determinados hitos (botadura, entrega etc.). Además, adjudicaba a los astilleros de Navantia en la Bahía de Cádiz la construcción de los siete primeros buques, dejando para el astillero venezolano Dianca el buque de vigilancia litoral Comandante Eterno Hugo Chávez.
Sobre este último pesa un aval de 39,3 millones de euros más un suplemento de 30,6 millones que no se devolverán en su totalidad hasta que no se produzca una entrega que todavía no tiene fecha en el calendario. Pese a ser botado en el año 2014, la construcción acumula numerosos retrasos que han impedido realizar su entrega en el año 2015, como inicialmente se preveía. 
Las tareas de construcción son supervisadas por seis ingenieros españoles de Navantia que, según avanzó este martes el diario El País, se han visto obligados a regresar temporalmente a España ante la tensa situación que se vive los últimos días en Venezuela.
El macropedido con Venezuela se encuentra también bajo la lupa de la Justicia. La jueza del juzgado de instrucción nº 8 de Madrid, Rosario Espinosa investiga al expresidente de Navantia, Juan Pedro Gómez Jaén, y al exdirector comercial de la empresa pública, Jesús Arce, por las presuntas comisiones de 43 millones de euros pagadas a la firma venezolana Rebazve como parte del contrato.
A los dos exdirectivos de Navantia se les investiga por haber cometido un presunto delito de malversación de caudales públicos por haber aprobado, presuntamente, estas millonarias comisiones.

Los autónomos agrarios o los cooperativistas, entre los exentos de la subida de cuotas de la Seguridad Social

MADRID.- La subida de las cuotas en 5,36 euros al mes -cerca de 64 euros al año- que los autónomos pagan a la Seguridad Social y que entró en vigor el 1 de enero a cambio de mayor protección social no se ha hecho efectiva de forma generalizada a todo el colectivo de los trabajadores por cuenta propia, sino que cotizan en función de condiciones especiales, desvela elEconomista.

Los autónomos pertenecientes al SETA (Sistema Especial de Trabajadores Agrarios), los socios de cooperativas, los trabajadores autónomos que al mismo tiempo son trabajadores por cuenta ajena, así como los religiosos, disfrutan de condiciones especiales a la hora de cotizar en la Seguridad Social según se publicó el 29 de diciembre de 2018, en el Boletín Oficial del Estado, tras la aprobación en Consejo de Ministros del Real Decreto-ley que ampliaba la protección social y mejora del equilibrio financiero de la Seguridad Social.
Durante el año 2019, las cuantías de las bases mínimas de cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos se incrementa en un 1,25% respecto de las vigentes en el año 2018, estableciéndose la cuantía de la base mínima aplicable con carácter general en 944,40 euros mensuales.
Aunque existen excepciones de trabajadores que podrán elegir entre una base mínima y máxima de cotización, y con ello pagarán una cuota diferente a la Seguridad Social como: 

- Para los autónomos afiliados al SETA
Cuando el trabajador haya optado por elegir como base de cotización una base comprendida entre 944,40 euros mensuales y 1.133,40 euros mensuales, el tipo de cotización aplicable para las contingencias comunes será del 18,75%, inferior al 28,30% que se aplica a la cotización por contingencias comunes del resto de trabajadores afiliados al RETA. Si el trabajador cotizara por una base de cotización superior a 1.133,40 euros mensuales, a la cuantía que exceda de esta última le será de aplicación el tipo de cotización del 26,50%. Asimismo, los trabajadores incluidos en este Sistema Especial que no hayan optado por dar cobertura, en el ámbito de protección dispensada, a la totalidad de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, efectuarán una cotización adicional equivalente al 0,10%, aplicado sobre la base de cotización elegida. 
Para los trabajadores que de forma voluntaria se acojan a la cobertura de Cese de Actividad, el tipo de cotización aplicable será el 2,20% mientras que para los trabajadores del RETA esta cotización es del 0,7%. 

- Para los socios de cooperativas
Los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante que hayan quedado incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos tendrán derecho, durante 2019, a una reducción del 50% de la cuota a ingresar. También tendrán derecho a esa reducción los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante que hayan iniciado su actividad y quedado incluidos en el citado régimen especial a partir del 1 de enero de 2009. 

