lunes, 23 de julio de 2018

El denunciante de presuntos delitos en la gestión de 'Caja Murcia' aportará al juez nueva documentación en octubre


MURCIA.- El ex empleado de la entidad, Jesús Plaza Piñeyro, denunciante de varios presuntos delitos en la gestión de 'Caja Murcia',  lo que ha provocado ya la imputación del ex director general, luego presidente ejecutivo y ahora presidente de la Fundación 'Cajamurcia', Carlos Egea Krauel, aportará al juez instructor del caso nueva documentación en octubre, mes en el que está citado a declarar, según ha confirmado el propio interesado.

Eso significa una ampliación de la denuncia, no considerada en principio por la Fiscalía del TSJ y luego archivada por el juzgado nº 7, a quien posteriormente la Audiencia Provincial ordenó reabrir el caso e investigar el asunto, hasta el punto de comenzar a continuación las imputaciones de implicados en lo que el juez considera 'administración desleal', al menos.

Esa ampliación, cuyo importe de presunta administración desleal podría superar, en esta ocasión, más de dos millones de euros supuestamente desviados de dinero público, tiene que ver con BMN ya que en el año 2010 el entonces “Grupo BMN” había recibido ya los primeros 915 millones de un total de 1.600 para su supuesto saneamiento, que jamás llegó a producirse.


Según publico Vozpópuli el pasado 22 de junio, la Audiencia Provincial de Murcia habría ordenado al titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, José Fernández Ayuso, reabrir la causa por un delito de administración desleal contra el ex presidente ejecutivo de Caja Murcia y Banco Mare Nostrum (BMN), Carlos Egea Krauel, ahora consejero ejecutivo de Bankia, que está imputado en el procedimiento, según adelantaba Vozpópuli. El auto, según se indica en el mismo, podía ser recurrido en reforma y en apelación, lo que a día de hoy no consta haya sucedido o, al menos, comunicado a las partes personadas en el procedimiento tal incidente procesal.

"Se dirige la presente causa contra Carlos Egea Krauel en su condición de investigado por presunto delito de administración desleal", especifica el auto de 18 de junio, al que habría tenido acceso Vozpópuli, que apuntaba que el procedimiento podría ser dirigido contra otros posibles "partícipes" en el delito.
Este delito, que el juez considera que presuntamente fue cometido en la gestión de la entidad Caja Murcia, posteriormente BMN, "debe ser imputado inicialmente al investigado Carlos Egea Krauel", reiteraba el auto.
El instructor, que ha citado a declarar como testigo al denunciante de los hechos, también pretende interrogar al responsable legal del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), el organismo público que inyectó 1.645 millones de euros al banco resultante de la fusión de Caja Murcia, Caixa Penedès, Caja Granada y Sa Nostra.
El juez también ofrece al Frob la posibilidad de ejercer acciones legales contra Egea, como perjudicado. Reclama a este organismo que le informe acerca de las gestiones realizadas tras ser informado de la denuncia.
Asimismo, el instructor se dirige al Servicio de Inspección del Banco de España para que les informe si ha llevado a cabo alguna investigación en base a los hechos denunciados: "Debiendo remitir informe de lo resuelto en su caso", indica la resolución del juez José Fernández Ayuso.
El denunciante, Jesús Plaza, se dirigió tanto al Frob como al Banco de España paralelamente a la interposición de la denuncia inicial, para que se diesen por enterados y emprendiesen las acciones que considerasen oportunas.

En el caso del Frob, sólo se recibió el silencio como respuesta, pero en el caso del Banco de España si se tomaron cartas en el asunto por parte de los Servicios Jurídicos del mismo, calificando a BMN como “entidad de especial seguimiento” y elevando el contenido de la denuncia al Banco Central Europeo, por la especial gravedad de los hechos denunciados. 
Por tanto, el tema se está investigando en el Supervisor Europeo desde hace más de un año, poniendo en evidencia tanto la actuación del Frob, como la inicial del Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia y la Fiscalía de la Región de Murcia.
La Audiencia Provincial de Murcia, con el magistrado Francisco Navarro Campillo como ponente, reabrió la causa, tras interponer el abogado José Luis Mazón un recurso, con un auto en el que especificaba: "Los hechos denunciados por la apelante ciertamente pudieran constituir indiciariamente un presunto delito de administración desleal, por lo que no comparte la Sala la inicial decisión instructora de archivo provisional de la causa".

El contundente recurso del abogado Mazón, que habría asesorado al denunciante, empleado de Caja Murcia durante 32 años, y al que habría tenido acceso Vozpópuli, explica los hechos presuntamente atribuidos al expresidente de Caja Murcia: "La concesión de prebendas, premios y préstamos personales y anticipos de nómina a empleados (fondos de reptiles) por su adhesión inquebrantable a los designios del 'caudillo' de la entidad, Carlos Egea, y preboste regional que conoce altos jueces, fiscales, delegados y directores generales".
Y los empleados presuntamente beneficiados, según el recurso del letrado Mazón, consiguieron mejorar sus indemnizaciones "camuflándolas" como operaciones "legítimas que paga el erario público que desembolsó 915 millones en el rescate".
Además, el denunciante acusa a Egea de despatrimonializar Caja Murcia al vender sus oficinas más representativas en condiciones "escandalosas": "Se vendían a precios perjudiciales para la entidad, se conceden préstamos a los nuevos adquirentes, y pagando acto seguido a los prestatarios unos alquileres muy por encima del tipo de interés de los préstamos".

La denuncia también alude a otras presuntas irregularidades cometidas desde Caja Murcia: "en esta Caja era práctica habitual la condonación de deudas completas o parciales, [...] las cancelaciones de operaciones 'porque sí', y de las que tengo ejemplos que se remontan al año 1988: desde presidentes de Comunidades Autónomas hasta Cofradías de Semana Santa, pasando por Federaciones de Fútbol, o particulares amigos del amo del cortijo".

A raíz de la denuncia, varios ex empleados de la entidad se han dirigido a Jesús Plaza para ofrecerse a contar en sede judicial su versión de determinados hechos y aportarle más documentación para incluir en la citada ampliación otras presuntas irregularidades de las que eran conocedores por el desempeño de su puesto de trabajo.

Y tampoco se descartan nuevas personaciones legítimas de terceros en las diligencias abiertas por el juez Fernández Ayuso nada más comenzar el mes de septiembre, a las que se podrían añadir nuevas acciones penales en perspectiva, esta vez por otros presuntos delitos añadidos, de igual modo fuertemente documentadas, según diversas fuentes relacionadas en su día con la entidad desaparecida.

Este caso fue objeto de unas diligencias informativas abiertas en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que fueron archivadas en abril de 2017 al estar los hechos siendo, a su vez, inicialmente investigados por el Juzgado de Instrucción número 7 de los de Murcia.

"Como los malos estudiantes, Conesa ha llegado con los deberes sin hacer", dice el PP


MURCIA.- La portavoz del Partido Popular en la Región de Murcia, Nuria Fuentes, ha afirmado, tras la reunión mantenida entre el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, y el delegado del Gobierno que "se consuma el servilismo de Diego Conesa con el Gobierno de Pedro Sánchez".

