

Los agentes se han interesado por documentación de los negociados de Urbanismo y Contratación de Obra Pública, según hemos sabido posteriormente, y han mostrado especial interés por la relativa a planes parciales a partir del año 2004, en medio de un gran revuelo de los funcionarios allí presentes esta mañana (dos técnicos fueron interrogados sobre acceso a esos expedientes concretos) y que, como el mismo alcalde recién reelegido, Daniel García Madrid, del PP, (en la fotografía), decían desconocer los motivos del citado registro al no haberse producido requerimientos judiciales previos dirigidos al Ayuntamiento o al alcalde, que es abogado de profesión y con bufete abierto en la localidad. Precisamente por eso, cuestiona el procedimiento seguido en esta ocasión, una vez asistido de los servicios jurídicos municipales y otros letrados externos.
Los miembros de la UDYCO se han llevado al juzgado, sobre las 16,30 horas, aproximadamente veinte cajones de documentos, unas cien cajas, cuyo contenido será inmediatamente examinado por especialistas de la citada unidad policial de Lucha contra la Delincuencia y el Crimen Organizado. Fuentes de la investigación han filtrado la presunta implicación en delitos comunes de conocidos empresarios inmobiliarios de Torre Pacheco y Fuente Álamo, a los que podrían afectar directamente estas diligencias judiciales. Por la tarde, miembros de la Benemérita han vuelto al edificio consistorial para llevarse otra cincuentena de cajas con más documentos seleccionados en relación con los citados expedientes urbanísticos.
La operación policial citada es consecuencia de una intervención directa y denuncia de la Fiscalía del TSJ de la Región de Murcia, desde donde se venía siguiendo cierta actividad político-administrativa de este municipio a raíz de unas denuncias documentadas y presentadas, casi mil folios, por un ciudadano anónimo el pasado mes de diciembre, incluida su comparecencia voluntaria para declarar durante varias horas, y adquirir a continuación el estatus de testigo protegido y con escolta policial.
Ese testigo, al parecer, pudo probar documentalmente ante la Fiscalía la complicidad de algún estudio de arquitectura muy concreto, determinados bufetes de abogados y un número muy reducido de funcionarios municipales, junto a políticos en activo, en una supuesta trama de corrupción a gran escala desde constantes transgresiones de la legalidad, de forma sistemática y premeditada, con continuos tratos de favor a terceras personas (casi siempre las mismas) calificadas luego en privado por la investigación como "delincuencia de cuello blanco al estilo Marbella". Esa supuesta trama ha sido convenientemente seguida y escuchada desde entonces, y observado comportamientos extraños en algunos de sus miembros al saberse investigados.
Según fuentes policiales, el registro de esta mañana se ha retrasado durante determinado tiempo en espera del regreso a España de un conocido promotor inmobiliario de la zona que, desde hace ya varios días, se encuentra sometido a vigilancia durante las 24 horas para evitar que intente salir del país y permanecer de nuevo en el extranjero hasta saber qué pasa y si le merece la pena volver, toda vez que su empresa está dirigida ahora por ejecutivos profesionales con prácticamente plenos poderes.
Las mismas fuentes no descartan próximas detenciones (anoche circulaban todo tipo de rumores por el pueblo en ese sentido) ya que cualquier intervención pública de la UDYCO, dotada de medios sofisticados para su trabajo y sin tener que ofrecer explicaciones más que a sus mandos en Madrid, siempre se da cuando el asunto es de gran calado y mucha envergadura, y ya está más que agotada la investigación de que se trate.
Presentadas las pruebas ante el juez, depende de su señoría ordenar ahora las eventuales detenciones en función de la gravedad que aprecie en las conductas y el riesgo de fuga de los implicados. De momento, se ha decretado el secreto sobre las actuaciones para evitar que alguna filtración ponga en guardia a las personas susceptibles de poder ser detenidas y puestas a disposición judicial del titular de guardia en San Javier.- (NEM)