El País no anda bien de chispa
periodística. Quizá le parezca exagerada la similitud con la famosa
información del duque de La Rochefoucauld a Luis XVI, aunque es
pertinente. Pero podría haber hecho un juego más de casa, componiendo
una portada con el títular: "Golpe del Parlament. El País, con la Constitución". Al fin y al cabo, es el espíritu del titular real: "Los separatistas imponen...".
Claro
que es una revolución. Encabezada por el Parlament, cual suele suceder.
Y con un pueblo detrás, el que lo ha elegido y le ha mandatado. Los
parlamentos se mueven a golpe de gestos simbólicos, hoy magnificados por
los medios. La imagen de la jornada es la aprobación de la Ley del
referéndum, la que echa a andar el proceso para que los catalanes y
catalanas decidan si quieren constituirse en República independiente o
seguir como están.
El
referéndum no es la independencia. El referéndum es una pregunta, no es
una respuesta. No haber entendido algo tan sencillo puede costar a los
nacionalistas españoles quedarse sin país. Porque si imponer lo
que en otras partes del mundo civilizado se hace negociando sin problema
cuesta tanta tensión, tanto conflicto, tanta confrontación, la mayoría
acabará concluyendo que, en efecto, lo mejor es romper cuanto antes
porque esto no tiene arreglo.
Sí,
es una revolución. La revolución de la República catalana. Los dos
partidos dinásticos, cerrados en banda a la posibilidad y la excrecencia
de Ciudadanos, también, pues el enfrentamiento con el independentismo
venía de cuna, de cuando Rivera se fotografiaba in puribus. Pero
¿y Podemos? Es sarcástico que quienes venían cabalgando a lomos de la
revolución no la hayan visto pasar a su vera hasta que han comprobado
que ellos cabalgaban en un Clavileño.
¿Por
qué no entendió el nacionalismo español la diferencia entre referéndum e
independencia? Aparte de por pura incapacidad o por la consabida tirria
hispana al pragmatismo porque, en el fondo, no es democrático ni cree
en el principio democrático sino que se aferra de modo fetichista al
principio de legalidad. Ese enunciado que comparten PP y PSOE frente a
Cataluña de que sin ley no hay democracia es una tontería. Sin ley no
hay democracia. Y con ley, tampoco. Las Leyes de Nürenberg eran leyes y
el régimen, una tiranía. Todo depende de la ley y de la democracia.
Solo
la ignorancia de aquella diferencia y también del sentido vivo de
democracia explica un exabrupto como el de la vicepresidenta del
gobierno: hoy hemos vivido una patada a la democracia en el Parlament. Quiere decir puntapié seguramente. El Parlament propinando una "patada" a la democracia. ¿A qué democracia?
"Sí",
responden quienes de buena fe en la izquierda se oponen al
independentismo "la democracia del PP no es democracia (forma elegante
de sintetizar años de saqueos, estafas, ilegalidades, gürteles, Lezos,
Bárcenas, leyes mordaza, etc) pero lo suyo no es saltarse la ley, sino
reformarla". Quienes dicen esto saben (o debieran saber) que la minoría
catalana jamás será mayoría en España, jamás podra reformar las leyes y
deberá someterse siempre a la tiranía de la mayoría.
"Bueno",
dicen otros seguramente también de buena fe, "en todo caso, no hay que
tirar el niño con el agua sucia ni confundir el gobierno del PP
(corrupto y profundamente antidemocrático) con el Estado. Alguna vez
cambiará el gobierno, regirá la izquierda y el Estado español cambiará".
Eso
es falso. Lo niega la experiencia histórica y lo niega la propia
concepción de España de la izquierda que, en lo sustancial, es la de la
derecha. Véase si no:
La
transición fue un proceso hoy muy cuestionado pero que, en todo caso,
traía unos compromisos implícitos de carácter incluso lógico. El más
evidente era que el franquismo se había acabado y nadie lo resucitaría.
Justo lo que la derecha se ha puesto siempre a hacer al llegar al poder
y, a partir de su arrollador triunfo electoral de 2011, a marchas
forzadas: restaurar el franquismo. De modo vergonzante porque solo los
más tontos de ellos se siguen declarando franquistas, pero efectivo.
Apenas llegados a La Moncloa en 2011 suprimieron de un plumazo el
pluralismo en RTVE, devolvieron la enseñanza a la Iglesia, pretendieron
suprimir el aborto, reformaron la justicia para encarecerla y privar de
ella a los más necesitados, destruyeron el régimen jurídico laboral,
desmantelaron la sanidad pública, promulgaron una ley Mordaza, saquearon
el fondo de pensiones y se dedicaron a enriquecerse ilegalmente, ellos y
su partido, a cuenta de los contribuyentes que, en España son las
clases medias y bajas.
No
hay garantía alguna de que esto no vuelva a suceder (de hecho sigue
sucediendo hoy día; la Ley Mordaza sigue en vigor y se sigue multando a
la gente a capricho de los agentes de la policía), sobre todo por la
coincidencia de fondo que hay entre la izquierda y la derecha. La
perpetuación del franquismo en todos los órdenes se mantuvo incólume
durante los veinte años de gobiernos socialistas (Valle de los Caídos,
Fundación Francisco Franco, callejero, honores, símbolos) y solo en
tiempos de Zapatero se aprobó una menguada Ley de la Memoria histórica
que los franquistas del PP han tirado a la basura.
En
realidad, desde que el PP llegó al poder en 2011, en el PSOE había
clara conciencia de que estaba desmantelando los pactos implícitos de la
transición. En alguna ocasión lo mencionó Rubalcaba. Y era obvio. Como
obvio era que se trataba de volver al franquismo sin Franco. Basta con
ver el panorama de los medios de comunicación.
