MADRID.- La Guardia Civil ha detectado 941 infraestructuras ilegales de
extracción de agua y ha investigado a 31 personas por su presunta
implicación en delitos relacionado con la "distracción de agua" y daños a
recursos naturales en Andalucía, Madrid y Murcia. Según el Seprona han
ocasionado daños con un valor de más de 270 millones de euros al Dominio
Público Hidráulico.
El Instituto Armado ha informado en un
comunicado de que estas intervenciones que tuvieron lugar entre octubre
de 2024 y septiembre de 2025 han hallado 29 infracciones penales y
tramitado más de un millar de infracciones administrativas.
Entre los delitos, la Benemérita destaca que el 59% son de distracción
de aguas de uso público, el 28% contra los recursos naturales y el medio
ambiente y el 7% contra la ordenación del territorio.
Del
mismo modo, detectaron que el 60% de las instalaciones eran pozos; el
24%, sondeos; el 4%, balsas y el 12% restante correspondían a otros
métodos de captación ilegal como "derivaciones o trasvases
artificiales".
Por
todo ello, hasta el momento se han gestionado 1.684 infracciones
administrativas, de las cuales el 77% corresponden a vulneraciones de la
normativa en materia de aguas.
La operación 'Zahorí' en la
que se enmarcan las más de 900 infraestructuras detectadas, incluye
cuatro intervenciones llevadas a cabo entre Huelva, Córdoba, Madrid y
Murcia.
La de Huelva dejó un saldo de trece investigados
--ocho personas físicas y cinco jurídicas--, tres delitos contra los
recursos naturales y el medio ambiente, además de dos delitos contra la
ordenación del territorio, tras haber localizado varias infraestructuras
hídricas ilegales en el entorno del Parque Nacional de Doñana y su
corona forestal.
En Las Rozas (Madrid), los agentes
descubrieron un sondeo no autorizado por la Confederación Hidrográfica
del Tajo y otro legal que tenía un sistema de 'bypass' instalado de
forma fraudulenta antes del contador volumétrico, que evitaba el
registro del caudal extraído.
La operación en la capital, que aún permanece abierta, de momento
cuenta con dos investigados por presunta implicación en delitos de
usurpación de aguas, defraudación y estafa agravada, así como por un
delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, por haberse
aprovechado ilícitamente de agua por un valor de 1,6 millones de euros
desde 2002.
Además, hay dos investigados en Mazarrón por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente tras
ocasionar más de 2,9 millones de euros en daños medioambientales al
poner en regadío más de 47 hectáreas de terreno catalogadas como de
secano
Por otro lado, en una inspección conjunta con la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se investigaron a dos
personas --una física y otra jurídica-- al detectar pozos clandestinos
destinados al regadío y otras captaciones legales con sistemas de
'bypass' fraudulentos.
viernes, 20 de febrero de 2026
Detectadas 941 infraestructuras hídricas ilegales en Andalucía, Madrid y Murcia, con daños por 270 millones
Fomento presenta el Plan regional de Inspección de Transportes para luchar contra intrusismo
MURCIA.- El Gobierno regional ha presentado el Plan regional de Inspección de
Transportes 2026, un instrumento para luchar contra el intrusismo
profesional, reforzar la seguridad vial y garantizar una competencia
leal entre las empresas que cumplen la normativa.
El plan, a
través de 11 acciones, incorpora avances normativos y tecnológicos, como
la digitalización obligatoria de los documentos de control y el uso
exclusivo en formato digital de las licencias y cuadernos CEMT.
También se habilita un buzón específico de denuncias anónimas para
detectar posibles irregularidades en los cursos CAP y reforzar la
transparencia.
El director general de Movilidad y
Transportes, José Antonio Verdú, ha presentado el documento durante la
reunión de la ponencia técnica del Consejo de Transportes de la
Comunidad, en la que ha destacado que con este plan "el Gobierno
regional reafirma su compromiso con el sector garantizando la protección
de los usuarios y la igualdad de condiciones en el mercado".
