La Comunidad Autónoma lamenta la "insistencia" con recortar el Tajo-Segura tras cerrar un año hidrológico "histórico"

 MURCIA.- El Gobierno regional ha lamentado que "se insista" en los recortes al trasvase Tajo-Segura, al que ha definido como "una infraestructura vital para el desarrollo económico y social" de la Comunidad, tras avanzar que el ejercicio se cerrará como un "año histórico" con unos envíos máximos de 522 hectómetros cúbicos.

Así lo ha manifestado el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, tras mantener una reunión de trabajo con el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez.

Durante el encuentro, Buendía ha destacado que este volumen supone el cuarto mejor registro de la historia de la infraestructura, lo que a su juicio refleja la "resiliencia" del acueducto, según ha informado la Comunidad en una nota de prensa.

En cuanto a la cuenca del Segura, Buendía ha precisado que se sitúa al 53% de su capacidad --la cifra más baja de toda España--, en contraste con el 64% de la media nacional.

Asimismo, ha advertido de que esta situación de "extrema vulnerabilidad estructural" se sostiene gracias a las aportaciones del trasvase Tajo-Segura.

En este sentido, ha alertado de que, sin esta infraestructura y su sistema de interconexión, la cuenca se encontraría en una situación "crítica al 30% de su capacidad real".

Por otro lado, el consejero ha criticado "el agravio" que suponen los caudales ecológicos al afirmar que el volumen positivo se ha alcanzado "a pesar de operar bajo un régimen de caudales circulantes por Aranjuez mucho más exigente e injusto para nuestros intereses, habiéndose impuesto 8 metros cúbicos por segundo a partir de enero de 2026 frente a los 6 metros cúbicos que operaban en aquellos años de referencia".

En este sentido, ha advertido de que se trata de "un incremento que responde a la arbitrariedad política y no a criterios estrictamente científicos o técnicos, asfixiando artificialmente la capacidad real de la infraestructura y castigando a un sector que es ejemplo europeo de eficiencia hídrica".

Ante esta situación, el consejero de Agua ha reivindicado el papel de la Comunidad tras señalar que, "frente a la incomprensión hídrica y los recortes ideológicos, la Región de Murcia es el espejo donde Europa mira buscando soluciones al déficit hídrico".

Buendía ha defendido que se debe actuar "con hechos, no dogmas", y ha apuntado que, con cerca de un 98% de agua urbana reutilizada y el 87% del regadío modernizado, "la Región de Murcia demuestra que la sequía se combate con tecnología, inversión y eficiencia, como el proyecto RegenIA o el liderazgo en proyectos europeos en los que participamos, donde estamos aportando nuestra experiencia en depuración, regeneración y reutilización; no con prohibiciones".

Los Municipios Ribereños del Tajo lamentan un nuevo trasvase sin la modificación de las reglas y advierten del regreso al nivel dos

 GUADALAJARA.- La Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía lamenta la autorización de otros 87 hectómetros cúbicos hacia el Levante y advierte de la necesidad de preservar el agua acumulada durante el último ciclo húmedo para afrontar con garantías los próximos años

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura ha autorizado 60 hectómetros cúbicos correspondientes a agosto, al encontrarse todavía el sistema en nivel uno, y otros 27 hectómetros cúbicos para septiembre, cuando las previsiones sitúan ya a Entrepeñas y Buendía en nivel dos. En total, saldrán otros 87 hectómetros cúbicos de la cabecera entre ambos meses.

El presidente de los Municipios Ribereños, Borja Castro, considera que el descenso de nivel obliga a mirar con cautela la situación de la cabecera.

 "Volver a nivel dos después de un ciclo húmedo demuestra que no podemos dar por consolidada la recuperación de Entrepeñas y Buendía. Tenemos que gestionar estas reservas pensando también en los próximos años", señala.

Desde la Asociación recuerdan que se trata de embalses de regulación hiperanual y que el agua acumulada durante los periodos húmedos debe actuar como colchón ante futuros ciclos secos. A comienzos de este año ya advertían de la importancia de conservar esas reservas para afrontar una posible etapa prolongada de menores aportaciones.

Castro insiste en que la prioridad debe ser evitar que la cabecera vuelva a entrar en una dinámica de pérdida continuada de reservas: "No queremos generar alarmismo de cara al turismo, pero sí aprender de lo ocurrido otras veces. Si después de estos años húmedos volvemos ya a nivel dos, es evidente que tenemos que ser mucho más prudentes con el agua que queda".

Generalitat y Murcia piden al Gobierno que todo cambio en las reglas del trasvase se negocie con CCAA y usuarios

 MADRID.- El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, y el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Joaquín Buendía, han reclamado al Gobierno de España que "cualquier modificación" de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura "sea abordada mediante un proceso de diálogo en el que participen todas las comunidades autónomas, usuarios y sectores afectados".

Ambos responsables han mantenido una reunión de trabajo en la Oficina de la Generalitat Valenciana en Madrid para analizar la situación actual del trasvase, las propuestas de modificación de sus reglas de explotación, el aprovechamiento de aguas regeneradas, así como los principales retos que afrontan los sectores agroalimentario y pesquero del arco mediterráneo, según ha informado hoy el Gobierno valenciano.

Tras el encuentro, Barrachina ha advertido de que la Comunitat Valenciana "no aceptará negociaciones bilaterales que excluyan a los territorios que dependen directamente del trasvase Tajo-Segura".

"El futuro del agua del sureste español no puede decidirse en una mesa cerrada entre el Gobierno de España y una sola comunidad autónoma. Cualquier cambio en las reglas de explotación debe contar con la participación de las comunidades receptoras, los regantes, los usuarios y todos los territorios afectados", ha afirmado.

El conseller ha subrayado que ambos gobiernos han solicitado "en reiteradas ocasiones" participar en las conversaciones sobre el futuro de esta infraestructura estratégica y ha lamentado la falta de respuesta por parte del Ejecutivo central.

Barrachina y Buendía han coincidido en destacar que el trasvase Tajo-Segura constituye una infraestructura "imprescindible" para garantizar el abastecimiento hídrico, la actividad agrícola y el mantenimiento de miles de puestos de trabajo en el sureste español.

En esta línea, según el Gobierno de la Región, ambas autonomías han consolidado sus demandas conjuntas al Estado en defensa del trasvase Tajo-Segura y denuncian "el recorte de cerca del 50 por ciento del agua destinada a regadío".

"La Región de Murcia y la Comunitat Valenciana hemos hecho los deberes. Murcia es un ejemplo internacional que reutiliza el 98 por ciento de sus aguas urbanas, un nivel de eficiencia que nos legitima para exigir que el Estado cumpla lo prometido. No se puede invocar la ecología para justificar recortes políticos mientras el Gobierno de España mantiene en el cajón las inversiones de depuración y la modernización de regadíos del Alto Tajo", ha señalado Joaquín Buendía.

"Mantener los envíos de agua a través del trasvase no es un favor al Levante, es una obligación mientras el Estado siga incumpliendo sus propios planes de inversión en el Tajo", ha añadido el consejero.

Asimismo, ambos han subrayado que las decisiones sobre la gestión del agua deben responder a criterios técnicos y de interés general, y no a planteamientos políticos "que ignoren las necesidades de los territorios receptores".

Además, ambos responsables han acordado impulsar un encuentro de comunidades autónomas para abordar de forma conjunta los principales problemas fitosanitarios que afectan actualmente a los agricultores de toda España.

La iniciativa pretende reunir a representantes políticos y técnicos de las distintas regiones con el objetivo de compartir experiencias, coordinar actuaciones y analizar soluciones eficaces ante los desafíos que afronta el sector.

