sábado, 31 de enero de 2026

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales paraliza cautelarmente la licitación del desmantelamiento de Puerto Mayor


MURCIA.- El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha decidido paralizar cautelarmente la licitación del desmantelamiento de las instalaciones de Puerto Mayor y la recuperación ambiental de la Caleta del Estacio, que cuenta con un presupuesto de 25,77 millones de euros.

Este organismo admite el recurso especial en materia de contratación presentado por la Asociación de Constructores de Murcia, ACOMUR, y decide tomar esta medida porque "los perjuicios que podrían derivarse de la continuación por sus trámites del procedimiento de contratación son de difícil o imposible reparación".

En el documento presentado por ACOMUR se ponen de manifiesto diversos errores en la partida de Gestión de Residuos, que representa más del 55% del importe de ejecución material del contrato. 

En particular, el proyecto contempla el tratamiento conjunto de residuos peligrosos y no peligrosos. Como consecuencia, el cálculo relativo a la retirada del material contaminado procedente de los rellenos resulta incorrecto, al infravalorarse tanto el tiempo necesario como el coste de su transporte hasta vertederos autorizados. 

Esto, a su vez, altera la estimación de emisiones de CO2 establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental.

El presidente de ACOMUR, José Juan González, ha valorado positivamente esta medida cautelar "necesaria para que se analice en profundidad toda la documentación de esta licitación y se actualice el pliego de esta obra, que es fundamental para el entorno en el que se ubica".

Los espacios naturales protegidos de la Región superan las 68.000 personas atendidas en 2025

 MURCIA.- Los espacios naturales protegidos de la Región de Murcia cerraron el año 2025 con más de 68.000 personas atendidas a través del Servicio de Información y Atención al Visitante, una cifra que supone un incremento respecto al ejercicio anterior y que consolida la tendencia al alza en el uso público y la participación ciudadana en estos enclaves naturales. 

El balance anual recoge tanto la atención directa al visitante como la participación en actividades, programas educativos y acciones divulgativas desarrolladas a lo largo del año.

"Estos datos reflejan el creciente interés de la ciudadanía por conocer, disfrutar y respetar los espacios naturales protegidos, así como el esfuerzo que realiza el Gobierno regional por acercarlos a todos los públicos mediante una oferta variada, accesible y de calidad", destacó el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, quien subrayó que "la educación ambiental y la divulgación son herramientas clave para garantizar la conservación a largo plazo de nuestro patrimonio natural".

La atención a los visitantes se articula a través de una red compuesta por cuatro Centros de Visitantes y cuatro Puntos de Información distribuidos estratégicamente por el territorio regional. 

En cuanto a los primeros, se trata, en concreto, del Centro de Visitantes y Gestión Ricardo Codorníu, en el Parque Regional de Sierra Espuña; el Centro de Visitantes El Valle, en el Parque Regional de El Valle y Carrascoy; el Centro de Visitantes Las Cobaticas, en el Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila; y el Centro de Visitantes Las Salinas, en el Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.

A ellos se suman los Puntos de Información de Fuente la Higuera, en el Parque Regional de la Sierra de la Pila, en el municipio de Fortuna; el del Santuario de La Esperanza, en la Reserva Natural Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa, en Calasparra; el ubicado en el Monumento Natural Monte Arabí, en Yecla; y el Punto de Información de Coto Cuadros, en el monte público del mismo nombre, en Murcia.

Desde estos recursos se ofrece orientación sobre senderos, normativa, valores naturales y zonas de uso público, además de apoyo a las actividades programadas.

El balance de 2025 pone de relieve el peso de la programación de actividades como una de las líneas de actuación con mayor alcance. Más de 14.000 personas participaron en las propuestas incluidas en la denominada 'Mochila de Actividades', que engloba rutas guiadas, yincanas, exposiciones, talleres, puntos de información móviles y acciones vinculadas a la celebración de días mundiales relacionados con el medio ambiente, dirigidas tanto a público general como a grupos organizados.

En el ámbito educativo, el programa 'La Naturaleza a tu alcance' implicó a 11.800 estudiantes, que participaron en actividades desarrolladas tanto dentro de los espacios naturales protegidos como en centros educativos de la Región. 

Esta línea se complementa con otras iniciativas diseñadas para distintos perfiles, desde escolares y familias hasta colectivos locales y visitantes habituales de los espacios naturales.

