
(Se puede leer su última entrevista en: http://murciaconfidencial.blogspot.com/2008/09/garca-violas-entre-mis-compaeros-del-no.html)
murciaconfidencial@gmail.com / "La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio" (Cicerón) "Toda verdad pasa por tres fases: primero, es ridiculizada. Segundo, se le oponen violentamente. Y tercero, es aceptada como auto-evidente." (Schopenhauer) * Newsletter de opinión e influencia, sin ánimo de lucro ni subvencionado con dinero público o privado, fundado en enero de 1984 por Francisco Poveda, periodista profesional licenciado en la Universidad Complutense desde 1976.
El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, calificó de "simplista" y "distante de la realidad" la actitud del Gobierno de escudarse en el parón inmobiliario para justificar el desplome de la recaudación total por IVA de más de 23.000 millones de euros registrada entre 2007 y 2009.
Según el informe de Gestha, en el año 2007, momento en el que se registró el mayor número de compraventa de viviendas nuevas en la historia, los ingresos por IVA fruto de estas operaciones ascendieron a 5.219 millones de euros, lo que supuso el 8,3% del total de lo recaudado por este tributo.
En 2009, con el desplome del sector inmobiliario, los ingresos por IVA asociados a la compraventa de viviendas cayeron hasta los 2.976 millones de euros, lo que supuso una pérdida de 2.243 millones en dos años, es decir, menos del 2% del déficit público correspondiente a dicho año.
La calificadora de riesgos considera que el "Acuerdo marco sobre sostenibilidad de las finanzas Públicas" ayudará a las CC.AA. en la consolidación fiscal mediante recortes de gastos y una supervisión más estricta de los objetivos financieros.
Asimismo, la agencia destaca el compromiso de las regiones para destinar el ahorro derivado de las medidas de austeridad del Gobierno a cumplir los objetivos fiscales en vez de invertir en otras áreas.
En este sentido, S&P señala que dicho acuerdo cuenta con objetivos presupuestarios más ambiciosos que los contemplados en el plan de estabilidad para España, enviado por el Gobierno a Bruselas en enero de 2010, al pretender reducir el déficit presupuestario de las comunidades en 12.600 millones de euros adicionales entre 2010 y 2013.
Además, para vigilar más de cerca el endeudamiento, el Gobierno central autorizará el recurso a la deuda mediante un proceso gradual, que sólo será autorizado si la región demuestra que cumple los objetivos fiscales acordados.
"Pensamos que el acuerdo refleja un cambio significativo de actitud por parte de los gobiernos regionales (...) A diferencia de intentos anteriores, este acuerdo recibió la aprobación unánime por parte del Consejo de Política Fiscal y Financiero", destaca la agencia, que sugiere que los gobiernos regionales han comprendido los desafíos impuestos por la consolidación fiscal y la necesidad de una mejor coordinación con el Gobierno central.
No obstante, S&P advierte de que estos esfuerzos de consolidación fiscal resultarán positivos para la solvencia de las regiones, aunque advierte de que existen desafíos para cumplir los objetivos, como la rigidez de los gastos operativos, la tentación de mantener el gasto en inversiones y la posibilidad de que los ingresos no cumplan las expectativas.
Así, la agencia señala que los gastos operativos de las regiones han crecido un 9% de media desde 2003 y apunta que la voluntad de recorte del gasto por parte de las CC.AA. quedará reflejado al cierre del presente ejercicio y en los presupuestos de 2011.
En una reunión mantenida hoy en la sede del Ministerio de Fomento, las asociaciones acordaron por unanimidad transmitir al Gobierno su "más enérgica oposición" a cualquier incremento de la fiscalidad que soporta el sector de transporte por carretera y, en concreto, en lo que se refiere al proyecto que está estudiando el gabinete dirigido por José Blanco de exigir a los transportistas una tasa por cada kilómetro recorrido en las actuales autovías y carreteras libres de pago, informó la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer).
En concreto, la asociación estimó que la recaudación obtenida de los transportistas por este tributo superaría los 2.000 millones de euros anuales.
A juicio de la institución gobernada por Miguel Angel Fernández Ordóñez, los tres procesos cumplen los criterios de solidez y racionalidad económica que se han de exigir a este tipo de operaciones.
Una vez obtenida la aprobación por parte de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, los tres proyectos de integración han sido examinados y aprobados a su vez por la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ya que en los tres casos se requiere la aportación de ayudas públicas con el fin de reforzar los recursos propios de las entidades resultantes.