En este sentido, han coincidido en la necesidad de dotar a los productores de herramientas adecuadas para combatir plagas y enfermedades, al tiempo que han reclamado que cualquier restricción o retirada de productos fitosanitarios vaya acompañada de alternativas viables, eficaces y accesibles para los agricultores.

En este sentido, Barrachina ha subrayado que el sector agrario necesita disponer de herramientas "eficaces" para hacer frente a los problemas fitosanitarios y ha advertido de que "la retirada de determinadas materias activas debe ir acompañada de alternativas que hayan demostrado su eficacia, estén suficientemente desarrolladas y resulten económicamente asumibles para los agricultores".

Durante la reunión, ambos responsables también han abordado la necesidad de reforzar una posición conjunta ante las instituciones europeas para defender los intereses de los agricultores mediterráneos frente a la competencia desleal de terceros países.

En este sentido, han reclamado una "mayor reciprocidad" en las exigencias impuestas a las producciones importadas y un refuerzo de los controles en frontera para garantizar el cumplimiento de los estándares europeos. 

"Los agricultores del sureste están preparados para competir, pero exigen hacerlo en igualdad de condiciones", han señalado.

Barrachina ha insistido en que "no es razonable exigir cada vez mayores requisitos ambientales, laborales o fitosanitarios a los productores europeos mientras se permite la entrada de productos procedentes de países terceros que no están sujetos a las mismas obligaciones".

Por ello, ha reclamado la aplicación efectiva de cláusulas espejo, mayores controles en frontera y una Política Agraria Común (PAC) post-2027 dotada de recursos suficientes para garantizar la rentabilidad y la competitividad del campo mediterráneo. "Si Europa quiere preservar su seguridad alimentaria, debe proteger a quienes producen alimentos dentro de Europa", ha añadido.

La reunión también ha servido para avanzar en una estrategia común en defensa del sector pesquero mediterráneo, especialmente ante la reducción de los días de actividad de la flota de arrastre y el futuro del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

Finalmente, Barrachina y Buendía han coincidido en que la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia comparten retos, intereses y objetivos comunes en materia hídrica, agraria y pesquera, por lo que han acordado mantener una coordinación permanente para defender conjuntamente los intereses del sector agro-alimentario y pesquero mediterráneo ante el Gobierno de España y las instituciones europeas.

La CARM demanda debatir en el Congreso la reforma de las reglas de explotación del trasvase por el Miteco

MURCIA.- El Gobierno de la Región de Murcia ha demandado este martes que la reforma de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura que planea el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) se someta a debate y votación en el Congreso de los Diputados, según ha informado la Comunidad.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, ha trasladado esta exigencia tras mantener su primer encuentro oficial con el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, con el fin de coordinar la estrategia de defensa de la infraestructura.

Durante la reunión, Buendía ha subrayado que el agua constituye "la prioridad absoluta" del Ejecutivo autonómico y ha calificado el trasvase como un recurso "irrenunciable" para el desarrollo de la Región de Murcia.

En este sentido, ha censurado la pretensión del Gobierno de España de recortar 100 hectómetros cúbicos de regadío para el Levante, una medida que ha tildado de "castigo" a la Región de Murcia y de "ataque directo a la soberanía alimentaria" de todo el país.

El titular de Agua ha argumentado que el problema hídrico en España es "exclusivamente de reparto" y ha señalado que a nivel, nacional se dispone de más de 100.000 hectómetros cúbicos de recursos convencionales de los que solo se utiliza un tercio, por lo que considera que "penalizar los 200 hectómetros cúbicos que recibe la Región de Murcia responde a un interés puramente político".

Para profundizar en la estrategia técnica y legal frente a estos "recortes", el consejero ha avanzado la celebración de una reunión de trabajo con toda la Junta de Gobierno del Scrats el viernes 12 de junio.

Asimismo, el Gobierno regional tiene previsto activar la vía jurídica y parlamentaria para frenar la modificación de las reglas de explotación con la defensa, por vías legales, que cualquier cambio normativo debe contar con la participación de la Cámara Baja.

Además, Buendía ha anunciado el envío formal de sendas cartas al ministro de Agricultura y a la ministra para la Transición Ecológica para solicitar un primer contacto, así como una comunicación al presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para "recabar su implicación en la defensa de la infraestructura". 

 

Por otra parte, el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, mantuvo luego una reunión de trabajo con el presidente de Ailimpo, Joaquín Rubio, para analizar la situación actual del sector del limón en la Región de Murcia.

Entre los temas tratados se abordó el seguimiento de la clorosis nervial amarilla en los cítricos. Buendía subrayó que "la prioridad es conocer con precisión el alcance real de esta problemática".

En este sentido, recordó que ya se han puesto en marcha 700 prospecciones intensivas en explotaciones de toda la Región, cuyos resultados permitirán disponer de información técnica rigurosa para adoptar las medidas más adecuadas.

El consejero reafirmó el compromiso del Gobierno regional con la sanidad vegetal y con un cultivo estratégico para la economía regional como es el limón, y aseguró que "seguiremos trabajando de forma coordinada con el sector y los centros de investigación para reforzar la vigilancia fitosanitaria y garantizar la competitividad de los productores murcianos".

Finalmente, la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Mula, ha desarrollado la operación 'Vernacho', una investigación iniciada para esclarecer el robo de cerca de 10 toneladas de limones en varias explotaciones agrícolas del municipio muleño, que ha culminado con la detención de dos experimentados delincuentes como presuntos autores de delito de robo con fuerza.

La investigación se inició el pasado mes de mayo, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de varios robos con fuerza, cometidos en explotaciones agrícolas de Mula, de donde habían sido sustraídas cerca de 10 toneladas de limones de la variedad 'verna', una de las de mayor valor comercial del mercado actual. El valor de lo sustraído ronda los 10.000 euros.

Guardias civiles de los equipos ROCA, contra robos en el campo, se hicieron cargo de la investigación y averiguaron que los robos se habían producido durante los fines de semana, a plena luz del día, según ha informado la Benemérita.

Después de romper los vallados perimetrales, los delincuentes accedían a las fincas, cogían los cítricos y los introducían en maleteros de turismos y furgonetas.

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Mula, llevó a cabo una serie de indagaciones y vigilancias que permitieron identificar las matrículas de los vehículos supuestamente involucrados en estos robos.

Hasta el momento, la operación 'Vernacho' ha culminado con la detención de dos hombres --vecinos de Mula y con un abultado historial delictivo por delitos similares-- como presuntos autores de delito de robo con fuerza. 

El Supremo cierra la batalla judicial del Tajo y los Ribereños exigen cambiar ya las reglas del trasvase

 CUENCA.- La Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía considera que la última sentencia del Tribunal Supremo contra el recurso presentado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) supone el cierre definitivo del ciclo judicial abierto contra los caudales ecológicos del río Tajo y deja sin argumentos ni margen político al Ministerio para seguir retrasando la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. "Basta ya, hay que actuar", claman los Ribereños.

Para los Ribereños, la resolución desmonta definitivamente los argumentos "trasnochados" utilizados durante décadas por el lobby trasvasista y consolida una doctrina jurídica clara: los caudales ecológicos son una restricción previa y superior a cualquier uso del agua, incluido el trasvase.

"Quizás sea la sentencia más dura para el Levante del Tribunal Supremo, porque deja una cosa definitiva y absolutamente clara: los caudales ecológicos del Tajo son obligatorios y están por encima del trasvase.

 Y eso tiene una consecuencia inmediata: hay que cambiar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. El Ministerio ya no tiene más excusas ni margen para seguir demorándolo", señala el presidente de los Municipios Ribereños, Borja Castro.

