MADRID.- Por primera vez en muchos años de activismo, el partido animalista Pacma ha
logrado agitar el avispero lejos de las grandes ciudades, en pueblos de
provincias donde sus siglas sonaban hasta hoy como algo exótico. A
finales de febrero, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
(TSJCyL) suspendió cautelarmente la actividad cinegética en toda la comunidad autónoma en
base a un recurso interpuesto por el Pacma contra el Reglamento de
Caza, el decreto que regula la actividad, recuerda El Confidencial.
Este miércoles, ese mismo
tribunal apuntaló el ataque de los animalistas paralizando también la
Orden de Caza, documento que especifica qué especies y cuántos
ejemplares se pueden cazar, un hecho que obstaculiza la reanudación
inmediata que preveía la Junta de Castilla y León. El Pacma califica
ambas decisiones de históricas y advierte de que repetirá la operación en más autonomías hasta lograr la "extinción" de la caza.
Estas decisiones judiciales
han levantado una enorme polvareda y no precisamente entre los cazadores. Alcaldes, agricultores y ganaderos se echan las manos a la cabeza ante lo que consideran "la ruina más absoluta" para sus pueblos y sus negocios si la jueza Ana María Martínez Olaya,
presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCyL,
prolonga esta suspensión.
En una autonomía mayoritariamente rural y
empobrecida, los cotos de caza suponen un ingreso de dinero fundamental
para los municipios, en algunos casos llegando a alcanzar el 50% del presupuesto anual.
Para los agricultores y ganaderos la caza también es importante. A los
primeros, les permite mantener a raya a la fauna salvaje, evitando que
la superpoblación arrase sus cultivos. A los segundos, les permite
controlar el posible contagio de enfermedades a su cabaña ganadera.
"Mi pueblo se está jugando la mitad del presupuesto con esto. Si se
alarga y perdemos la actual campaña de caza el municipio va a quebrar,
así de claro. Ya veremos si podemos pagar al secretario municipal",
reacciona Susana Pardo, agricultora y alcaldesa pedánea
de Mazuelo de Muñó, municipio de Estépar (Burgos), 643 habitantes.
"Mazuelo tiene 42.000 euros de presupuesto más las subvenciones. El coto
nos da 22.000 euros. Habrá que pensar en dejar de prestar servicios o
arreglar las averías. Estamos ante un problema muy gordo, un ataque frontal a los pueblos. Están buscando nuestra ruina".
La Junta estima en 506 millones de euros el volumen de negocio que genera la actividad cinegética en la comunidad, con 8.000 empleos vinculados a ella.
Los pocos hostales, bares y restaurantes que resisten en los montes y
llanuras castellanoleonesas dependen fuertemente de la visita de
cazadores los fines de semana para sostener sus negocios de octubre a
febrero y de abril a junio.
Las conclusiones son unánimes. "Si esto se prolongase tres o cuatro años, veríamos un éxodo masivo del mundo rural.
Ya estamos sufriendo problemas de saneamiento ganadero porque se nos
comen los cultivos. Una sola temporada sin caza es algo catastrófico",
sostiene Aurelio Pérez, coordinador general del
sindicato agrario COAG en Castilla y León.
"Estamos preocupadísimos, el
tribunal ha cometido un error de bulto. Ya hay ayuntamientos que no
saben cómo harán frente a los gastos de personal y cómo mantendrán los
servicios mínimos", subraya Jesús Manuel González Palacín, coordinador de la Unión de Campesinos de Castilla y León.
Una
consecuencia inmediata ha sido la suspensión de la subasta de animales
prevista para este sábado en la Reserva de Caza de la Sierra de la
Culebra, en Zamora. La decisión se toma "a la espera de tener una
solución definitiva y de garantía que permita la práctica de la caza ya
en la presente campaña".
Eso supone la devolución de 65.000 euros de cupos de caza de lobo asignados en la anterior subasta. Solo en Zamora se estima en 200.000 euros directos lo que hay en juego. Hay ciertos cotos, como los de cabra montesa, donde se llega a pagar 30.000 euros por el aprovechamiento.
Laura Duarte, portavoz del Pacma,
considera estos miedos exagerados. "No dudamos del impacto económico en
determinados lugares de Castilla y León, pero la caza no es el sustento económico del mundo rural,
sino la base del negocio de algunas personas que tienen intereses en
esta actividad".