El informe recoge también acciones específicas como el programa 'ProCuadros', que atendió a 3.306 escolares en actividades de orientación y educación ambiental en el Monte Público de Coto Cuadros, consolidando este espacio como un referente para el aprendizaje en contacto con la naturaleza. De esta forma, el número total de participantes en programas escolares superó los 15.000 alumnos.

Entre los recursos y actividades con mayor demanda durante el pasado año destaca el área educativa del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle, cuyas visitas permiten acercar al público el trabajo de conservación y recuperación de especies silvestres. 

Asimismo, las rutas guiadas por espacios protegidos registraron una elevada participación y permitieron dar a conocer de forma directa la biodiversidad regional mediante experiencias prácticas adaptadas a diferentes edades y niveles de conocimiento.

Además de la actividad desarrollada en los propios espacios naturales, la programación incluyó acciones de divulgación fuera de los parques regionales. 

En este contexto, la participación en eventos como la Semana de la Ciencia y la Tecnología permitió llegar a unas 2.000 personas, lo que amplía el alcance de los mensajes de sensibilización ambiental a nuevos públicos.

IU-Verdes llama a movilizarse mañana 1F contra la caza con perros en Murcia y Cartagena y denuncia el uso de dinero público para sostener los cotos de una oligarquía de terratenientes

 MURCIA.- La Red Animalista de Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia ha hecho hoy un llamamiento a la participación en la marcha estatal contra la caza con perros, convocada por la Plataforma NAC No a la Caza para este domingo 1 de febrero, a las 12 horas en Murcia y Cartagena, coincidiendo con el Día Mundial del Galgo.

Así lo ha anunciado Dominic David Skerrett, recientemente nombrado responsable de la Red Animalista de IU-Verdes, en declaraciones realizadas esta mañana desde la plaza Hernández Amores, de Murcia, uno de los puntos de la movilización en la Región junto a Cartagena, donde la protesta partirá desde la plaza de España.

"El final de la temporada de caza vuelve a dejar un reguero de abandono, maltrato y muerte de miles de galgos, podencos y otros perros utilizados como herramientas desechables", ha denunciado Skerrett, quien ha señalado que esta realidad "permanece deliberadamente oculta por la ausencia de datos oficiales fiables y por la complicidad institucional del PP de López Miras con el sector cinegético".

Desde IU-Verdes han puesto el foco en lo que califican como "un negocio sostenido por una oligarquía de grandes terratenientes, propietarios de cotos de caza privados, que no solo se lucran con esta actividad, sino que además reciben ayudas públicas, incluidas subvenciones de la Política Agraria Común, destinadas supuestamente al desarrollo rural".

"Estamos hablando de dinero público europeo que acaba reforzando un modelo basado en la violencia contra los animales, la privatización del territorio y la impunidad", ha afirmado el responsable de la Red Animalista.

Skerrett ha criticado duramente la exclusión de los perros de caza de la Ley Estatal de Bienestar Animal, una decisión que, a su juicio, "los deja en un limbo legal sin controles de bienestar, sin inspecciones en rehalas y perreras y sin garantías sanitarias mínimas". 

Una desprotección que, ha recordado, se ve agravada por el nuevo Real Decreto de Núcleos Zoológicos y por decisiones adoptadas también a nivel europeo.

En este contexto, el portavoz animalista ha anunciado que IU-Verdes registrará iniciativas en la Asamblea Regional para exigir transparencia al Gobierno autonómico.  

Entre ellas, solicitarán información detallada sobre las relaciones entre la Administración regional y la Federación de Caza, así como un desglose exhaustivo de las subvenciones públicas que los ayuntamientos de la Región de Murcia conceden a sociedades de caza.

"La caza no es cultura ni tradición: es maltrato sostenido con dinero público. Y frente a eso, la sociedad tiene que organizarse y salir a la calle", ha concluido Skerrett, animando a la ciudadanía a sumarse a las movilizaciones de mañana 1 de febrero a las 12:00 horas en Murcia y Cartagena.