- Para los trabajadores con pluriactividad
Los trabajadores autónomos que, contratados también por cuenta ajena, hayan cotizado en 2019 por contingencias comunes en régimen de pluriactividad por una cuantía igual o superior a 13.822,06 euros tendrán derecho a una devolución del 50% del exceso de cotizaciones por contingencias comunes.
Asimismo, los trabajadores autónomos que pertenezcan a la Iglesia Católica o los autónomos que compatibilicen la jubilación con una actividad por cuenta ajena no se verán afectados por la subida de las cuotas. 
Por su parte, los beneficiarios de la tarifa plana se han visto afectados por una subida desde los 50 a los 60 euros para incluir la cotización por contingencias comunes y profesionales, aunque no incluye la cotización por cese de actividad y formación profesional.
Los trabajadores del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios que se encuentran en situación de inactividad pueden aplazar el ingreso de sus cuotas de los meses de enero a abril de 2019, ambos incluidos, como se desprende de la Resolución de 23 de enero de 2019 publicada en el Boletín Oficial del Estado. El único requisito es que hayan realizado un máximo de 50 jornadas reales en 2018.
Este colectivo puede diferir el plazo reglamentario de ingreso de las cuotas por inactividad de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2019, que deberán ingresarse mensualmente desde el mes de junio a septiembre de 2019, sin recargo o interés alguno. Las solicitudes deberán presentarse ante la Tesorería General de la Seguridad Social antes del 12 de febrero de 2019.
El objetivo de la medida, según informan desde el Ministerio de Trabajo, es "paliar las dificultades que puedan surgir a estos trabajadores en situación de inactividad al haberse incrementado las bases mínimas de cotización en el mismo porcentaje que el Salario Mínimo Interprofesional", como se indica en el Real Decreto 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.
Según el Ministerio de Trabajo, esta resolución facilita que los trabajadores agrarios por cuenta ajena en inactividad puedan ingresar sus cotizaciones cuando sea efectiva la bonificación acordada por el Gobierno e incluida en Real Decreto que se encuentra actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados.

La juez prohíbe a Zaplana salir de la habitación para hacer el ejercicio prescrito por el médico

MADRID.- Los policías que custodian la habitación en la que se encuentra ingresado Eduardo Zaplana en el Hospital La Fe de Valencia han trasmitido al personal sanitario que el ex presidente de la Generalitat tiene terminantemente prohibido salir de su habitación al encontrarse en régimen de aislamiento decretado por la juez. Ni siquiera puede hacerlo para realizar el ejercicio físico que le ha indicado, bajo prescripción médica, el jefe del servicio de Hematología del centro, Guillermo Sanz.

OKDIARIO ha podido saber que hace unos días Eduardo Zaplana salió de su habitación para realizar ejercicio físico, bajo la supervisión del doctor Sanz, que lleva un seguimiento exhaustivo de la evolución de la enfermedad que padece el ex ministro.
Este ejercicio consistía en recorrer el pasillo de la planta del hospital en el que se encuentra ingresado con el objetivo de convertir los cuatro kilos que ha recuperado en masa muscular. El doctor Guillermo Sanz explica a OKDIARIO que “no sirve de nada haber experimentado una mejoría de su estado de salud, si esa grasa recuperada no se convierte en músculo que ayude a reforzar la estructura ósea del paciente y evitar que los huesos se fracturan con facilidad”.
Tal y como adelantó este periódico, el ex ministro ha recuperado en el hospital cuatro de los diez kilos que había perdido desde su ingreso en la prisión de Picassent el pasado 24 de mayo. Esta recuperación se debe al tratamiento del servicio de endocrinología de La Fe, que le está administrando una dieta con suplementos hiperprotéicos, además de recibir “el doble de alimentos que los suministrado a un paciente sin esta deficiencia”.
Tras la negativa recibida a poder andar por los pasillos, el jefe del servicio de Hematología ha solicitado introducir en la habitación, en la que se encuentra Zaplana en régimen de aislamiento, una bicicleta estática para que el ex ministro pueda ejercitar los músculos.
Las mismas fuentes aseguran que esta petición ya ha sido aceptada y se encuentran a la espera de que la empresa de transportes envíe la bicicleta al hospital.

Bankia se aleja de sus objetivos

BARCELONA.- El pasado febrero Bankia presentó su plan estratégico hasta el año 2020. Un plan que, según el presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, van cumpliendo, ya que aseguran que están "en buena línea". Sin embargo no todos los objetivos van igual de bien encaminados, según Economía Digital.