"Se trata de un instrumento estratégico que fija las prioridades de la
actuación inspectora para garantizar un transporte por carretera más
seguro, ordenado y competitivo en la Región de Murcia", ha indicado
Verdú.
Entre las novedades, destaca la incorporación de dos
nuevos agentes de inspección, así como la implantación progresiva de
herramientas tecnológicas que permitirán mejorar la comprobación de
datos en sede, el análisis de riesgos, la trazabilidad de las
actuaciones y la eficiencia en la tramitación de los expedientes
sancionadores.
Asimismo, está previsto que este año se lleven
a cabo 23 controles en carretera en colaboración con la Guardia Civil y
las policías locales, así como inspecciones en empresas mediante
actuaciones presenciales y requerimientos telemáticos.
El
documento pone especial énfasis en la vigilancia de empresas de alto
riesgo o reincidentes en la comisión de infracciones, en el control de
todos los cursos de Capacitación Profesional y en la inspección de, al
menos, el 3 por ciento de las jornadas de trabajo de los conductores
profesionales, lo que supondrá el análisis de más de 89.000 jornadas en
la Región de Murcia.
Las actuaciones se centrarán, entre
otros asuntos, en la lucha contra el transporte ilegal; la inspección de
los tiempos de conducción y descanso y la detección de manipulaciones
de tacógrafos y limitadores de velocidad y la inspección del transporte
de mercancías peligrosas, escolar y de menores.
También se
reforzará el control sobre los vehículos de alquiler con conductor
conforme a la normativa regional vigente. El plan regional está alineado
con el Plan Nacional de Inspección y desarrolla las peculiaridades del
transporte en la Región de Murcia como, por ejemplo, el transporte de
mercancías peligrosas que tiene como origen y destino el polo industrial
del Valle de Escombreras.
A la presentación ha asistido la
jefa provincial de Tráfico, Virginia Jerez; el comandante jefe del
Sector de Tráfico de la Guardia Civil, Francisco Javier Utrabo; y
representantes de la Delegación del Gobierno, la Federación Regional de
Organizaciones y Empresas del Transporte de la Región de Murcia (Froet),
Thader Consumo; así como técnicos de la Administración regional.
En 2025 se intervinieron 2.335 vehículos y se detectaron 1.734
infracciones tanto en carretera como en empresa. Como consecuencia de
las actuaciones inspectoras, se practicaron 281 inmovilizaciones y se
levantaron 809 actas.
En el ámbito del transporte de
mercancías, las infracciones más relevantes estuvieron relacionadas con
el exceso de peso, la carencia de autorización de transporte y los
incumplimientos en materia de tacógrafo y tiempos de conducción y
descanso.
Por otro lado, se incrementaron las actuaciones en mercancías peligrosas y en el control de operadores y cargadores.
Las ventas del sector servicios aumentan en la Región de Murcia un 5,9% en diciembre y las de la industria disminuyen un 2,3%
MURCIA.- El sector servicios de la Región de Murcia aumentó su facturación un
5,9% el pasado mes de diciembre respecto al mismo periodo del año
anterior, 0,4 puntos menos que la media nacional, que fue del 6,3%,
según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística
(INE).
El sector servicios aumentó en todas las comunidades
autónomas en diciembre, con País Vasco (+8,60%), La Rioja (+8,60%) y
Cantabria (+7,70%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se
situaron Galicia (3,90%), Navarra (4,30%) y Baleares (4,40%).
En el trancurso de 2025, la facturación del sector servicios creció de
media un 4,3% en la Región, 0,5 puntos menos que enm el conjunto
nacional (4,8%).
Por su parte, el índice de empleo en el
sector servicios experimentó una variación del 1,3% respecto al mismo
mes del año anterior. La tasa anual del índice de empleo fue positiva en
todas las comunidades autónomas, excepto en Andalucía (-0,38%).
Por otra parte, la cifra de negocios de la industria disminuyó en Murcia un 2,3% en diciembre respecto al mismo periodo del año anterior, 3,8 puntos de diferencia con la media nacional, que fue del 1,5%.
