lunes, 29 de noviembre de 2021

Solo la Región de Murcia mantenía déficit público en septiembre, apenas un 0,13 % del PIB


MADRID.- Todas las comunidades autónomas cerraron con superávit el mes de septiembre excepto la Región de Murcia, que de todas formas redujo su déficit hasta los 42 millones de euros, apenas un 0,13 % del PIB regional, de acuerdo con los datos difundidos este lunes por el Ministerio de Hacienda.

Las comunidades autónomas en su conjunto cerraron septiembre con un superávit de 9.238 millones, equivalentes al 0,76 % del PIB, cuando un año antes registraban un saldo positivo muy inferior, de 1.608 millones, el 0,16 % del PIB.

Hace un año eran cuatro las comunidades con déficit: País Vasco, con 1.153 millones, un 1,72 % del PIB; Navarra, con 309 millones, un 1,63 % del PIB; la Comunidad Valenciana, con 219 millones, un 0,21 %; y Murcia, con 112 millones, un 0,38 % del PIB.

La situación ha mejorado en todas las comunidades salvo Aragón, que ha pasado de un superávit de 193 millones, el 0,56 % del PIB, a 134 millones, el 0,36 % del PIB.

En septiembre, el mayor superávit en términos absolutos correspondía a Andalucía, con 2.253 millones de euros; por delante de Canarias, con 1.703 millones; y Cataluña, con 1.263 millones.

En porcentaje del PIB, Canarias estaba a la cabeza, con un 3,72 %; seguida de Asturias, con un 1,55 %; y Andalucía, con un 1,40 %.

El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, el superávit o déficit en los meses de septiembre de 2020 y 2021 y el % que esa cantidad representa sobre el PIB regional

Septiembre 2020 Septiembre 2021

Millones € % PIB Millones € % PIB

Andalucía 464 0,31 2.253 1,40

Aragón 193 0,56 134 0,36

Asturias 271 1,27 357 1,55

Baleares 231 0,76 425 1,29

Canarias 572 1,35 1.703 3,72

Cantabria 112 0,88 153 1,11

C.-La Mancha 76 0,20 307 0,74

C. y León 262 0,49 442 0,76

Cataluña 593 0,28 1.263 0,55

C. Valenciana -219 -0,21 300 0,27

Extremadura 94 0,50 180 0,90

Galicia 324 0,56 400 0,64

Madrid 60 0,03 958 0,41

Murcia -112 -0,38 -42 -0,13

Navarra -309 -1,63 96 0,47

País Vasco -1.153 -1,72 221 0,31

Rioja, La 149 1,86 88 1,02

Total CCAA 1.608 0,14 9.238 0,76

A juicio tres ex altos cargos de Agricultura y la CHS por presunta prevaricación ambiental más 38 empresas agrícolas por vertidos al Mar Menor


MURCIA.- El magistrado titular del juzgado de Instrucción nº 2 de Murcia, tras concluir las diligencias de investigación de la primera pieza del denominado caso Topillo aprecia indicios de delito medioambiental contra empresarios, administradores o encargados de 38 empresas agrícolas, por vertidos contaminantes al Mar Menor procedentes del uso de desalobradoras ilegales en el campo de Cartagena.

Además, esta causa principal también debe continuar contra algunos de los máximos responsables de la consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) en el periodo objeto de investigación. 

Centrándose en los hechos con relevancia penal, la resolución expone indicios de un delito de prevaricación ambiental por omisión de las inspecciones obligatorias respecto al exconsejero de Agricultura, Antonio Cerdá; el ex comisario de Aguas, Manuel Aldeguer; y la ex presidenta de la CHS, Rosario Quesada.

Tras el análisis de la legislación, en el fundamento jurídico cuarto, el juez afirma con claridad que la responsabilidad de elaborar la normativa afectante al uso agrícola de nitratos en el Campo de Cartagena y de velar por su cumplimiento era de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente.

Al respecto, cita la Orden de la Consejería de Agricultura de 2009 que establece el Programa de Actuación sobre la Zona Vulnerable correspondiente a los Acuíferos Cuaternario y Plioceno en el área definida por Zona Regable Oriental del Trasvase Tajo-Segura y el Sector litoral del Mar Menor, que completa el programa aprobado en 2003.

Órdenes en las que se establecía la necesidad de realizar controles de campo en zonas vulnerables por nitratos para garantizar su cumplimiento, algo en lo que, como recoge el instructor, coinciden todos los declarantes “al señalar que estas inspecciones o controles de campo debían realizarse por los órganos competentes”, aunque, “sin concretarse con claridad cuáles eran”.

“Es claro que se omitió la regulación de un sistema autónomo y eficaz de control de los programas de actuación en materia de nitratos que asegurase su cumplimiento por los agricultores y que posibilitara la aplicación del régimen sancionador a que se remitía la propia orden para los incumplidores” dice la resolución.

Falta de inspecciones que el instructor imputa al que fuera consejero de Agricultura en el periodo investigado, pues “era él la máxima y única autoridad con competencia para fijar un sistema de control efectivo de las medidas establecidas en los programas de actuación, que pudo y debió concretar en esas normas”.

Al respecto, la resolución recoge indicios de que “esta omisión pudo ser deliberada”, en la inteligencia de que aparentemente no le preocupaba la posible afectación de los nitratos de origen agrícola al estado del Mar Menor ni, por lo tanto, consideraba necesarias las medidas de control sobre su uso”.

Por otra parte, de la legislación sobre aguas, explica el instructor, “se infiere que corresponde a la CHS el control del correcto uso del dominio público hidráulico, otorgando concesiones para los usos privativos del agua, actividades de desalación y vertidos al dominio público hidráulico, y, en su caso, sancionar los actos de aprovechamiento privado de aguas, desalación o vertidos efectuadas sin la correspondiente autorización, pudiendo estar castigadas están conductas caso de sanción muy grave con multas de hasta 1.000.000 de euros”.

Sin embargo, según se apunta en la resolución, a lo largo de instrucción de la causa se han obtenido indicios claros de que al menos desde el año 2007 los órganos directivos de la CHS han tenido conocimiento de que se estaban utilizando desaladoras privadas en un gran número de explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena “careciendo de la correspondiente autorización, las cuales se nutrían de pozos, muchas veces también ilegales, y que el vertido del rechazo de estas desaladoras terminaba de nuevo en el acuífero, o en una red de salmueroductos que vertía a escasos metros de la desembocadura de la rambla del Albujón en el Mar Menor”.

Actitud permisiva de los órganos directivos de la CHS, que a juicio del magistrado instructor, “facilitó y motivó que una multiplicidad de agricultores y empresas agrícolas ubicadas en el campo de Cartagena utilizaran máquinas desaladoras careciendo de cualquier tipo de autorización o control para el vertido de la salmuera resultante del proceso”. 

Y que, en muchos casos, extrajeron agua “desde pozos clandestinos, no autorizados, y careciendo a su vez de contador o elementos de control que permitiesen racionalizar su uso”.

Así, en un auto que supera el centenar de folios, el magistrado detalla, de forma muy exhaustiva y para cada una de las empresas agrícolas investigadas de forma estructurada, los hechos en los que ha participado; cuantifica los vertidos y su destino; y detalla los indicios en que se fundamenta respecto de cada explotación, especificando las concretas diligencias de las que se derivan esos datos.

Todo ello, tras repasar la normativa ambiental protectora del Mar Menor, la regulación aplicable al campo de Cartagena en materia de nitratos y, apoyándose en informes y estudios científicos y técnicos, la influencia de los nitratos de origen agrícola en las causas de la degradación del Mar Menor.

Así, para cada empresa, el instructor concreta, de manera indiciaria, los metros cúbicos de agua que se extrajo del subsuelo a través de desaladoras, la concentración de nitratos y la conductividad del pozo que presuntamente alimentaba la desaladora y los metros cúbicos de rechazo de la actividad de desalación al salmueroducto que desemboca en la Rambla del Albujón, a escasos metros del Mar Menor.

Vertidos, que, según la resolución, suponen “un grave riesgo para el equilibrio de los diversos sistemas naturales y hábitats que conforman el Mar Menor en función de su magnitud, influencia, extensión y contaminación asociada”. 

Y que, “conjuntamente con el resto de los que se atribuyen a los diferentes investigados esta causa, ha podido ser una de las causas principales del deterioro irreversible y catastrófico del ecosistema del Mar Menor”.

Los indicios se concretan básicamente en la instalación y tenencia máquinas desaladoras sin autorización; las facturas de adquisición de desincrustante Ecoflow suministrado por Insa o de cartuchos de microfiltración de Hidrotec; los listados de agua suministrada por la Comunidad de Regantes; el informe pericial que determina el déficit hídrico de cada empresa en el periodo investigado comparando el agua adquirida de la Comunidad de Regantes con las necesidades anuales de cada explotación; un segundo informe pericial respecto del uso del desincrustante citado, especialmente indicado para sistemas de osmosis inversa; las declaraciones de los investigados; los atestados del Seprona; y, finalmente, el informe pericial ecotoxicológico que considera que, a la vista de los criterios de ubicación de la explotación, volumen de agua desalada en el tiempo, destino del vertido, conductividad y concentración de nitratos del agua presuntamente desalada, la extracción y el vertido que se imputa a cada concreta empresa “es susceptible de generar un grave riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales expuestos en función de la magnitud, influencia, extensión y contaminación asociada”.