La Asociación subraya que el fallo deja claro que el trasvase no condiciona los caudales ecológicos, sino que ocurre justamente al contrario: el trasvase queda subordinado a ellos. La sentencia reafirma que los usuarios del Tajo-Segura utilizan exclusivamente aguas excedentarias y que, por tanto, no existe ningún derecho garantizado sobre esos recursos mientras no estén plenamente cubiertas las necesidades ambientales y consultivas de la propia cuenca cedente.

Además, el Tribunal Supremo rechaza otro de los principales argumentos históricos de SCRATS y confirma que sí ha existido concertación entre las cuencas del Tajo y del Segura. Los Municipios Ribereños recuerdan que la implantación de los caudales ecológicos se ha escalonado durante tres años precisamente para facilitar la adaptación de la cuenca receptora a nuevas fuentes de suministro, como la desalación.

La resolución desmonta también la interpretación histórica que el lobby trasvasista hacía de la ley de 1980, utilizada durante décadas para sostener que el río Tajo debía limitarse a un caudal fijo de 6 metros cúbicos por segundo a su paso por Aranjuez. 

El Supremo aclara ahora que aquella cifra constituye únicamente un mínimo y no establece ningún límite máximo para la fijación de caudales ecológicos superiores.

Para la Asociación, la sentencia desactiva uno tras otro todos los pilares jurídicos empleados por SCRATS contra el Plan Hidrológico del Tajo, incluyendo las alegaciones relativas a metodología técnica, evaluación ambiental y coordinación entre cuencas. 

El Alto Tribunal respalda además que la planificación hidrológica se ajusta a la normativa europea y estatal y que la finalidad de los caudales ecológicos responde a la protección ambiental del río y no a una decisión arbitraria o política.

"Esta era la gran batalla judicial y el Supremo la ha zanjado. Ahora toca actuar. Desde la Asociación de Municipios Ribereños exigimos que se convoque de inmediato la mesa de trabajo y que se presenten unas nuevas reglas adaptadas a la realidad legal y a la realidad ambiental actual", ha añadido Castro.

La Asociación advierte de que mantener las reglas actuales supone perpetuar una situación "insostenible" para Entrepeñas y Buendía. 

Según recuerdan, este año natural podrían trasvasarse cerca de 750 hectómetros cúbicos hacia el Segura, mientras en la cuenca receptora podrían acumularse más de 400 hectómetros cúbicos procedentes del Tajo almacenados a final de año hidrológico.

"Prácticamente toda el agua almacenada en la cuenca del Segura será agua del Tajo, mientras Entrepeñas y Buendía vuelven a bajar justo al comienzo de la campaña de verano. Ya no estamos hablando de debates políticos ni de excusas políticas: estamos hablando de cumplir la ley", concluyen los Ribereños.

El Supremo cierra la batalla judicial del Tajo y los Ribereños exigen cambiar ya las reglas del trasvase

 CUENCA.- La Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía considera que la última sentencia del Tribunal Supremo contra el recurso presentado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) supone el cierre definitivo del ciclo judicial abierto contra los caudales ecológicos del río Tajo y deja sin argumentos ni margen político al Ministerio para seguir retrasando la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. "Basta ya, hay que actuar", claman los Ribereños.

Para los Ribereños, la resolución desmonta definitivamente los argumentos "trasnochados" utilizados durante décadas por el lobby trasvasista y consolida una doctrina jurídica clara: los caudales ecológicos son una restricción previa y superior a cualquier uso del agua, incluido el trasvase.

"Quizás sea la sentencia más dura para el Levante del Tribunal Supremo, porque deja una cosa definitiva y absolutamente clara: los caudales ecológicos del Tajo son obligatorios y están por encima del trasvase.

 Y eso tiene una consecuencia inmediata: hay que cambiar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. El Ministerio ya no tiene más excusas ni margen para seguir demorándolo", señala el presidente de los Municipios Ribereños, Borja Castro.

La Asociación subraya que el fallo deja claro que el trasvase no condiciona los caudales ecológicos, sino que ocurre justamente al contrario: el trasvase queda subordinado a ellos. La sentencia reafirma que los usuarios del Tajo-Segura utilizan exclusivamente aguas excedentarias y que, por tanto, no existe ningún derecho garantizado sobre esos recursos mientras no estén plenamente cubiertas las necesidades ambientales y consultivas de la propia cuenca cedente.

Además, el Tribunal Supremo rechaza otro de los principales argumentos históricos de SCRATS y confirma que sí ha existido concertación entre las cuencas del Tajo y del Segura. Los Municipios Ribereños recuerdan que la implantación de los caudales ecológicos se ha escalonado durante tres años precisamente para facilitar la adaptación de la cuenca receptora a nuevas fuentes de suministro, como la desalación.

La resolución desmonta también la interpretación histórica que el lobby trasvasista hacía de la ley de 1980, utilizada durante décadas para sostener que el río Tajo debía limitarse a un caudal fijo de 6 metros cúbicos por segundo a su paso por Aranjuez. 

El Supremo aclara ahora que aquella cifra constituye únicamente un mínimo y no establece ningún límite máximo para la fijación de caudales ecológicos superiores.

Para la Asociación, la sentencia desactiva uno tras otro todos los pilares jurídicos empleados por SCRATS contra el Plan Hidrológico del Tajo, incluyendo las alegaciones relativas a metodología técnica, evaluación ambiental y coordinación entre cuencas. 

El Alto Tribunal respalda además que la planificación hidrológica se ajusta a la normativa europea y estatal y que la finalidad de los caudales ecológicos responde a la protección ambiental del río y no a una decisión arbitraria o política.

"Esta era la gran batalla judicial y el Supremo la ha zanjado. Ahora toca actuar. Desde la Asociación de Municipios Ribereños exigimos que se convoque de inmediato la mesa de trabajo y que se presenten unas nuevas reglas adaptadas a la realidad legal y a la realidad ambiental actual", ha añadido Castro.

La Asociación advierte de que mantener las reglas actuales supone perpetuar una situación "insostenible" para Entrepeñas y Buendía. 

Según recuerdan, este año natural podrían trasvasarse cerca de 750 hectómetros cúbicos hacia el Segura, mientras en la cuenca receptora podrían acumularse más de 400 hectómetros cúbicos procedentes del Tajo almacenados a final de año hidrológico.

"Prácticamente toda el agua almacenada en la cuenca del Segura será agua del Tajo, mientras Entrepeñas y Buendía vuelven a bajar justo al comienzo de la campaña de verano. Ya no estamos hablando de debates políticos ni de excusas políticas: estamos hablando de cumplir la ley", concluyen los Ribereños.

El SCRATS celebra la sentencia del TS que anula referencias del Plan Hidrológico y espera corregir “situaciones injustas” en el trasvase Tajo-Segura

 MURCIA.- La sentencia del TS, comunicada hoy, hace mención a la delimitación de las superficies regables de las comunidades de regantes del trasvase Tajo-Segura, y declara nula la referencia a las zonas regables a que se hace referencia en el artículo 13.13º d) del Plan Hidrológico de la cuenca.

La sentencia tiene gran trascendencia en cuanto a los expedientes sancionadores que se encuentren en trámite ante la Confederación y los recursos contencioso-administrativos interpuestos por los usuarios o por las propias Comunidades de Regantes contra resoluciones dictadas en dichos expedientes sancionadores.

 Y también supone un punto de partida para el tratamiento que haya de darse a la delimitación de las zonas regables en el ciclo de Planificación 2028/2033 actualmente en tramitación.

Estamos analizando con el detenimiento que requiere la Sentencia, aunque esperamos que venga a corregir situaciones injustas que se vienen produciendo desde hace años, pero habrá que estudiar la forma de proceder a su ejecución en beneficio de todas nuestras Comunidades.

Por desgracia esta sentencia no es determinante para la que habrá de aparecer en breve relativa a la planificación del Tajo.  Con respecto a esta última somos conscientes de la dificultad que entraña dados los precedentes sentados por sentencias anteriores desestimatorias. 