Así, el SIP que lideran Caja Madrid y Bancaja incluye la suscripción por parte del FROB de participaciones preferentes convertibles por valor de 4.465 millones de euros, mientras que el SIP encabezado por CAM y Cajastur requerirá también la suscripción de 1.493 millones en preferentes convertibles. Por su parte, la fusión de las cajas gallegas precisará también la suscripción de 1.162 millones en preferentes. En conjunto, los tres procesos apelarán al FROB por 7.120 millones de euros.
Las condiciones de las tres operaciones se comunicarán "inmediatamente" al a Comisión Europea, y serán notificadas al Ministerio de Economía y Hacienda. Los tres procesos de integración deberán ahora ser ratificados por las respectivas asambleas generales de cada una de las entidades y obtener las autorizaciones pertinentes.
Según informó el Banco de España en un comunicado, la reestructuración del sector de cajas de ahorros se está articulando a través de 12 procesos de integración en los que participan 38 de las 45 cajas españolas, de los que siete se han planteado con petición de ayudas al FROB por importe total de 10.189 millones de euros, y otros cinco se abordan sin ayudas públicas.
El Banco de España aprobó el pasado 25 de marzo las dos primeras fusiones de las cajas catalanas, la de Caixa Manlleu, Sabadell y Terrasa, y la de Caixa Catalunya, Manresa y Tarragona, así como la integración de Caja Duero y Caja España.
"CajaGranada tiene que tomar una decisión en su momento sobre este proceso" con la libertad que tienen sus órganos de gobierno, indicó el consejero de Economía.
Preguntado sobre si una gran caja andaluza puede tener tal consideración sin CajaGranada, Ávila recalcó que se está hablando de un reforzamiento del sistema financiero andaluz a partir de las dos grandes cajas que por dimensión hay ahora en Andalucía y que no están inmersas en ningún proceso de integración, apuntando que el Gobierno valora que el conjunto de partidos políticos estén "conformes" con que se produzca un pronunciamiento por parte de los órganos de gobierno de dichas entidades "en un sentido de integración".
En rueda de prensa, Arenas indicó que entre las coincidencias con el presidente de la Junta se encuentran que las cajas queden fuera de la "batalla político-partidista", la necesidad de que Andalucía cuente con entidades financieras "sólidas y solventes"; la despolitización de las cajas; que los procesos de fusión estén acompañados del "consenso social", y que desde la política no se dirijan a los consejos de administración, mostrándose siempre un "escrupuloso respeto" a cada una de las decisiones adoptadas.
El vicesecretario general del PSOE-A, Rafael Velasco, manifestó en la rueda de prensa posterior a su reunión con el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que "lo fundamental" en estos momentos es la fusión entre Unicaja y CajaSol y una oferta conjunta por CajaSur, de manera que esta entidad pueda seguir vinculada a la comunidad.
"Eso es una gran caja", sentenció el dirigente socialista, para quien, sin duda, se trataría de consolidar el sistema financiero andaluz y dar un paso de gigante para la recuperación económica.
Rafael Velasco expresó que a su partido le "encantaría", si así lo estimara el consejo de administración de CajaGranada, que dicha entidad estuviera también en ese proyecto, si bien insistió en que sus órganos de gobierno son los que tienen que sopesarlo y tomar una decisión.
Recalcó que, por parte de CajaGranada, ya ha habido unos pasos (en referencia a su proceso con entidades de fuera de la comunidad) que no se pueden obviar, pero apuntó que tampoco son "irreversibles", pero "condicionan".
De ahí, según añadió, que el consejo de administración tenga que adoptar una decisión, que los socialistas respetarán. "¿Eso es fundamental para la gran caja de Andalucía?. No lo es", sentenció Rafael Velasco.
Los órganos de gobierno de la entidad granadina, según recalcó el número dos del PSOE-A, son los que tendrán que decidir si quieren seguir con el camino ya emprendido o "si tienen a bien incorporarse a la posibilidad andaluza". Insistió en que los socialistas respetarán lo que decidan dichos órganos acerca de lo que es mejor para la entidad.
"CajaGranada va a tener una opción y seremos sumamente respetuosos con lo que decidan sus órganos de gobierno", recalcó el dirigente socialista.
De otro lado, en referencia a una posible oferta conjunta de CajaSol y Unicaja, Rafael Velasco manifestó que no tiene dudas de que se están "dando pasos" en ese sentido.
El presidente de esta compañía, Antonio Brufau, ha acompañado al ministro en su visita a las instalaciones y en el recorrido por la zona donde se realizan las obras, que permitirán que la refinería cartagenera pueda duplicar su capacidad de producción y alcanzar los 11 millones de toneladas anuales, es decir los 220.000 barriles diarios, de las que la mitad serán gasóleos.