MC denuncia que el nuevo Plan General elimina el bulevar que debe unir Cartagena y La Unión

 CARTAGENA.- La vicepresidenta y coordinadora regional de MC, Esther Guzmán, ha lamentado que el gobierno de Noelia Arroyo haya perdido una nueva oportunidad de vertebrar la comarca de Cartagena al eliminar del nuevo Plan General de Ordenación Urbana el bulevar previsto para conectar Cartagena con La Unión a través de la carretera N-332, una infraestructura estratégica anunciada durante años y contemplada en el fallido Plan General de 2012, pero que ahora desaparece sin explicación técnica ni política.

Guzmán ha destacado las palabras del portavoz y líder de MC Cartagena, Jesús Giménez Gallo, que fue tajante al lamentar esta situación, tal y como confirmaron los técnicos y lo corroboró el concejal de Urbanismo, Diego Ortega.

 “No han reservado el espacio necesario para ejecutarlo ni para el carril bici previsto”, ha explicado Giménez Gallo, recalcando que La Unión sí lo hizo en su día y lamentando que Cartagena nunca lo hizo y, por lo visto, nunca lo hará.

La vicepresidenta de MC ha recordado que este bulevar fue anunciado en 2008 por los alcaldes entonces de La Unión y Cartagena, Francisco Bernabé y Pilar Barreiro, respectivamente, y debía transformar la conexión entre ambos municipios, generando desarrollo urbano, movilidad sostenible y cohesión territorial.

 “Era el futuro lógico de la N-332, pero hoy, Arroyo lo borra del Plan General porque no tiene proyecto, ni visión, ni voluntad de vertebrar la comarca”, ha lamentado.

Asimismo, la coordinadora regional ha criticado duramente la asociación impulsada por Noelia Arroyo con alcaldes de la comarca, una entidad que considera “un club de reuniones vacías”.

 “La asociación que ha montado Arroyo no sirve más que para reunirse y echarse unas risas entre ellos; no avanza en nada, no reivindica nada y no aporta nada a la vertebración real de la comarca”, ha denunciado.

Guzmán ha subrayado que la verdadera vertebración territorial pasa por la comarcalización o incluso por la creación de una segunda provincia, no por “una asociación sin competencias, sin ambición y sin resultados”.

La vicepresidenta de MC ha sido especialmente crítica con las declaraciones recientes del alcalde de La Unión: “Dijo que la asociación era más productiva que la comarca o que la provincia; y lo dijo el alcalde de un municipio fallido, que se está hundiendo y cuyo único futuro pasa precisamente por el bulevar con Cartagena; pero él parece que no lo sabe”.

Guzmán ha insistido en que la eliminación del bulevar demuestra la falta de proyecto de la alcaldesa: “Ella con tener la A-30 libre ya sabemos que se conforma, porque es su camino, pero Cartagena necesita mucho más que eso: necesita planificación, movilidad sostenible y una comarca unida”.

Así, desde MC denuncian que el Gobierno local ha renunciado a reservar el suelo necesario para el bulevar y el carril bici, condenando a Cartagena y La Unión a seguir separadas por una carretera obsoleta y sin capacidad de transformación urbana.

“El Plan General renuncia a vertebrar la comarca y condena al aislamiento interior”, ha sentenciado la coordinadora regional. Y es que, la eliminación del bulevar es una prueba más de que el Plan General del PP no responde a un modelo de ciudad ni a un proyecto de comarca, sino a una gestión improvisada y sin ambición. 

“La Unión hizo su parte. Cartagena no. Y ahora Arroyo certifica que no piensa hacerla, renunciando a un proyecto estratégico para dos municipios que deberían caminar juntos”, ha concluido. 

El Ayuntamiento de Cartagena inicia la campaña de plantación de arbolado con la previsión de 300 nuevos árboles

 CARTAGENA.- El Ayuntamiento de Cartagena, a través del servicio municipal de Parques y Jardines, ha iniciado la campaña municipal de plantación de arbolado con la provisión de incorporar más de 300 nuevos árboles a lo largo de 2026 en distintos puntos del municipio, especialmente en las diputaciones, dentro del plan de mejora y recuperación del paisaje urbano.

Las primeras actuaciones ya se están ejecutando en zonas como La Aparecida, La Palma y Pozo Estrecho, donde se están plantando más de 90 nuevos ejemplares. Estos trabajos permiten reforzar el arbolado existente, mejorar la calidad ambiental y renovar espacios urbanos.