Es más, Duarte rechaza de plano la tesis sostenida por
alcaldes y agricultores porque lo realmente importante de cara al futuro
es proteger el medio ambiente, no el problema inmediato del dinero no
ingresado para el cual se deben estudiar alternativas.
"No
se puede abordar esto como un problema económico cuando lo que está en
riesgo es el medio ambiente", sostiene. "Las consecuencias futuras de
seguir permitiendo la caza pueden ser irreparables.
El auto aprecia que por encima de todo están los intereses ecológicos.
La caza no solo mata animales, también contamina los acuíferos por
culpa del plomo, crea desequilibrios entre especies y genera cambios en
los ecosistemas por el movimiento de las poblaciones. Hay que actuar de
inmediato. Es mentira que la economía rural se vaya a hundir si no hay
caza".
El
Pacma ha sabido aprovecharse de una ley anticuada
y poco precisa para dar este golpe de efecto. Primero tuvo éxito
recurriendo el Reglamento de Caza por falta de información clara sobre
cómo se conservan las especies cinegéticas, cómo se controla su
población y cuál es su distribución geográfica.
Ahora ha logrado
suspender la Orden de Caza, que especifica qué especies y cuántos
ejemplares se pueden cazar. Hace varios años que no se efectúa un censo en Castilla y León,
y ante la duda razonable de cuántos ejemplares hay y qué especies
podrían encontrarse en peligro, la jueza Martínez Olalla ha paralizado
cautelarmente la actividad. Este fallo es recurrible y en ningún caso
firme.
"Esperamos que todo quede resuelto este mes", adelanta el coordinador de COAG. "Afortunadamente todos los partidos políticos y la Junta han reaccionado en el mismo sentido,
todos entienden que la caza es fundamental para la supervivencia del
mundo rural. Esperamos que se redacte y se presente una propuesta de ley
clara y concisa que recoja las especies cinegéticas y regule la caza
con claridad. La ley actual está mal hecha y es normal que si alguien la
recurre el juez le dé la razón".
La Junta le ha dado prioridad a la
confección de esta nueva ley, que actualiza la de 1996 y ha de quedar
aprobada antes de la disolución de las cortes autonómicas.
Para el Pacma, este frente común para tumbar su acción
judicial y ganar la batalla es un mal síntoma. "Prefieren proteger al
cazador en lugar de a la fauna silvestre", se lamenta su portavoz.
"Aunque yo no daría por seguro que esa ley implique la vuelta de la
caza, porque el reglamento está suspendido por orden judicial". La clave
estará en si el TSJCyL aprueba el recurso presentado por la Junta para
levantar la suspensión. De lo contrario, el problema puede enquistarse mucho más.
La
situación es, en realidad, muy tensa desde hace tiempo. En abril de
2018, una concentración de agricultores damnificados por la plaga de
conejos en Castilla-La Mancha terminó con tensión y un herido por la acción policial cuando los manifestantes trataban de irrumpir en el Parlamento autonómico en
Toledo.
Animalistas y gente del mundo rural se echan los trastos a la cabeza
sobre quién es el responsable del actual desequilibrio de especies
salvajes.
Agricultores y ganaderos insisten en que el descenso de
cazadores en los montes, producido en buena medida por el abandono de
los pueblos, hace que especies como el jabalí, el conejo y el corzo
campen a sus anchas. Incluso el lobo, que ya alcanza 2.000 ejemplares
en Castilla y León.
Por contra, los animalistas aseguran que la culpa es
de los cazadores, que realizan sueltas incontroladas de ejemplares para luego poder darles muerte en los cotos.
En efecto, existen las sueltas y
hay un negocio regulado en torno a ellas.
Los animalistas también señalan la degradación de los hábitats
naturales para argumentar que en realidad no hay superpoblación, sino un
desplazamiento masivo de ejemplares hacia zonas donde pueden encontrar
comida, entre ellas los núcleos urbanos que tantas alarmas está
provocando.
Lorenzo Jiménez es alcalde de
Villardeciervos, en la Sierra de la Culebra de Zamora, y es de los pocos
alcaldes que se encuentra dividido. Por un lado, se reconoce
conservacionista y poco amigo de la caza, pero por el otro entiende que
es un negocio fundamental para la supervivencia de muchos municipios y
familias al que es complicado encontrarle una alternativa.