Por último, el titular del juzgado concreta en la resolución el perjuicio económico individualizado correspondiente a cada empresa, una cantidad que para todas las empresas investigadas asciende a 19.471.155 euros. Suma en la que destacan cinco empresas cuya responsabilidad civil superaría, según la estimación del instructor, el millón de euros (Pozo Camachos, Ciky Oro, El Montes y Los Triviños), y una última (GS España) que superaría los 2,5 millones.

De este modo, se van detallando los indicios que apuntan a que los empresarios, administradores o encargados de las fincas estaban al corriente y autorizaban la utilización de las desaladoras, por lo que podrían ser penalmente responsables por una actividad no autorizada de extracción y desalación de agua y posterior vertido del rechazo que constituiría un delito contra el medio ambiente, pudiendo resultar de aplicación alguno de los subtipos agravados del Código Penal. Atribuyendo indiciariamente a las empresas la responsabilidad civil.

Además, en tres casos, Pozo Camachos, Pozo Los Relentes y Pozo Villar Alto, la resolución detalla que hay indicios de que las empresas podrían ser penalmente responsable por una actividad no autorizada de extracción y desalación de agua, y posterior vertido del rechazo. Tres supuestos en los que el magistrado entiendo oportuno derivar la responsabilidad penal hacia la propia persona jurídica.

Por último, el auto recoge las conductas imputables a Insal y sus administradores, mercantil dedicada a instalar máquinas desaladoras y suministrar consumibles para que estos sistemas puedan funcionar a empresas radicadas en el Campo de Cartagena y los indicios de que la actividad se realizaba a sabiendas de que desalación en la zona estaba prohibida.

Por otro lado, el magistrado acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones con respecto de 19 investigados, en su mayoría apoderados o coadministradores, que seguían instrucciones de otros responsables de las empresas encausadas y respecto de los que no hay indicios de criminalidad.

El Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares personadas tienen 10 días para solicitar la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa. Excepcionalmente, podrían pedir, con carácter previo, la práctica de alguna diligencia complementaria no practicada durante la instrucción.

La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de reforma y/o apelación.

La Mesa General de Función Pública aprueba la subida de un 2% del personal del sector público


MURCIA.- La Mesa General de Función Pública ha aprobado este lunes una subida del 2 por ciento del personal del sector público regional y la congelación del sueldo de todos los altos cargos y el personal eventual de la Comunidad Autónoma.

Esto supone que experimentarán los incrementos máximos que establezca la normativa básica del Estado, respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2021, informaron fuentes del Ejecutivo regional en un comunicado.

Este ha sido uno de los asuntos principales abordado en la Mesa que ha debatido las disposiciones en materia de Función Pública del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2022 y que ha estado presidida por los consejeros de Economía, Hacienda y Administración Digital, Luis Alberto Marín, y de Salud, Juan José Pedreño.

El titular de Economía ha indicado que "fue un compromiso del presidente regional el aumentar el sueldo de los funcionarios el máximo que estableciese la normativa del Estado y así lo hacemos, con el fin de seguir prestando el mejor servicio al conjunto del millón y medio de murcianos. Además, por segundo año consecutivo quedan congelados los sueldos de los altos cargos y del personal eventual de la Comunidad Autónoma".

La Mesa también ha dado conocimiento de que la elaboración de la oferta de empleo público en sus distintas modalidades tendrá en cuenta los términos establecidos en la normativa estatal básica, y se aprobará previa negociación con las organizaciones sindicales en la Mesa General de Negociación.

Otros de los puntos destacados del orden de día ha sido la redistribución temporal de puestos de trabajo y de efectivos como medida de planificación y gestión del personal para la ejecución de proyectos financiables con fondos provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación 'Next Generation'.

Además, se abre la posibilidad de que cuando las funciones a desempeñar requieran conocimientos técnicos especializados y no exista personal funcionario con la preparación específica necesaria, se realizarán procedimientos extraordinarios de selección del personal interino.

Las disposiciones en materia de Función Pública del anteproyecto de Ley de Presupuestos también recogen un punto de medidas de incentivación del desempeño en plazas de difícil cobertura del Servicio Murciano de Salud.

Entre estos incentivos se recogen la flexibilidad horaria; la valoración como mérito en la carrera profesional con un 25 por ciento adicional, de tal manera que se podrá acreditar un nivel con cuatro años de servicios prestados; y una valoración en los procesos de selección y de provisión de puestos de trabajo, tanto para personal fijo como temporal, del 50 por ciento adicional.

También se establece la prioridad en la participación en las actividades de formación, y prioridad de los centros e instituciones sanitarias a los que estén adscritos los puestos de difícil cobertura en los proyectos piloto o de investigación que puedan mejorar y facilitar las condiciones de trabajo y la prestación asistencial en tales puestos.

El punto indica que previa negociación en la Mesa Sectorial, dentro de los márgenes que en cada momento en materia de retribuciones se encuentren vigentes y permita la normativa en materia de estabilidad presupuestaria, se podrán adoptar medidas de incentivación económica para estos puestos.

PP y expulsados de Cs y Vox registran una propuesta para reformar el Reglamento de la Asamblea Regional


CARTAGENA.- El autodenominado grupo parlamentario liberal (transfugas de Vox) ha registrado junto al PP y Vox una iniciativa de reforma del reglamento de la Asamblea Regional.

El portavoz transfuga, Francisco Álvarez, ha querido dejar claro que lo registrado “no es una iniciativa para retirar el Estatuto de Autonomía, sino para modificar uno de los artículos del reglamento de la Cámara, en concreto el 221, para permitir la posibilidad de retirar una proposición de ley en cualquier momento de su tramitación”.

Álvarez ha afirmado que “la alianza de izquierdas de los socialistas de Sánchez y Arrimadas, sumada a los comunistas de Yolanda Díaz, han roto el consenso y la unanimidad surgidos de esta Asamblea Regional en abril del 2019, con la presentación de hasta 53 enmiendas, de carácter revanchista y sectario, a la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía”.

A su juicio, “no es lógico que los ‘rufianes’, ‘oteguis’ o ‘puigdemonts’ de turno nos digan a los murcianos cómo debemos hacer nuestro estatuto”.

El diputado liberal ha recordado que “ningún estatuto de ninguna autonomía regula los grupos políticos o parlamentarios, el régimen de los diputados elegidos por los votantes o la limitación de mandatos”.

El Consorcio de Compensación de Seguros ya ha pagado 105 millones por daños causados por las Danas de septiembre


MADRID.- El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) ha destinado hasta el momento 105 millones de euros al pago de indemnizaciones por los daños producidos por las inundaciones causadas por los temporales (DANAS) que azotaron distintas zonas de España el pasado septiembre.

En una nota remitida este lunes, el CCS, que también está trabajando para gestionar las indemnizaciones a los afectados por la erupción del volcán de La Palma, explica que ha recibido 23.843 solicitudes de indemnización por las citadas DANAS, que causaron daños "muy severos" en Alcanar (Tarragona); Iniesta (Cuenca); Cobisa (Toledo); Lepe y zona de Islantilla (Huelva).

En concreto, sobre la primera de las DANA, iniciada en los últimos días de agosto e intensificada los días 1 y 2 de septiembre, el organismo ha recibido hasta el momento 13.291 solicitudes de indemnización, con un coste de 54 millones de euros, de las cuales, a 29 de noviembre, había gestionado el 89,3 % y había abonado 38,6 millones de euros.

Estas peticiones se refieren a 8.075 viviendas y comunidades de propietarios; 3.699 vehículos automóviles; 1.348 comercios, oficinas y establecimientos mercantiles y de servicios públicos o privados de carácter no industrial; 163 industrias; y 6 obras civiles, añade.

Las provincias más afectadas son Valencia, donde se han presentado 3.337 solicitudes de indemnización, principalmente de Sagunto, Torrent, Puçol, Canet d’en Berenguer, Llíria y El Puig de Santa María.

Desde Castellón han legado 1.500 solicitudes de ayuda, sobretodo en Benicàssim y, en menor medida, de Moncofa y Vinaroz.

A continuación se sitúa Toledo, con 2.677 peticiones, sobretodo en la capital y en las localidades de Cobisa, Argés, Polán, Burguillos de Toledo, Illescas, Guadamur, El Viso de San Juan y Nambroca.

En Cuenca se han consignado 657 solicitudes, que proceden de Iniesta en su inmensa mayoría, en tanto que desde Tarragona se han remitido 2.102, procedentes de Alcanar, Sant Carles de la Rápita y Ulldecona.

Madrid, con 1.928, principalmente de Valdemoro, Rivas-Vaciamadrid, Arganda del Rey, Pinto, Getafe y Parla se sitúa a continuación, seguido de Navarra, con 268, principalmente, de Tudela.

Zaragoza y Huesca, con 279, que corresponden a Cariñena, Alfamén y Monzón; Murcia, con 142, en su gran mayoría de Águilas y Jaén, con 157, de La Iruela, Jódar, Siles y Cazorla, cierran la lista.

En cuanto a la segunda DANA, ocurrida entre el 20 y el 24 de septiembre, el CCS ha recibido 10.552 solicitudes de indemnización, cuyo coste estimado asciende a 51 millones, por daños ocurridos en 5.505 viviendas y comunidades de propietarios; 3.626 vehículos automóviles; 1.229 comercios, oficinas y establecimientos mercantiles y de servicios no industriales y 111 industrias.