Lamentamos que el TS no haya aceptado ninguna prueba pericial sobre los defectos en la planificación puesto que contábamos con los mayores expertos en este campo. 

En cualquier caso ya venimos advirtiendo que fue la política la que nos trajo aquí y es la política, el gobierno de la Nación -causante directo de lo que vivimos- quien debe de reconducir la situación en el actual ciclo de planificación que ahora comienza, recorriendo el camino contrario al recorte que inició en el anterior ciclo de planificación.

La CARM agotará "todas las vías" para defender el Tajo-Segura si el TS avala el recorte

 MURCIA.- La Comunidad Autónoma de Murcia agotará "todas las vías" a su alcance para "defender" el trasvase Tajo-Segura si el Tribunal Supremo (TS) avala la planificación hidrológica del Tajo ante el recurso interpuesto por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats).

Así lo ha puesto de manifiesto el portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño, en una rueda de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en la que ha defendido que se trata de "una infraestructura fundamental" para la Región de Murcia.

"Nos gustaría que el Partido Socialista de la Región de Murcia también se pusiera manos a la obra y le exigiera a Pedro Sánchez que el trasvase se mantenga tal y conforme está", ha dicho Ortuño a preguntas de los periodistas.

El dirigente regional ha aseverado que el Ejecutivo autonómico está "muy preocupado" porque "vemos que cada vez está más cerca el recorte del trasvase de Tajo-Segura", un tema que ha definido como "capital" para la Región de Murcia, mientras ha acusado al PSOE de "estar de brazos cruzados, en otras cosas".

"Su última ocurrencia ha sido poner en marcha una campaña, si es que se puede llamar de esta manera, con la que el señor Lucas quiere tapar su ineptitud y sus pésimas previsiones electorales en la Región de Murcia", ha señalado.

En este sentido, Ortuño ha indicado que Lucas "presidía la comisión que aprobó la Ley de Amnistía" y "votó en el Congreso de los Diputados en contra del blindaje del trasvase Tajo-Segura". 

Por tanto, "¿qué lecciones nos quiere dar el señor Lucas? ¿Qué nos quiere enseñar? Y a ver si le vamos a preguntar si esta campaña se ha pagado con las mordidas de las obras del AVE de sus padrinos Ábalos y Cerdán".

Asimismo, ha instado a Lucas a utilizar todos esos espacios publicitarios para explicar "por qué el PSOE quiere recortar el trasvase Tajo-Segura" y "quiere seguir condenando a la Región de Murcia como la comunidad autónoma peor financiada", o por qué razón el Gobierno de la Nación "nos sigue maltratando en materia de infraestructuras".

"También podrían utilizar esas pantallas o vallas publicitarias para decir el dinero que nos dio el Gobierno de España en materia de dependencia que sí está pagando a otras comunidades como Cataluña", ha enfatizado el portavoz, quien ha insistido en que "los murcianos saben perfectamente quién ha abandonado a la Región".

"No admitimos lecciones de quienes se dedican a mentir, al postureo y a desviar la atención", ha precisado, tras añadir que "el Gobierno del presidente López Miras va a seguir trabajando como lo está haciendo para garantizar servicios públicos de calidad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de esta tierra".

Preguntado sobre el reparto de menores extranjeros no acompañados en las comunidades autónomas, Ortuño ha criticado la política migratoria del Gobierno de España, basada, según sus palabras, en "decisiones unilaterales, sin contar con las comunidades autónomas, a las que además traslada el problema".

Al hilo, ha recordado que la Comunidad ha interpuesto dos recursos contra las decisiones que ha adoptado el Gobierno de España en esta materia.

 "Estamos por encima de nuestras capacidades, pero evidentemente pues vamos a cumplir la ley", ha recalcado.

Ortuño también se ha referido a la gestión estatal tras detectarse un brote de hantivirus en un crucero para señalar que "una vez más vemos como el Gobierno de España no está a la altura". 

Así, le ha exigido "máxima transparencia y máxima coordinación para que, entre otras cosas, en las comunidades autónomas no nos enteremos de lo que está pasando a través de los medios de comunicación".

Por tanto, "le pedimos al Gobierno de España que asuma su responsabilidad, aunque poco se puede esperar de una ministra que tiene a los médicos en pie de guerra y que es incapaz de solucionar el Estatuto Marco", ha concluido el portavoz regional.

Los usuarios del Trasvase podrán reclamar indemnizaciones si sufren daños por la reducción de caudales

CARTAGENA.- El catedrático de Derecho Administrativo y director del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, Andrés Molina Giménez, ha señalado este lunes en la Asamblea Regional de Murcia que, en el caso de que la reducción de caudales provoque perjuicios económicos, los usuarios del Trasvase podrían acudir a la vía legal.

En este sentido, ha explicado que "en el escenario posible de que se generen daños y perjuicios a los usuarios del Tajo-Segura como consecuencia de la aplicación de los caudales ecológicos, estos tendrán la posibilidad de reclamar a la Administración indemnizaciones", al tiempo que ha precisado que dicha opción estaría sujeta a que "se produzcan daños o perjuicio patrimonial como consecuencia de la reducción en los caudales aportados".

Así lo ha planteado durante su comparecencia en la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura tras las últimas medidas anunciadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, donde ha advertido de la "importante inseguridad jurídica" que, a su juicio, han padecido históricamente los usuarios de esta infraestructura y ha sostenido que el trasvase atraviesa ahora un proceso de "desnaturalización por vía reglamentaria".

Molina ha estructurado su intervención en cinco bloques, centrados en la evolución jurídica del acueducto, los caudales ecológicos en la demarcación del Tajo, la falta de coordinación entre los planes del Tajo y del Segura, la futura regla de explotación y la eventual responsabilidad patrimonial de la Administración.

En primer lugar, ha recordado que el Trasvase Tajo-Segura tiene como principales referencias normativas las leyes de 1971 y 1980 y ha estado sometido "siempre a tensiones de carácter político entre los territorios". 

A su juicio, esa situación se agravó especialmente entre 2005 y 2010, con iniciativas como la conocida "cláusula Narbona" o la propuesta de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que contemplaba la caducidad del trasvase.

Frente a ello, ha situado el Memorándum de 2013 como el instrumento que permitió estabilizar parcialmente el marco legal, al propiciar una nueva regulación a través de la Ley de Evaluación Ambiental y de la regla de explotación.

La reducción del peso real del acueducto se está produciendo por tres vías. La primera sería la interpretación del nivel 3 de explotación, que entre 2018 y 2024 habría provocado "al menos 27 recortes de la cantidad máxima trasvasable", generando, según los cálculos del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, "una deuda hídrica para la cuenca del Segura en el entorno de los 192 hectómetros cúbicos". 

La segunda sería la futura modificación de la regla de explotación. Y la tercera, la más importante en su opinión, sería la elevación de los caudales ecológicos en el Tajo.

Sobre este último punto, Molina ha afirmado que ese incremento supondrá "a partir de 2027 una merma de 105 hectómetros cúbicos anuales para regadío como media", con una pérdida estimada del "16% del regadío de la cuenca", unas 27.400 hectáreas afectadas, un impacto económico de "5.300 millones de euros de 2021" y la pérdida de "unos 15.400 trabajadores directos que dependen del Trasvase Tajo-Segura".

El catedrático también ha querido aclarar que las sentencias del Tribunal Supremo de 2019 no obligaban a fijar una cuantía concreta para esos caudales. 

"Lo que no podía hacer de ninguna manera el tribunal es fijar los caudales", ha señalado, al tiempo que ha cuestionado que los nuevos caudales ecológicos tengan respaldo técnico suficiente.