En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha descendido un 0,2% en Murcia, 0,7 puntos de diferencia con la media nacional (0,5%).
La compraventa de viviendas en Murcia crece un 12,6% en diciembre, aunque se ralentiza respecto al mes anterior
MURCIA.- La compraventa de viviendas en Murcia ha subido un 12,6% en diciembre
respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 7,87% a
nivel nacional), hasta sumar un total de 1.934 operaciones, aunque se
ralentiza, con puntos menos que la tasa interanual registrada el mes
anterior, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional
de Estadística (INE).
De las operaciones de compraventa
anotadas en diciembre en Murcia, 1.730 se realizaron sobre viviendas
libres y 204 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la
antigüedad de los inmuebles, 458 operaciones correspondieron a viviendas
nuevas, y 1.476 estuvieron relacionadas con edificios usados.
En diciembre se realizaron un total de 3.016 operaciones sobre
viviendas. Además de las 1.934 compraventas, 508 fueron herencias, 89
donaciones y 2 permutas.
En total, durante diciembre se
transmitieron en Murcia 4.864 fincas urbanas a través de 3.041
compraventas, 783 herencias, 160 donaciones, 8 permutas y 872
operaciones de otro tipo.
Igualmente, se realizaron 1.144
transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 405
herencias, 450 compraventas, 86 donaciones, 7 permutas y 196 operaciones
de otro tipo.
Sánchez critica los regalos fiscales de las CCAA a las élites: "Los que más tienen deben contribuir más"
MADRID.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado los "regalos fiscales" que hacen algunas comunidades autónomas a las élites y ha lamentado cómo estas regiones "abren de par en par" las políticas públicas a la iniciativa privada".
"La gente lo que quiere es un proyecto vital y algunos se lo están negando mientras ellos se pegan la vida padre", ha señalado el jefe del Ejecutivo en la clausura de la jornada 'Desigualdad: es hora de actuar', celebrada en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Sánchez ha defendido que desde el Gobierno se han aumentado en 300.000 millones de euros las transferencias a las comunidades autónomas, pero se ha preguntado dónde ha ido a parar ese importe, ya que ha crecido la insatisfacción entre los ciudadanos en cuanto a los servicios dependientes de estas regiones, como la educación, la sanidad o la dependencia.
"Eso tiene mucho que ver, primero, con los regalos fiscales que se hacen en estas comunidades autónomas a las élites y, en segundo lugar, a cómo se abren de par en par a la iniciativa privada políticas públicas", ha explicado.
Según Sánchez, la gente lo que quiere es un proyecto vital y algunos se lo están negando mientras ellos "se pegan la vida padre".
Frente a esto, el presidente ha subrayado que su Ejecutivo no es como otros: "No va a ir a las mansiones de estas élites a rendirles pleitesía. Ni todas las criptos del mundo ni todos los likes de Youtube van a poder con nuestro compromiso a favor de la seguridad social de este país", ha defendido.
Para Sánchez, estos oligarcas están tratando de "consolidar un 'statu quo' de desigualdad que les va bien" y lo que pretende el Gobierno es que cumplan con su obligación: que paguen sus impuestos y que paguen más a sus trabajadores.
"Porque les está yendo bien, por cierto, bajo este régimen comunista chavista que aparentemente vivimos en España desde hace ya siete años", ha ironizado el presidente.
Sánchez ha mostrado su preocupación ante la popular frase "no me da la vida".
"No es suficiente que los poderes públicos facilitemos, por ejemplo, un ingreso mínimo vital, el transporte gratis o unas pensiones dignas si algunos poderes privados lo que hacen es hurtar su proyecto vital", ha criticado.
Según el presidente, ese "no me da la vida" muchas veces pasa por que el ciudadano no pueda hacer frente a un arañazo en el coche si se disparan las primas del seguro de un día para otro o que un fondo de inversión duplique el alquiler de una casa o negocio porque la comunidad autónoma no aplica la ley de vivienda, "como desgraciadamente está pasando en comunidades como la Comunidad de Madrid".