Entre las especies seleccionadas se encuentran pinos, jacarandas, moreras, tipuanas y plátanos de sombra, elegidas por su resistencia y buena adaptación al clima mediterráneo. Las plantaciones incluyen tanto reposiciones de ejemplares como nuevas incorporaciones, con el objetivo de avanzar hacia un arbolado municipal más sano, seguro y sostenible.

La campaña continuará a lo largo de 2026 en otras diputaciones como La Aljorra, Miranda y Perín, entre otras, ampliando así la cobertura del plan municipal y apostando por una mejora progresiva del entorno urbano y rural del municipio.

Además, el Consistorio ya trabaja en la planificación de la campaña de 2027, que permitirá extender estas actuaciones a nuevas zonas como Los Belones, Vista Alegre, Los Camachos y El Llano, con el objetivo de consolidar una red de espacios verdes más equilibrada y adaptada a las necesidades de cada núcleo de población.

'No Te Prives' renueva su junta directiva apostando por el feminismo y la salud sexual

 MURCIA.- La asociación decana en la defensa de los derechos de la diversidad sexual de la Región de Murcia, el colectivo No Te Prives, renueva su junta directiva tras la expiración de mandato de su última junta directiva.

Durante el periodo 2023-2025, la junta encabezada por Germán Echevarría se centró en devolver la actividad al colectivo, la unión con las demás asociaciones locales de la Región a través de la recién impulsada Red Regional LGTBIQ+ y la vuelta de las mujeres al No Te Prives.

Fruto del esfuerzo en esa feminización del colectivo, Echevarría pasa el testigo a Susana Tortosa, hasta ahora coordinadora del grupo Mujeres Diversas de No Te Prives.

La nueva directiva encabezada por Tortosa es la que más mujeres incluye en la historia del colectivo No Te Prives.

Destaca en la nueva directiva el fichaje de la doctora Rosa Miñarro, ex directora del centro de prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS) Checkpoint Murcia.

El cometido de la doctora Miñarro, nueva responsable del Área de Salud de No Te Prives, se focalizará en seguir promoviendo la salud sexual de la población, instar a que las entidades públicas reviertan el abandono que sufren las políticas de salud sexual y la lucha desde el colectivo para dar una respuesta coordinada al chemsex.

Germán Echeverría pasa a ser vicepresidente y el nuevo equipo lo completarán Laura Lucerga como secretaria, Julia Chumillas como tesorera, Yami Soledispa como coordinadora del Área de Mujer, Eco Sánchez como responsable del Área Trans y Javi Nicolás como responsable de Comunicación.

La nueva directiva de No Te Prives recibe el encargo de organizar la actividad del colectivo en los próximos dos años.

Un periodo que se anticipa muy complicado por el auge del discurso de odio, el abandono de las políticas de salud sexual de las administraciones regional y local y el más que probable retroceso en derechos que ansía la ultraderecha local, regional, nacional e internacional.

No Te Prives hace un llamamiento a toda la comunidad LGTBIAQ+ y sus aliados de la Región de Murcia para caminar unida y condenar el más mínimo ataque a cualquier tipo de diversidad que enriquece a nuestra Región.

Decenas de personas se concentran en Águilas para exigir la apertura inmediata del CIAR con todos sus servicios

 ÁGUILAS.- Alrededor de quinientas personas se han concentrado esta mañana a las puertas del Centro Integral de Alta Resolución (CIAR) de Águilas para exigir su apertura inmediata y que lo haga con la totalidad de servicios anunciados por la Consejería de Salud, según prensa local digital.

La movilización, convocada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Área III, ha contado con la asistencia del alcalde de Águilas, Cristóbal Casado García, y gran parte del equipo de Gobierno municipal, así como del diputado regional del PSOE, Juan Andrés Torres, además de numerosos vecinos y profesionales sanitarios.

Tras la concentración, y ante los medios de comunicación, Miguel Martínez, coordinador de la Plataforma en la zona de Águilas, ha denunciado que el edificio “lleva más de un año terminado y completamente vacío”, reclamando que el centro comience a funcionar “de manera urgente y con el 100% de la cartera de servicios prevista”, ya que —según ha señalado— “quienes están pagando esta situación son los pacientes, con largas listas de espera para consultas y cirugías”.

En declaraciones a los medios, el alcalde de Águilas ha asegurado que la ciudadanía “se ha cansado de promesas incumplidas” y ha acusado al Gobierno regional de “engañar a los aguileños”. 