Fuentes ha dicho que la reunión tenía un carácter institucional, aunque Conesa "ha llegado con la camiseta de secretario general de los socialistas murcianos".
Y ha añadido que "la sumisión a los postulados de sus jefes de Madrid la ha dejado bien clara al hablar del agua, la financiación autonómica y el AVE".
"Ningún murciano, ni nadie que defienda los intereses de la Región, puede justificar que el Gobierno de España renuncie a cambiar el modelo de financiación autonómica y la alternativa sea generar más deuda y déficit y, sin embargo, Conesa lo ha hecho", ha afirmado.
En la misma línea se ha referido a la política de agua, porque "es increíble que en solo 40 días los socialistas murcianos se hayan olvidado de que la solución definitiva a la falta de recursos hídricos en nuestra Región, pasa por un Pacto Nacional". 
"En poco más de un mes han sustituido su actitud reivindicativa por un vasallaje que es un agravio para todos los murcianos", ha añadido la portavoz del PPRM.
La dirigente popular se ha referido también a las manifestaciones del delegado del Gobierno sobre la Alta Velocidad, que "ha certificado que ha frenado la llegada del AVE solo por motivos políticos sin valorar el gran perjuicio que su decisión supone para toda la Región". "Lamentablemente se vuelve a imponer la política sectaria y partidista que excluye a la mayoría de los ciudadanos de las decisiones" ha añadido.
Fuentes ha manifestado que "el delegado del Gobierno con sus inconcreciones y vaguedades demuestra un gran desconocimiento de la realidad de la Región".
"Lleva casi un año dirigiendo a los socialistas murcianos y aun no se ha puesto al día de lo que verdaderamente preocupa a los murcianos, tendrá que hacer un curso acelerado si quiere estar a la altura", ha dicho, para poner como ejemplo el desconocimiento de Conesa sobre el convenio firmado entre el ministerio de Fomento con el Gobierno regional para construir la autovía Zeneta-San Javier, "como los malos estudiantes Conesa ha llegado con los deberes sin hacer a la reunión con López Miras", ha dicho.

López Miras reclama "lealtad" al delegado del Gobierno y le exige defender los intereses de la Región


MURCIA.- El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, reclamó hoy "lealtad" al delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Diego Conesa, y le exigió "defender los intereses de los murcianos por encima de los del Gobierno socialista de Pedro Sánchez", según informó hoy la portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, tras la primera reunión institucional mantenida por ambos mandatarios en el Palacio de San Esteban.

Arroyo aludió a la necesidad de "defender los intereses de la Región y no torpedear proyectos como ha hecho el Gobierno de España con el retraso de la llegada de la Alta Velocidad a la Región". 
Según explicó, el presidente de la Comunidad abordó con el delegado del Gobierno "asuntos prioritarios" como la "necesaria y urgente reforma del sistema de financiación autonómica, el estado de infraestructuras que son clave para el desarrollo de la Región y la defensa del agua que necesitamos".
En materia de infraestructuras, abordaron la situación respecto a la llegada del AVE a la capital de la Región, después de que hace diez días el delegado del Gobierno anunciara que llegará a la ciudad de Murcia en el año 2020 y no este mismo año, como estaba previsto.
Noelia Arroyo subrayó que "hay que trabajar en los asuntos prioritarios para la Región y, para ello, hay que conocerlos". 
Por eso, consideró que la reunión mantenida hoy "se debía haber celebrado mucho antes, para que las decisiones desde el Gobierno central se hubieran tomado una vez analizadas las cuestiones clave para la Región", porque, subrayó, "con el secuestro del AVE y el retraso de su llegada, no gana nadie".
Recordó que "las obras de excavación para el soterramiento de las vías del ferrocarril a su paso por la ciudad de Murcia, que fueron aprobadas bajo gobierno del Partido Popular en las administraciones central, autonómica y local, comenzaron ya el pasado mes de noviembre", y que "retrasar la llegada de la Alta Velocidad a la Región no agiliza en nada las obras del soterramiento ni reduce las molestias para los vecinos asociadas a estas obras que satisfacen una demanda de hace décadas".
"La vía provisional que ya está construida es para todo el tráfico ferroviario y la única obra propiamente del AVE es la instalación de la catenaria para la electrificación de las vías, cuya supresión impide asimismo modernizar el servicio de Cercanías", indicó Arroyo, quien llamó la atención sobre el hecho de que el delegado del Gobierno afirme que la modernización de los Cercanías es una prioridad en la Región, "cuando sin catenaria y sin electrificación es imposible".
La portavoz del Ejecutivo regional subrayó que "no hay nadie en contra del soterramiento, y lo que no sabemos, y después de esta reunión seguimos sin saber, es por qué no puede circular el AVE por la misma vía que mantendrá el tráfico ferroviario de 80 o 90 trenes diarios".
En cuanto a otros asuntos de infraestructuras clave para la Región, Arroyo indicó que han reclamado al delegado "que se ponga al día y estudie algunos informes que ha pedido al presidente de la Comunidad sobre asuntos como el sistema de financiación autonómica y el déficit hídrico estructural de la Región", así como el protocolo de la autovía entre Santomera y Zeneta, que el delegado ha afirmado desconocer, pese a ser una obra competencia del Ministerio. 
Entre esos asuntos estratégicos para la Región se encuentran también los arcos Norte y Noroeste, el tercer carril de la A7, y la puesta en servicio del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, con el traslado de operaciones desde San Javier, tal y como está programado, para que esté operativo a principio del próximo año.

El Tajo-Segura, "intocable"
En materia de agua, el presidente trasladó el malestar del Gobierno de la Región "por la total ausencia de rigor del Gobierno de España y de la ministra del ramo, al poner en cuestión el déficit hídrico estructural de la cuenca del Segura y afirmar que los trasvases tienen que ser una solución puntual o extraordinaria", remarcó Arroyo.
En este sentido, el presidente de la Comunidad transmitió al delegado del Gobierno que "el Tajo-Segura es intocable y estratégico para dos millones y medio de habitantes en todo el sureste español", y le recordó, en referencia al Pacto Regional del Agua, que "está muy bien firmar los pactos, pero luego hay que defenderlos", apostilló.

Necesidad de reforma urgente del Sistema de Financiación
Igualmente, durante la reunión, el jefe del Ejecutivo regional también insistió en la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica, y recordó al delegado del Gobierno la resolución de la Asamblea Regional por la que todos los partidos exigían la reforma del sistema de financiación de una manera urgente al Gobierno central cuando al frente del mismo estaba el presidente Mariano Rajoy.
"Esa reforma sigue siendo necesaria y urgente", dijo Noelia Arroyo, quien recordó que "somos una de las regiones más maltratadas e infrafinanciadas, ya que recibimos 264 millones menos que la media nacional". 
Aseguró que "frente a esas injusticias, no nos vamos a conformar con que ahora el Gobierno de España nos dé permiso para pedir un préstamo al banco de 60 millones", algo que consideró "una maniobra perversa, ya que supone más endeudamiento de las arcas públicas".
Por otro lado, según la portavoz del Gobierno regional, el presidente "advirtió al delegado del Gobierno que los murcianos no van a tolerar una subida de impuestos ni a permitir que a la Región se le imponga ahora un impuesto que ya está eliminado como el de Sucesiones y Donaciones".
Además recordó que el presidente López Miras sigue pendiente de la respuesta de Pedro Sánchez a la reunión que le solicitó cuando tomó posesión como presidente del Gobierno de España, y que reiteró con carácter urgente hace diez días, cuando el delegado del Gobierno hizo público el retraso de la llegada del AVE a la Región durante al menos dos años.
Noelia Arroyo denunció que el presidente del Gobierno central "está recibiendo ya a otros presidente autonómicos y queremos saber cuándo le toca a la Región de Murcia".

Los cultivos de secano de la Región de Murcia favorecen la protección de aves esteparias


CARAVACA DE LA CRUZ.- Los agricultores de cultivos de secano pertenecientes a la Región de Murcia han modificado algunas prácticas tradicionales de siembra para mejorar las condiciones de alimentación y reproducción de las aves esteparias y contribuir de forma importante a la mejora de su población y de la biodiversidad en general.

