MURCIA.- El abogado murciano Diego de Ramón ha solicitado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo una investigación sobre la concesión a una misma empresa de las prospecciones de gas en la costa de Castellón y la desalinizadora de Escombreras, al entender que en ambos casos "cobra por la obra y por una explotación sin poder realizar", mientras que los perjuicios económicos de ambos proyectos "se retraen a los consumidores".
En concreto, De Ramón envió al Ministerio una denuncia administrativa
para que se investigue por qué no se ha utilizado el seguro de
responsabilidad civil para cubrir el perjuicio económico que conlleva el
cierre del proyecto de prospecciones de gas submarino Castor y, en
cambio, este coste "repercutirá en los recibos mensuales de consumo de
gas ciudad de los usuarios".
En el escrito, recepcionado por el Ministerio el pasado 29 de
octubre, De Ramón recuerda que el Gobierno quiere desmantelar el almacén
submarino, operativo frente a las costas de Castellón, por los "cientos
de microseísmos registrados en la zona en septiembre y octubre del año
2013". A cambio, recuerda que el Gobierno fijó una compensación de 1.350
millones de euros en virtud del Real Decreto Ley de medidas urgentes
aprobado el 3 de octubre, tal y como aparecía en el decreto de conexión
fijado en 2008.
En concreto, el letrado murciano advierte que el Gobierno de la
nación "pretende" que estos perjuicios "repercutan en los recibos de
consumo de gas ciudad de los usuarios durante 30 años". Y por ello, se
pregunta "por qué los perjuicios económicos se retraen a los
consumidores, no los afronta el Ministerio de Industria, y se beneficia
la empresa", al igual que sucede "en la desaladora de Escombreras" en
Cartagena.
De hecho, destaca que la concesionaria, empresa promotora de la
adjudicación, está participada "por la misma compañía que se adjudicó la
desalinizadora de Escombreras, donde reclama a la Comunidad Autónoma 600
millones de euros por la construcción de la misma y los beneficios
durante 25 años de su explotación".
En las contrataciones públicas, esta empresa "siempre se ve
beneficiada en Madrid y en Murcia en miles de millones de euros,
cobrando por la obra y por la explotación sin poder realizar", según el
letrado, quien insinúa que la compañía se aprovecha de un "vacío legal" y
se opone al Decreto Ley que fija la compensación.
A su juicio, el Ministerio de Industria "debería haber exigido antes
de la concesión de la licencia o incluso antes de ser operativa, un aval
o garantía suficiente, como es obligación para cualquier obra
empresarial sobre dominio público, para casos de daños colaterales" como
"rotura de cables telefónicos submarinos, daños ambientales,
interrumpir el tráfico marítimo, dañar los caladeros, romper o
deteriorar el fondo submarino en las costas de Castellón o producir
terremotos en menor intensidad que produzcan daños colectivos en las
poblaciones inmediatas".
Así pues, sostiene que antes de haber concedido la licencia de
prospección de la plataforma de gas Castor, "y con la garantía o aval
suficiente, se tendría que haber pedido todos los estudios con el mayor
rigor científico, geológico, arqueológico, ambiental y estudios del
subsuelo marino, en cuanto a las capas tectónicas, situación y posibles
choques y rozamientos".
De haberse cumplido estos trámites, De Ramón sostiene que "ahora no
serían receptores obligados los usuarios del gas ciudad durante 30 años,
repercutiendo en sus recibos 'caseros', pues habrían respondido los
emisores del aval o garantía". En este caso, considera que podrían haber
respondido "la propia empresa, un consorcio de seguros o una compañía
internacional o europea".
En su opinión, podría tratarse de un caso "puro y duro" de
responsabilidad patrimonial del Ministerio de Industria, al concederle
una licencia con tales observaciones".
Así, se pregunta "por qué no se ha utilizado el seguro de
responsabilidad civil, pasando directamente a la responsabilidad del
usuario", y sugiere que esto es así "porque la aseguradora no querrá
responsabilizarse de algo que no cumplió debidamente dicho Ministerio de
Industria".
Todo ello, siendo el beneficiario "la concesionaria, que verá
aumentada su facturación por los trabajos que conlleven la
administración y mantenimiento de la instalación".
De Ramón se pregunta si "acaso los técnicos del Ministerio de
Industria, asesores jurídicos y demás personal funcionarial altamente
cualificado, con los avanzados procesos de tecnología nacional e
internacional, no tenían previsto la posibilidad de que una vez
iniciadas las perforaciones pudieran haber cientos de microsismos en la
zona".
El abogado ha anunciado que dará cuenta de todo esto a la Comisaría
de la Unión Europea de la Competencia, para que "estudie o investigue si
esta vía utilizada a favor de la empresa pudiera ser una ayuda
institucional en perjuicio de otras empresas, creando una competencia
desleal nacional y europea, pues las compensaciones económicas fueron
aprobadas después de la concesión por acuerdo del Consejo de Ministros".