A ello ha sumado un problema de coordinación entre los planes hidrológicos del Tajo y del Segura. Molina ha recordado que la elevación de los caudales ecológicos iba ligada a una serie de medidas compensatorias, como la ampliación y optimización de la desalación o las interconexiones necesarias para llevar esa agua a las zonas regables, pero ha denunciado que, a día de hoy, esas infraestructuras "no se han realizado". 

Por ello, ha advertido de una "contradicción interna" dentro del propio real decreto que aprueba los planes hidrológicos, ya que "uno se cumple y el otro no".

En relación con la futura regla de explotación, ha evitado entrar en excesivos detalles al encontrarse aún en tramitación, aunque sí ha reclamado que, cuando se apruebe, se analice con detalle "el impacto que pueden tener esas soluciones en la demarcación del Segura".

Al abordar la eventual responsabilidad patrimonial de la Administración, Molina ha explicado que existen precedentes en la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre reclamaciones ligadas a la fijación de caudales ecológicos y ha sostenido que, si la aplicación de esos nuevos caudales causa daños efectivos, los usuarios del trasvase podrán pedir una compensación económica. 

"En el escenario posible de que se generen daños y perjuicios a los usuarios del Tajo-Segura como consecuencia de la aplicación de los caudales ecológicos, estos tendrán la posibilidad de reclamar a la Administración indemnizaciones", ha afirmado.

Para sostener esta tesis, ha invocado tanto el texto refundido de la Ley de Aguas como la Ley del Plan Hidrológico Nacional, además de varias sentencias del Supremo que, según ha explicado, equiparan la posición de los usuarios del trasvase a la de otros usuarios del agua aunque no tengan formalmente la condición de concesionarios.

 "Los usuarios creo que merecen que sus derechos sean respetados, ya que han confiado legítimamente", ha subrayado.

En el turno de intervención de los grupos, el diputado del PSOE Fernando Moreno ha reconocido compartir "muchas" de las reflexiones jurídicas expuestas por Molina, aunque ha defendido que los poderes públicos deben actuar conforme a las resoluciones judiciales y al marco legal vigente. 

Moreno ha preguntado qué margen de maniobra existe para complementar el trasvase con otros recursos, como la desalación, la reutilización o los recursos propios de la cuenca, y ha defendido que la hoja de ruta socialista pasa por considerar el acueducto como "irrenunciable", pero acompañado de recursos complementarios.

Desde Vox, Antonio Martínez ha alabado la "serenidad académica" del compareciente y ha asegurado que su intervención debería convertirse en "el catecismo sobre el trasvase" para todos los representantes políticos del Levante. 

El diputado ha compartido la tesis de que el acueducto es "irrenunciable" e "insustituible" para la economía y el medio ambiente del sureste y le ha pedido una estrategia jurídica y política para afrontar el cuarto ciclo de planificación hidrológica y el conjunto de amenazas que, a su juicio, pesan sobre el regadío levantino.

Por parte del Grupo Mixto, el diputado de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, integrado en el Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, ha introducido una visión más crítica con el modelo actual y ha insistido en que el debate no puede desligarse de la caída de aportaciones en cabecera, del crecimiento del regadío y de los impactos ambientales del modelo agrointensivo.

 En este sentido, ha preguntado si no será necesario "redimensionar" el sistema en función de la disponibilidad real de recursos y de sus efectos ecológicos.

El diputado del PP Jesús Cano, por su parte, ha agradecido una intervención que ha considerado "enriquecedora" y ha subrayado varias de sus conclusiones, entre ellas que las sentencias del Supremo no fijaron la cuantía concreta de los caudales ecológicos y que los usuarios del trasvase han actuado confiando en un marco legal que ahora, a su juicio, se está alterando. 

Cano ha pedido al compareciente que profundizara en la falta de coherencia entre los planes del Tajo y del Segura y en las oportunidades que podría ofrecer el futuro marco europeo de resiliencia hídrica.

El vicepresidente del SCRATS advierte de que la subida del caudal ecológico ya resta 70 hectómetros al Trasvase

 CARTAGENA.- El presidente de la Comunidad General de Regantes Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura y vicepresidente primero del SCRATS, Roque Luis Bru, ha advertido en la Asamblea Regional de que el aumento del caudal ecológico en el Tajo "ya está suponiendo unos 70 hectómetros menos de agua" para los usuarios del trasvase y ha pedido a los diputados que "trabajéis allá donde podáis, sobre todo en Madrid", para garantizar la continuidad del Acueducto Tajo-Segura.

Así lo ha trasladado durante su comparecencia en la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura tras las últimas medidas anunciadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, donde ha detallado la dependencia estructural de su comunidad de regantes respecto a esta infraestructura. 

Según ha explicado, la entidad agrupa a "unos 22.000 comuneros" y "unas 25.000 hectáreas de cultivo" en el sur de Alicante, con un consumo anual de entre "50 y 60 hectómetros cúbicos".

Bru ha recordado que la llegada del trasvase hace 47 años permitió transformar el modelo agrícola de la zona al "abrir el abanico a cultivos con mayor valor añadido", frente a una situación previa marcada por el uso de aguas del Segura de peor calidad. 

"Hoy, al igual que Murcia y Almería, nuestra dependencia del trasvase Tajo-Segura es total", ha afirmado.

El dirigente ha señalado como uno de los principales problemas la subida del caudal ecológico aprobada en 2023. Aunque ha reconocido que los actuales niveles de agua en cabecera pueden enmascarar el impacto, ha insistido en que "esos dos metros cúbicos por segundo ya están suponiendo unos 70 hectómetros menos de agua" para los regantes. 

A su juicio, esta reducción añade "incertidumbre" a un sector que ya afronta dificultades económicas, falta de relevo generacional y compromisos de inversión pendientes.

En este contexto, ha defendido que la desalación "es fundamental", pero ha advertido de que no puede sustituir al trasvase. "El agua desalada tiene un coste muy superior", ha subrayado, insistiendo en que el trasvase permite "mantener un precio asumible del mix de aguas" que utilizan las comunidades de regantes.

 "Sustituir gran parte de ese recurso por agua desalada no es viable para la mayoría de agricultores", ha indicado.

Bru también ha cuestionado el impacto ambiental de la medida y ha asegurado que "no hay ningún informe serio sobre el impacto económico y social" del incremento del caudal ecológico. 

En este sentido, ha afirmado que "los únicos beneficiarios han sido los portugueses", al sostener que el agua adicional acaba en Portugal sin generar beneficios en España.

Durante su intervención, ha defendido el papel estratégico del sector primario en un contexto internacional incierto y ha reivindicado la "soberanía alimentaria".

 "Lo único que queremos los agricultores es poder seguir trabajando", ha concluido.

En el turno de los grupos parlamentarios, el diputado del PSOE Fernando Moreno ha asegurado que "el trasvase Tajo-Segura es irrenunciable" para su partido. 

Moreno ha defendido que la posición del PSOE pasa por garantizar esta infraestructura y ha planteado como complemento un "mix hidrológico" que incluya desalación, reutilización y recursos propios. 

Además, ha preguntado al compareciente por su opinión sobre la desaladora de Torrevieja, su interconexión con el sistema del trasvase y el Júcar-Vinalopó.

Desde Vox, Antonio Martínez ha respaldado el discurso del representante de los regantes y ha denunciado una "violencia hídrica" contra el Levante. El diputado ha advertido de que el actual proceso de planificación hidrológica puede suponer "la condena de muerte" del trasvase y ha reclamado una respuesta política conjunta para revertir esta situación.

Por parte del Grupo Mixto, el diputado de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, integrado en el Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, ha introducido un enfoque más estructural del problema.

 A su juicio, la situación del trasvase "no es un problema puntual", sino consecuencia de factores como la reducción de aportaciones en cabecera por el cambio climático, el crecimiento del regadío y el impacto ambiental del modelo agrointensivo.

