Las tres parcelas suman una superficie de 40.000
metros cuadrados, y de momento pertenecen a la inmobiliaria del
Sabadell, entidad que se hizo con la CAM, accionista y prestamista de
Hansa Urbana, que a su vez era la promotora del proyecto de Novo
Carthago. Según ANSE, no se ha fijado ningún precio de venta inicial.
La organización ecologista ha recordado que los Juzgados de Primera
Instancia nº 4 y 5 de Cartagena, también anunciaron la subasta de
diferetes fincas del mismo proyecto urbanístico en 2014, así como en
febrero de 2015, "por sendas reclamaciones del Banco de Santander contra
Hansa Urbana S.A., que suman unos 43 millones de euros, y que
afectarían a una superficie aproximada de 105.000 metros cuadrados". "Al
parecer las subastas judiciales quedaron sin comprador", añade ANSE.
Además, los ecologistas denuncian
que las subastas judiciales a favor del Banco de Santander y la venta de
terrenos por la Inmobiliaria Solvia son el anuncio de la caída
definitiva del proyecto urbanístico de Novo Carthago, "uno de los
mayores disparates inmobiliarios y económicos amparados por los
responsables políticos de la Región de Murcia en la historia de la
democracia".
Desde la
Asociación de Naturalistas del Sureste han recordado ahora que durante muchos
años han mantenido "una oposición constante, mediante acciones
administrativas y judiciales, a la construcción de la urbanización de
Novo Carthago", como antes se hizo con la recalificación de Lo Poyo,
"por considerar que la construcción de entre 8.000 y 10.000 viviendas,
hoteles, dos campos de golf y diversas infraestructuras, conllevaría una
grave impacto ambiental y paisajístico para la zona sur del Mar Menor,
contribuyendo a colapsar el entorno de la mayor laguna litoral española,
y aumentando los problemas de degradación actuales".
ANSE recuerda asímismo que su director, Pedro García, se reunió hasta
en cuatro ocasiones con el entonces presidente Valcárcel para pedirle
que diera marcha atrás a la urbanización masiva de suelos al sur del Mar
Menor, iniciada con las recalificaciones de Lo Poyo y Novo Carthago.
Según ANSE, la respuesta del presidente "fue la de paralizar el trámite
de Lo Poyo, provocando pérdidas multimillonarias a la Caja de Ahorros
Kutxa, que había comprado los terrenos tras una declaración de impacto
ambiental favorable por parte de la Comunidad Autónoma, y beneficiando
supuestamente a Hansa Urbana porque detrás de ella estaba la Caja de
Ahorros del Mediterráneo".
"Hansa iniciaba su paseo
triunfal en la Región que luego le llevaría a promover otros proyectos
urbanísticos parecidos en la costa de Mazarrón (4.500 viviendas) y de
Lorca (Puntas de Calnegre, 7.700 viviendas), en los que ANSE también
presentó alegaciones", relatan.
Por todo ello, ANSE pide la apertura
inmediata de una Comisión de Investigación en la Asamblea Regional "que
estudie conjuntamente la recalificación de suelos de Novo Carthago y la
desaladora de Escombreras, que fue construida para evitar los informes
negativos de la Confederación Hidrográfica del Segura".
La Asociación considera que la Comunidad Autónoma "debería de rescindir
de inmediato el contrato con la desaladora de Escombreras, y remitir a
la Justicia toda la documentación existente sobre la forma en que se
contrataron y gestionaron los suministros por el Ente Público del Agua y
la empresa Hydro Management, constituida por el grupo Cobra, integrado
por la constructora ACS, propiedad en su mayoría del conocido empresario
Florentino Pérez".
ANSE va más allá, y afirma que "Ramón Luís Valcárcel no debería de
seguir más tiempo como vicepresidente del Parlamento Europeo, ni tampoco
como eurodiputado, y debería de asumir su responsabilidad en las
enormes deudas económicas y ambientales provocadas a los habitantes de
la Región por numerosos proyectos urbanísticos y de infraestructuras que
no han respetado además las leyes de la Unión Europea".
"Es increíble que toda la responsabilidad del proyecto termine
asumiéndose por el exconsejero de Medio Ambiente y Agricultura, Antonio
Cerdá, y su asesora, mientras Valcárcel emprendía la huida a la Unión
Europea", explican.
Además, la organización naturalista ha pedido al
nuevo Gobierno Regional "que proceda a anular la recalificación de
suelos y la revisión del Plan General Municipal de Ordenación de
Cartagena que confirmaba la calificación como suelo urbanizable al
entorno de San Ginés de la Jara, y devuelva a la zona, al menos, la
calificación como Suelo No Urbanizable de Protección del Mar Menor que
tenía en el Plan General anterior".
Desde ANSE lamentan que “al margen de los impactos
ambientales negativos de este macroproyecto urbanístico sobre el Mar
Menor y su entorno, casi nadie se percatara de las desastrosas
consecuencias económicas de una inversión disparatada, que sólo puede
explicarse por la incompetencia de un presidente cegado por la
enfermedad del crecimiento a toda costa".
"Tal vez en el
futuro conozcamos otras razones". Además, estiman que Valcárcel estuvo
"respaldado por un partido político al que valía cualquier cosa
defendida por el líder, acompañado y arengado por un grupo de consejeros
y otros altos cargos entregados a su presidente, incluida la alcaldesa
de Cartagena y sus concejales, y unos representantes empresariales
locales y regionales obsesionados contra la conservación de la
naturaleza y sus paisajes".
"El cóctel estaba
preparado, y fue servido por constructores sin demasiados escrúpulos,
bancos irresponsables dirigidos por hombres de paja al servicio de
intereses ajenos a los mismos accionistas y al sentido común, mientras
que algunos exdirigentes políticos obtenían importantes beneficios
económicos por la intermediación”, concluyen.