El jefe del Ejecutivo ha recordado que a lo largo de estos últimos años, el Gobierno ha ido articulando nuevas figuras fiscales, también al calor del debate a escala global, como es por ejemplo el impuesto a la riqueza a las grandes fortunas, el impuesto a las tecnológicas o a las entidades financieras.
"Es verdad que en el camino desgraciadamente hemos perdido el impuesto a las grandes energéticas, pero las mayorías parlamentarias que tenemos en esta legislatura no son las mayorías parlamentarias que teníamos en la anterior legislatura", ha lamentado.
En todo caso, el presidente ha puesto en valor que España es el único país de la Unión Europea que tiene un impuesto general sobre la riqueza neta, que es el impuesto de patrimonio. Según Sánchez, gracias a estas figuras tributarias y al impuesto de patrimonio, el 10% más rico acapara 3 puntos menos de riqueza que la media europea.
"Los que más tienen, pues deben contribuir más, y por tanto España no va a cejar en que este empeño también se cumpla a escala global", ha remarcado.
Por ello, el presidente ha apuntado que España adoptó el tipo mínimo del 15% para las grandes multinacionales dos años antes de que obligara la propia directiva europea a ello y ha lamentado que grandes economías, en este caso la estadounidense, se haya excluido de este pacto y siga bloqueando el otro pilar del acuerdo que permitiera, por ejemplo, que las grandes tecnológicas "paguen lo que les corresponde donde les corresponde".
En la clausura del acto, el presidente ha advertido de que los países más desiguales tienen hasta siete veces más probabilidades de sufrir la erosión de sus instituciones democráticas.
"Una sociedad desigual es mucho menos libre, mucho menos productiva y, por qué no decirlo, más infeliz", ha señalado.
Los estudios apuntan a que el 10% más rico de la población mundial recibe hoy más de la mitad de la renta y acapara el 75% de la riqueza, cifras "absolutamente insostenibles, inmorales e indignantes", según Sánchez.
Por eso, España apoya la creación de un Grupo Intergubernamental de Expertos sobre la Desigualdad y ha abogado por acelerar el diseño y puesta en marcha de este grupo, trabajando con países como Brasil, Sudáfrica o Noruega, para presentarlo en la Asamblea General de Naciones Unidas del próximo septiembre.
Auto del 'caso discotecas Atalayas': la Justicia al servicio del Poder / José Luis Mazón *
La jueza, cuando dice que “no ve delito”, hablando claro, se pasa tres pueblos. El truco del auto es sencillo: borra del mapa penal que el Ayuntamiento mantuviera abiertas unas discotecas sin licencia, con salidas de emergencia taponadas, órdenes de cese firmes sin ejecutar y un rosario de actas avisando de que aquello era una ratonera. Todo ello en un expediente con trece muertos sobre la mesa por omisiones clamorosas de la función de policía ambiental municipal.
Cualquiera que haya hojeado un manual de Derecho penal sabe que una dejación de funciones que desemboca en 13 muertos puede encajar como homicidio imprudente por omisión, con la misma cuota de culpa que los dueños de los locales, y que eso, en un mundo normal, se traduce en cárcel efectiva para los responsables que apagaron el interruptor de la ley.
La jueza dice que no hay ni siquiera prevaricación por las omisiones, ¿y esta jueza va a instruir el caso cuando la Audiencia ordene que se siga contra los funcionarios municipales?
Oye Mazón tu que conoces las cloacas judiciales dinos ¿de dónde viene este despropósito? El rastro es bastante claro: los beneficiados son altos cargos municipales del PP, el mismo partido que tiene en la mano buena parte de los nombramientos de la cúpula judicial.
Y ahí brilla una figura muy conocida: el anterior presidente del TSJ de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, auténtico comisario político del PP en la Justicia murciana.