En este sentido, ha anunciado que el Ayuntamiento ha solicitado en dos ocasiones acceso a los expedientes de contratación de la obra y del equipamiento del CIAR, sin haber recibido respuesta, por lo que se estudian nuevas medidas para obtener esa información.

Por su parte, el diputado regional Juan Andrés Torres ha explicado que ha registrado varias preguntas en la Asamblea Regional para conocer cuándo se pondrá en marcha el centro y con cuántas nuevas contrataciones de personal sanitario contará. 

Torres ha advertido del riesgo de que la apertura se haga “a costa de desmantelar otros servicios sanitarios” y ha reclamado que el CIAR entre en funcionamiento “con todos los servicios y todo el personal necesario”, subrayando que su apertura permitiría descongestionar el Hospital Rafael Méndez y el resto de centros del Área III.

También tras el acto, Julia Martínez, enfermera del Hospital Rafael Méndez y miembro de la Plataforma, ha destacado la saturación que sufre la sanidad del Área III y la necesidad urgente de este centro para mejorar la calidad asistencial. 

Martínez ha informado además de que siguen recogiendo firmas en centros sanitarios y otros espacios de Águilas, que serán remitidas próximamente a la Consejería de Salud para exigir la apertura del CIAR y una mejora de la atención sanitaria en la comarca.

Un estudio de la ONU sitúa a España entre los países con legislación de costas más dura para los ciudadanos

 GINEBRA.- La Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas (UNECE) ha presentado en Ginebra los resultados preliminares de un estudio internacional sobre la regulación del suelo en zonas colindantes con masas de agua, en una jornada que ha contado con la participación de expertos académicos y representantes gubernamentales de distintos países.

Entre los asistentes se encontraban 54 asociaciones costeras españolas, invitado por la UNECE por su representatividad de colectivos afectados por la aplicación de la Ley de Costas y por la falta de inversión y mantenimiento en el litoral español.

El trabajo, coordinado por la catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante Paloma Taltavull, analiza seis ámbitos: titularidad del suelo adyacente a masas de agua, competencias administrativas, cambios en la propiedad y mecanismos de transmisión, implicaciones vecinales y comunales y su vertiente registral. El estudio recoge respuestas de hasta 26 Estados.

Tras esta presentación, la UNECE prevé publicar el estudio definitivo junto con sus conclusiones y recomendaciones, con el objetivo de que los Estados puedan evaluar y, en su caso, alinear sus marcos normativos con los criterios que se establezcan.

Titularidad del suelo y dominio público

Según los resultados preliminares, los terrenos situados frente al mar están, en la mayoría de los países analizados, sujetos a regímenes regulatorios específicos, con una prevalencia de la titularidad pública (en torno al 51 %) frente a la propiedad privada sometida a restricciones (aproximadamente el 31 %). Estos enfoques regulatorios se aplican principalmente en el ámbito costero, aunque también se extienden a ríos y lagos bajo distintos regímenes jurídicos.

El estudio identifica como un aspecto relevante el derecho de propiedad en las zonas costeras y la frecuencia de cambios de titularidad del suelo desde el ámbito privado al público, un fenómeno reportado por más del 80 % de los Estados encuestados.

Mecanismos de transferencia y efectos sobre los derechos

El informe señala que las transferencias de terrenos privados al sector público no se producen exclusivamente mediante expropiación, sino también a través de venta, donación o herencia, lo que da lugar a titularidad pública en aproximadamente la

mitad de los casos. Asimismo, indica que los mecanismos de expropiación no suelen aplicarse del mismo modo que en otros supuestos de interés público, como las infraestructuras viarias, lo que ha favorecido la configuración de un estatus específico de los terrenos costeros de titularidad pública.

En torno al 20 % de las respuestas se refieren de forma expresa a la clasificación como dominio público, generalmente asociada a compensaciones limitadas. Como consecuencia de estos cambios de titularidad, el estudio constata que los derechos de los antiguos propietarios privados pueden verse reducidos o modificados, con situaciones que varían entre países: desde la existencia de compensación económica en algunos casos, hasta su ausencia en otros, o la conservación de una posición jurídica similar a la de un arrendatario.