En esta segunda DANA, el CCS ha gestionado ya 6.534 solicitudes de indemnización, un 62 % del total recibido, y ha abonado 21,8 millones.

Por zonas geográficas, las más afectadas son Huelva, con 7.222 solicitudes de indemnización, de las que 4.692 corresponden a Lepe; 1.205, a Isla Cristina; 732, a Cartaya y 295 a Aljaraque.

A continuación se sitúa Badajoz, con 1.110 peticiones, concentradas en Almendralejo (644) y en Zafra (235), seguido de Murcia, de donde proceden 693 solicitudes por daños producidos principalmente en Cartagena (479) y, en menor medida, en Lorca y Molina del Segura.

Por último, Baleares, con 395 solicitudes, principalmente de Alcùdia y Santanyí y Córdoba, con 319 solicitudes, casi todas de Lucena.

“Los expulsados y los tránsfugas son personas que pervierten la representatividad otorgada en las últimas elecciones”, dice Vox


MURCIA.- Vox se opuso a la tramitación en Cortes de la reforma del Estatuto de la Región de Murcia.

Tal y como afirmó el diputado nacional Joaquín Robles, “no hemos estado de acuerdo con la tramitación ni hemos presentado enmiendas porque nuestra enmienda es a la totalidad de un Estatuto que es una traición a todo el pueblo de Murcia”.

Por su parte, el presidente provincial José Ángel Antelo especifica que en el partido "estamos a favor de la modificación en el Reglamento de la Asamblea para que los expulsados no tengan asignación ni control del Grupo Parlamentario".

Además, Antelo recuerda que los expulsados y los tránsfugas "han robado la voz de los votantes y son personas que pervierten la representatividad otorgada en las últimas elecciones".

Por último, el presidente de Vox Murcia comenta que cuando "una persona ha sido expulsada de un partido, si tiene honor, entrega el acta y se va".

C,s insinúa que la pretensión del PP y socios en la Asamblea de reformar su reglamento quiere impedir salvar el Mar Menor


MURCIA.- El Partido Popular y sus tránsfugas han presentado una iniciativa que busca evitar que el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia blinde la protección del Mar Menor y se le dote de personalidad jurídica e impida ejercicios de transfuguismo. Es difícil encontrar en nuestra historia moderna un ejercicio más antidemocrático.

La democracia no se va a parar en oscuros despachos de compra-venta de voluntades.

La presentación de enmiendas es un paso previo y necesario para la aprobación de una ley orgánica. Nadie puede saltarse el marco legislativo porque no le venga bien. Las reglas de la democracia son para todos y de obligado cumplimiento, es el principio democrático básico que el PP de la Región de Murcia parece no querer respetar.

No sabemos a qué tiene miedo el PP, pero si con su movimiento pretende evitar que protejamos nuestro Mar Menor, estamos convencidos que los murcianos le darán la espalda en la próxima ocasión en que puedan hacerlo.

Unidas Podemos exige "celeridad y transparencia" ante el retraso del soterramiento a su paso por Barriomar en Murcia


MURCIA.- El coordinador autonómico de Podemos en la Región de Murcia, Javier Sánchez Serna, ha exigido al Ministerio de Transportes y a ADIF "un respeto para la gente de la Región de Murcia" ante el retraso de las obras de modernización del ferrocarril, y ha exigido que en el proceso primen "la celeridad y la transparencia", informaron fuentes del partido en un comunicado.

Sánchez Serna ha explicado que hace unas semanas, cuando se cortó el servicio de cercanías para la realización de estas obras, la formación advirtió de que esta inversión, "la mayor de la historia en materia ferroviaria hecha jamás en la Región por parte del Estado", debía venir acompañada "por el máximo respeto a los usuarios y usuarias".

Sin embargo, "esta semana se conocía que los trabajos de remodelación de la Estación de Cartagena quedan aplazados ante la renuncia de la empresa adjudicataria, algo que, según ha señalado Sánchez Serna, "si bien es responsabilidad de la empresa, también atañe a Adif", ya que la adjudicación "se hizo claramente a la baja, pudiendo llegar a constituir incluso una baja temeraria de más de un millón de euros por debajo del coste de licitación".

El coordinador autonómico de Podemos ha asegurado que los cartageneros y cartageneras "merecen una estación acorde al siglo en el que vivimos, algo que por fin se está llevando a cabo gracias a la apuesta del Gobierno de España por modernizar la red de ferrocarril de la Región de Murcia", pero ha llamado a Adif a "solucionar cuanto antes los problemas que se está encontrando y dar respuesta e información a los vecinos y vecinas de la ciudad portuaria".

Por otra parte, ha recordado que las obras de la segunda fase del soterramiento por Barriomar "siguen sin una fecha concreta de inicio de los trabajos, lo que solo hace aumentar la incertidumbre entre los usuarios y usuarias". 

Sánchez Serna ha denunciado la existencia de "trabas políticas" por parte de "ciertos actores muy vinculados al Partido Popular y al espectro conservador", al tiempo que ha exigido a Adif que "tome la iniciativa" a la hora de acelerar estas obras.

Además, ha considerado que "es necesaria una mayor transparencia por parte de Adif y del Ministerio a la hora de informar a los vecinas y vecinas sobre cuándo van a llevarse a cabo estos trabajos, dando también paso a la participación de la ciudadanía en el proceso".

"Esta gran inversión en la red ferroviaria debe acelerarse y debe hacerlo ya para minimizar el impacto en nuestra gente" ha concluido Sánchez Serna.

Martínez Baños: "El PP vuelve a demostrar con una nueva cacicada que no le interesa legislar contra la corrupción"


CARTAGENA.- El diputado regional socialista Alfonso Martínez Baños ha apuntado que el PP vuelve a demostrar con una nueva cacicada que no le interesa legislar contra la corrupción y ha asegurado que el Gobierno regional tiene secuestrada la Asamblea y que, con una nueva muestra de abuso de poder, perjudica a la Región de Murcia devolviendo el Estatuto a la Cámara y haciendo oídos sordos a las enmiendas de los otros partidos.

"El Partido Popular y los tránsfugas están decididos a seguir manejando la Región de Murcia como si fuera su cortijo. Se quejan de los independentistas, pero con decisiones como estas, lo único que hacen es copiarles los pasos", ha recalcado.

El PSOE había introducido, entre otras, una enmienda en el Estatuto para que fuese el parlamento autonómico, a través de su propio reglamento, el que regulase la figura del diputado no adscrito, algo que ya han hecho Comunidades Autónomas de diferentes signos políticos como Aragón, Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias, Cantabria, Cataluña, las Islas Baleares, la Rioja y Navarra.

"Pero está claro que no quieren mostrar la realidad de lo que pasa en la Asamblea regional, donde López Miras mueve los hilos de los tránsfugas a su antojo para gobernar con el martillo, sin tener en cuenta que uno de los principios de la democracia reside en el debate de ideas", ha comentado Martínez Baños.

Para terminar, el diputado socialista ha recordado que la sociedad "pide que nos pongamos de acuerdo en temas en los que no vale ponerse de perfil, porque la corrupción, o se practica o se combate. Pero el PP ya ha demostrado de qué lado está".

Doctor Martínez Hernández, hombre generoso y de enorme corazón / Juan Ruiz García


Creo que Dios hizo al doctor y escritor Antonio Martínez Hernández con ese cuerpo grande para darle cabida a un generoso y enorme corazón, como demostró a lo largo de su vida. Esa generosidad la ejerció a lo largo de su intensa y fructífera carrera profesional, pues ejerció su vocación por la medicina con absoluta entrega, atendió a cuantas personas quisieron algo de él y ayudó en muchos casos a resolver asuntos clínicos de personas necesitadas.

Estudió su Bachillerato preparándose en la academia de don Cristóbal, en Totana, y tras cursar la carrera, consciente de que quería ejercer su vocación con la mejor preparación posible se marchó a hacer la especialidad a Madrid y Reino Unido donde fue un aplicado alumno, adquiriendo los más modernos conocimientos técnicos para ponerlos a disposición de sus pacientes, entre otros siendo el pionero en Murcia del tratamiento del dolor.

Pero además de médico, Antonio era un estupendo escritor e investigador de la historia de la medicina murciana que plasmó en extraordinarios libros que nos mostraron el devenir de la beneficencia provincial a través de los centros de atención médica. 

Estudió con detenimiento la historia de centros en los que se atendían a los necesitados y los puso a nuestra disposición en libros en los que detallaba detenidamente toda su historia. 

Era además presidente de la Asociación de Médicos Escritores.

Escribió la historia del Hospital de San Juan de Dios, la de la Medicina Murciana del siglo XX, las biografías de grandes médicos murcianos teniendo como ejemplo la del doctor Manuel Clavel Nolla y el Hospital Provincial de Murcia, en el que nos cuenta no solamente la biografía del médico que hizo distinguir la traumatología del resto de la cirugía, sino la misma vida del hospital sostenido por la Diputación Provincial y heredero del de San Juan de Dios, hoy Reina Sofía.

