En este sentido, De Ramón ha pedido la imputación y el ingreso en
prisión de Bascuñana y de Ortuño, actual alcalde de Yecla y diputado
regional.
Así lo ha hecho saber el letrado a los medios de
comunicación durante un receso en la vista a la que habían sido citados
Ortuño y Bascuñana este miércoles en el Juzgado de Instrucción nº 3
de Murcia.
El abogado ha lamentado que Bascuñana solo ha
respondido a la jueza y a su propio abogado durante la vista, pero se ha
acogido a su derecho de no contestar a la acusación. Por ejemplo, De
Ramón ha preguntado a Bascuñana "si era normal que un consejero firmase
algo, sin leer, por valor de 5,1 millones de euros".
Además, De
Ramón también le ha preguntado si conocía al beneficiario y si "era
normal que en menos de 48 horas se firmara una orden de la cesión de una
concesión, cuyos derechos se elevan a 5,1 millones de euros". El
trámite, según el abogado, se llevó a cabo en dos días, y se notificó al
beneficiario "el mismo día en que el consejero la firmó".
Si esto
es así, De Ramón considera irónicamente que "hay que ponerle a la
Administración una medalla de oro del Ministerio de Trabajo por la
celeridad del consejero y del director general".
Según De Ramón,
el ex consejero ha declarado que "no conoce los expedientes que firma".
Frente a ello, el letrado de la acusación le recuerda que, normalmente,
un consejero "tiene una responsabilidad política, pero también una
responsabilidad civil".
El abogado ha indicado que la cesión la
firmó "el presidente del Club deportivo, J.M.R., que no acreditó su
cargo, y la empresa Bolnuevo de Turismo". A los dos meses, recuerda que
la misma persona que decía ser presidente de Club, "pasó a ser socio
mayoritario de la sociedad que se adjudica la cesión con una
participación superior al 50%".
Posteriormente, a los siete meses,
"se amplió la concesión, y dos o tres semanas después se multiplicó por
375 por ciento de lo que estaba ajustado", según el abogado.
Lo
"extraño", según De Ramón, es que una propuesta "se vea en dos días, se
firme y ese mismo día se entregue al beneficiario", ya que se trata de
algo que no ha visto "en 30 años de profesión".
Además, ha
advertido que un funcionario, concretamente el jefe de infraestructuras,
detalló en el expediente que el proyecto estaba "muy mal hecho" y que
"faltaban documentos y requisitos". Mientras tanto, ha reconocido que el
libro de actas y cuentas del Club Deportivo "nunca ha aparecido".
De
Ramón ha lamentado que Ortuño no pidió el justificante que demostraba
que los socios del Club habían aprobado la operación, a pesar de que era
su "obligación". De hecho, remarca que el actual alcalde de Yecla "es
abogado en ejercicio antes de acceder a la carrera política", y
considera que, como director general, tenía obligación de "supervisar,
vigilar y fiscalizar lo que hacen sus subordinados".
"El director
general tiene el deber de examinar lo que han hecho sus subordinados,
por si uno de los funcionarios comete un error, voluntario o
involuntario", según el letrado. Mientras tanto, Ortuño se defiende
diciendo que es un "mero tramitador", lo que para De Ramón supone "un
insulto para un profesional".
"Una cesión de más de cinco millones
de euros no es una mera tramitación, sino que tienes que examinar,
comprobar y vigilar si está todo ajustado a derecho, porque para eso es
abogado, director general de Transportes y se le paga del dinero de los
murcianos, para vigilar el trabajo que hacen los funcionarios",
reprocha.
Este miércoles también han sido citados a declarar como
testigos dos funcionarios encargados de la redacción del informe
favorable del proyecto.
El
miembro de la Plataforma del Puerto Deportivo, Juan Baeza, ha señalado
que llevan muchos años "persiguiendo las cosas fraudulentas que se han
cometido".
Por ejemplo, lamenta que hay más de 5.000 metros
cuadrados convertidos en locales de restauración y cafeterías, que
"superan en 4.000 metros cuadrados aproximadamente los 1.200 metros
cuadrados de superficie que tiene ese Puerto concedidos". Además, ha
reprochado que "están construyendo segundas plantas" en algunos de esos
establecimientos.
Mientras tanto, lamenta que en el Puerto "no hay
un tráfico rodado que permita llevar un motor o unas baterías a un
barco", algo que "no sucede en ningún otro puerto de España". Como
resultado, critica que el espacio se ha convertido "en un gran centro de
ocio". La "guinda del pastel", a su juicio, es que el centro de los
socios "se ha convertido en un súper restaurante".
Frente a ello,
recuerda que la licencia de los puertos deportivos se concede "para
hacer actividades no lucrativas de fomento del deporte". En cambio,
reprocha que en Mazarrón no se ve "a un solo niño con un pequeño barco"
porque hasta los locales en los que tenían que estar esos barquitos
"están llenos de cajas de refrescos". Pasado mañana "veremos juegos de
ruletas y naipes", advierte.