 En este sentido, ha planteado la necesidad de estudiar "una reconversión" o "un redimensionamiento de la capacidad productiva agrícola".

El diputado del Partido Popular Jesús Cano ha denunciado, por su parte, que las decisiones del Gobierno central se están tomando "sin diálogo real y de espaldas al territorio" y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de poner "la guillotina al trasvase".

 Cano ha reclamado que el futuro de esta infraestructura se base en criterios técnicos y no políticos, y ha advertido del impacto económico que tendría su desaparición.

En su réplica, Bru ha respondido a las cuestiones planteadas por los grupos y ha reiterado su defensa del trasvase como eje fundamental del sistema hídrico del Levante. Ha defendido la interconexión de la desaladora de Torrevieja con el sistema del trasvase y ha asegurado que existe "colaboración total" entre administraciones para su desarrollo. 

 También ha apostado por potenciar el uso de aguas depuradas, que ha señalado como una de las fuentes más eficientes.

Asimismo, ha advertido de las dificultades de adaptación del sector a modelos como la agricultura ecológica en un mercado global competitivo.

 "No podemos competir con productos de terceros países que utilizan materias activas prohibidas aquí", ha lamentado.

Finalmente, ha subrayado el peso económico del regadío vinculado al trasvase, que, según ha indicado, sostiene "más de 100.000 empleos directos", y ha insistido en que su desaparición tendría consecuencias "muy graves" para el conjunto del sureste español.

El Miteco esperará al pronunciamiento del Supremo para actualizar las reglas de explotación del Tajo-Segura

 MADRID.- El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha condicionado la actualización de las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura a la resolución de los procesos judiciales abiertos porque "la toma de decisiones debe de respetar los tiempos y los calendarios".

Tras ser preguntado por la presentación de un recurso contencioso-administrativo por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha ante la "inacción" del Gobierno central, Morán ha optado por guardar "prudencia" ante un proceso que ha tildado de "complejo".

Ha reconocido el ejercicio de las competencias autonómicas aunque ha precisado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) "no puede ignorar que en un proceso judicializado" los plazos dependen de los tribunales.

En este sentido, ha avanzado que el Miteco está a la espera de la resolución de las dos sentencias aún sobre la mesa para "desplegar la competencia que le corresponde en la ejecución de la planificación hidrológica".

El secretario de Estado ha rechazado así la fijación de un horizonte temporal inmediato ya que "sería tanto como en estos momentos dar por supuesto cuál va a ser el sentido de las sentencias", lo que ha calificado de "temerario".

López Miras expresa preocupación ante el "recorte" del trasvase mientras las reservas de España están en máximos

 JUMILLA.- El presidente de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras, ha denunciado este jueves la "preocupación máxima" de la Región de Murcia en materia hídrica ante la postura del Gobierno central, que "mantiene la previsión de recortar el trasvase Tajo-Segura y cerrar pozos a partir de 2027", a pesar de que, en la actualidad, "España tiene las mayores reservas hídricas desde hace décadas".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha realizado estas declaraciones durante la asamblea abierta del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), celebrada en Jumilla bajo el título 'Retos a corto plazo para la utilización de las aguas subterráneas en la cuenca del Segura', según ha informado la Comunidad.

En el acto, López Miras ha reiterado que el Ejecutivo autonómico seguirá "al lado de los agricultores y de los regantes, como siempre hemos hecho" y ha reafirmado su compromiso de "seguir defendiendo a la Región de Murcia" frente a decisiones del Gobierno central que la perjudican.

"El futuro es muy incierto", ha lamentado el presidente autonómico, quien ha apuntado al Gobierno central "porque España no tiene una política hídrica que garantice que el agua que hay en España, que es suficiente para todos los españoles, llegue a todos los territorios".

Actualmente, las cuencas españolas almacenan más de 46.000 hectómetros cúbicos de agua, lo que sitúa las reservas en torno al 82 por ciento de su capacidad total, muy por encima de los registros medios de la última década. En concreto, el agua embalsada hoy en España es un 50% superior a la media de los últimos diez años.

En este contexto, el presidente ha aludido al recorte previsto por el Gobierno central en el trasvase Tajo-Segura y ha considerado que el cierre de acuíferos en el Altiplano "supondría un golpe especialmente duro para esta comarca", que depende en gran medida de las aguas subterráneas para mantener su actividad agrícola.

Ante esta situación, López Miras ha defendido la necesidad de impulsar soluciones estructurales y ha propuesto la conexión del Altiplano con el trasvase Júcar-Vinalopó, al entender que "no tiene sentido mantener aislada a esta comarca mientras existen obras hidráulicas infrautilizadas en el entorno".

Además, ha recordado que la Directiva Marco del Agua contempla la posibilidad de aplicar prórrogas más allá de 2027 al cierre de pozos, cuando existen razones técnicas, económicas y sociales.

En este sentido, ha resaltado que el Gobierno regional ha solicitado al Ministerio la aplicación de estas excepciones para aquellas masas de agua subterránea que no pueden alcanzar el buen estado en ese plazo por causas objetivas.

Finalmente, el presidente ha reiterado el compromiso del Ejecutivo autonómico con los agricultores y regantes de la Región de Murcia y ha reclamado una política de Estado en materia de agua que "garantice planificación, equilibrio territorial y seguridad para el sector primario".

Los regantes celebran el nivel 1 del Tajo: "Es el nivel soñado"

 MURCIA.- El presidente del Sindicato Central de Regantes (SCRATS), Lucas Jiménez, ha celebrado que, tras la lluvia y la nieve, el Tajo ha alcanzado el nivel 1, el máximo trasvasable.

La cuenca del Tajo se encuentra al 81%, mientras que la del Segura está al 39% de su capacidad "y no todo son aguas propias", ha apuntado Jiménez, quien ha afirmado en un vídeo compartido en X, que estos momentos son de "alegría nacional en lo que a aguas se refiere".

Según el presidente de los regantes, esto puede significar "dos años de tranquilidad tanto para el abastecimiento, para el agua de la industria, del comercio, del turismo y del sector primario".

"Esperemos que esa alegría sea generalizada y que no vuelva a haber críticas porque estemos viviendo una época de abundancia en el Levante", ha manifestado.

 "El trasvase está vivo, señores del Ministerio, déjenlo vivir", ha concluido.

La CHS avanza en las obras de emergencia en el canal del Campo de Cartagena tras las lluvias de octubre de 2025

 MURCIA.- La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) avanza en las obras de emergencia que se ejecutan en el canal del Campo de Cartagena como consecuencia de los daños ocasionados por las lluvias registradas durante el pasado mes de octubre de 2025, entre los puntos kilométricos 30 a 64.

 Las actuaciones, que se encuentran actualmente en fase de desarrollo, tienen como objetivo garantizar la correcta capacidad hidráulica de esta infraestructura y reforzar su seguridad y operatividad.

Los trabajos en marcha se centran, de forma prioritaria, en la limpieza general del canal, eliminando arrastres y materiales acumulados tras los episodios de precipitaciones intensas, así como en la ejecución de actuaciones específicas en los drenajes transversales. 

Estas labores incluyen la limpieza de los sistemas de drenaje existentes, la recuperación de aquellos elementos que habían perdido funcionalidad y la reconstrucción de los drenajes que resultaron dañados por las avenidas.

Las actuaciones de emergencia se enmarcan en la respuesta inmediata del organismo de cuenca para paliar los efectos de los fenómenos meteorológicos adversos y permitir el correcto funcionamiento de una infraestructura clave para la evacuación de aguas y la protección del entorno agrícola y de los núcleos próximos al canal.