La Asociación Cultural Caja de Semillas a la que pertenezco, consciente de la importancia de los trabajos literarios de Antonio le hizo un homenaje poético el 23 de octubre de 2009 en el teatro del Centro Sociocultural La Cárcel, de Totana, a la que se sumaron un buen número de totaneros que quisieron compartir con nosotros su reconocimiento.

Recuerdo con mucho agrado la conversación que tuvimos en el Salón de Espejos del Teatro Romea cuando presenté mi libro Visitas a la historia de Murcia entre él, su inseparable Reme, Luis Clavel y yo, en la que comentamos el importante trabajo de dar a conocer la personalidad de tan gran médico y padre de Luis, así como la biografía que también escribió del doctor Luis Valenciano Gayá.

Me consta que aún había estado investigando y estudiando otros extremos de la sanidad murciana que por culpa de su enfermedad han quedado inconclusos. Es una pena, pues sus trabajos eran muy concienzudos, pormenorizados en todos los detalles importantes y con la clara intención de poner a nuestra disposición extremos que debemos conocer del importante trabajo de los médicos murcianos.

Era también Antonio un enamorado de su Totana así como de las Cuevas del Reyllo, lugar en el que pasó los veranos de su infancia porque su familia poseía fincas allí, donde tenían una casa adjunta a los de los abuelos de mi mujer, razón por la cual su amistad con la familia era muy profunda.

Su gran amor fue Reme, su esposa, algo que demostraba porque siempre iban juntos a todo, especialmente cuando en Totana hacían la compra en el supermercado familiar y departían con todos con la simpatía que la pareja derrochaba a raudales. Fue además un gran padre y abuelo, así como persona de sólidas creencias.

El CEO Congress reunirá en Murcia a más de 20 líderes empresariales a mitad de diciembre


MURCIA.- Una veintena de líderes empresariales y directivos de grandes compañías intervendrán en la segunda edición del CEO Congress Murcia / II Forum sobre Liderazgo Empresarial y Directivo, que se celebrará el 14 de diciembre en el auditorio regional Víctor Villegas de Murcia.


En un comunicado, la organización ha señalado que los dirigentes de estas mercantiles debatirán en este evento, cuyo lema este año es "Liderando y transformando", sobre las claves de la transformación global que están sufriendo las empresas, en un momento "apasionante para la humanidad".

El congreso, que será moderado y presentado por el periodista Sergio Martín, será abierto por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras; el presidente de la patronal regional Croem, José María Albarracín; el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, y el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, éste último a través de una salutación virtual.

Entre los intervinientes en la jornada estarán la consejera delegada de Alain Afflelou España, Eva Ivars; el director general de Vodafone Business España, Daniel Jiménez, y el director regional de Operaciones para Francia, Italia y España de Amazon, Fred Pattje.

Posteriormente, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, hará un saludo virtual, que precederá a un diálogo entre los presidentes de la Fundación Garrigues, Antonio Garrigues, y de Cajamar, Eduardo Baamonde.

La jornada matinal acabará con la entrevista al presidente de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri, y la intervención del presidente de El Pozo, Tomás Fuertes.

Finalmente, la sesión vespertina incluye las intervenciones del presidente del Grupo Barrabés, Carlos Barrabés; el diálogo entre el economista del Estado murciano Jaime García-Legaz y el ex ministro Josep Piqué y el cierre a cargo de la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, que lo hará a través de una salutación virtual.

Abierto el plazo para inscribirse en las oposiciones del Ayuntamiento de Murcia


MURCIA.- El Boletín Oficial del Estado ha publicado, a día 26 de noviembre de 2021, la convocatoria deoposiciones para cubrir las plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público de los años 2018, 2019 y 2020.

 De este modo, todos los interesados en presentarse a estas oposiciones para trabajar en el Ayuntamiento de Murcia tienen de plazo hasta el próximo 16 de diciembre para hacerlo. 

Los ciudadanos tienen a su disposición la sede electrónica (sede.murcia.es). Además, el Ayuntamiento de Murcia ha creado un espacio en la web municipal en el que pone ‘Cita Previa Oferta de Empleo Público Plazas Libres'. 

La ciudadanía podrá pedir también su cita previa a través del teléfono 010 para atención en todas las Oficinas de Información y Atención Ciudadana, tal y como se hace de manera habitual.  

Muere repentinamente a los 34 años el director peruano de cine Óscar Catacora y la escritora conquense Soco Cordente a los 36


LIMA/CUENCA.- El director de la primera película peruana en idioma aymara “Wiñaypacha”, Óscar Catacora, murió el viernes a los 34 años por un “problema repentino de salud” mientras filmaba otra cinta en la región altiplánica de Puno.

El Ministerio de Cultura lamentó el fallecimiento de Catacora, a quien calificó de “destacado director de cine, guionista y director de fotografía del departamento de Puno”.

Por otra parte, en España, la joven escritora conquense Soco Cordente ha fallecido con 36 años dejando en todos los que la conocían una produnda tristeza. 

Hija del conocido poeta Heliodoro Cordente, la joven y prometedora escritora había publicado tres libros: ‘Encuentros entre notas discordantes’, con el que ganó el premio Círculo Rojo al mejor libro de relatos, ‘Egos’ y ‘Cromatismos’.

Las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencias, tanto de ciudadanos de a pie como de instituciones y políticos.

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha mostrado su pesar manifestando:

«Todavía en shock ante el fallecimiento de la escritora conquense Soco Cordente.

El Ayuntamiento de Cuenca, por su parte, ha señalado:

«Desde el Ayuntamiento de Cuenca lamentamos el fallecimiento de la escritora conquense Soco Cordente y queremos expresar nuestras condolencias a su familia y amigos. Descanse en paz».

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha sumado a las condolencias señalando:

«Hay talentos que se marchan demasiado pronto. Hoy Cuenca despide a la escritora Soco Cordente. Mi apoyo y cariño para su familia y amigos. Descanse en paz».

Presidente de Croacia, Zoran Milanovic: “No nos vacunaremos más”


ZAGREB.- El Presidente de Croacia arremetió el lunes contra los medios de comunicación después de que un reportero le preguntara por qué la tasa de vacunación en Croacia no es tan alta como en otros países de la Unión Europea. El presidente croata Zoran Milanovic replicó diciendo: “No nos vacunaremos más”.

Los croatas han sido “suficientemente vacunados” y se les debe permitir aceptar los riesgos de infectarse con COVID en sus propios términos, según el Presidente Zoran Milanović.

El Presidente Milanović rompió con la mayoría de sus contemporáneos al expresar su frustración por el autoritarismo médico y la histeria del COVID impulsada por los medios de comunicación y los globalistas.

“No iremos más allá del 50%, que nos cerquen con alambre”, dijo Milanović en recientes declaraciones a la prensa. “No me importa. Estamos suficientemente vacunados y todo el mundo lo sabe”.

“Tenemos que saber cuál es el objetivo de este frenesí. Si el objetivo es erradicar completamente el virus, entonces compartimos el objetivo. Pero no he oído que ese sea el objetivo. Y si alguien me cuenta que ese es el objetivo, le diría que está loco”.

“Empiezo cada día viendo canales como CNN y me pregunto si soy normal o ellos están locos”, dijo. “Propagan el pánico. Siempre lo han hecho”.

Continuando con su frustración, Milanovic dijo que “simplemente no hay posibilidad” de que la tasa de vacunación de Croacia esté “poniendo en peligro” a nadie, porque todos los demás países están muy vacunados, y por lo tanto no tienen razón para temer a los croatas no vacunados.

“No hay vida sin riesgo, sin posibilidad de enfermar. La gente se pone enferma de otras mil cosas más graves, y mientras eso ocurre llevamos un año y medio hablando del COVID-19.”

“Entiendo que esto pueda ocurrir durante [un] año. Lo entiendo. Y lo justifico. Yo estaba a favor. Pero desde el año nuevo, sólo he escuchado [a] tonterías”.

El electorado suizo avala al Gobierno en la lucha contra el coronavirus


BERNA.- El 62% de los votantes rechazó un intento de anular la ley Covid-19, que sirve como base legal para las medidas de restricción de salud, en particular el certificado Covid, vigente desde septiembre.

 Es la segunda vez este año que la población se pronuncia sobre la respuesta a la pandemia: en junio, el 60% del electorado ya había apoyado el texto inicial de la ley Covid-19.

El certificado Covid es prueba de vacunación contra el virus, prueba negativa o inmunidad. Es necesario acceder a lugares públicos, bares y restaurantes. Sus oponentes creen que el pase de salud restringe innecesariamente las libertades.

 El certificado Covid ha sido objeto de fuertes protestas en todo el país en los últimos meses.

Actas revelan engaño sobre las vacunas en pueblos indígenas


LIMA.- Reportes oficiales y documentos firmados por líderes de pueblos originarios dan cuenta del impacto de la desinformación en los pueblos andinos y amazónicos para recibir las vacunas contra la Covid-19, en lo que va del año. 

OjoPúblico ha logrado documentar este fenómeno en comunidades indígenas de al menos cinco regiones del país: Amazonas, Loreto, Ucayali, Junín y Huancavelica. Una de las versiones más perjudiciales ha sido un dato falso propalado desde Lima por un candidato y ahora congresista de la República. 

Este reportaje es parte de un esfuerzo de la red Latam Chequea para identificar a los responsables de la infodemia y efectos de la oleada de versiones falsas y engañosas en un momento crítico para el continente. 