Estas especies protegidas son la Ganga ortega, el Sisón, el Cernícalo primilla, la Ganga ibérica, el Aguilucho cenizo y el Alcaraván, la mayoría de las cuales nidifican en las comarcas del Altiplano, Noroeste y Río Mula, donde son destinadas el 98 por ciento de las ayudas procedentes de la Unión Europea .
El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor, visitó hoy una de las fincas beneficiadas por esta ayuda en el término municipal Caravaca de la Cruz, concretamente en Campillo de Adentro, donde explicó que "son 200 los perceptores que reciben esta ayuda destinada a la Protección de Aves Esteparias, dentro del marco de la Política Agraria Común, lo que supone más de 1,7 millones de euros".
Los beneficiarios de esta medida siembran variedades de cereal de ciclo medio o largo, no recolectan antes del 15 de julio, dejan un 10 por ciento de la cosecha sin recoger con destino a la alimentación de la fauna y no utilizan herbicidas sobre el barbecho. 
Además, "los agricultores mantienen la superficie de rastrojo sin levantar hasta el último día del mes de enero del año siguiente al de la cosecha".
Del Amor destacó que protegen los nidos frente a la posible destrucción por el ganado, por ello "evitan el pastoreo durante tres meses sobre el 50 por ciento de la superficie de su explotación que se encuentre, durante la época del compromiso, ocupada por rastrojera o barbecho".
Esta actuación corresponde a la medida 10 de la línea de Ayudas Agroambientales del Plan de Desarrollo Rural (PDR), destinadas en concreto a la Protección de Aves Esteparias. 
El PDR es uno de los principales instrumentos de la política agraria (segundo pilar de la PAC) que posee la Región para articular actuaciones para un desarrollo sostenible de las zonas rurales.

Los alcaldes socialistas muestran su indignación ante la inacción y parálisis del Gobierno regional


MURCIA.- El secretario de Política Municipal del PSRM-PSOE, Alfonso Martínez Baños, ha asegurado que los alcaldes y alcaldesas socialistas de la Región de Murcia han mostrado su indignación ante la inacción y parálisis del Gobierno regional en los principales problemas de los municipios.

Baños ha hecho estas declaraciones tras una reunión con los 27 alcaldes y alcaldesas del PSOE de la Región para analizar el trabajo realizado en el curso político que ahora termina y planificar el siguiente, a partir de septiembre.
"Los alcaldes y alcaldesas nos transmiten que hay una parálisis del Gobierno regional, que hay temas que siguen enquistados, como el Consorcio de Extinción de Incendios, una reclamación histórica de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, para que se haga cargo de su aportación la Comunidad Autónoma, tal y como prevé la ley", ha señalado.
"También nos han trasladado su preocupación por el tema de la administración electrónica, que lleva mucho retraso y que tendría que estar en funcionamiento antes de que termine el año", ha añadido.
Según Martínez Baños, los alcaldes y alcaldesas también han reclamado la ley de policías locales, que lleva mucho tiempo paralizada, además del tema de las ITVs, "una reivindicación que estamos haciendo desde del Grupo Parlamentario Socialista y desde los ayuntamientos sobre dónde se van a instalar las estaciones ".
Ha afirmado que lo que más requieren los alcaldes y alcaldesas es, sobre todo, una ley de financiación local. "Nos están pidiendo que exijamos en la Asamblea Regional al Grupo Parlamentario Popular y al Gobierno regional que definitivamente se haga esta ley para que los municipios tengan una financiación justa, equitativa y estable".

El Gobierno central quiere licitar en 2018 el corredor ferroviario de alta velocidad entre Murcia y Lorca

MURCIA.- El objetivo del Gobierno central es licitar antes de que acabe 2018 todo el corredor ferroviario de la alta velocidad entre Murcia y Lorca, con soluciones para su paso por las localidades de Alcantarilla y Totana así como para su entrada soterrada en Lorca, puesto que la llegada a la ciudad de Murcia es un tema ya "cerrado".

Así lo ha indicado el delegado del Gobierno en Murcia, Diego Conesa, a los medios de comunicación tras reunirse esta tarde con el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, en el que se su primer encuentro institucional desde que Conesa accedió al cargo.
Tras las reuniones la pasada semana de las sociedades Murcia Alta Velocidad y Cartagena Alta Velocidad en las que se aprobaron por mayoría y unanimidad respectivamente los cambios de proyectos para ambas ciudades, la llegada del AVE a Murcia, ha considerado, es ya un asunto "cerrado".
Por lo tanto, el Ejecutivo central se centrará ahora en la licitación "en los próximos días" de las dos fases pendientes de soterramiento en Murcia (la estación y Barriomar, y Nonduermas", y "en las próximas semanas" solucionar los problemas relacionados con el paso de la alta velocidad por Alcantarilla, Totana y Lorca.
El objetivo, ha insistido, es licitar todo ese corredor antes del 31 de diciembre.
En cualquier caso, ha subrayado que la prioridad "total y absoluta" en materia ferroviaria para la Región es la de mejorar los servicios de cercanías electrificando por completo las vías a corto y medio plazo.
Otro de los temas centrales de esta primera reunión institucional, que se ha prolongado durante algo más de una hora, ha sido la reforma del modelo de financiación autonómica, y Conesa ha emplazado a Miras a que "valore positivamente el ofrecimiento" de aumentar en dos décimas el objetivo de déficit para 2019, lo que equivaldrá a que la Comunidad cuente con 60 millones de euros adicionales "para mantener el estado de bienestar".
Además, ha asegurado, esa medida es "perfectamente compatible con plantear una mejora en el modelo de financiación", una propuesta, ha dicho, que se dejó abierta el viernes con la comisión para la revisión del modelo de financiación, en la que se estudiarán los borradores para modificar el modelo.
Conesa ha solicitado a la Comunidad autónoma cualquier estudio sobre la infrafinanciación regional, pero ha recordado también que el actual modelo caducó en 2014 y, un año después, el PP tenía "inmensas mayorías absolutas" en toda España, por lo que debería haber aprovechado esa situación para modificar el sistema y no exigir que lo haga ahora el Gobierno socialista "en 30 días".
En cuanto al Mar Menor, Conesa ha solicitado al presidente que convoque la Comisión Mixta de Seguimiento, una herramienta que se creó en 2013 y no ha llegado a ponerse en marcha y en la que participan las tres administraciones, con el objetivo de delimitar las responsabilidades de actuación y fijar pasos y compromisos para cada una de ellas.
En su opinión, las actuaciones hasta ahora llevadas a cabo en base solo al trabajo del comité científico de asesoramiento "no están dando los resultados oportunos", y diversos colectivos han abandonado ese organismo, por lo que es necesario buscar otra fórmula de trabajo.
También ha solicitado la convocatoria de la comisión mixta de los terremotos de Lorca para poner "trasparencia", ha dicho, a la situación actual de los expedientes y poner solución a las situaciones que aún viven muchos afectados siete años después de los seísmos.
En materia de agua, ha reiterado la "posición clara" del Ejecutivo central de dar solución a un problema que este mismo año ha afectado a la Región: el estar once meses sin trasvase por la falta de agua, una situación que puede repetirse por lo que, ha considerado, hay que buscar otras propuestas y soluciones a medio y largo plazo.
Además, ha instado a López Miras a trabajar con la nueva dirección nacional de su partido en el plan hidrológico nacional para llegar a un acuerdo de estado en esa materia.
Por último, y entre otros asuntos, han debatido sobre infraestructuras de carreteras, como la denominada "autovía del bancal", sobre la que ha solicitado al presidente de la Comunidad autónoma que le entregue el protocolo firmado el año pasado con el entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y que Conesa desconocía.
En cuanto a los denominados "arcos norte y noroeste", ha señalado que la voluntad es que salgan a licitación antes de que acabe el año, a los que se sumarán la culminación de la conexión entre Yecla y Fuente la Higuera.
Asimismo, ha considerado una "inversión estratégica" la autovía del norte, que no estaba contemplada en el plan estatal de infraestructuras 2012-2024 y que en su opinión debe incorporarse al mismo para su pronta ejecución.