De hecho, Goirigolzarri tiene presentes las variables externas, que, asegura, no pueden controlar. Con esto se refiere al retraso del incremento de los tipos de interés, el menor crecimiento del crédito previsto y la evolución negativa del mercado de fondos.
En cuanto a la subida de los tipos de interés, que se esperaba para después del verano, el Banco Central Europeo (BCE) anunció la semana pasada que los mantendrá al 0% hasta finales de 2020. Los bajos tipos afectan especialmente a aquellas entidades que dependen más del negocio bancario básico y gran parte del negocio de Bankia se sostiene con las hipotecas.
"Sí creo que en los próximos meses tendremos algún tipo de subida o mejora de condiciones de los tipos de interés. Aunque nos haría mucha ilusión que subiera, no solo del BCE, sino del mercado", explica Goirigolzarri.
En caso de darse esta subida, augura que "afectará a las cuentas de 2020 y no a las de 2019". En el plan estratégico de Bankia se contaba con este aumento y por tanto parte de su plan se basaba en ella.
Así, el principal enemigo de Bankia es el estancamiento de los tipos de interés, que impacta negativamente en los márgenes y, por ende, en el beneficio de la entidad.
Entre los objetivos que se marcaba Bankia a tres años, uno de los que parece ir más desencaminado es el beneficio atribuido, cuyo objetivo para 2020 se marca en 1.300 millones de euros. Sin embargo, pasa de los 816 millones registrados en 2017 a los 788 millones en 2018, una caída del 3,5%.
Lo mismo ocurre con el margen de intereses, que también se reduce respecto a 2017. En 2018 se sitúa en 2.050 millones de euros frente a los 2.267 millones del año anterior. El objetivo del plan estratégico es llegar a los 2.900. Esto supone que en dos años deben conseguir 850 millones de euros más.
En cuanto a las hipotecas, tienen la intención de llegar a una cuota del 10,8%. En 2018 se situaron en el 8,1% (7,3% en 2017). Goirigolzarri descarta que vaya a haber una burbuja inmobiliaria y explica que en el pico se llegaron a firmar 1,3 millones hipotecas en el pico inmobiliario y el año pasado se cerró con la firma 340.000 préstamos.
En cuanto a los créditos al consumo, pasan del 5,5% de 2017 al 5,56% en 2018, mientras que el objetivo es el 6,6%. Elevar los créditos al consumo es un riesgo, ya que en España, la morosidad de este tipo de préstamos está elevándose, lo que además hace que su coste sea superior en el 60% respecto a la UE.
La Comisión Europea, el Banco de España y el Fondo Monetario Internacional (FMI) piden a la banca que sean más estrictos a la hora de concederlos. 
Los fondos de inversión se quedan a 0,65 puntos porcentuales de los objetivos, tras haber aumentado solo el 0,15 puntos en un año. Así, pasa del 6,4% al 6,55%, cuando el objetivo se sitúa en el 7,2% para 2020.
En cuanto a la reducción de los activos improductivos adjudicados y dudosos o NPA, la entidad presume de duplicar el objetivo anual, aunque lo cierto es que se sitúa en el 10,9%, muy lejos de la cuota por debajo del 6% que esperan conseguir en 2020.
No obstante, cumplen con los objetivos de gestión. Así, van bien encaminados en la evolución del negocio con el crecimiento del crédito a empresas, que pasa de la cuota del 6,9% al 7,26% en 2018. El objetivo fijado para 2020 es del 7,26%. También consiguen reducir el gasto.
Bankia obtuvo un beneficio atribuido de 703 millones de euros en 2018, lo que supone un incremento del 39,2% respecto a 2017.
Esto se debe a la fusión con BMN, que en 2017 castigó el resultado con una caída del 37,3%, mientras que en 2018 impulsa el beneficio contribuyendo al incremento de los ingresos.

Preocupación en el PP por la "bunkerización" de Casado

MADRID.- Ni el Gobierno de Andalucía, ni la convención del PP han calmado el partido como se esperaba. La convención era el primer gran acto orgánico de Pablo Casado como presidente de los populares tras su elección en julio.

Poco más de una semana después del evento celebrado en Madrid, hay sectores del PP que advierten con preocupación que Casado sigue alejado de las estructuras del partido. No atiende a nadie, según Voz Pópuli.
"Sólo escucha a Aznar, Pizarro y Aguirre", dicen fuentes consultadas por Vozpópuli, que incluyen en ese búnker a los secretarios General y de Organización del PP, Teodoro García Egea y Javier Maroto.
Estas fuentes recuerdan cómo durante el discurso del presidente del Senado y del PP de Madrid, Pío García Escudero, los asistentes aplaudieron mucho más la mención a Mariano Rajoy que a José María Aznar, que estaba presente. 
"Las 2.000 personas que había en la convención son políticos", recuerdan. "Por algo será ese reconocimiento".
Hay corrientes en un PP todavía tocado por el proceso sucesorio de Rajoy tras la moción de censura que ven a Casado "nervioso" con el ascenso de Vox. Y consideran que las recetas de Aznar para frenar este fenómeno están "desfasadas".
"No hay nada que suene a nuevo. Todo es conocido y no coincide con los tiempos actuales", dicen estas fuentes. "A Aguirre ya la conocemos y todo lo que toca...", añaden en referencia a los casos de corrupción que han castigado al PP de Madrid.
El riesgo, aseguran, es que Vox se convierta en el voto de referencia de la derecha, mientras el centro se lo queda Ciudadanos. Casado ha trasladado el mensaje de que su liderazgo es el regreso del "PP verdadero".
"El problema no es si hay o no guiños a Vox, es que cunde una idea de nerviosismo que ahora es difícil de parar", explican. "Y aparece ahora Aznar pidiendo el voto para el PP con todo lo que ha dicho y hecho y lo difícil que es estar en un partido como este".
Desde la convención, y en línea con el mensaje de Aznar, Casado ha reivindicado al PP como la casa común del centro derecha. Y ha pedido a los votantes que no busquen fuera del PP al PP. El presidente popular advirtió además de que lo que no se gane en las urnas se puede perder en los pactos.