Estas prácticas, según recoge el informe, son percibidas en ocasiones como expropiaciones sin garantías suficientes, lo que pone de relieve la necesidad de clarificar los marcos normativos. El estudio identifica, además, otros desafíos, como la aplicación incompleta de los procedimientos de registro y las restricciones significativas asociadas al estatus de dominio público.

España en el contexto comparado

Durante el turno de intervenciones, representantes españoles señalaron que, a la luz del análisis comparado presentado, el caso español se sitúa entre los modelos más restrictivos, especialmente en lo relativo al impacto de la regulación sobre los particulares y a los mecanismos de participación pública en la elaboración normativa.

El estudio recoge, en contraste, ejemplos como Grecia, donde no se permiten playas privadas pero sí concesiones limitadas bajo condiciones de mantenimiento, accesibilidad y garantía de uso público, o Finlandia, que presenta un modelo con mayor flexibilidad regulatoria y protagonismo municipal, sin una franja pública obligatoria generalizada entre el mar y la propiedad privada.

Reforma normativa y gobernanza del litoral

Desde España se subraya que el modelo español de costas, implantado en 1988 y modificado parcialmente en 2013, no ha resuelto de forma satisfactoria los problemas de gobernanza del litoral, y que existe un amplio debate técnico y social sobre la necesidad de revisar el marco normativo.

La organización recuerda que una propuesta de modificación de la Ley de Costas permanece bloqueada en la Mesa del Congreso desde hace más de un año, pese a haber sido tramitada en ambas Cámaras, y destaca la importancia de abordar cuestiones como la protección de los núcleos históricos y etnológicos del litoral.

El estudio de la UNECE, concluyen, se configura como un marco de referencia internacional para orientar futuras reformas legislativas en materia de costas.

No, la Iglesia no apoya la inmigración ilegal, son los obispos que se lucran con ella / Carlos Balén

 No, la Iglesia no apoya la regularización masiva de inmigrantes ilegales. Quien la apoya es una parte del episcopado español. Y confundir ambas cosas no es un error inocente: es una falsificación eclesiológica.

Cada vez que un medio titula que “la Iglesia” respalda una medida concreta del Gobierno, se consuma una trampa conceptual que beneficia a todos menos a los fieles. Porque la Iglesia no es la Conferencia Episcopal. Ni la Conferencia Episcopal manda sobre la Iglesia. Ni mucho menos habla automáticamente en su nombre cuando emite opiniones políticas.

La doctrina católica es clara y está perfectamente definida. En la Iglesia hay una distinción de misiones. A los obispos les corresponde enseñar la fe, custodiar la doctrina, santificar mediante los sacramentos y gobernar en lo estrictamente eclesial. A los laicos, en cambio, les corresponde una tarea específica y propia: ordenar las realidades temporales conforme al Evangelio.

Eso incluye la política, la economía, la legislación, la organización social. Es decir: justo el terreno en el que hoy vemos a los obispos ocupar el espacio que no les corresponde, mientras desautorizan de facto —aunque no lo digan— a los laicos que sí tienen competencia directa en esas materias.

Cuando un obispo presenta como moralmente indiscutible una regularización masiva decidida por un Gobierno concreto, no está ejerciendo su magisterio. Está emitiendo una opinión prudencial. Y las opiniones prudenciales no obligan en conciencia. Ni a los fieles, ni a los laicos, ni a nadie.

Más aún: cuando esa opinión coincide milimétricamente con el marco ideológico de un poder político que legisla de forma sistemática contra la ley natural y contra la fe católica, el problema ya no es solo de competencia, sino de escándalo.

Los laicos católicos no están llamados a repetir comunicados episcopales como loros piadosos. Están llamados a juzgar la realidad política con la razón iluminada por la fe, a discrepar legítimamente cuando una medida perjudica el bien común y a defender soluciones distintas sin sentirse culpables ni desobedientes.

Decir que “la Iglesia apoya la regularización” es una forma burda de silenciar ese legítimo desacuerdo. Es convertir una opción política discutible en un mandato moral inexistente. Es usar la sotana como coartada.

Conviene recordarlo con claridad, aunque moleste: la Iglesia no vota decretos, no redacta BOE ni gestiona fronteras. Y cuando algunos obispos parecen olvidarlo, no están hablando en nombre de la Iglesia, sino en nombre propio.

Confundir ambas cosas no es comunión. Es clericalismo. Y del malo.