La mañana del 13 de agosto del 2021, el enfermero Dixon Rodríguez se embarcó en un peque peque hacia un lugar de la selva amazónica peruana en el que debía iniciar una campaña contra la muerte. Tras una hora de viaje por río y caminando, acompañado de una brigada de vacunación contra la Covid-19, Rodríguez llegó a la comunidad indígena Boca Apinihua, en la región de Ucayali, cerca del límite con Brasil. Allí habitan casi cuatrocientos habitantes de la etnia ashéninka, una de las más numerosas de esa zona. De entrada, el enfermero percibió un clima tenso. Rodríguez buscó entonces al apu o jefe de la comunidad para explicarle el motivo de su llegada. De pronto, un grupo de comuneros salió con armas de fuego y flechas.

“Vienen a aplicar el agua destilada”, dijo un miembro de la comunidad, según relata Rodríguez a OjoPúblico

El lote de dosis que la brigada llevaba era del laboratorio chino de Sinopharm, un antígeno que durante meses fue objeto de desinformación en el país. Rodríguez, quien es hijo de una mujer asháninka y domina la lengua, fue acusado junto con su equipo de querer asesinar a la población con la vacuna. Para evitar que la discusión escalara, el enfermero solicitó permiso para registrar la negativa en un video, pero este pedido tampoco fue aceptado. Dixon Rodríguez solo tuvo opción de sacar un papel en blanco y un lapicero, con los que redactó un acta para dejar constancia del incidente. “Entonces nos retiramos de dicha comunidad con bastante cuidado”, dice el escrito, revisado para este reportaje.

La brigada de vacunación estaba formada, además, por otros dos técnicos de la Red de Salud de la provincia de Atalaya, un territorio de selva que durante buena parte del siglo pasado fue destino de misioneros y colonos, y que está considerado zona de alto riesgo por la actividad de los traficantes de drogas. En abril del 2021, tres de sus distritos fueron declarados en emergencia para facilitar la lucha de fuerzas combinadas del Estado contra el crimen organizado. Si el narco ya es una amenaza, las mentiras traen un nuevo riesgo: al momento en que Rodríguez llegó con las vacunas, la cobertura de vacunación con el esquema completo alcanzaba un 6,9 % de la población meta en toda la provincia. Y en el país, aproximadamente era del 24 %.

Todos los integrantes de la brigada de vacunación eran descendientes de familias indígenas y manejaban los idiomas predominantes en la zona, como el yine, el asháninka y el shipibo-konibo. Era una aparente ventaja que motivó a Rodríguez a pronosticar una vacunación exitosa. Algo que, finalmente, no sucedió. “Mis hermanos no querían entender nada”, recuerda el enfermero sobre ese momento en que debía darse un encuentro cercano y, por el contrario, terminó en una ruptura. “Les dije: somos pueblos indígenas, nosotros no hemos venido a matar a la gente”.

Pocos meses después, Dixon Rodríguez asume que el incidente estaba relacionado con las versiones que circulaban en la zona acerca de que algunas personas supuestamente fallecieron después de recibir la vacuna de Sinopharm o AstraZeneca.

“Si viene la tercera ola, podrían contagiarse. Pero nadie quiso vacunarse. Ni uno”, asegura.

Daysi Zapata, presidenta de la Organización Regional de Mujeres Indígenas de la provincia de Atalaya, confirmó a OjoPúblico el hecho sucedido en la comunidad de Boca Apinihua, e indicó que los rechazos también se producen por una falta de diálogo. "El Gobierno tiene que sensibilizar, salir al campo, y que hagan talleres informativos sobre las vacunas", apuntó. 

Este no es un caso aislado. OjoPúblico ha logrado documentar, a través de más de 30 actas firmadas por líderes y miembros de comunidades indígenas de al menos cinco regiones, el pánico desatado por versiones falsas y engañosas sobre las vacunas y la pandemia en los pueblos andinos y amazónicos. Estos documentos, recolectados por las brigadas del Ministerio de Salud e incluidos en informes de las direcciones regionales, evidencian que comunidades enteras de los pueblos awajún, ashéninka, wampis, asháninka, achuar, kichwa y quechua rechazaron total o parcialmente las vacunas contra la Covid-19 por datos o historias sin sustento difundidas durante meses por autoridades locales, comunicadores o incluso docentes; es decir, personas que tienen algún grado de influencia en la población.

Eneas Rengifo, un técnico en enfermería de 26 años y miembro de la etnia asháninka, es testigo de ese impacto. Rengifo trabaja como coordinador del área de pueblos indígenas de la Red de Salud de Atalaya, en el mismo equipo que su colega Dixon Rodríguez. Según su experiencia, los promotores de versiones falsas son variados: a veces se trata de gente que llega para difundir mensajes de manera deliberada, como pastores de distintas confesiones religiosas; en otros casos es gente que arrastra engaños sin querer, como personas foráneas que por alguna razón trabajan en las comunidades, madereros o comerciantes que llegan a la comunidad y cuentan de manera coloquial lo que oyeron en otros lugares. “Cuando a un poblador indígena le comentan algo, él capta y también comenta a sus demás hermanos, a sus vecinos, y ya entra en esa duda”, dice Rengifo. 

La cobertura de vacunación en la provincia de Atalaya, donde se ubica la comunidad de Boca Apinihua, es la más baja de la región: de más de 50 mil personas como población objetivo apenas el 20,1 % ha recibido las dos dosis de la vacuna, hasta finales de noviembre, según el Portal de Datos Abiertos del Minsa.

Desde marzo del 2021, OjoPúblico advirtió sobre la falta de información oficial para la vacunación en pueblos indígenas en las regiones de Junín, Loreto y Ucayali. En paralelo, la difusión de versiones falsas estaba alcanzando puntos muy distantes de los Andes y la Amazonía: en la región Amazonas, radio Bongará publicó en sus redes un video con la falsa versión de que una enfermera de Estados Unidos se desmayó minutos después de vacunarse contra la Covid-19, y posteriormente, falleció; en Loreto, el canal de televisión Uranio TV publicó una entrevista al médico Amílcar Huancahuari para promover el consumo del dióxido de cloro como remedio contra el coronavirus, a pesar de que un mes antes este médico había sido destituido del cargo de Jefe del Comando Covid-19 de la región Ayacucho justamente por alentar el uso de esa sustancia. En Puno, una exautoridad de la región cuestionó en su programa radial la existencia de la pandemia y aseguró que se trataba de una “campaña de miedo”. Su transmisión en Facebook registró más de 43 mil reproducciones.

OjoPúblico solicitó los descargos de los medios de comunicación y las personas mencionadas en líneas anteriores. Este medio se comunicó con el médico Huancahuari, a través de la red de mensajería de WhatsApp, pero solo se limitó a decir que estaba fuera del Perú. La exautoridad de Puno también fue notificada, pero no declaró para este reportaje. Mientras que, los medios de comunicación contactados vía Facebook, tampoco contestaron.

Ahora queda en evidencia que el impacto de la desinformación es parte de una escala global: cuando la comunidad de Boca Apinihua presentó el documento de rechazo a la vacuna, el último mes de agosto, la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, informaba que 617 mil personas de comunidades indígenas en las Américas fueron contagiadas con Covid-19 y casi 15 mil habían fallecido a causa de la enfermedad.

Amazonas: Los pueblos que temen el exterminio

 

Amazonas es una región de la zona norte del Perú, alargada como una bota, cuyo extremo superior marca la frontera con Ecuador. Es conocida por sus bosques nubosos y porque alberga algunos de los sitios arqueológicos más famosos del país, como Kuélap, una de las ciudadelas de piedra más antiguas del país. También porque en el año 2009 fue escenario del conflicto social más sangriento en la historia del Perú: una protesta de comunidades indígenas contra decretos oficiales, que consideraban lesivos a sus territorios, derivó en un violento enfrentamiento que dejó unos doscientos heridos de bala y más de treinta muertos entre civiles y policías. Amazonas es una de las regiones que más pueblos indígenas alberga en el Perú: 468 comunidades nativas de las etnias awajún y wampis. 

Si bien el proceso de vacunación en las ciudades se inició en febrero del 2021, la inmunización en los pueblos indígenas comenzó cuatro meses después, a partir de una directiva actualizada que, como parte del avance progresivo del proceso, dispuso la aplicación de la estrategia en los territorios de las comunidades.

La población objetivo de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Amazonas es de 63.120 personas mayores de 18 años en las comunidades de su territorio, lo que requiere más de 120 mil dosis. Sin embargo, hasta finales de este mes, solo se han aplicado 17.595 dosis, según la plataforma de vacunación contra la COVID-19 de pueblos indígenas y afroperuanos del Ministerio de Salud (Minsa)

Un reporte proporcionado por la Diresa para esta investigación señala un rechazo del 50% hacia la vacuna contra la Covid-19 en al menos 25 comunidades de los distritos de Río Santiago, Nieva y El Cenepa, pertenecientes a la provincia de Condorcanqui. 