Finalmente, la CHS mantiene el seguimiento continuo de las obras, que se desarrollan conforme a la planificación prevista, con el fin de restablecer las condiciones de seguridad y servicio completo del canal del Campo de Cartagena a la mayor brevedad posible.

El presidente de la CHS firma el Lote 2 del contrato de mantenimiento del postrasvase Tajo-Segura

 MURCIA.- El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), ha formalizado el contrato correspondiente al Lote 2 del servicio de mantenimiento del postrasvase Tajo-Segura, destinado específicamente a las instalaciones y líneas eléctricas de alta y media tensión asociadas a estas infraestructuras hidráulicas en distintos términos municipales de las provincias de Murcia y Alicante.

El contrato cuenta con un presupuesto de 1.649.023,38 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 24 meses, con posibilidad de prórroga por un periodo máximo adicional de otros 24 meses.

Las infraestructuras eléctricas del postrasvase Tajo-Segura constituyen un elemento crítico para la explotación del sistema, al suministrar la energía necesaria para el funcionamiento de las estaciones de bombeo y de los accionamientos electromecánicos de los principales canales de distribución del agua trasvasada. Su adecuado estado de conservación resulta determinante para garantizar la continuidad del servicio y la seguridad de las instalaciones.

De este modo, el Lote 2 contempla la ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo sobre líneas eléctricas, centros de transformación y demás equipamientos asociados, con el objetivo de reducir riesgos de fallo, mejorar la fiabilidad del suministro energético y optimizar la explotación global del sistema.

Así, y junto a la adjudicación del Lote 1 relativo al mantenimiento de estaciones e instalaciones de bombeo, la CHS avanza en la gestión integral del postrasvase Tajo-Segura, reforzando la eficiencia operativa de una infraestructura estratégica para el abastecimiento y el regadío en el sureste peninsular.

El Gobierno regional y regantes cierran filas contra el "hachazo" al Tajo-Segura por el aumento del caudal ecológico

 MURCIA.- El Gobierno regional y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) han cerrado filas este viernes contra el "hachazo" al trasvase Tajo-Segura ante la entrada en vigor, el pasado 1 de enero, del segundo escalón del caudal ecológico del Tajo, fijado en 8 metros cúbicos por segundo.

Esta medida implica restar adicionalmente en torno a 70 hectómetros cúbicos anuales de agua para el Levante respecto a lo vigente hasta el segundo ciclo de planificación.

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, ha mantenido una reunión con el presidente de Scrats, Lucas Jiménez, y con los integrantes de su junta directiva, en la que han advertido de que esta medida supone "un nuevo recorte efectivo" al Tajo-Segura por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Tras el encuentro, el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha denunciado que este incremento "no sólo carece de justificación técnica sólida, sino que se adopta sin una evaluación real del primer escalón, dado que el Miteco no ha constituido la Comisión de Seguimiento del Plan Hidrológico del Tajo, que es obligatoria".

"Esto responde a una estrategia clara: la de los recortes progresivos que ponen en riesgo el futuro del trasvase, la agricultura del sureste español y miles de puestos de trabajo", ha añadido.

El caudal ecológico de 8 metros cúbicos por segundo implica la detracción adicional de en torno a 70 hectómetros cúbicos anuales, algo que para Ortuño "es una decisión política que tiene consecuencias económicas, sociales y territoriales muy graves".

A la vez, el responsable autonómico ha criticado la "falta de transparencia" del Gobierno de España, "que sigue sin facilitar información clave sobre concesiones, consumos reales y criterios de explotación en la cabecera del Tajo".

Ortuño ha denunciado, además, la "arbitrariedad" del régimen de caudales ecológicos, "con exigencias muy superiores en el tramo que condiciona directamente el trasvase, mientras en otros tramos regulados de la propia cuenca del Tajo se aplican criterios mucho menos restrictivos".

"No hay coherencia técnica ni ambiental, pero sí un claro sesgo contra la cuenca receptora, lo que supone un agravio hacia el Levante español", ha afirmado el portavoz.

Durante la reunión se ha analizado, según ha precisado Ortuño, que la entrada en vigor de este nuevo escalón "reduce aún más la garantía de los envíos, incrementa la incertidumbre para los regantes y encarece el acceso al agua, sin que existan alternativas viables que puedan sustituir los recursos del trasvase".

Por su parte, Lucas Jiménez ha explicado que el Gobierno central prometió a la Junta de Castilla-La Mancha un recorte del trasvase Tajo-Segura y 3.150 millones de euros para mejorar la depuración del Tajo y las infraestructuras en la cuenca del Segura, pero "la parte que está cumpliendo con exquisitez es el recorte del trasvase".

"Estamos expectantes a ver qué va a ocurrir con el tema de los recursos subterráneos en esta cuenca y estamos expectantes, por supuesto, también de lo que vaya a ocurrir en el futuro en los tribunales con la sentencia que tiene que aparecer a la demanda presentada por el sindicato en torno a la planificación del Tajo", ha añadido.

Jiménez ha criticado que mientras se imponen recortes al trasvase Tajo-Segura, el Gobierno esté dispuesto a financiar proyectos de transferencia entre cuencas e infraestructuras hídricas en Marruecos, lo que considera "una traición de primer nivel" para el sector agrícola.

"Esto puede ocurrir en países o debería ocurrir en países tercermundistas, con direcciones políticas tercermundistas, pero no en un país civilizado como España, pero está ocurriendo", ha lamentado.

Sobre las reglas de explotación del trasvase, Jiménez ha apuntado que el Gobierno "les da miedo sacarlas" porque saben que son "todo fruto de una maniobra política". 

En este sentido, ha señalado que la situación actual, con 1.160 hectómetros cúbicos almacenados en los embalses de Entrepeñas y Buendía, permite al Gobierno "dejar el cuerpo muerto" sin necesidad de cambiar las reglas.

Asimismo, Jiménez ha hecho un llamamiento a los agricultores y ganaderos del Levante para que acudan a la asamblea que Scrats celebrará a finales de enero en el Altiplano, en la que se abordará la situación de los recursos subterráneos.

"Hago un llamamiento a todos los agricultores y ganaderos del Levante para que esa asamblea sea un éxito y que el Gobierno entienda que con el sector no se puede jugar, en primer lugar, y en segundo lugar, que los pozos y el trasvase no se pueden cerrar si no hay un recurso alternativo previsto antes", ha zanjado.

Ante esta situación, Gobierno regional y el Scrats han coincidido en que "el cuarto ciclo de planificación hidrológica 2028-2033 debe ser el punto de inflexión para corregir la deriva actual, revisar la metodología de caudales ecológicos y garantizar la compatibilidad real entre la protección ambiental del Tajo y el mantenimiento del trasvase como infraestructura estratégica de Estado", ha destacado Ortuño.

Para ello "será necesario la incorporación de datos reales y la activación de mecanismos de coordinación efectiva, además del necesario abandono por parte del Gobierno de España del enfoque ideológico actual, que es el principal obstáculo para la puesta en marcha de una verdadera política hídrica de Estado. Y para eso es imprescindible un Plan Hidrológico Nacional", ha dicho el consejero.

Finalmente, el portavoz ha reafirmado "la firme posición común de defensa del trasvase Tajo-Segura" y ha anunciado que "seguiremos actuando de forma coordinada en el ámbito político, institucional y jurídico frente a decisiones ideológicas que ponen en riesgo el equilibrio territorial y el futuro del Levante".

Rubira califica de "mala noticia" para la Región de Murcia el nombramiento de Milagros Tolón como ministra de Educación

 MURCIA.- La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha afirmado hoy que el nombramiento de Milagros Tolón como ministra de Educación "es una muy mala noticia para la Región, ya que se trata de una declarada antitrasvasista". 