Baeza lamenta que "no se persigue el
bienestar de ninguno de los socios, no hay gasolina ni depósitos
correspondientes para quitar las aguas negras, ni se ha hecho la
recepción definitiva porque, en caso contrario, estaría implicada
totalmente la Administración".
La
querella fue interpuesta por parte de un grupo de propietarios del
puerto deportivo de Mazarrón, que acusa a Bascuñana y a Ortuño de
prevaricar en los años en los que fueron consejero de Obras Públicas y
director general de Puertos de la Comunidad, respectivamente.
En
la querella, el abogado Diego de Ramón recuerda que J.M.R., registró un
escrito de fecha 6 de octubre de 2005 en la Consejería manifestando
actuar como representante legal de la entidad 'Sociedad Club Náutico
Puerto de Mazarrón' y A.M.C. como legal representante de la mercantil
Bolnuevo de Turismo, S.A (BOLTUSA).
En ese escrito, J.M.R., como
presidente de la concesionaria Club Náutico Puerto de Mazarrón cedía la
totalidad de la indicada concesión a la empresa Bolnuevo de Turismo por
160.000 euros de forma "ilegal", ya que "carecía de la debida
autorización de la Asamblea General del Club, único competente para la
adopción del acuerdo de cesión".
De Ramón destaca que el
presidente del Club Náutico Puerto de Mazarrón pasó a ser con fecha 28
de diciembre de 2005 Administrador Único de la empresa Bolnuevo de
Turismo, S.A, con más del 50 por ciento de participación en la Sociedad,
esto es, sólo dos meses y 22 días después de haber cedido la concesión
como presidente del Club Náutico, que carece de ánimo de lucro a dicha
mercantil.
Según el abogado, "nunca se hubiera podido llevar a
cabo si el presidente del Club, hoy Administrador único de
Bolnuevo de
Turismo S.A (BOLTURSA), no hubiera tenido el apoyo y colaboración de las
personas responsables de la Administración, debido a la connivencia,
confabulación y asentimiento que constituye la prevaricación
denunciada".
Se defienden los acusados
El ex director general de Transportes y Puertos,
Marcos Ortuño, actual
alcalde de Yecla y diputado regional, ha defendido que su actuación en
la tramitación de la aprobación del puerto deportivo de Mazarrón se basó
en "informes técnicos", mientras que el entonces consejero de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes, Joaquín Bascuñana, ha explicado que él
solo firmó un proyecto que llevaba "los informes técnicos y jurídicos",
que eran "totalmente favorables".
Así lo han hecho saber tanto Ortuño como Bascuñana a los medios
de comunicación, ante los que han comparecido por separado poco después
de declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de
Murcia, Brígida Gil Páez, que les ha citado este martes por la querella
sobre la tramitación de la concesión administrativa por el puerto
deportivo en Mazarrón hace nueve años.
Ambos han llegado por
separado a la Ciudad de la Justicia de Murcia poco antes de las 10.00
horas. Bascuñana ha comparecido acompañado de su letrado, decano del
Colegio de Abogados de Murcia, Francisco Martínez-Escribano, y Ortuño
acompañado por el letrado Francisco José López.
La jueza ha
escuchado a Bascuñana, también ex delegado del Gobierno, mientras que
Ortuño ha mostrado su voluntad de declarar, pero la jueza le ha
emplazado a acreditar su condición de aforado como diputado regional, ya
que se trata de una condición que podría suponer el traslado del
proceso al Tribunal Superior de Justicia.
A preguntas de los
medios de comunicación, Ortuño ha querido aclarar que él no ha acudido a
declarar como imputado, sino que ha acudido ante la jueza a ser "oído"
voluntariamente de los hechos de una querella de la que, además, dice
haberse enterado "por la prensa".
Ha recordado que, en julio de
este año, ya compareció voluntariamente en el Juzgado de Instrucción
para personarse en las diligencias y se le notificara la querella. En
este sentido, ha reseñado que las cuestiones planteadas en la querella
"ya fueron rechazadas y desestimadas por una sentencia del Tribunal
Superior de Justicia y, posteriormente, del Tribunal Supremo.
Asimismo,
ha rememorado que los hechos de la querella se remontan a hace
aproximadamente diez años, por lo que ha transcurrido "muchísimo
tiempo", y defiende que su actuación se limitó a elevar una propuesta
"basada en los informes técnicos que obran en el expediente,
evidentemente, como un mero acto de trámite". Se trata, critica, de unos
informes que los denunciantes "han ocultado en la querella que han
presentado", en su opinión, "de forma malintencionada".