En el mismo sentido, diversas actas obtenidas por OjoPúblico permiten rastrear el fenómeno en esta zona a lo largo del 2021. En febrero, la comunidad de Paantan Entsa rechazó la vacunación porque, según sus habitantes, hay mucha mortandad de personas por la vacuna. En el acta que se firmó para rechazar el antígeno se indica: Hay muchos comentarios, informaciones a través de Internet, radiales, televisivas y otros. Por esos mismos días, las brigadas de salud se toparon con la misma negativa en la comunidad de Tsawantus: Se está manifestando de que no se está permitiendo vacunarse sobre Covid-19. Están rechazando tajantemente. En Kuyumatak, otro centro poblado awajún, el apu de la comunidad dio permiso al enfermero de la brigada para exponer sus argumentos y minutos después firmó un acta en que se negaba el permiso para la vacunación: El personal del salud les ha explicado todo, y aún así no quieren la vacuna [contra la] Covid-19, indica el documento escrito a mano. En la comunidad de Buchigkim, las alegaciones fueron más graves: Todos los pobladores rechazan [la] vacuna por la difusión de noticias por Internet. Piensan que la vacuna va a venir a matar a la gente, van a convertir[los en] estériles.

El primer domingo de julio del 2021, cincuenta miembros de la comunidad de Yujagkim firmaron un acta para rechazar la vacuna a pesar de la información que el enfermero local les había proporcionado. En caso de fallecimiento por Covid-19, no culparemos al Ministerio de Salud. Nosotros mismos asumiremos la responsabilidad [de] cómo sobrevivir y afrontar esta pandemia, dice el escrito. Meses antes, los miembros de la comunidad de Achuim dijeron que rechazaban las vacunas procedentes de China y Estados Unidos y adujeron la falta de atención del Estado para resistir a la pandemia: No hubo apoyo de parte del Ministerio de Salud por las medicinas para combatir las enfermedades de Covid-19. Nosotros mismos hemos buscado cómo evita[r] cuando mueren las personas en nuestras zona.
 
Ante esta situación, la licenciada en enfermería Patty Morán, coordinadora de inmunizaciones de la Red de Salud de Condorcanqui, remitió a la dirección de salud, un informe en el que señala las dificultades para llevar adelante la vacunación: además de la escasez de personal médico, estaban las “múltiples creencias, barreras geográficas y culturales” de las comunidades que se encuentran en su jurisdicción.

El estado de alarma también afectó a otra provincia de la región Amazonas, Bagua ―justamente donde se produjo el conflicto social que hasta ahora se recuerda como “la masacre de Bagua” o el “Baguazo”―. En junio del 2021, un informe del personal de la Red de Salud de Bagua alertó sobre el lento avance de inmunización en el distrito de Imaza, que tiene la única vía por la cual la empresa petrolera del Estado ingresa a este tramo de la selva para vigilar el pase del crudo y es la ruta de ingreso a las guarniciones militares de la frontera con Ecuador.

Imaza suele aparecer en las noticias cuando sus comunidades nativas realizan masivas protestas contra los estragos de la industria extractiva o en reclamo por la poca atención del Estado. Ahora es otra zona de gran resistencia a la vacunación. “La respuesta de la población no ha sido favorable", indica el reporte remitido a la dirección regional por Aníbal Fernández, director de la red de salud de esta provincia. Según el documento, esta situación había sido identificada semanas antes, en el mes de mayo, cuando un grupo de sus enfermeros y obstetras impulsó una serie de diálogos interculturales sobre salud en 6 centros poblados y comunidades nativas de la provincia de Bagua. 

Esas reuniones congregaron alrededor de 183 actores sociales, entre alcaldes, pastores religiosos, docentes, representantes de organizaciones indígenas y personas en general, con el fin de conocer los motivos de su aversión a la vacuna. Tras escuchar a la mayoría de participantes, el personal de salud concluyó que las reacciones negativas obedecían a la desinformación que circulaba en las comunidades nativas.

Las conversaciones permitieron identificar las versiones falsas más recurrentes: por ejemplo, en la comunidad de Imaza se decía que la vacuna era producto de la brujería o que producía esterilidad; en la comunidad nativa de Chiriaco se decía que la vacuna mata, que el expresidente Francisco Sagasti ―cuyo mandato fue el primero en traer la vacuna al país― nunca se vacunó o que se desconocen los efectos adversos del antígeno; y en el centro poblado de Chipe se adujo que las vacunas son una medida para exterminar a los pobres, un acto de venganza por el Baguazo, o que las personas que las reciben van a morir a los pocos días o años.

De acuerdo con el mismo informe, en las comunidades indígenas de la provincia de Bagua, el rechazo fue tan contundente hacia la vacuna de Sinopharm que en julio la Dirección Regional de Salud de Amazonas tuvo que redistribuirlas a otros grupos etarios en la provincia, para que no se echaran a perder: apenas dos días antes habían empezado a vacunar a los adultos de 50 años, pero se tuvo que destinarlas a personas mayores de 40 años. 

Hasta finales de noviembre del 2021, tanto Condorcanqui como Bagua, las dos provincias donde se encuentran estas comunidades, la vacunación avanza de manera progresiva, pero aún ocupan los últimos lugares de población vacunada con las dos dosis en toda la región: 15,5 % y 35,7 %, respectivamente, según data del Minsa.  

Loreto: Los jefes se resisten a las vacunas

 

En agosto del 2021, la enfermera Malforie Saavedra, coordinadora de inmunizaciones de la Red de Salud del Datem del Marañón, una provincia de selvas fronterizas surcadas por el oleoducto norperuano, recibió por WhatsApp un audio en el que un hombre lanzaba una mezcla de versiones falsas en un tono dramático. Que nos maten si quieren vacunarnos, que nos fusilen, porque las vacunas han salido muy dañinas, decía el autor anónimo de la grabación. El hecho adquiría especial gravedad porque fue viral, y el Datem del Marañón, una zona donde las comunidades indígenas han visto sus territorios afectados por graves derrames de petróleo, es la provincia con una de las coberturas más bajas de vacunación en la región Loreto: hasta finales de noviembre, el 13,8 % de una población objetivo de 56.533 personas contaba con las dos dosis, según data del Ministerio de Salud

La región Loreto, la más extensa del Perú y en cuyo extremo izquierdo está el Datem del Marañón, alberga el 43,2 % de la población indígena amazónica del país, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Eso supone casi doscientos mil habitantes, pertenecientes a cerca de dos mil comunidades nativas. 

Malforie Saavedra recibió el audio de una persona que vive en el distrito de Pastaza, el mismo donde residen siete comunidades indígenas que presentaron actas de negación contra la vacuna en un solo día. 

Una de esas comunidades fue Domingo Cocha. El 24 de agosto de 2021, el apu de ese centro poblado firmó un acta de negación debido a que sentía temor por su vida y la de su familia. En el documento ―revisado para este reportaje― dejó constancia de que asumía la responsabilidad de esa decisión. Por esas mismas horas, los apus de las comunidades de Nuevo Jerusalén, Puerto Angara, Nuevo Belén, Nueva Alegría, Nuevo Galilea y Dos de julio firmaron actas similares para decir que no necesitaban las vacunas, porque las plantas medicinales iban a curarlos ante un eventual contagio. 

Un pronunciamiento similar se había producido poco antes algo más al sur, en el distrito de Cahuapanas, territorio de los pueblos shawi y awajún: en junio del 2021, el apu de la comunidad nativa de Caupan también se negó a la vacunación en su zona; el jefe de ese pueblo tomó la decisión tras una asamblea ordinaria con sus vecinos y los apus de otras seis comunidades anexas. En el acta se indica que los participantes en la asamblea rechazaron la vacunación para todos los adultos y los estudiantes de inicial, primaria y secundaria. 

En el documento se advertía de manera específica al Gobierno de hacer cualquier gasto para llevar la vacuna a su territorio: Damos a conocer y pedimos no enviar su brigada de salud para vacunar contra la Covid-19 a nuestras comunidades, porque no será aceptado ni permitido para vacunar, decía el documento. A manera de respuesta, en el acta se señaló que sus pueblos originarios resguardan su salud con las plantas medicinales, de acuerdo a sus tradiciones y costumbres.  

En el distrito de Andoas, otro sector de muchas carencias atravesado por el oleoducto norperuano, ocurrió lo mismo entre el 21 y 22 de julio. El licenciado en enfermería Omar Chahua registró siete actas más de negación, firmadas por comunidades indígenas de las etnias achuar y kichwa. 

Chahua había realizado un viaje madrugador por el río Wasaga ―que atraviesa sectores afectados por pasivos petroleros abandonados, según denuncias de la población local― para alcanzar a la mayor cantidad de gente durante la minga, la jornada tradicional de trabajo y beneficio social que los pueblos realizan por las mañanas. Al llegar a cada comunidad, aplicó dos estrategias. La primera consistió en contactar al apu para mantener un diálogo de sensibilización sobre las vacunas, y así conseguir su autorización. La segunda fue consultar con cada familia o habitante. La mayoría se negó. 

Las razones eran las mismas versiones reportadas en otras comunidades amazónicas: que las vacunas contienen chips, que las personas que las reciben se vuelven estériles, e incluso que los vacunados morirán en pocos años. Según explicó el enfermero Chahua a OjoPúblico, parte de la dinámica que ha identificado en su trabajo de campo es la siguiente: aunque la mayoría de comunidades nativas en Andoas no tiene acceso al servicio de telefonía o de Internet, algunos comuneros que tienen celulares móviles bajan a las ciudades para conseguir conexión, realizar llamadas o comprar víveres. En los centros urbanos conocen estas versiones falsas, que al regresar esparcen dentro de la comunidad. 