'Ahora Murcia' demanda renovar e incrementar el parque público de vivienda social municipal

MURCIA.- Ahora Murcia demanda que se renueve e incremente el parque público de vivienda social municipal, que consiga atender un alto porcentaje de la demanda por parte de población más vulnerablel. El concejal Miguel Angel Alzamora destaca que "el parque existente es insuficiente y además está muy deteriorado y anticuado, por lo que es necesario rehabilitar las viviendas sociales municipales en uso y construir más".

Alzamora señala que además de los jóvenes, hay colectivos especialmente vulnerables y necesitados de vivienda social, como son las mujeres solas con hijos, las personas con alguna discapacidad y las personas mayores. 
"El primer paso", afirma, "tiene que ser realizar un diagnóstico riguroso sobre la problemática municipal en materia de vivienda y suelo, que conllevará, entre otros puntos, analizar la oferta y la demanda residencial; el parque de viviendas existente; la infravivienda; la vivienda vacía del municipio; los recursos públicos y privados relacionados con la política de vivienda, etc.".
El concejal subraya que la situación que vive el municipio en materia de vivienda social "es muy difícil, porque se han venido llevando a cabo programas municipales de alquiler de vivienda muy ineficaces y con inversiones ínfimas, además de existir un colapso de los servicios sociales a la hora de gestionar ayudas sociales que se utilizan para pagar emergencias de alquiler".
Además, ser usuario implica cumplir una serie de requisitos que muchas personas con dificultades no pueden asumir, como que el programa de alquiler municipal exige que se esté residiendo con contrato dos años en la vivienda que a la que se va a subvencionar parte del alquiler, o que el pago de la subvención se hace en una única cuota anual cuando se acumulan facturas de alquiler ya pagado por el usuario. 
"Esta operativa provoca que muchas personas de bajos ingresos no puedan acceder a las ayudas", destaca.
El edil de Ahora Murcia afirma que las cifras que muestran la necesidad de incrementar y mejorar las políticas de vivienda municipal son contundentes: "Los demanas de vivienda social municipal son de unas 1.200 desde hace muchoas años. Hay alrededor de 600 personas sin hogar en la ciudad de Murcia, y más más de 200 personas, en su mayoría familias y con predominio de las mujeres con menores, sufren exclusión residencial extrema infravivienda extrema. Además, la cifra de desahucios por alquiler no para de aumentar en la Región, con un incremento en el último trimestre del 38'2%, según el Consejo del Poder Judicial".
"A estos datos", indica Alzamora, "hay que sumar las estadísticas relativas a la pobreza y la exclusión social, que también son sumamente preocupantes en el municipio. Así, como señala la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) de la Región, el 30,7% de la población del municipio sufre riesgo de pobreza o exclusión social, mientras que el 40% de los hogares del municipio no tiene capacidad para hacer frente a un gasto imprevisto de 650 euros con sus propios recursos; el 11,4% ha tenido retrasos en pagos relacionados con la vivienda; el 15,9% llega con mucha dificultad a fin de mes con sus ingresos; y el 17,2% no puede permitirse mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante los meses fríos" .
Miguel Angel Alzamora denuncia que "los grupos de la oposición llevamos esperando desde enero un censo sobre el parque municipal de viviendas, así como un informe diagnóstico sobre la necesidad de vivienda para familias vulnerables del municipio de Murcia, y un informe diagnóstico sobre la propiedad pequeños o grandes tenedores, segundas viviendas, etc.- de la vivienda vacía del municipio de Murcia. Es una muestra más del nulo interés del Gobierno de Ballesta en materia de vivienda municipal".

Contenido del Plan
El Plan Municipal de Vivienda Social que demanda Ahora Murcia y cuya necesidad llevará en forma de moción al próximo Pleno "sobre todo debería tener en cuenta en su programa de acción medidas como la promoción de vivienda y/o alojamiento públicos en alquiler, en régimen de cesión de uso, como por ejemplo las cooperativas de viviendas en uso, y otras fórmulas posibles; la puesta en el mercado de viviendas vacías (alrededor de 30.000 estimadas en Murcia); programas de alquiler social; programas de permutas de viviendas a familias con necesidades especiales; mantenimiento y rehabilitación del parque público después de su análisis; o promover algunas de estas actuaciones en suelo municipal prestando especial atención a que se promuevan acciones de vivienda en los suelos procedentes de la cesión del aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento".
El concejal apunta que "la última reforma de la Ley Regional de Vivienda, 10/2016, necesita que se desarrolle con urgencia su reglamento, para que se haga efectiva y sirva para afrontar la problemática de los desahucios y de la pobreza energética".
Alzamora concluye que "la misma Unión Europea señala que la vivienda social no debe considerarse un coste a recortar, sino una inversión que se amortiza a medio plazo, por medio de un mayor bienestar social y en materia de salud, el acceso al mercado de trabajo y la capacitación de las personas para vivir de manera independiente".

Piden se reconozca el derecho de todos los titulares de atraque del puerto 'Tomás Maestre' hasta que acabe la concesión en 2023

CARTAGENA.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Antonio Guillamón se ha reunido con la Asociación para el asesoramiento, información y defensa de los intereses de los titulares de derechos de atraque y zonas de servicios del Puerto Tomas Maestre (ASOPUERTO).

A la reunión han asistido, además del diputado socialista, su presidente, Antonio Soriano, su vicepresidente Manuel Gómez, la responsable de la Comisión Ejecutiva Regional del PSRM-PSOE, Miriam López, el portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de San Javier, José Ángel Noguera, y el concejal, Pedro Jesús Martínez.
Los representantes de la Asociación han puesto de manifiesto la situación que están viviendo los propietarios en relación con la concesión administrativa de los derechos de atraque que califican de "auténtico atropello".
El diputado socialista manifestó que esta concesión finaliza en 2023 y solicitan que, para entonces, las nuevas concesiones sean adjudicadas a los propios deportistas para que lo gestionen mediante la fórmula o figura administrativa requerida, ya que constituyen el 89% de las concesiones, en lugar de que lo haga una entidad concesionaria con ánimo de lucro, como sucede actualmente.
Antonio Guillamón explicó que, además, rechazan que algunos de los propietarios deban abonar las cantidades que les exige Puertomenor S.A., bajo una justificación de equilibrio financiero y al que son ajenos los titulares, "puesto que esta entidad dejó de tener derechos e intereses económicos desde que se produjo la venta de cada uno de los puestos de atraque".
El Grupo Parlamentario Socialista va a preguntar al Gobierno regional y, particularmente a la Dirección General de Transportes, Costas y Puertos sobre esta situación, instando a que se tenga en consideración el reconocimiento del derecho de todos los titulares de atraque del Puerto Tomás Maestre hasta la finalización de la concesión administrativa en el año 2023.

Las exportaciones murcianas descienden un 2,4% en los primeros cinco meses del año

MURCIA.- Las exportaciones murcianas alcanzaron los 4.394,7 millones de euros en el periodo enero-mayo de este año, lo que supone un descenso del 2,4%, mientras que las importaciones (4.224,7 millones) también cayeron un 1,5%. En este sentido, el saldo comercial registró en este período un superávit de 170 millones de euros, un 49,8% inferior al registrado en el mismo periodo del año anterior; mientras que la tasa de cobertura se situó en el 104%.

La actividad exportadora de la Región, que representa el 3,6% de todas las ventas al exterior de España, experimentó en este periodo, en términos globales, una peor evolución que la del conjunto del país. 
En cuanto al valor de sus exportaciones se coloca en la novena posición en el ranking de CC.AA., quinta en provincias, por detrás de Barcelona, Madrid, Valencia y La Coruña. 
Los principales sectores exportadores en términos de peso sobre las exportaciones totales en estos cuatro primeros meses de 2018 fueron los alimentos (49%), productos energéticos (23%) y productos químicos (14,1%).
Toda esta información se recoge en el informe de la Dirección Territorial de Comercio-ICEX en la Región de Murcia, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con datos provisionales, facilitados por el Departamento de Aduanas de la AEAT.