Consta que la jueza firmante del auto fue “JAT”, jueza de adscripción territorial, lo que significa que Riquelme jugó un papel decisivo en traerla a Murcia desde otro territorio. Es decir, hay un vínculo directo entre quien ahora firma el auto y quien ha mandado durante años en la justicia regional, alineado con el partido que sale bien parado.
Por si fuera poco, el texto del auto, uno ha visto parecidos en el estilo y usando la herramienta IA ha pasado por una prueba de similitud de estilo, presenta parecidos más que llamativos con resoluciones firmadas por el propio Riquelme, ¿es un “auto Avellaneda” de autor real apócrifo?
Hoy el comisario judicial del PP ha devenido tras cesar en la presidencia del TSJ, “okupa legal” de la Sala Civil y Penal en una plaza que el sistema de cuotas partidistas le ha asegurado como premio a los servicios prestados, dejando sin opción a otros jueces más antiguos tras la jubilación por edad de Joaquín Ángel de Domingo. Una víctima de su forma de entender la justicia le ha impugnado a Riquelme la plaza en el Supremo y, si se aplica como debe el Derecho de la UE, igual acaba volviendo a su juzgado de lo penal, en un muy clásico “Roma no paga a traidores”.
El mecanismo de acceso a los altos cargos judiciales de libre designación está trucado de fábrica: las llaves del “generalato” de la judicatura, es decir, del Supremo, las reparten PP y PSOE, cada uno con su cuota y su peña de afines. Sin padrino en uno de esos bloques, no se sube.
Los 21 nombramientos del Supremo de enero de 2025 son un buen ejemplo: Juan Martínez Moya, expresidente del TSJ de Murcia por el PP, asciende a la Sala Social del Supremo; y la magistrada Consuelo Uris Lloret entra en la Sala Contenciosa del Supremo por la cuota del PP (exactamente a propuesta del vocal popular Montero), aunque ella esté adscrita a la asociación progresista Jueces para la Democracia.
Su entrada, con dos murcianos en el Supremo o había tercera plaza, dejó fuera a su compañero de asociación y candidato, Miguel Ángel Larrosa, todo un experto en vender una imagen de integridad que no encaja con su biografía real y poco conocida: su mujer fue colocada en 2018 por el PP como secretaria general en la Delegación del Gobierno, y antes ya había ocupado otro cargo político.
Un veterano funcionario de la Justicia me lo resumió así: “con ella ahí, tiene el PP línea directa con el juez cuando haga falta” (y sucedió en un incidente del caso Desaladora).
El detalle pintoresco es que en el Consejo el PP votó hace años a favor de Larrosa como presidente de la Audiencia—de Jueces para la Democracia— frente a un candidato conservador apoyado por la APM, el “sindicato” clásico de los jueces del PP. Blanco y en botella: había trastienda, aunque entonces muchos no la viéramos.
Está por escribir la crónica en negro de la república judicial subterránea de la Región de Murcia que tal vez se escriba y que a lo mejor da hasta para proceso de ilegalización del poder judicial murciano en sus altas esferas.
En resumen, este auto huele, y no precisamente a ámbar. Huele a que, siendo los beneficiados los responsables municipales del PP, son los resortes judiciales afines al PP los que han estado engrasando la maquinaria. En ese mercado de favores, si no ayudas, no cobras premio.
La irregularidad es tan gruesa que, a mi juicio, lo que ha firmado la jueza no es solo un disparate jurídico: tiene claros visos de delito y seguro que alguien lo denuncia.
Es un auto incendiario contra las víctimas de la tragedia, que termina de prender fuego a la ya maltrecha confianza de la ciudadanía en la Justicia. Cabe esperar que en el recurso de apelación los magistrados de la Audiencia no se dejen arrastrar a un terreno tan resbaladizo como el que ha pisado esta ex jueza de adscripción territorial, llegada al juzgado gracias al empujón del anterior presidente del TSJ y comisario político de la casa.
Una vez más, se confirma el viejo refrán atribuido a tiempos de Alfonso X el Sabio: “mata al rey y vete a Murcia”.
(*) Abogado