En algunas comunidades, las autoridades locales firmaron actas de negación, pero a la vez dejaron que cada miembro decidiera si se aplicaba o no la vacuna. De ese modo, la brigada de Chahua pudo inocular a personas por razones laborales, como los profesores de las escuelas de la zona.

A finales de octubre, el enfermero Chahua visitó otras cinco comunidades de la etnia achuar del distrito de Andoas. Los apus de cada pueblo no solo firmaron actas de negación a la vacuna contra la Covid-19, sino que rechazaron la aplicación de otros antígenos esenciales para proteger a los niños menores de cinco años de otras enfermedades: la vacuna contra el sarampión, rubéola y papera; la vacuna pentavalente contra la difteria, tos convulsa, tétanos, influenza tipo b y hepatitis B; la vacuna contra el neumococo, entre otras.

 

Cuando ocurre esto, el personal de salud de las regiones busca dialogar con las organizaciones indígenas y las autoridades de los pueblos para establecer acuerdos sobre la vacunación. "Solo cuando ya ven que las comunidades se niegan, a pesar de un segundo o tercer intento [de diálogo], las direcciones regionales solicitan asistencia técnica a la [autoridad] nacional", explica Julio Mendigure, director ejecutivo de la Dirección de Pueblos Indígenas u Originarios del Minsa. En el Perú, la vacunación no es obligatoria. El Estado ha previsto la aplicación, a partir de diciembre, de restricciones para el acceso a lugares públicos como centros comerciales, mercados o restaurantes a quienes no hayan recibido las dosis completas del antígeno. En los territorios indígenas, alejados de los centros urbanos, la realidad plantea otros desafíos. 

Una de las zonas pendientes para el Minsa es precisamente el Datem del Marañón, donde entre octubre y noviembre del 2021 se produjo la toma de una estación petrolera como protesta por los daños ambientales causados por esa industria y en demanda de servicios básicos para las comunidades.

 

Junín: la gente pide cambio de vacuna


El 29 de junio último, Fabián Antúnez, presidente de la Central Asháninka de Río Tambo (CART), formalizó la negativa a utilizar la vacuna de Sinopharm en alrededor de 47 comunidades nativas del ámbito de su organización. Río Tambo es un distrito de la provincia de Satipo y el más grande de todo Junín, una región ubicada al centro del Perú que parece un corredor horizontal entre Lima y la Amazonía. Antúnez precisó que no se oponía a la vacunación contra la Covid-19, sino que cuestionaba la marca de la vacuna. 

En un oficio enviado a la autoridad distrital de salud, el presidente de la organización indígena solicitó el cambio de la fórmula de Sinopharm por la del laboratorio estadounidense Pfizer. 

El documento lleva adjunta la copia del acta de una reunión realizada el día anterior, entre los dirigentes indígenas y el personal de salud enviado a la zona, en la que se habían explicado los motivos del rechazo a la vacuna china. Allí Antúnez adujo haber consultado con varios médicos de Lima, quienes le comentaron que la vacuna de Pfizer era mejor. 

Hasta finales de noviembre, todo el distrito de Río Tambo, en Satipo, registró una de las más bajas coberturas de vacunación en Junín: de un total de 23.808 personas aptas para vacunarse, apenas de un 13,7 % había recibido las dos dosis, según data del Ministerio de Salud. En el mismo periodo, el distrito que también lleva el nombre de Satipo, capital de la provincia, el avance era mayor: 59,6 % de una población objetivo de 34.910 habitantes.

Funcionarios encargados del proceso dijeron a OjoPúblico que gran parte de la desinformación que circula en los pueblos de la zona fue propulsada por los locutores y responsables de medios de comunicación radiales que han difundido versiones sin sustento científico. “En las radios, múltiples personas manifiestan inclusive que el Covid-19 ni siquiera existe, que es una ideología, que se ha planteado para el consumismo y la venta de medicamentos”, explicó el director ejecutivo de la Red de Salud de Satipo, Wilbert Rodríguez, en una entrevista con este medio.

Fabián Antúnez, el líder asháninka que firmó la negativa a la vacuna china en Río Tambo, explicó a OjoPúblico que su solicitud representa una exigencia de respeto. "Mi pueblo merece una buena vacuna y con garantía”, señaló.

Si bien la vacunación ha empezado con la fórmula de Pfizer, Antúnez indicó que los miembros de la comunidad todavía dudan sobre las vacunas. “El tema del rechazo es por falta de información. La población quiere que se explique en su propio idioma [el asháninka]. Ya no al jefe [de la comunidad], sino a la población que va a ser vacunada”, indicó el dirigente.

El desprestigio hacia la vacuna de Sinopharm ha sido un problema a lo largo del territorio de Junín. Danny Quispe, director regional de Salud, dijo que la animadversión a esta marca ha logrado superarse en las zonas urbanas, pero que en las rurales y en algunas comunidades se mantiene a pesar de las campañas de sensibilización promovidas por el Gobierno central, que a nivel nacional ha superado las 500 jornadas para reuniones y talleres sobre la vacunación contra la Covid-19, y la difusión de más de 500 materiales, entre audios, videos y piezas gráficas, producidos en más de 30 lenguas indígenas. 

“A pesar de todo lo que se ha hecho a nivel de promoción de la salud y salud familiar, no hemos llegado a calar como pensábamos”, aseguró Quispe a OjoPúblico.

 

Huancavelica: la nación que padece el engaño 

La Nación Chopcca es un pueblo único que habita a 4 mil metros sobre el nivel del mar, en Huancavelica, una de las regiones más pobres del Perú. Sus miembros relatan que descienden de un personaje de poderes extraordinarios, y visten trajes negros con coloridos diseños que aquí son parte de la vida cotidiana. En el 2014, el Estado peruano reconoció a su cultura como patrimonio cultural de la Nación por su originalidad y representatividad. Apenas seis años después, en los primeros meses de la pandemia, fue noticia por un caso relacionado con la desinformación.

El 11 de junio del 2020, un grupo de comuneros Chopcca retuvo a unos ingenieros que realizaban labores de mantenimiento a unas antenas de telecomunicaciones en el Centro Poblado de Huachhua, situado en el distrito de Paucará. Los acusaban de pretender instalar antenas de tecnología 5G que, según creían, generaba el contagio del nuevo coronavirus, o por el temor de que les causara daño. En los videos del incidente se observa que los comuneros rodearon a los técnicos y, por un instante, hasta se oyen amenazas de muerte. Después de varias horas, fueron liberados tras un diálogo entre los líderes de la comunidad y la comitiva conformada por un representante de la empresa, el gobernador regional y un funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). 

"Por desconocimiento podemos tomar muchas acciones, por eso necesitamos que nos expliquen oportunamente. Aprendan a respetar a los comuneros", señaló en esa ocasión un habitante de la zona, de acuerdo a la cadena radial RPP.

A más de un año de este suceso, la Nación Chopcca aún es víctima de la desinformación. El alcalde de Huachhua ―donde se registró el incidente de las antenas―, dice que el rechazo a la vacuna es mayoritario. Según Rufino Lanasca, en las comunidades han circulado teorías de conspiración que han sido virales a lo largo de la pandemia, y que hay una sensación de desconfianza y miedo. “Solamente la gente piensa que están probando los negociantes, los grandes que están haciendo su negocio con la vacuna”, dice la autoridad.

En el sector de Huachhua habitan un total de 654 habitantes, y la vacunación empezó en el mes de abril del 2021, de acuerdo con Walter Martínez, técnico de enfermería del puesto de salud de la zona. En toda la región Huancavelica, hasta el último 17 de noviembre, se habían registrado 1.168 defunciones contra la Covid-19. Al menos cuatro fallecidos eran miembros de pueblos originarios, según el reporte del Ministerio de Salud.

“Los que no están accediendo a la vacuna son las personas mayores de 60 años”, precisó Martínez.

El problema es más grave porque, además, personal de salud que trabaja en la zona ha identificado que persiste la idea de que la Covid-19 no existe. 

“Ellos tienen un principio mágico-religioso que está ligado con las fuerzas naturales [...] y [supone que] si algo tiene que pasar es porque Dios lo está permitiendo”, refiere Roberto León, director de la red de salud de la provincia de Huancavelica. 

El presidente de la Nación Chopcca, Juan Meneses, explicó a OjoPúblico que los miembros de su comunidad necesitan que el personal de salud brinde información adecuada sobre las vacunas en cada pueblo. “Sobre la vacuna de Pfizer o Sinopharm, la gente piensa: ¿cuál de ellas es mejor? Piensan que están probando, que los grandes están negociando”, agregó Meneses.

Pese a los acercamientos iniciales con representantes del Gobierno para resolver el tema, hasta finales de noviembre, en Paucará y Yauli ―los dos distritos donde se sitúa la Nación Chopcca― tienen menos del 30 % de población meta vacunada con las dos dosis, según el Minsa:  20,2 % y 22,1 %, respectivamente.

El presidente Meneses dijo que están accediendo a recibir la vacuna de manera lenta y progresiva.

En el acta de una reunión realizada a fines de agosto, varias autoridades de la comunidad andina expresaron que la vacunación debe ser voluntaria y con una campaña de sensibilización previa. Los dirigentes y funcionarios consultados por OjoPúblico enfatizan que una demanda central es que la información debe estar en su lengua originaria, el quechua.