Destinos

El 30,6% de las exportaciones murcianas se dirigen a países no comunitarios. En los meses de enero a mayo de 2018, las ventas a Oceanía crecieron un 21% y a Oriente Medio un 8,3%. El resto de áreas geográficas presenta importantes descensos: América del Norte un -19,2%, América Latina un -15,7%, Asia un -5,1% y África un -4,8%.
La Unión Europea sigue siendo el principal destino de las exportaciones de Murcia, con un 69,4% del total. Las exportaciones a la UE ascendieron un 1,7% respecto al año anterior y los envíos a la zona Euro (52,6% del total) se mantienen en los mismos parámetros del año anterior.
 Entre los países comunitarios, los principales mercados son Italia (14,9% del total y subida de 45,7%), Alemania (10,9% del total, descenso del 3,8%) y Francia (10,2% del total, bajada del 2,8%).
Analizando el perfil de la empresa exportadora murciana, se observa una subida del 0,8% en el número de empresas (3.223) que exportaron en enero-mayo de 2018 respecto al mismo período del año anterior.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ve riesgo alto de que la Región incumpla el déficit

MADRID.- La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) observa riesgos de incumplimiento de la regla de gasto en trece autonomías (especialmente en Andalucía, Baleares, Madrid y Cantabria), y aprecia riegos altos o moderados de incumplimiento de los objetivos de déficit en la Región de Murcia, Extremadura y Comunidad Valenciana.

Según fuentes de la AIReF, que este lunes han hecho público el informe de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria de 2018 de las administraciones públicas, sólo en las regiones de Castilla y León, La Rioja, Aragón y Canarias se aprecia posibilidad de cumplimiento de la regla de gasto.
En cuanto a los objetivos de estabilidad, la AIReF mantiene las últimas previsiones y considera probable que la mayoría de las autonomías cumplan el déficit del 0,4% del PIB fijado para este año.
De hecho, AIReF cree que, con carácter general, las comunidades autónomas podrían incluso cerrar el año con un déficit del 0,3%, una décima por debajo de su objetivo.
Respecto a las corporaciones locales, la AIReF estima probable que cumplan el objetivo de estabilidad de 2018 y ve «factible» que se mantenga el superávit de ejercicios anteriores.

La Plataforma dice que el AVE en superficie «vendría a coincidir con su llegada soterrada»

MURCIA.- La Plataforma Pro Soterramiento hizo este lunes un llamamiento a la «tranquilidad, la altura de miras y la colaboración entre Administraciones» para «evitar perjuicios a los vecinos» con la llegada del AVE, cuya llegada en superficie, opinan, «vendría a coincidir, en la práctica, con su llegada soterrada».

La plataforma ha emitido un comunicado en ese sentido en el que señalan que así lo confirmó la nueva presidenta de Adif, Isabel Pardo, que hasta ahora era mano derecha de su predecesor en el cargo, Juan Bravo.
Para el colectivo vecinal, la «única intención de traer el AVE en superficie era usar las pruebas del mismo», que empezarían este otoño, como «revulsivo electoral» de cara a las autonómicas de 2019, puesto que esa fase de pruebas se prolongaría durante meses.
La plataforma ha insistido en que la sociedad murciana se ha manifestado en reiteradas ocasiones en contra de traer el AVE en superficie por el tramo que iba a ser soterrado, y así se recoge literalmente en mociones aprobadas incluso en el Ayuntamiento de Murcia y la Asamblea Regional.
Por tanto, en su opinión, la «nueva solución adoptada por el Gobierno de España» intenta conciliar el interés de los vecinos con la necesidad de acortar los plazos de las obras de soterramiento.
Con el compromiso de que la alta velocidad llegue soterrada en 2020 se acortará sustancialmente el cierre del paso a nivel de Santiago el Mayor, señaló, de los dos años previstos a ocho meses.
En cuanto al polémico «muro», la plataforma reconoce que reducir sus dimensiones, como llevan tiempo solicitando, supone unos costes «importantes» que está por determinar que administración pública los asumirá.
Sobre la pasarela peatonal que sustituirá el paso a nivel durante su cierre, han señalado que siguen a la espera de las pruebas de carga que «demuestren o no su viabilidad».
Por último, pidieron que se siga en la «senda de la supervisión de las obras para que se cumplan los plazos y, si es posible, se aminoren», así como que se liciten «cuanto antes» los dos tramos de soterramiento que están pendientes (la estación y Barriomar, y Nonduermas) y que se «prevean soluciones para llegar a Madrid en un tiempo prudencial» hasta que llegue la alta velocidad.

Conesa exige a Miras que acepte el déficit que propone Sánchez

MURCIA.- El delegado del Gobierno, Diego Conesa, pidió al jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, que apoye el nuevo objetivo de déficit que el presidente Pedro Sánchez ha propuesto a las comunidades autónomas, que será dos décimas mayor del previsto. 

El delegado señala que con los nuevos objetivos, las autonomías tendrán 2.500 millones más de margen fiscal en 2019 gracias a las dos décimas de relajación del déficit, que pasa del -0,1% al -0,3% y que suponen para la Región más de 60 millones de euros para gastarlos en servicios básicos.
Conesa exige a Miras «que se ponga del lado de la ciudadanía de la Región y destine más inversión a políticas sociales», y recuerda que «tener un mayor margen fiscal también beneficiará a los ayuntamientos, porque el Gobierno podrá ser más ambicioso a la hora de reformar la regla de gasto o de permitir que un mayor porcentaje de su superávit se destine a políticas sociales».
La Comunidad Autónoma rechaza el nuevo objetivo y exige que se reforme el sistema de financiación.

El Ayuntamiento de Totana, en situación crítica de sostenibilidad, según la AIReF

MADRID.- La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé que 21 grandes entidades locales, en razón a su tamaño poblacional y presupuesto, reduzcan este año su superávit hasta un 20 por ciento.

Según fuentes de la AIReF que hoy han hecho público el informe de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria de 2018 de las administraciones públicas, 16 ayuntamientos con población superior a 250.000 habitantes y cinco diputaciones pasarían de una capacidad de financiación conjunta de 2.098 millones en 2017 a 1.686 millones este año, es decir, un 20 por ciento menos.
Además, la AIReF aprecia riesgo de incumplimiento de las previsiones de superávit y regla de gasto de 2018 en el Plan Económico Financiero (PEF) del Ayuntamiento de Madrid y de incumplimiento de la regla de gasto en los ayuntamientos de Barcelona, Córdoba, L'Hospitalet de Llobregat y el Cabildo insular de Tenerife.
En cuánto a la variación del superávit entre 2017 y este año destaca Madrid que pasa de 1.057 millones a 1.099; Zaragoza, de 113 a 34 o Barcelona, de 30 a 12.
La Autoridad Fiscal mantiene las conclusiones del informe del pasado mes de mayo en el que se calificaba en "situación crítica de sostenibilidad" a los ayuntamientos de Jerez de la Frontera, Parla y Jaén y de riesgo alto a los de Algeciras, Gandía, La Línea de la Concepción, Aranjuez, Totana, Navalcarnero, Isla Cristina y Ayamonte.
En riesgo moderado: Alcorcón, Valdemoro, Sanlúcar de Barrameda, San Andrés de Rabanedo y Almonte; y en riesgo bajo Granada y Cuenca.

Bankia, Sabadell... Si tiene estos valores échese a temblar porque están cerca de mínimos

MADRID.- En el Ibex 35 hay hasta seis valores que se mueven en mínimos este verano. El más tocado de los seis es, sin duda, DIA que está cerca de perder el nivel de referencia de los dos euros por acción, se encuentran en mínimos desde agosto de 2011 cuando llegó a los 1,97 euros y se deja más de un 48% de capitalización bursátil en lo que va de año, publica hoy www.estrategiasdeinversion.com.