Ortuño ha
querido dejar claro que su voluntad ha sido la de comparecer "de forma
voluntaria para poder esclarecer los hechos", y ha querido hacer una
"reflexión", indicando que, cuando una persona está al servicio del
interés público y tiene la responsabilidad de gestionar, "tiene que
tomar decisiones".
"Las decisiones, en la mayoría de los casos,
son acertadas, como entiendo que es el caso del puerto deportivo de
Mazarrón", según Ortuño, pero a su juicio, hay ocasiones, que no se
corresponden con la de "este caso", en las que las decisiones "no son
tan acertadas". En estos casos, cree que no se puede considerar como
consecuencia de ellos que "estemos hablando de la comisión de un
delito".
En este sentido, ha afirmado que él confía "plenamente en
la Justicia", y se ha mostrado convencido en que "todo transcurrirá con
normalidad y con agilidad, de forma que todo quedará aclarado".
Por
otro lado, Ortuño ha reconocido que la jueza ha suspendido su
declaración este miércoles por la mañana para que certificara su
aforamiento. El diputado ha entregado su credencial como tal y,
posteriormente, la magistrada le ha permitido hacer las declaraciones
que considerara oportuno.
En este sentido, ha precisado que él no
puede renunciar a su condición de aforado, y ha insistido en que no está
imputado, sino en que ha acudido voluntariamente para tratar de aportar
todo lo que sabe de este expediente para que "todo se resuelva lo antes
posible".
"Es un acto meramente administrativo, y quien diga otra cosa
lo dice de mala fe o por otros intereses", ha indicado.
Por
otra parte, Bascuñana ha reconocido ante la jueza que ostentaba el
cargo de consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes en el
momento en el que se tomó la decisión y, a partir de ahí, ha
puntualizado "cómo se manifestó la información que tenía como consejero"
en ese momento.
A este respecto, ha defendido que su actuación
fue como la de "cualquier otro consejero" ante "cualquier orden que le
viene". Así, recuerda que hubo una propuesta, en primer lugar por parte
del director general y que llevaba "los informes técnicos y jurídicos",
que eran "totalmente favorables".
"Por tanto, el consejero lo que
hace es firmar esa orden que procede jurídicamente y técnicamente", tal y
como ha transmitido Bascuñana tanto a la jueza como a los medios de
comunicación. Así, ha justificado que él no tenía "obligación" de leerse
"el informe completo", que al final "se resume en el informe jurídico y
el informe técnico".
"Para eso están los técnicos y todo el
personal funcionarial de la Dirección General", según ha destacado
Bascuñana, quien cree que "todo se resume en esos dos informes". Si ha
habido alguna "dificultad o pega", Bascuñana afirma que "se ha ido
resolviendo" pero, al final, lo que se recoge es que los informes
técnico y jurídico son "favorables y reúnen todos los requisitos".
Ha
afirmado que el consejero "sí que lee" estos dos informes técnico y
jurídico y, además, previamente los ha "recogido" el director general en
la propuesta que le hace al consejero para la firma. "Lo que no puedo,
como ustedes comprenderán, es leerme todo el expediente, porque para eso
están los técnicos".
En este sentido, el ex consejero de Obras
Públicas ha remarcado que él confía "plenamente" en esos técnicos, que
considera que hicieron un trabajo "interesantísimo y muy profesional".
Además,
ha querido precisar que el consejero "es un cargo político y no es un
especialista ni técnico; ni es arquitecto, ni es un jurista". Al
contrario, ha considerado que, para eso, "están los profesionales en la
materia", y ha remarcado que el consejero "se lee aquello que se tiene
que leer, pero no el expediente completo".
Bascuñana ha dicho
desconocer si había algún informe desfavorable de algún técnico. "Yo lo
que conozco es el informe favorable, y si hay algún funcionario que
reconoce que no se tramitó bien, estamos hablando de ellos mismos en el
trámite", ha destacado Bascuñana, quien explica que a él le llegó "el
trámite terminado y favorable en todos sus aspectos".
"Están todos
los informes y la propuesta por parte del director general", ha
defendido Bascuñana, quien cree que se hizo "una gran obra". Asimismo,
ha desmentido que el proyecto se tramitara a más velocidad que otros
proyectos, ni con "urgencia", sino "igual que todos los demás".
"Lo
que sucede es que este consejero, excepto días en los que estuviera
fuera por razones obvias, he sido una persona que en los diversos cargos
que he tenido responsabilidad he firmado prácticamente todos los días, y
no veía necesidad de que si un documento estaba terminado permaneciera
sobre la mesa una semana o tres días", ha matizado.
Bascuñana ha
defendido que este martes, durante su declaración en sede judicial, él
ha respondido "perfectamente" a las preguntas tanto de la jueza como de
su abogado, pero no a las del Fiscal porque no estaba presente.
Asimismo, ha reconocido que no ha contestado a las preguntas del abogado
de la acusación, porque él no tiene "obligación" de responder a las
preguntas de los querellantes.