Ante el recorte del trasvase en un 50 por ciento esta "es la peor noticia", ha añadido Rubira, según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

Rubira ha señalado que Milagros Tolón, fue nombrada 'persona non grata' en la ciudad de Murcia en 2022. Entonces era alcaldesa de Toledo y realizó en Murcia unas declaraciones mostrándose a favor del cierre del trasvase Tajo-Segura.

"Ella ya dejó claro su postura contra el trasvase y va a tener un sillón en el Consejo de Ministros en un momento crítico para el futuro del acueducto, de los Regantes y en consecuencia, para la Región de Murcia", ha concluido Rubira.

El PP exigirá al MITECO que aclare el protocolo seguido durante la dana en la gestión las compuertas del trasvase

 CARTAGENA.- El diputado regional del Partido Popular, Carlos Albaladejo, ha anunciado que el PP exigirá explicaciones al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) sobre el protocolo seguido durante la dana 'Alice' del pasado mes de octubre, en la gestión de las compuertas del trasvase Tajo-Segura cuando el agua estaba a punto de desbordar.

Lo hará, sumándose así a la petición del alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, a través de una moción en la Asamblea Regional y mediante la comparecencia solicitada por el PP en el Senado del presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea. 

En la Cámara Alta también tendrán que dar explicaciones el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, y el presidente de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT), Juan Cascales.

"Queremos saber si esa decisión fue técnica o política y, en su caso, quién dio la orden de mantener cerradas las compuertas cuando el agua estaba a punto de desbordar", ha señalado Albaladejo, que ha asegurado que fueron los vecinos de El Mirador quienes alertaron de la situación, según han informado fuentes del partido en una nota de prensa.

Albaladejo ha asegurado que el PP "buscará respuestas y exigirá responsabilidades si se confirma que la gestión de las compuertas del Trasvase fue condicionada por decisiones políticas y no por cuestiones técnicas". 

"Los vecinos merecen saber la verdad", ha detallado.

De esta forma, ha criticado que la gestión del Ministerio "volviera a poner en evidencia la falta de previsión y la descoordinación del Gobierno de Pedro Sánchez en situaciones de emergencia". 

"El Trasvase depende directamente del Ejecutivo central, y la inacción de esa noche demuestra que se puede y se debe hacer mucho mejor", ha recalcado.

El parlamentario ha afirmado que una parte muy importante de los daños podría haberse evitado "si el Gobierno de España hubiera cumplido con su obligación de ejecutar las obras necesarias para contener el agua en las zonas altas de las ramblas".

"No podemos seguir permitiendo que cada vez que llueve nuestros vecinos miren al cielo con miedo e incertidumbre", ha afirmado. 

"Pedro Sánchez ignora nuestras demandas, y al final quienes pagan las consecuencias son los ciudadanos", ha añadido.

La CARM requerirá información a la CHT sobre "irregularidades" en su gestión

 MURCIA.- El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado este jueves que su Ejecutivo va a requerir formalmente información a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) "tras las irregularidades detectadas en su gestión", como paso previo a iniciar eventuales acciones judiciales "que permitan esclarecer si dicha gestión está perjudicando a los usuarios del trasvase Tajo-Segura".

Durante el 'Foro Horizonte 2027. Los retos del agua: la encrucijada del trasvase', organizado por el diario La Verdad, López Miras ha afirmado que "somos conscientes de que la Confederación del Tajo ha presentado en su gestión irregularidades que ya ha señalado la Comunidad Valenciana y que han avalado nuestros propios Servicios Jurídicos. Hasta el momento se niegan a aportar información, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados, y vamos a requerirla formalmente".

La medida se adopta después de que la Comunidad Valenciana haya elaborado un informe que identifica "desembalses superiores a los necesarios para mantener el caudal ecológico, irregularidades en los envíos de agua, falta de transparencia, ausencia de datos verificables y la inexistencia de planes de evaluación de los caudales ecológicos, obligatorios desde 2024", según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Este informe fue remitido a la titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Sara Aagesen, acompañado de una carta firmada por los consejeros titulares de Agua de la Región de Murcia, Andalucía y Comunidad Valenciana, sin que la ministra haya dado respuesta. Por ese motivo se hace el requerimiento con el que se solicita información "sobre aquellos aspectos irregulares detectados".

En referencia a la situación que atraviesa el Tajo-Segura, con la amenaza del recorte del 50 por ciento de caudales desde 2027, López Miras ha asegurado que "estamos en una encrucijada en la que tenemos que hacer un llamamiento social y tenemos que pedir la unidad en torno al trasvase. Tenemos que unir a toda la sociedad y a toda la clase política".

Por lo que respecta a su Ejecutivo, el presidente ha resaltado que "el Gobierno regional va a seguir al lado de los regantes, es decir, al lado de la Región de Murcia. Vamos a seguir desplegando todas las acciones jurídicas y políticas que estén en nuestra mano".

El presidente ha reiterado que "no hay ninguna alternativa" viable que permita sustituir el caudal del trasvase Tajo-Segura, y ha insistido en que la supresión prevista para 2027 coincidiría con el cierre aproximado del 50 por ciento del acceso actual a aguas subterráneas: "Hemos exigido ya por carta al Ministerio una moratoria para evitar ese cierre, pero si esto se consuma, no hay alternativa posible".

También ha subrayado que la desalación "no es una alternativa tanto por el coste como porque técnicamente es muy difícil que el agua llegue a zonas de interior". A ello ha sumado los riesgos ambientales y los retrasos estructurales de esta opción, además de los plazos: "Desde que se proyectó la desaladora de Torrevieja hasta que empezaron a llegar las primeras aguas, transcurrieron doce años", ha señalado.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo regional ha recordado que el recorte del trasvase "es una decisión estrictamente política, no técnica ni científica", y que el Ministerio "no puede ampararse en las sentencias del Tribunal Supremo" porque éstas solo aclaran "competencias", no la idoneidad de las medidas.

El Gobierno murciano advierte que dará la "batalla" para revertir la situación hídrica y se pregunta dónde está el PSOE

 MURCIA.- El portavoz del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño, ha dejado clara la postura que mantendrá el Gobierno de Fernando López Miras en materia hídrica, argumentando que utilizará "todos los recursos" que estén a su alcance y seguirán "dando la batalla para revertir una situación que no tiene justificación técnica ni científica y que sólo atiende a criterios partidistas del Gobierno de España".

Ortuño, que ha sido preguntado por la decisión de hace unos días del Tribunal Supremo que desestimó el recurso del Gobierno regional contra la subida de caudales ecológicos del Tajo, ha afirmado que recurrieron por una decisión del Estado que califica de "injusta".

Tras lo que ha recordado, en rueda de prensa tras dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, que si los diputados del PSOE en el Congreso "no hubiesen votado en contra del blindaje del trasvase Tajo-Segura, no estaríamos en esta situación".

Ortuño se ha preguntado dónde está el PSRM-PSOE y el delegado de Pedro Sánchez en la Región, "cuántas veces se ha reunido el delegado de Gobierno con la ministra para paralizar que se aumenten los caudales ecológicos del Tajo e impida el cierre de los pozos de los acuíferos en 2027".

Por ello, ha reafirmado que Murcia y su Gobierno "va a estar apoyando una infraestructura que es fundamental, el trasvase Tajo-Segura, clave para llegar hasta donde hemos llegado y que también es clave para nuestro futuro" y seguirá de lado de los regantes.

Al hilo, Ortuño ha lamentado que "la pinza PSOE-Vox ha impedido que comparezcan en la Asamblea el presidente del Sindicato Central de Regantes y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura para abordar un tema importante, como es la situación del trasvase de Tajo-Segura".

"La pinza PSOE-Vox  está perfectamente engrasada y es una pinza intencionada y meditada y que no persigue el interés general, solo persigue dañar al PP y al Gobierno regional", ha concluido.