Pese a su situación y al citado informe, la jueza
Rodríguez, que le mantiene en prisión preventiva desde hace siete meses,
está presionando a los médicos que le atienden para que le den el alta cuanto antes y así poder devolverlo a la cárcel, según pudo saber El Español de fuentes cercanas al caso.
Zaplana se reclamaba "inocente" de los cargos que se le
imputan "por el convencimiento absoluto de no ser responsable de los
hechos de los que se me acusa en el auto judicial" que produjo su
detención.
A esto hay que sumar lo ocurrido en Nochebuena. El
cardenal Antonio Cañizares quiso hacer una visita al también
expresidente de la Comunidad Valenciana el 24 de diciembre, pero no pudo
entrar. La instructora no permite visita alguna, ni siquiera de esta
índole. Dos días antes, la mujer de Zaplana emitió un comunicado por el
mismo motivo: "No sólo está privado de libertad sino, además, incomunicado".
Las tres parcelas en primera línea de playa que mantienen a Zaplana en prisión
Eduardo Zaplana lucha ahora para conseguir que la titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia, Isabel Rodríguez,
le permita recuperarse en su casa de la grave leucemia que sufre desde 2015, pero juegan en su contra los indicios de blanqueo acumulados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desde que fue detenido el pasado 22 de mayo en la llamada
operación Erial.
Uno de los movimientos de dinero reconstruidos por los investigadores
vincula al expresidente de la Comunidad Valenciana (1995-2002) y
exministro de Trabajo (2002-2004) con 2.111 metros cuadrados de suelo
urbanizable en la costa mediterránea, dentro del término municipal de Villajoyosa (Alicante), a apenas 15 kilómetros de Benidorm, el enclave donde arrancó su meteórica carrera política, recuerda hoy
El Confidencial.
El suelo, que se divide en tres parcelas reservadas para la construcción de viviendas y hoteles, tiene un valor aproximado de 2,2 millones de euros.
En realidad, nunca ha estado a nombre de Zaplana.
Los expertos en
delitos contra la Administración del Instituto Armado han llegado hasta
él siguiendo el rastro de uno de sus presuntos testaferros, Joaquín Miguel Barceló Llorens, alias Pachano, un amigo de la infancia que está acusado de haber ejercido un papel clave en la repatriación de los 10,5 millones de euros que supuestamente recibió el exdirigente del PP del empresario Vicente Cotino por
el amaño de adjudicaciones públicas y que habrían permanecido ocultos
en el extranjero durante casi dos décadas, según mantiene la jueza.
La
operativa que se esconde tras los terrenos y los avances que se han
producido en esta línea de investigación rebajan las opciones de Zaplana
de quedar en libertad, pese a su delicada salud.
Oficialmente, las tres
parcelas figuran en el registro de la propiedad a nombre de la
mercantil Gesdesarrollos Integrales SL, que adquirió el suelo entre 2008 y 2014. A su vez, Gesdesarrollos Integrales SL está controlada por otra mercantil, Medlevante SL, que fue constituida en 2005.
Los
investigadores sostienen que, inicialmente, las acciones de Medlevante,
y por tanto las parcelas, eran propiedad de Vicente Cotino. Sin
embargo, en torno a 2009, la titularidad del suelo pasó a manos de
Joaquín Barceló mediante una operación mercantil ejecutada a miles de
kilómetros de distancia de Villajoyosa.
Según fuentes cercanas a las
pesquisas, el supuesto testaferro de Zaplana tomó el control de
Medlevante entrando en su capital con dos firmas 'offshore', Nysleny SA y Disfey SA, desconocidas hasta ahora.
Como adelantó El Confidencial, ambas sociedades instrumentales habían sido creadas previamente en Uruguay por Fernando Belhot,
el abogado con el que Zaplana se asoció para vender en España productos
químicos para la depuración de aguas y, también, con el que fue
captado por la UCO en numerosas ocasiones durante los seguimientos y escuchas de la
operación Erial.
Comisión judicial a Uruguay
Hace
dos semanas, la jueza, el fiscal y la UCO viajaron a Uruguay para
registrar la vivienda de Belhot en busca de documentación sobre Nysleny
SA y Disfey SA. También aprovecharon para incautarse de pruebas sobre
tres mercantiles domiciliadas en una zona franca de Montevideo, Zonamérica,
que habían tenido como administrador hasta 2014 a Vicente Cotino y que
la investigación implica igualmente en la presunta red societaria tejida
por Zaplana para esconder el dinero de las comisiones lejos del alcance
de la Justicia española. Se trata de las sociedades Milbet SA, Parlawa SA y Vecanwell SA.
La jueza ya había acordado el pasado junio el decomiso de los
terrenos de
Gesdesarrollos Integrales SL ante la sospecha de que
pertenecieran al expresidente valenciano, pero consideró necesario
desplazarse a Uruguay para atar esa parte de la instrucción.
Las últimas
pesquisas habrían permitido ahora cerrar el círculo del cohecho en
torno a estos activos al demostrar indiciariamente que el suelo pasó de
Cotino a Zaplana mediante las mercatiles offshore de Barceló.
Una de las parcelas tiene una extensión de 424 metros cuadrados
y está catalogada como “reserva de aprovechamiento urbanístico
subjetivo”, según consta en el registro de la propiedad. La segunda
abarca 700 metros cuadrados y tiene asignado un uso residencial-terciario. La última mide 987 metros cuadrados y está emplazada en un área destinada a la construcción de equipamientos hoteleros.
Las tres se ubican en la zona de Poble Nou o
Les Puntes del Moro,
en primera línea de playa. Se trata de una de las pocas zonas que
quedan por desarrollar en las inmediaciones del núcleo urbano. Su
planificación se produjo en pleno 'boom' y cuando estaba al frente del
ayuntamiento un regidor del PP.
No
son las únicas propiedades vinculadas presuntamente a Zaplana que
fueron bloqueadas por la jueza para evitar su posible venta. Según
consta en la documentación a la que ha tenido acceso este diario, entre
los bienes decomisados figuran cuatro viviendas en Alicante, dos
apartamentos en la playa de Altea, un chalé y siete casas en Benidorm,
pisos en Jumilla y Águilas, en Murcia, y un apartamento en Isla Cristina, en Huelva, además de una decena de plazas de garaje y un suelo rústico.
La
defensa de Zaplana ha pedido hasta en cinco ocasiones su libertad
subrayando que su estancia en la cárcel está afectando gravemente a la
evolución de su leucemia. El exministro de Trabajo ha experimentado un
nuevo bache por el rechazo de su cuerpo al trasplante de médula ósea al
que fue sometido para tratarle sus problemas linfáticos, una afección
conocida como enfermedad de injerto contra huésped.
Como
consecuencia, se encuentra muy débil, ha perdido peso y la pigmentación
de su piel ha adquirido un color morado. La jueza autorizó la semana
pasada
su ingreso en el Hospital de La Fe, pero sobre el exdirigente pende la amenaza de la vuelta inmediata a la prisión de Picassent,
donde permanece desde hace más de seis meses.
La instructora mantiene
que, pese a la enfermedad, aún persiste el riesgo de fuga por los
supuestos activos que Zaplana podría seguir controlando desde el
extranjero, como habría ocurrido con los terrenos de Villajoyosa.
La Audiencia Provincial de Valencia
está avalando hasta ahora las decisiones de la jueza. Este mismo
jueves, sin ir más lejos, esa instancia ratificó un auto anterior de la
instructora en el que esta rechazaba la excarcelación de Joaquín
Barceló. El supuesto testaferro de Zaplana también deberá seguir en
prisión.