El ministro ha podido comprobar el desarrollo de las obras, que, según Repsol, llevan el ritmo previsto con 10 millones de horas trabajadas y en la actualidad con más de 5.000 personas dedicadas a la construcción de nuevas unidades, a las que hay que sumar otro millar de personas destinadas a las ingenierías y otras 300 en talleres de prefabricación.
Repsol ha informado a Miguel Sebastián que lo previsto es que este proyecto, que representa la mayor inversión industrial realizada en la historia de España, se ponga en marcha en la segunda mitad de 2011.
Este proyecto supone una inversión de 3.200 millones de euros, y permitirá mejorar la balanza comercial de España reduciendo considerablemente la importación de combustibles de automoción, fundamentalmente gasóleos. Con la ampliación, la refinería de Cartagena duplicará su capacidad de producción hasta alcanzar los 11 millones de toneladas anuales (220.000 barriles al día), el 50 por ciento de las cuales serán destilados medios, sobre todo gasóleos, según informaron fuentes de la compañía. Las nuevas instalaciones permitirán la producción de combustibles limpios para el transporte, impulsando el uso de biocarburantes (biodiesel), y maximizarán la eficiencia energética en el proceso de producción. Con la puesta en marcha de las nuevas unidades, la refinería de Cartagena se convertirá en una de las más modernas y con mayor capacidad de conversión del mundo. Sebastián pudo comprobar el desarrollo de las obras de ampliación, que siguen el programa previsto, habiendo superado los 10 millones de horas trabajadas. En la actualidad, más de 5.000 personas trabajan en la construcción de las nuevas unidades, a las que hay que sumar 1.000 en ingenierías y 300 en talleres de prefabricación de la zona.
Hernández, quien fue elegido alcalde en 1999 y gobernó durante las dos legislaturas posteriores, es decir, durante ocho años, ha sido detenido junto a Santiago Martínez Esparza así como J.V.N.A. y A.J.S.R., en el marco de un procedimiento abierto por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias y malversación, entre otros.
Igualmente, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, esta mañana se practicaron siete registros en domicilios particulares y profesionales de los detenidos en Murcia, Cartagena y San Javier.
El ex-edil José Hernández, del PP, y el promotor inmobiliario Martínez Esparza ya declararon como imputados en 2006 ante el fiscal encargado de delitos urbanísticos, Juan Pablo Lozano, tras la denuncia interpuesta por el Grupo Independiente de San Javier, entre otros asuntos, por un convenio firmado entre ambos para la cesión de unos terrenos del promotor, donde estaba prevista la construcción del hospital comarcal del Mar Menor, a cambio de "aprovechamiento" urbanístico.
La actual alcaldesa de San Javier, la socialista Pepa García, quien se encuentra fuera del municipio, reconoció no tener información oficial de las detenciones, y confirmó que las dependencias del Ayuntamiento no han sido objeto de ningún registro, de momento.
Este procedimiento se inició en 2008, tras una querella de la Fiscalía y ya se produjeron, también, seis detenciones en diciembre de ese año, entre ellas el arquitecto municipal de San Javier, Miguel Botella; y su homólogo de Fuente Álamo, José Mariano Sánchez, debido a supuestos delitos fiscales y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.
Los arrestos, que se produjeron de forma paralela a los registros de dependencias de los ayuntamientos de San Javier y Fuente Álamo, fueron ordenadas por el Juzgado de Instrucción nº 1 de San Javier y respondían a unas diligencias abiertas en enero de 2008 en el marco de la denominada operación 'Valhalla'.
Los arquitectos municipales de los ayuntamientos de San Javier y Fuente Álamo eran socios de un estudio de arquitectura, denominado Gruparq 3 S.L., ubicado en San Pedro del Pinatar y fueron detenidos por sus trabajos dentro de este despacho, según confirmó entonces la alcaldesa de San Javier, Pepa García.
El tercer detenido en aquella ocasión, Juan Pedro Sánchez, era también socio de la empresa y familiar directo de José Mariano Sánchez Martini, arquitecto municipal del Ayuntamiento de Fuente Álamo, mientras que los otros dos detenidos eran las esposas de los tres arquitectos, María Teresa Fernández, Isabel Valderrey y María Ángeles Espeso.
La jueza, que investigaba presuntos delitos contra la Hacienda Pública, falsificación de documentos, blanqueo de capitales, cohecho y asociaciones ilícitas, acordó dejar en libertad a las tres mujeres, mientras que decretó libertad con cargos para los tres arquitectos.