Según el director de análisis de Estrategias de Inversión, Luis Francisco Ruiz, “DIA continúa construyendo una estructura de máximos / mínimos significativos decrecientes y las medias móviles simples de medio y largo plazo permanecen cruzadas a la baja presentando pendiente negativa. La tendencia bajista es incuestionable y el siguiente soporte significativo se encuentra en el mínimo histórico situado en 1,832. Lo positivo es que se comienzan a presentar las primeras condiciones para comenzar a construir un suelo: sobreventa, volatilidad en niveles elevados y divergencias alcistas en osciladores de precios y volumen”.
La compañía que dirige Ricardo Currás se encuentra acechada por los fondos bajistas desde septiembre de 2015, cuando los ‘hedge funds’ irrumpieron en su capital con más del 10% de las acciones de la compañía. En la actualidad, es el valor del Ibex 35 con un mayor porcentaje de posiciones cortas o bajistas en su accionariado, ya que controlan el 16,8% de sus acciones, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Las cuatro últimas recomendaciones que ha recibido DIA de las firmas de análisis han sido muy negativas para su cotización. Los analistas de HSBC redujeron el precio objetivo sobre sus títulos un 22% desde los 2,7 euros hasta los 3,5 euros por acción el pasado 28 de junio. El viernes 13 el banco británico Barclays redujo un 26% su valoración, hasta los 2,70 euros por acción y Jefferies un 29%, hasta los 2,75 euros por acción. Y la puntilla se la dio Invest Securities al recomendar ‘vender’ sus acciones y fijar el precio objetivo en 1,9 euros desde los anteriores 3,9 euros.
Los expertos de Barclays alertan de la debilidad de las ventas de DIA, la presión a la baja de los márgenes y el efecto de las divisas emergentes en las cuentas de la distribuidora de alimentación. Barclays estima que el próximo jueves 26 la compañía dará a conocer una reducción de su ebitda (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) del 14% en el primer semestre, mientras que Jefferies ve caídas del ebitda en el segundo trimestre del 21%.
Otro valor ‘tocado’ es Mediaset que cotiza en mínimos desde noviembre de 2016 en los 6,9 euros y cae en 2018 un 20,6%, lo que le convierte en el segundo valor más castigado del 2018 sólo por delante de DIA. El grupo de Telecinco y Cuatro, entre otras televisiones, registró un beneficio de 53,2 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone un 12,2% menos respecto al mismo período del año anterior, cuando ganó 60,6 millones de euros. En el corto plazo, los inversores penalizan la caída de los ingresos publicitarios que se está viendo en las televisiones, algo que también le ocurre a su competidora Atresmedia, pese a la celebración del Mundial de fútbol.
Más a largo plazo, Mediaset y las televisiones privadas europeas tienen por delante el resto de la creciente competencia de plataformas de contenidos en Internet como Netflix, HBO o Amazon Prime.
A nivel técnico, Luis Francisco Ruiz comenta que “Mediaset comienza a poner a prueba / perder el mínimo del ejercicio 2016 establecido en 6,926 euros. De esta forma, la serie continúa construyendo una estructura de máximos / mínimos significativos decrecientes a medida que las medias móviles simples de medio y largo plazo acentúan la pendiente negativa. La tendencia bajista es incuestionable en todos los marcos temporales y un primer requisito para pensar en un posible giro al alza sería la superación de la resistencia intermedia sita en 7,464”.

La banca… no siempre gana

Dice el refrán que la banca siempre gana. Pero en caso de los bancos cotizados del Ibex 35 no es así, al menos en 2018. Salvo Bankinter, el resto de entidades acumula retrocesos en bolsa en el ejercicio. El contexto del sector sigue marcado por los tipos de interés del 0% fijados por el Banco Central Europeo (BCE) “al menos” hasta el próximo verano, según las palabras del propio presidente de la institución Mario Draghi.
El coste del dinero es fundamental en el negocio bancario, sobre todo, en el margen de intereses que se encuentra muy golpeado por los tipos al 0%. Las políticas expansivas de Draghi han sido uno de los factores clave de la recuperación económica pero también han dejado la rentabilidad del sector por los suelos, con pérdidas por valor de 10.000 millones de euros entre 2008 y 2016, según las estimaciones de la institución que preside Mario Draghi.
Las comisiones han ido subiendo en la medida que el margen de intereses caía, aunque los expertos apuntan que las entidades tienen poco margen para seguir subiendo esta partida en su balance. Además de este panorama general para el sector, la exposición de BBVA a Turquía o Argentina también le pesa en el Ibex, igual que a Santander su negocio brasileño. Sin embargo, en el corto plazo el riesgo no llega del exterior sino del impuesto a la banca que quiere incorporar el Gobierno de Pedro Sánchez, tal y como apuntó la semana pasada un informe de UBS.
El Ejecutivo de Sánchez prepara un impuesto al sector para recaudar cerca de 1.500 millones de euros con el objetivo de que "complete las cotizaciones a la Seguridad Social y contribuya a sostener el sistema público de pensiones", según aseguró el presidente el martes pasado en el Congreso de los Diputados en el que detalló sus planes al frente del Ejecutivo.
Como dato alentador, en las últimas semanas se ha ido conociendo el desapalancamiento de entidades como Sabadell, CaixaBank, BBVA o Santander. Sabadell vendió la semana pasada "la práctica totalidad de su exposición inmobiliaria" al fondo estadounidense Cerberus, que asciende a 3.900 millones de euros. Este ladrillo se estructurará en una nueva sociedad llamada NewCo conjunta entre la entidad catalana que contará con el 20% del capital y Cerberus con el 80% restante.
En bolsa, Sabadell está en mínimos de marzo de 2017 y retrocede en el Ibex un 15% en lo que va de año, mientras que Bankia también cotiza en mínimos desde noviembre de 2016 y cae más de un 21% en el ejercicio.

El cambio de Gobierno les sienta mal

Aena es otro de los valores con debilidad a nivel técnico y cotiza en mínimos desde noviembre de 2017, mientras que Indra se encuentra en mínimos desde 2016.
En el caso de la tecnológica se rumorea que el futuro de su presidente Fernando Abril-Martorell pende de un hilo por la mala relación que tiene con la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El Estado es el principal accionista de la consultora tecnológica con el 18,7% del capital a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y podría relevar a Abril-Martorell como ya ha hecho con Jaime García-Legaz al frente de Aena por el catalán Maurici Lucena.
En junio, los analistas de Goldman Sachs empeoraron su consejo sobre las acciones de la compañía hasta vender, ya que ven difícil que Indra cumpla sus objetivos hasta 2020. Según los analistas de la entidad estadounidense, la primera etapa de la transformación de Indra fue impulsada con una ejecución sólida en la optimización de su balance y un reenfoque en la eficiencia de costes, aunque la siguiente fase requiere una reestructuración de su negocio de servicios de consultoría y servicios informáticos, que representan el 60% de los ingresos y 30% del EBIT en 2017.
Goldman recortó sus previsiones de ebit (resultado neto de explotación) para 2020 hasta situarlas un 9% por debajo del consenso de los analistas, y en el caso de sus estimaciones sobre el flujo libre de caja son un 23% inferiores al consenso y un 18% inferiores a la media de los objetivos fijados por la compañía para 2020, según recoge Reuters.
En el caso del gestor de los aeropuertos españoles, Aena, el Gobierno ha prometido que mantendrá el plan estratégico de la compañía tras las dudas con el dividendo de la compañía, aunque el Estado no colocará una participación mayor en el mercado ya que tiene intención de seguir controlando el 51% del capital de Aena. El último plan de la compañía establece una política de retribución al accionista vía dividendo del 80% del beneficio, excluyendo partidas extraordinarias, durante los tres próximos años.