 

Los promotores de mentiras


El registro en documentos oficiales, realizado por los funcionarios encargados de implementar el proceso de vacunación durante los últimos meses, constituye toda una bitácora sobre las incidencias en el esfuerzo para vencer al coronavirus y contener la pandemia. Por primera vez, se puede rastrear de manera cronológica un contramovimiento, promovido por distintos actores y grupos, que erosiona la eficacia de las políticas públicas y amenaza la seguridad de sectores vulnerables de la población.

“La principal razón identificada del rechazo de las vacunas del Covid-19 es la desinformación o mala información que se difunden en medios de comunicación y redes sociales como Facebook, WhatsApp, entre otros”, precisa el informe de la Red de Salud de Bagua, Amazonas, a la que OjoPúblico tuvo acceso.

Lo mismo plantea, desde la zona andina, el presidente de la Nación Chopcca, Juan Meneses, quien confirmó que su pueblo cuenta con conexión a redes de telefonía e Internet, por lo que sus habitantes tienen acceso a mensajes antivacunas que se han vuelto virales.

La influencia de la desinformación ha sido tal que, según los reportes de campo recogidos en el informe de la red de Salud de Bagua, en Amazonas, logró confundir a gente que estaba interesada en vacunarse. En especial, cuando personajes influyentes de la zona planteaban su desacuerdo. “Esta negativa de los líderes locales frena el trabajo de sensibilización que hasta la fecha viene realizando el personal de salud en las diferentes comunidades nativas del distrito de Imaza, quienes muchas veces tenían la aceptación de grandes grupos de personas para la vacunación Covid-19; sin embargo, con el pasar de las horas y días, estas personas iban cambiando de idea de un momento a otro, firmando actas de rechazo de hasta comunidades enteras”. 

En los gráficos estadísticos adjuntos a ese informe se evidencia que el inicio de la vacunación en el mes de junio tuvo un impulso sostenido durante los diez primeros días, para luego declinar de manera dramática. "[...] después de la segunda semana de iniciada la vacunación, la cantidad de vacunados diarios comienza a disminuir, evento coincidente con la difusión de audios, videos y comunicados antivacunas a través de las redes sociales dentro de las comunidades nativas", indica en el informe de las autoridades de salud de Bagua. 

OjoPúblico recogió testimonios de distintas personas que han participado en el esfuerzo por llevar adelante el proceso de vacunación y se han topado con un efecto solo es comparable, aunque en sentido opuesto, al de las propias campañas oficiales para enfrentar la pandemia.

Uno de estos testimonios es el de la interna de medicina Lourdes Flores, del centro de salud El Muyo, en el distrito de Aramango, Amazonas. En agosto último, como parte de una brigada de vacunación, Flores atravesó un río en una cabina sujeta con poleas para llegar a la comunidad de Tsuntsuntsa. El objetivo era vacunar a 100 habitantes de la etnia awajún, pero al final de la jornada solo siete personas aceptaron la dosis del laboratorio Sinopharm. Las autoridades locales le dijeron que la gente tenía los mismos temores de otros pueblos: que la vacuna mata, que la marca enviada no era la mejor. 

También en este caso, los difusores de versiones falsas han sido grupos religiosos, redes sociales y medios de comunicación. “Incluso Willax, que es el principal canal que ha estado en contra de la vacunación, y que ha dado una información falsa [sobre la vacuna de Sinopharm]”, dijo Flores en referencia a un programa de televisión por cable ―que luego se viralizó en redes sociales―, en el que el biólogo y entonces candidato al Congreso Ernesto Bustamante presentó de manera errónea los datos de un informe sobre la eficacia de la vacuna de Sinopharm en Perú, y hasta dijo que causaba más Covid-19 que el placebo. Bustamante, hoy congresista por Fuerza Popular, ha insistido con sus críticas a la vacuna procedente de China. “Y todo eso se ha quedado en la mente de las personas”, enfatizó la médica serumista.

La versión ha seguido circulando meses después en los territorios indígenas.

OjoPúblico intentó comunicarse con Bustamante por llamadas telefónicas y la red de mensajería WhatsApp, pero al cierre de esta edición, no obtuvo respuesta. 

A una consulta para este reportaje, Esther Marchena, coordinadora de inmunizaciones de la Diresa de Amazonas, identificó que los contenidos fraudulentos también se han transmitido en volantes. En uno se observa la consigna del 'No a la vacuna' junto a datos falsos sobre sus componentes: que supuestamente incluyen mercurio, células de animales y de humanos. 

Este material fue realizado por un grupo que se identificó como parte de Acción Humanista Revolucionaria (AUR), un movimiento originado en Bolivia y cuyos presuntos seguidores peruanos han realizado plantones en Lima para oponerse a la vacunación y esparcir teorías conspirativas sobre la pandemia. Rafael Sagárnaga, directivo de AUR en la ciudad boliviana de Santa Cruz, confirmó que su organización tiene enlaces en al menos 3 regiones del Perú: Lima, Arequipa y Lambayeque. OjoPúblico intentó comunicarse con los miembros voceros de los grupos locales, pero al cierre de este reportaje no hubo respuesta.

Los grupos antivacunas se han adelantado y han sido más rápidos que las propias campañas del Estado, dice Marchena. Por eso, la funcionaria considera que resarcir los daños de estas versiones va a ser un esfuerzo arduo. El problema es que la desinformación parece haber calado también en los equipos que deben ejecutar las campañas de vacunación: según la data recibida por Esther Marchena, al menos hasta septiembre del 2021, se registraron cerca de sesenta casos de técnicos sanitarios, miembros de pueblos indígenas, que se negaron a que les aplicaran la vacuna contra la Covid-19. 

En la región amazónica de Loreto, la obstetra Gisella Elizabeth Coloma ha encontrado que la información se tergiversa tanto a partir de comentarios y rumores como por los mensajes propalados por agentes de sectores religiosos, como los pastores de distintas confesiones. “En lo que es atención primaria de salud, si el pastor les dice que no se vacunen, no se vacunan. Creen mucho en lo que el pastor les inculca”, dice la gerenta de la Microrred de Salud de Andoas.
 
Es común que en cada comunidad exista una iglesia dirigida por un pastor. Es decir, no funcionan como una franquicia sino que actúan de manera autónoma y varias están diseminadas por las zonas rurales de Loreto, según explicó a OjoPúblico Gonzalo Marsá, coordinador técnico del Comando Covid-19 Indígena de Loreto, un grupo presidido por líderes y representantes de organizaciones indígenas de la Amazonía, como la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) y la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO). Tan solo esta última agrupa a más de cuatrocientas comunidades. 

Marsá comentó a OjoPúblico que no basta informar sobre las vacunas sino que es necesario que las autoridades sanitarias de las regiones coordinen con las organizaciones indígenas y líderes de las comunidades antes de que las brigadas ejecuten sus intervenciones. “Nosotros hemos hablado de tres requisitos: que la vacunación sea informada, coordinada y consentida”, dijo.

 

Un refuerzo para pueblos indígenas


Tres meses después del viaje en que recogió el rechazo de siete comunidades indígenas de Loreto en dos días, el técnico en enfermería Omar Chahua tiene algunos reparos para volver. Considera un riesgo regresar a lugares donde la negativa a la vacuna fue tajante. “Insistir demasiado, tal vez, puede generar una reacción contra mi persona”, comenta en una conversación telefónica para este reportaje. Su temor tiene antecedentes como la experiencia del enfermero Dixon Rodríguez, quien fue rodeado con armas en los territorios ashéninkas de Ucayali. También las de otros miembros del personal de salud en comunidades de Amazonas, donde la gente no solo rechaza la vacuna, sino que ha llegado a considerarla parte de una operación de castigo o exterminio, según el caso. “No voy a arriesgar mi integridad física por una decisión ya tomada [por la comunidad]”, dice Chahua.

A estas alturas queda bastante claro que ya no es solo un problema de mensajes confusos, sino de una brecha cultural que, agravada por la desinformación, sigue poniendo en riesgo a pueblos vulnerables al mismo tiempo que el país avanza en la inmunización contra la Covid-19. A inicios de noviembre del 2021, el Gobierno peruano respondió a este punto crítico con la asignación de casi 28 millones de soles ―unos 7 millones de dólares― para financiar las intervenciones sanitarias. Este presupuesto incluye, entre otros gastos, la posibilidad de incorporar a alrededor de 3 mil enlaces indígenas al trabajo de las brigadas. "Estamos en proceso de contratación. A ellos se les va a capacitar sobre las funciones que van a cumplir en el territorio, sobre el ABC de la vacuna contra la Covid-19”, indicó a OjoPúblico Julio Mendigure, responsable de la Dirección de Pueblos Indígenas u Originarios del Minsa. Mientras los expertos especulan sobre el impacto de una tercera ola de la pandemia en el país, hay toda una marea de mentiras y engaños por contener en las regiones más aisladas del Perú.

 

*Para obtener las tasas de vacunación contra la Covid-19, OjoPúblico ha tomado como fuente el portal de Datos Abiertos del Ministerio de Salud. 

*Para el rastreo de medios de desinformación en regiones se contó con la participación de los voluntarios Sebastián Rosas, Hiro Ramos y Arlie Carrera.

https://ojo-publico.com/3190/actas-revelan-enganos-sobre-vacunas-en-pueblos-indigenas