Al parecer, la detención del ex alcalde del PP de San Javier, José Hernández, efectuada hoy por la Guardia Civil, también está relacionada con aquella otra investigación del fiscal delegado de Delitos Urbanísticos y Medio Ambientales de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano.
En diciembre de 2006, el fiscal tomó declaración a Hernández como imputado por una presunta irregularidad en la cesión de un solar para la construcción del futuro Hospital Comarcal del Mar Menor.
En concreto, el fiscal investigaba si el alcalde, por aquel entonces, dispensó trato de favor al propietario de Urdemasa, Santiago Martínez Esparza --detenido hoy por la Benemérita-- cuando firmaron el convenio de cesión de terrenos para la construcción de un nuevo Hospital Comarcal, tal y como denunció el Grupo Independiente de San Javier en su día.
Con motivo de esa investigación y de cara a las elecciones municipales de 2007, el PSOE de San Javier reprochó a Hernández su vinculación con esta empresa adjudicataria, y criticó que él mismo "reconoció" esta relación. Así, recordaban que Urdemasa había sido "adjudicataria única de obras tan importantes como el Ayuntamiento, la Biblioteca o el Aparcamiento, entre otras".
En aquel momento, el PSOE consideraba que "la cesión de la parcela del hospital no era 'tan gratis' como se dijo, sino que llevaba el compromiso de la recalificación de tres millones de metros cuadrados".
Esta investigación también le valió a Hernández críticas del coordinador regional de IU y entonces candidato de IU+LV a la presidencia de la Comunidad Autónoma, José Antonio Pujante, quien tildó de "inadmisible" que se presentara como candidato a la Alcaldía, ya que había, a su juicio, indicios "más que suficientes que indicaban la situación de amistad con el dueño de Urdemasa".
Sin embargo, en las elecciones municipales de 2007, Hernández volvió a presentarse como candidato por el PP de San Javier, aunque su partido obtuvo sólo nueve escaños, por lo que perdió la mayoría absoluta de 11 escaños que había mantenido desde 2003.
Hernández fue relevado en el cargo por la actual alcaldesa del municipio, Pepa García, gracias a la coalición que formó su partido, el PSOE, con siete escaños, el CDL con un escaño y el Grupo Independiente con cuatro escaños.
El primer edil de San Javier, José Hernández, fue investigado por su propio partido, según anunció el secretario general y alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, después de conocerse nuevas conexiones societarias entre él, su concejala de Urbanismo, Eva María Pérez, familiares de ésta y algún funcionario con las constructoras Peinsa, de Juan Gracia, y Urdemasa, Santiago Martínez Esparza.
Ya en abril, al conocerse esas relaciones del alcalde con Peinsa y Urdemasa en el proyecto Nueva Valencia al Mar, en la capital del Turia, el mismísimo presidente regional del PP y de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, le solicitó un informe sobre sus actividades empresariales, al tiempo que la Fiscalía del TSJ de Murcia abría diligencias sobre el asunto en mayo de 2006.
Sin embargo, en febrero de 2007 el comité electoral regional del Partido Popular designó a José Hernández como candidato a la alcaldía de San Javier en las elecciones del 27 de mayo, cerrando así las especulaciones sobre su continuidad o no en el cargo tras conocerse sus relaciones societarias con dos empresarios que realizan importantes obras en el municipio: Santiago Martínez Esparza (Urdemasa) y Juan Gracia (Peinsa).
El alcalde de San Javier ya estaba siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, que trataba de averiguar si había existido un presunto trato de favor del primer edil a los empresarios con los que ha compartido sociedades, tal y como denuncian el PSOE y del Grupo Independiente de San Javier. La dirección regional del PP llevó a cabo en 2006 la citada investigación interna sobre la gestión de José Hernández, en la que se concluyó que la actuación del entonces regidor había sido totalmente legal.
El propio alcalde compareció dos semanas antes frente a los medios de comunicación para informar de que todas las denuncias presentadas hasta el momento contra él en los juzgados habían sido archivadas por los jueces.
Comunicado del PPRM
El PP de la Región de Murcia afirmó hoy, a través de un comunicado, que ex alcalde de San Javier, José Hernández, "no ostenta ninguna responsabilidad ni orgánica ni pública en representación del partido".
Fuentes 'populares' expresaron su respeto a la Justicia y a las decisiones judiciales, al tiempo que dijo esperar que el ex regidor de dicha localidad "pueda demostrar su inocencia como un ciudadano más en los derechos que consagra la Constitución Española".