La crítica a la regularización masiva de inmigrantes suele apoyarse en una acusación inmediata: el supuesto intento del Gobierno de fabricar nuevos votantes. Conviene no seguir esa liebre, los regularizados no adquieren automáticamente derecho de voto en elecciones generales, para votar hace falta la nacionalidad española y esta exige plazos, requisitos y procedimientos que no se obtienen de la noche a la mañana.
Una cosa es regularizar, de acuerdo con la ley, a quien vive y trabaja en España y otra muy distinta, el uso político de subvenciones, ayudas y prebendas que terminan generando agravio, dependencia y sensación de privilegio frente a quienes sostienen el sistema con su esfuerzo diario.
El verdadero debate quizá esté en otro lugar mucho más delicado y mucho menos comentado: lo decisivo no es la regularización administrativa de quien vive, trabaja y cotiza en España, sino la concesión masiva de nacionalidad a personas que jamás han residido aquí, al amparo de las sucesivas ampliaciones de la llamada Ley de Memoria Histórica y de Memoria Democrática.
Esos sí votan y lo hacen con plenitud de derechos políticos desde el mismo momento en que adquieren la nacionalidad.
España tiene derecho a reparar injusticias históricas y a mantener vínculos con sus descendientes en el exterior, pero una nación no puede convertir la nacionalidad en un simple trámite sentimental ni en una herramienta política desligada del arraigo, de la convivencia y del conocimiento real del país cuyo rumbo político se decide también con ese voto.
Porque una cosa es regularizar a quien comparte nuestras calles, nuestros problemas y nuestro esfuerzo cotidiano y otra muy distinta entregar capacidad de decidir el futuro político de España a personas que nunca han vivido en ella y que, en su inmensa mayoría, tampoco piensan vivir aquí.
(*) Ex presidente de la CHS y de la Autoridad Portuaria de Cartagena
