MADRID.- El
Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Trabajo, ha
aprobado este jueves un Real Decreto-ley con medidas en materia laboral y
de prevención de riesgos relacionados con el cambio climático y
catástrofes.
La norma contempla la modificación del Estatuto de los Trabajadores
para incluir un nuevo permiso retribuido, el llamado "permiso
climático", que blinda el derecho de los trabajadores a no acudir al
trabajo en caso de catástrofes o alertas climáticos.
En concreto, los trabajadores dispondrán de permisos remunerados de
hasta cuatro días por imposibilidad de acceder al centro de trabajo o
transitar por las vías de circulación necesarias para acceder al mismo,
como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones
al desplazamiento establecidas por las autoridades competentes, así como
cuando concurra una situación de riesgo grave e inminente, incluidas
las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y
Economía Social, Yolanda Díaz, ha explicado este jueves que a partir de
esos cuatro días las empresas podrán ubicar a esos trabajadores en un
ERTE de fuerza mayor o prorrogar el permiso, contribuyendo a sufragarlo.
"Por tanto, por primera vez en España, siguiendo el modelo de Canadá,
vamos a tener permisos auténticamente climáticos", ha subrayado Díaz.
La empresa podrá establecer el trabajo a distancia en el marco de la ley 10/2021 si su actividad lo permite.
La ministra ha precisado que estos permisos que se incorporan a la
legislación permitirán a los trabajadores no acudir a su puesto de
trabajo por razones de emergencia climática, como se ha hecho
provisionalmente con los trabajadores afectados por la DANA de finales
de octubre.
"España tendrá por primera vez permisos climáticos remunerados para
la gente trabajadora. Hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros el
tercer paquete de ayudas para seguir protegiendo y reconstruyendo
Valencia tras la DANA. Y dentro de estos paquetes hay medidas que
tendrán carácter permanente y a lo largo de todo el país", ha señalado
la ministra en un vídeo remitido a la prensa.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el
titular de Economía, Carlos Cuerpo, ha dejado claro que "estos permisos
climáticos" serán posibles cuando no se pueda acudir físicamente al
trabajo y no se pueda trabajar a distancia.
"Aquí lo que tenemos es una casuística bien recogida de las causas
que pueden dar lugar a estos permisos climáticos y que tienen que ver
con la imposibilidad de acudir físicamente al trabajo. Se le da también
un rol particularmente importante a los representantes de los
trabajadores a la hora de ser capaces de identificar estas casuísticas. Y
tiene que darse la característica conjunta de que no se puede realizar
el trabajo de manera remota", ha apuntado Cuerpo.
Díaz, por su parte, ha subrayado que, con esta norma, los
trabajadores quedarán protegidos frente a incumplimientos o la
denegación de estos permisos climáticos. "Ninguna persona podrá sufrir
perjuicio alguno por la adopción de estas medidas. La Inspección de
Trabajo está para ello", ha recordado la ministra.
La norma aprobada este jueves también establece la obligatoriedad de
que los convenios incluyan un protocolo de actuación que recojan medidas
de prevención de riesgos específicamente referidas a la actuación
frente a catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos.
"Vamos a darle un mandato a la negociación autónoma colectiva en las
empresas, en cada una de las empresas, para que legislen de conformidad
con la emergencia climática. Frente al negacionismo climático de las
derechas, el Gobierno de España está comprometido con las políticas
verdes y lo estamos demostrando justamente hoy con estas normas", ha
apuntado la ministra.
La representación legal de las personas trabajadoras contará, a
partir de ahora, con un nuevo derecho de información de las medidas de
actuación previstas con motivo de la activación de alertas por
catástrofes y otros fenómenos meteorológicos adversos y, en su caso,
podrán parar la actividad.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social elaborará, en un plazo
máximo de 12 meses, un Real Decreto que aborde la protección de las
personas trabajadoras frente a los efectos del cambio climático en el
ámbito laboral.
Las medidas laborales aprobadas este jueves en el Consejo de
Ministros contemplan además el derecho de los trabajadores a ser
informados de las actuaciones previstas con motivo de la activación de
alertas por catástrofes.
Ante riesgos graves e inminentes, la empresa estará obligada a
informar lo antes posible de las medidas a adoptar y dar instrucciones
para interrumpir la actividad, que quedará suspendida hasta que remita
el peligro.
Las empresas tendrán un plazo de 12 meses para tener diseñados protocolos climáticos en sus respectivos ámbitos.
"Ningún lugar mejor que cada una de las empresas en función de la
actividad que presten, de las necesidades que tengan para ajustar esos
protocolos que ya van a formar parte de nuestras vidas. Por tanto, hoy
España es mejor, damos certidumbre y tenemos normas que van de la mano
de la emergencia climática", ha remarcado la ministra.
Estos protocolos que habrán de hacer las empresas en el plazo de un
año se tendrán que adaptar los riesgos climáticos de cada una de ellas.
"Los riesgos climáticos no son los mismos para un trabajador que
trabaja en una empresa de construcción o a la intemperie que para el que
trabaja por ejemplo, en la enfermería o el que lo hace en una
biblioteca. Por tanto, les damos a las empresas españolas, a todas
ellas, el mandato de que en 12 meses tienen que tener protocolos de
actuación, como tenemos protocolos para la violencia machista, para la
prevención de las violencias LGTBI", ha explicado esta mañana la
ministra en una entrevista con TVE.