El asesor fiscal de Zaplana era administrador concursal de la promotora que investiga la juez

VALENCIA.- Francisco Grau, el asesor fiscal de Eduardo Zaplana -detenido y encarcelado junto a él en la 'Operación Erial'-, era uno de los administradores concursales de la promotora Luxender SL, sociedad que investiga la juez por sus posibles conexiones con el exministro de Aznar y el presunto cobro de comisiones a través de tres sociedades de Holanda. La constructora diseñó un polémico plan urbanístico en Alcoy, que contó con el beneplácito del PP local, cuando Zaplana dirigía el Gobierno valenciano. 

Según la documentación a la que ha tenido acceso El Mundo, la empresa de la que Grau era socio (Aplem Consulting SLP) participaba al 50% junto con In Esse SLP como una de las tres administradores concursales de Luxender SL una vez que entró en quiebra. Se da la circunstancia de que Grau se enfrentó a su socia al no estar de acuerdo con el informe de calificación sobre Luxender SL que realizó. Ella informaba de manera negativa sobre la labor del administrador societario. En el entorno del ex ministro niegan cualquier tipo de relacion o conocimiento con esta empresa.
Inmediatamente después a la presentación de este documento, en octubre de 2016, Aplem Consulting SLU realizó un escrito con el que se oponía a estas conclusiones. 
«Consideramos que, probablemente sin pretenderlo, In Esse SLP ha ratificado el informe de calificación de Luxender SL (...) Por ello se solicita se anule de pleno derecho dicho informe por falta de legitimación activa del administrador concursal que lo ha realizado y, en su caso, se requiera un informe de calificación consensuado con la mercantil In Esse Administración Concursal SLP».
Francisco Grau, economista y exsecretario del consejo de administración de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) desde 1998 hasta 2007 y después miembro de su comisión de control hasta la intervención de la entidad bancaria, fue detenido junto a Zaplana por su presunta vinculación a la trama que investiga la juez Isabel Rodríguez.
Como ya avanzó este periódico en su edición de ayer domingo, la instructora está investigando la relación de Zaplana con Luxender SL, que contaba con tres sociedades en Holanda. 
Indaga en si la promotora-que tenía sede en Madrid y en Alcoy- obtuvo dinero ilícito de comisiones y después lo envió a las sociedades holandesas para desviarlo. En definitiva, examina si Eduardo Zaplana estaba relacionado con la promotora y si recibió alguno de estos presuntos pagos, algo que sus abogados siempre han negado.
De acuerdo con la documentación, Luxender estaba participada por tres empresas radicadas en los Países Bajos: Shorender SA, Fomento e Inversiones Mediterráneas SLU y Qapmi Investments BV, quienes, indican fuentes consultadas por este periódico, «podrían ser las titulares reales» de la promotora.
La vía de Luxender es una de las pesquisas que siguen la juez y la Fiscalía Anticorrupción en unas actuaciones que siguen secretas y de las que hasta ahora sólo habían trascendido los vínculos que la magistrada establece entre las operaciones que atribuye a Zaplana y las adjudicaciones de la ITV y Parques Eólicos de la Comunidad al grupo Sedesa, propiedad de la familia Cotino, y que recibió comisiones. La juez considera que Eduardo Zaplana cobró una comisión de 6,4 millones de euros a través de Luxemburgo procedente del grupo empresarial de la familia Cotino
La juez considera que Eduardo Zaplana cobró una comisión de 6,4 millones de euros a través de Luxemburgo procedente del grupo empresarial de la familia Cotino. Esa supuesta comisión se habría recibido a través de la sociedad Imison International que, tal y como publicó El Mundo, fue administrada por Beatriz García Paesa, sobrina del popular espía que ayudó a fugarse a Luis Roldán. La propia García Paesa admitió que ese dinero era propiedad de la familia Cotino, pero negó conocer a Eduardo Zaplana. La juez, sin embargo, considera que ese dinero se destinó a sobornar al ex ministro. .

Grau, el hombre de confianza del exministro

Francisco Grau es uno de los hombres que -junto a Joaquín Barceló, también encarcelado en el marco de la 'Operación Erial'- lo sabe todo sobre Eduardo Zaplana. Es una de las personas de su máxima confianza. De hecho, cuando estalló la guerra por la presidencia de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Grau se alineó con el sector 'zaplanista', que pujó para que Armando Sala se alzara con el puesto.
Fue durante años representante de la CAM en el consejo de Terra Mítica y en la actualidad se encuentra procesado en la causa que investiga la Audiencia Nacional de los negocios de la CAM en el Caribe con los empresarios Juan Ferri y José Baldó. 
Grau se sentará en el banquillo por las presuntas irregularidades cometidas por la entidad en varias operaciones inmobiliarias desarrolladas por la Caja y la empresa hotelera en México y República Dominicana entre los años 2004 y 2010 (se le imputan apropiación indebida y/o administración desleal). 
También ha sido profesor de Matemáticas Financieras en la Universidad de Alicante (UA) y ha ejercido de administrador concursal de varias empresas, entre ellas Luxender SL, vinculada a Zaplana.

Científicos identifican una nueva falla en el mar de Alborán causante de "terremotos de magnitudes relativamente altas"

MADRID.- Un equipo internacional de científicos liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha identificado una nueva falla en el mar de Alborán. Según la investigación, la fractura produce escasa deformación en el fondo marino, pero sí "terremotos de magnitudes relativamente altas", como el de magnitud 6,3 en la escala Richter que afectó a la ciudad de Melilla y varias zonas de Andalucía en enero de 2016.

El trabajo, que aparece publicado en la revista 'Tectonics', sitúa la nueva falla en los límites entre las placas tectónicas euroasiática y africana en el mar de Alborán. Hasta ahora, la principal falla conocida en esta zona era la de Al-Idrisi.
Según explica el principal autor del trabajo, Jesús Galindo-Zaldívar, investigador en el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (centro mixto del CSIC y la Universidad de Granada), los científicos se propusieron cartografiar el fondo marino tras el terremoto de enero de 2016, que causó daños notables en Melilla y otras ciudades marroquíes, así como estudiar la sismicidad de la zona, ya que esta no se correspondía con la posición de la falla de Al-Idrisi, que afecta a la zona central y sur del mar de Alborán.
"Nuestra investigación confirma que la sismicidad inicial está asociada a una falla en un estado inicial de formación, que tiene una dirección Noreste-Suroeste y que produce escasa deformación en el fondo marino", añade.
Entre las conclusiones del estudio, el experto destaca también que continúa la formación del arco de Gibraltar entre Iberia y África con la migración de la deformación tectónica hacia el Oeste. En cuanto a la sismicidad, esta se extiende también hacia el Norte, afectando a la región del Campo de Dalias (Almería).

