MADRID.- La Agencia Tributaria ha decidido apretar las tuercas al sector del
juego exigiendo más información sobre los torneos y rifas que organizan
los operadores del ramo, sus prácticas publicitarias o la existencia de
sorteos ilegales, así como reforzando el control sobre sus negocios o la
identidad y saldos que manejan los jugadores. Así consta en el nuevo
convenio recientemente sellado entre la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria (AEAT) y la Dirección General de Ordenación
del Juego, dependiente de Hacienda, para el intercambio de información
sobre este mercado y que adelanta Cinco Días.
Ambas instituciones firmaron ya un acuerdo de
intercambio de datos en 2014, a fin de que la Dirección General del
Juego obtuviera del fisco los datos tributarios de los actores del
sector que fueran necesarios para su labor de regulación, autorización,
supervisión, control y sanción del mercado. Este organismo, a su vez, se
comprometió a facilitar a la Agencia Tributaria los datos que recopila
sobre operadores y jugadores a fin de ayudarle a garantizar la correcta
aplicación del sistema tributario.
Todo, eso sí, bajo un absoluto compromiso de
confidencialidad de los datos, que deberán utilizarse únicamente para
velar por el cumplimiento de las funciones de cada ente, sin perjuicio
de otras acciones específicas dirigidas a la lucha contra el delito
fiscal o el fraude en la obtención de ayudas públicas. El acuerdo
sellado hace un lustro fue prorrogado anualmente hasta que, en otoño,
ambas partes decidieron renovar el pacto para incluir nuevos
requerimientos de información.
El nuevo convenio incluye las obligaciones básicas de
información que ambos organismos acordaron compartir en 2014, por lo
que se renueva la obligación de que la Dirección General facilite al
fisco la identidad de cada jugador, así como el saldo inicial y final de
sus cuentas de juego, y las retiradas de fondos, premios recibidos y
bonos a su favor. También deberá informarle de todos los operadores del
sector, sus canales online, el importe jugado por sus usuarios en cada
categoría de juego y el margen bruto que obtienen, definido como el
monto total gestionado menos los premios satisfechos.
A su vez, la Agencia Tributaria deberá seguir facilitando a la Dirección
General los datos tributarios de los operadores, y comenzar a ofrecerle
también de forma mensual las cantidades ingresadas y los premios
concedidos por los organismos de juego oficiales, como Loterías y
Apuestas del Estado.
A partir de ahí, el convenio introduce una serie de
nuevas obligaciones que incluyen la exigencia de que la Dirección
General dé cuenta a la Agencia Tributaria de las rifas y juegos
organizados de forma ocasional o esporádica, más allá de aquellos juegos
recurrentes, que hasta ahora no estaban expresamente sujetos al control
específico de la AEAT.
En este nuevo apartado, el fisco reclama información
exhaustiva del valor de las participaciones que se lleven a cabo en
estos juegos y de la autorización para operar de quienes los organizan.
Además, la Agencia Tributaria también pone el foco
por primera vez en la relación de agentes autorizados para emitir
publicidad relacionada con estas actividades de juego así como en sus
certificados de seguridad informática.
Finalmente, la inspección fiscal también tendrá a su
disposición la información recabada por la Dirección General del Juego
sobre el censo de sitios webs de juego ilegal, o los comercializadores
de lotería no autorizada que detecte.
Más allá, ambas instituciones se comprometen a dar
tratamiento de “información tributaria” a los datos que compartan,
dejándolos sujetos a la especial protección que esta tiene bajo la Ley
de Protección de Datos Personales. De esta forma, los funcionarios que
tengan acceso a ellos tendrán la obligación de gestionarlos con
confidencialidad, so pena de incurrir en responsabilidades penales. La
ruptura de la confianza en el adecuado tratamiento de la información por
parte del personal de alguno de los dos organismos dará lugar a la
interrupción del convenio de intercambio de datos.
En esta ocasión, el acuerdo tendrá además una
duración tasada en cuatro años, con la posibilidad de prorrogarlo en sus
mismos términos por un periodo similar si en otoño de 2023 no se
considerara necesario incorporar nuevas exigencias de control.
Durante la duración prevista para el convenio, PSOE y
Unidas Podemos han pactado impulsar una regulación más restrictiva de
la publicidad del juego online, entre otras propuestas de incremento de
control del sector, si sale adelante el Gobierno de coalición que se
proponen formar.
4.500 millones trimestrales solo en juego online
Evolución. Solo el
juego online mueve ya más de 4.500 millones de euros al trimestre, según
los últimos datos, correspondientes al periodo julio a septiembre de
2019, recopilados por la Dirección General del Juego. La cifra supone
más que triplicar los 1.445 millones trimestrales registrados hace un
lustro, con un avance del 216%. Los casinos (49,9%), apuestas (38,2%),
el póquer (11,4%), los bingos digitales (0,5%) y los concursos (0,01%)
son, por este orden, las categorías que mayor dinero mueven, con más de
tres millones de usuarios activos al año.
Beneficios. El
volumen de beneficios de los operadores registrados también se ha
triplicado en cinco años, pasando de los 62 a los 192 millones de euros,
un incremento del 208%. Su inversión en publicidad asciende a 35
millones de euros al trimestre (82 sumando todo el marketing), frente a
los 18 que comenzaron invirtiendo.
Operadores. Hay
ocho decenas de compañías con licencia para ejercer como operadores de
juego digital en España con 42 casinos, 37 casas de apuestas, 9 de
póquer, 3 de bingo y 2 de concursos. El número sigue creciendo y, de
hecho, 28 de estos actores han obtenido su licencia en el último medio
año.