"Esto es más complejo que si unos tienen razón o no.
En los pueblos
tampoco podemos decir que seamos unos grandes gestores de la fauna
silvestre. Cuando se autoriza una batida de zorros, por ejemplo, a los
tres meses salen los sindicatos diciendo que hay demasiados conejos. Es
lógico que si matas los zorros se disparen los conejos. Necesitamos
regular mejor todo esto".
En Villardeciervos, en la zamorana Sierra de la Culebra, dependen poco de la caza.
El municipio ingresa 7.000 euros por su coto, una cifra modesta, y el
alcalde asegura que las visitas de turistas para observar la naturaleza
dan más dinero a los negocios locales que la caza. No obstante, la
tónica general en municipios menos atractivos para el turismo es que la
caza copa un porcentaje muy elevado de pernoctaciones y gasto en
restaurantes, bares y tiendas locales.
Javier Faúndez es presidente de la mancomunidad Tierras
de Aliste, alcalde de Trabazos y senador del Partido Popular por
Zamora. Los cotos de su municipio, que engloba a cinco pueblos y 967
habitantes, generan 30.000 euros. En su caso, como en otros muchos
ayuntamientos, los derechos cinegéticos están cedidos a las juntas
vecinales, que lo revierten en labores de siembra, desbroce y plantación de árboles
o mantenimiento de caminos. "Prolongar esta suspensión sería demoledor
para el comercio.
Hablamos de algo tan sencillo como un apicultor que
por culpa del odio que cierta gente tiene a la caza no puede vender su
miel y no tiene dinero para vivir. El Pacma es un conglomerado de
personas idealistas que no tienen contacto ninguno con el mundo rural, y
piensan que es un paraíso venir 15 días al año a ver animalitos correr
por los campos sin pensar en quién les alimenta todo el año, que son los
agricultores perdiendo miles de euros en cosechas".
Faúndez va más allá y asegura que "ya hay agricultores en muchas zonas de Castilla y León que tiran la toalla y no siembran
porque es tal el censo de caza mayor y de conejos que es inviable
cultivar nada".
La alcaldesa de Mazuelo de Muñó también es muy crítica:
"Una cosa son los documentales en la tele y otra la realidad. Hay que
vivir en el medio rural y ver los animales para opinar. En mi pueblo ahora hay corzos cuando nunca los ha habido.
Hay gente vallando las viñas porque los animales se las comen. ¿Saben
en el Pacma que los animales salvajes también comen? Yo soy agricultora y
puedo decir que, si no se controla, la población de jabalíes o conejos
arrasan tu trabajo. Es muy bonito querer ver a los animales corretear
por el campo con el dinero de otros".
Desde el Pacma
rechazan la acusación de urbanitas sin conocimiento rural. "Yo misma he
vivido muchos años en un pueblo y conozco cuáles son los problemas de
los entornos rurales, y no son justamente los que dicen los cazadores.
No entiendo que nos ataquen cuando somos quienes más nos preocupamos del mundo rural", se defiende Duarte.
Más allá del peligro para los cultivos, en Castilla y León todos temen por la expansión del jabalí,
que ya es plaga en varios lugares de la península, animal que se
convierte en perfecto portador de la fiebre porcina africana, capaz de
arruinar la potente cabaña porcina castellanoleonesa.
"Hablamos de un
negocio de 7.000 millones de euros. Si sale un caso de
peste porcina africana nos cargamos todo sector porque no podremos
exportar", advierte el coordinador de COAG. Alemania y Francia ya han
creado cordones sanitarios para protegerse de esa enfermedad que en
Europa afecta a ejemplares principalmente de Rusia y Rumanía.
El gran problema de base en la guerra entre el Pacma y los representantes del mundo rural es que no existe posibilidad de entendimiento. Empresarios y algunos ecologistas están dispuestos a negociar un cupo de especies y ejemplares aptos
para la actividad cinegética, pero los animalistas, con el Pacma a la
cabeza, rechazan cualquier diálogo que entrañe matar un solo animal.
"Tenemos capacidad de encontrar soluciones más fáciles e inmediatas que
abatir animales para controlar las poblaciones, como es la
esterilización, la devolución de especies a su hábitat o el vallado de
carreteras para no poner en peligro vidas humanas", sostiene el partido.
En el otro lado, la reacción vuelve a ser la misma: el Pacma no ha
entendido nada.