Terremotos de 1994, 2004 y 2016

La nueva zona de falla localizada, que se extiende hacia Marruecos, fue asimismo la causante de otros dos terremotos registrados en 1994 y en 2004. Este último, de magnitud entre 6,1 y 6,3 grados en la escala de Richter, afectó principalmente a la región de Alhucemas, en el norte de Marruecos, y causó más de 600 muertes.
"En el seísmo de 2004, los eventos de mayor magnitud no se relacionaban directamente con ninguna falla conocida en superficie. Por eso era importante para nosotros conocer la tectónica en tierra y mar. Además, estudiamos tanto la zona afectada por la sismicidad como la propia falla de Al-Idrisi", destaca la investigadora del CSIC en el Instituto de Ciencias del Mar, Gemma Ercilla.
Tal y como explica, "la existencia de deslizamientos submarinos y fallas recientes menores en la zona del epicentro confirman la actividad tectónica de esta zona de falla incipiente con elevado riesgo sísmico".
Este nuevo trabajo en el que participa el CSIC se enmarca en la campaña INCRISIS de geología y geofísica marina llevada a cabo a bordo del buque Hespérides en mayo de 2016.
Durante la campaña, los científicos delimitaron la zona afectada por el terremoto principal y la sismicidad posterior hasta la falla de Al-Idrisi. Para conocer la morfología del fondo marino y la estructura del subfondo, emplearon instrumentos geofísicos, como la sonda multihaz, la sonda paramétrica, el gravímetro y el magnetómetro.
También emplearon los datos de sismicidad del Instituto Geográfico Nacional (IGN) para conocer la localización de los terremotos y los mecanismos focales. Además, se tuvieron en cuenta las investigaciones en tierra de las fallas que produjeron los terremotos del 1994 y 2004.
Según destaca Jesús Galindo-Zaldívar, el trabajo sienta las bases para focalizar los futuros estudios geológicos, sísmicos y geodésicos en esta zona principal de deformación, desde Alhucemas hasta el Campo de Dalias, que cruza por el mar de Alborán.
En la investigación también han participado la Universidad de Granada (UGR), la Universidad de Jaén (UJA), el Real Instituto y Observatorio de la Armada-San Fernando (ROA), el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), el Instituto Español de Oceanografía (IEO), el Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM); así como universidades de otros países como la Université Sorbonne de París, la Université Mohammed Premier Oujda, la Université Mohammed V-Agdal-Rabat y la Université Abdelmalek Essaadi- Tetouan.

Justicia pedirá a Hacienda revisar el régimen salarial de jueces y fiscales

MADRID.-La ministra de Justicia, Dolores Delgado, se ha comprometido a pedir a la de Hacienda, María Jesús Montero, la convocatoria de la mesa de retribuciones que revise el régimen laboral y salarial de jueces y fiscales, así como la aprobación de un pago de productividad a final de año para ambas carreras.

Un compromiso que ha adquirido Delgado en la primera reunión del nuevo equipo de Justicia con las asociaciones de jueces y fiscales, que el departamento ha catalogado de satisfactorio por haber desbloqueado "la situación de parálisis en el diálogo" después de que ambas carreras convocasen una huelga inédita el pasado mayo.
Aunque el secretario de Estado de Justicia, Manuel Dolz, ha querido dejar claro que no es algo que dependa únicamente de su departamento, sí que ha destacado el compromiso del Ministerio de solicitar a Hacienda que se disponga de dinero de los presupuestos para aumentar a fin de año las nóminas de jueces y fiscales en forma de paga de productividad.
Además, Dolores Delgado se ha comprometido a convocar, con el visto bueno de Hacienda, la mesa de retribuciones que revise el régimen salarial de ambas carreras tras 15 años sin cambios y su situación laboral, con una mejora sus derechos profesionales en aspectos como la conciliación laboral.

El servicio de empleo proporciona formación a 600 personas de Murcia sin trabajo en el primer semestre

MURCIA.- Hasta el primer semestre de este año, el Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos, que dirige Jesús Pacheco, ha desarrollado 6 proyectos de formación, que engloban 44 acciones formativas, de las cuales 39 son certificados de profesionalidad, en las que han participado 601 personas desempleadas y ha obtenido titulación el 84%.

El coste total de estos proyectos fue de 3.6 millones de euros, de los cuales la aportación municipal fue de un 33.80% y el resto subvención del SEF.
Estos son algunos datos abordados hoy en la reunión del grupo de trabajo del Pacto por el Empleo, en el que también se ha informado del balance del servicio de orientación laboral, asesoramiento e intermediación, en el que han atendido a 732 usuarios, de los cuales 374 han sido mujeres.
Por otra parte, la Concejalía prevé realizar este año 23 convenios de colaboración -3 más que en 2017-
En 2017 se aprobaron 2 convocatorias de subvenciones, tanto para el Fomento de la contratación destinada a la creación de empleo (contratación temporal y fija de trabajadores) dirigida a Pymes, micropymes, autónomos, cooperativas, entidades sin ánimo de lucro, empresas de inserción y economía social, en concurrencia competitiva, como para el apoyo a la creación de puestos de trabajo por autónomos y socios de empresas de economía social
En este ámbito, se concedieron 73 ayudas a la contratación por importe global de 301.000 euros y 19 subvenciones al autoempleo, con un gasto de 112.000 euros.
Este año se han aprobado las dos líneas de subvenciones en cuantías similares al 2017.

El Gobierno baraja convocar 19.000 empleos en la Administración Central

MADRID.- La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha tratado hoy con los sindicatos la oferta de empleo público de la Administración General del Estado (AGE) para 2018, que el Gobierno no ha querido cuantificar pero que según los representantes de los trabajadores rondarían las 19.000 plazas.

La ministra ha explicado hoy en rueda de prensa que los detalles de la oferta de empleo público los dará a conocer el viernes, después de que sea aprobada por el Consejo de Ministros, por lo que la cifra avanzada por los sindicatos podría sufrir cambios.
Tras la reunión mantenida hoy con los representantes sindicales en la AGE de CCOO, UGT, CSIF y CIG, Batet ha explicado en rueda de prensa que han logrado un acuerdo para consolidar 2.863 plazas interinas, así como otro para ejecutar una oferta de empleo extraordinaria destinada a reforzar el servicio de atención al inmigrante.
La convocatoria de estabilización del personal interino es relativa a la oferta pública de empleo de 2017 que no se había realizado y se llevará a cabo de manera conjunta con la de 2018, que se aprobará en un plazo de seis meses, ha explicado la ministra.
Asimismo, y con el objetivo de hacer frente al desbordamiento de los servicios de atención a la inmigración Batet ha anunciado que presentará una oferta de empleo público extraordinario de 323 plazas para mejorar del sistema de acogida, como los centros de estancia temporal o los centros de acogida de refugiados.
En total, la oferta de empleo público para 2018 contemplará 19.341 las plazas, según los representantes sindicales, de las que 10.501 serían de nuevo ingreso (1.800 de ellas relativas a este año pero ya convocadas el pasado), en tanto que 5.997 formarían parte de la promoción interna, 2.863 de consolidación interinos.
Dentro de las 10.501 plazas de nueva creación estaría incluida también la oferta de empleo extraordinaria destinada a inmigración (323 plazas) y las derivadas del incremento del 5 % destinadas a servicios específicos (unas 485 plazas), según los sindicatos.
Batet también elevará al Consejo de Ministros el acuerdo alcanzado para recuperar el 100 % de la retribución en casos de incapacidad temporal, reducido durante la crisis hasta el 50 % durante los 4 primeros días y el 75 % los 15 siguientes.
Con estos acuerdos, ha explicado la ministra, el Gobierno quiere llevar a cabo una oferta de empleo neta, apostando por el empleo público, el rejuvenecimiento de las plantillas, y al mismo tiempo hacer frente a las reclamaciones de organismos internacionales en materia de asilo.
Estos pactos «recuperan derechos perdidos en tiempos de crisis y mejoran la calidad del empleo en términos generales», ha dicho Batet.
El secretario general de CCOO en la AGE, José Manuel Vera, se ha mostrado «plenamente satisfecho» con los acuerdos logrados porque «avanzan en la línea de recuperación de los derechos sustraídos a los empleados públicos con la excusa de la crisis».
El secretario general de AGE de UGT, Carlos Álvarez, ha dicho: «Hoy ha cesado una injusticia que ha durado más de seis años» al recuperar todo el salario en casos de enfermedad, así como con otros acuerdos que redimensionarán y rejuvenecerán la plantilla y estimularán la carrera profesional de los empleados públicos.
El vicepresidente de CSIF, Francisco Iglesias, ha considerado que «por primera vez en 8 años no vamos a perder empleo, sino que lo vamos a recuperar», algo esencial en la AGE, donde «un número importante de trabajadores tiene más de 60 años, está muy envejecida».

Malentendido periodístico / Jesús M. Pérez Triana *


(*) Autor del libro 'Guerras Posmodernas"