Pero
no se hizo nada. En cuatro años de mayoría absoluta de un PP echado al
monte no hubo ni una moción de censura, nada digno de considerarse
oposición. Al contrario: refugiado el PSOE de Rubalcaba en su política
de "pactos de Estado" (que fueron tan dañinos a la izquierda como los
"pactos de familia" para España), se complotó una Ley de Seguridad
Nacional que se aprobó ya en tiempos de Sánchez y que, según se dijo
entonces, no era "contra los catalanes". Esa misma a la que hoy se
quiere recurrir contra los catalanes.
No, el Estado español no cambiará nunca. Salvo mediante una revolución.
Mi artículo en elMón.cat
de hoy. Esta vez no haré un resumen de su contenido. Prefiero comentar
unas reacciones de los últimos días. A medida que nos acercamos al punto
de choque, voy ganándome más reciminaciones, advertencias y amenazas
por mi relación con Cataluña. Es curioso. Hace años que vengo
advirtiendo de que el único problema real del Estado español era el
catalán. Nadie hacía caso y todos lo ignoraban con la típica
inconsciencia española. Repásense las hemerotecas de hace seis, ocho,
diez años: ni palabra de Cataluña. Quienes insistíamos en la importancia
del asunto éramos unos pirados.-
En la etapa intermedia, hará dos años o
así, los analistas, políticos, responsables comenzaron a barruntar que
algo podía estar pasando; pero nada serio, una "algarabía" decía el
franquista arrogante y estúpido que tenemos en La Moncloa y,
ciertamente, quienes avisábamos éramos unos pesados cuando no unos
resentidos que lo que queríamos era que se hablara de nosotros. Hoy,
cuando Cataluña prácticamente ya se ha marchado (y ha hecho muy bien
porque a nadie se le puede obligar a aguantar la ignorancia, el abuso,
el mal trato, etc) todos se rasgan las vestiduras. Los franquistas del
gobierno, histéricos, hablan de defender la democracia. Ellos, que
llevan seis años oprimiendo, robando, mintiendo al país entero y no solo
a los catalanes.
La oposición, como siempre acobardada, cierra filas
con un gobierno de corruptos y delincuentes, de franquistas,
centralistas y clericales antes que buscar un entendimiento con los
indepes catalanes. Y, por supuesto, a quienes defendemos los derechos de
estos por encima de nuestra propia conveniencia, nos llaman de todo,
desde tontos útiles a traidores y nos amenazan en las redes. Y lo menos
que nos pasa es que perdemos un buen puñado de "amigos", de esos que lo
son mientras coincidas con sus opiniones y solo en ese caso. Si
discrepas, pierdes la amistad. Lo cual da una idea ajustada del peso que
esta tenía en el alma de los tales amigos.
Pequeño
repaso. Por defender lo que creo justo en cada momento llevo perdiendo
"amigos" toda mi vida. Citaré unos cuantos casos, ciñéndome solo a la
transición o época postfranquista. En el franquismo todavía fue peor:
Cuando defendí la permanencia en la OTAN, perdí un montón de "amigos"
Cuando pedí la dimisión de Guerra por la corrupción de su hermano, perdí "amigos"
Cuando defendí al PSOE contra la pinza PP-IU y el "sindicato del crimen", perdí más "amigos".
Cuando denuncié los GAL y pedí que se procesara a los responsables seguí perdiendo "amigos"
Cuando apoyé el nacimiento de Podemos perdí montones de "amigos"
Cuando ataqué el colaboracionismo del PSOE con el PP entre 2012 y 2016 perdí más "amigos"
Cuando denuncié el narcisismo, oportunismo y neocomunismo de Podemos volví a perder "amigos"
Cuando defendí a Sánchez frente a la caudilla Diaz y sus padrinos seguí perdiendo "amigos"
Cuando me pronuncié a favor del derecho de autodeterminación de los catalanes perdí "amigos"
Cuando ataco la claudicación de Sánchez ante la derecha nacionalcatólica sigo perdiendo "amigos"
Me
he quedado sin "amigos", pero estoy conforme conmigo mismo por seguir
un comportamiento que solo rinde cuentas a mi conciencia y no a
consignas de partido, dogmas ideologicos o criterios de tribu.
Tenía que decirlo.
Aquí la versión castellana del artículo en el.Mon.cat:
Tomando posiciones
Con
el plazo final a la vista en la hoja del calendario, las partes del
conflicto más grave que ha vivido el régimen político de la tercera
restauración ultiman sus preparativos para el archicitado choque de
trenes. La Generalitat tiene pleno del Parlament el viernes para
presentar los proyectos de ley de desconexión a algo más de 48 horas de
la Diada.
El
gobierno está sobre aviso permanente para impugnar dichas normas ante
el Tribunal Constitucional apenas se hayan aprobado. Al propio tiempo
tiene a sus miembros profiriendo amenazas más o menos veladas en sus
momentos libres entre comparecencias parlamentarias o procesalees, a las
cloacas de Interior trabajando a pleno rendimiento y su frente
mediático disparando a todo lo que se mueve.
También
ha cumplido su amenaza de movilizar a su brazo contable, el Tribunal de
Cuentas, para proceder confiscatoriamente contra el patrimonio personal
de los imputados por desobediencia, Mas, Rigau, Ortega, Homs y otros
sin imputar. Esta práctica represiva es especialmente repugnante porque
extiende el castigo por la supuesta falta a los descendientes del autor.
Y aun lo es más si se tiene en cuenta que procede de un órgano al que
el PP ha estado presentando cuentas falsas durante doce años sin
consecuencia punitiva alguna; un órgano compuesto por gentes del PP,
militantes y excargos políticos, o afines a él; un órgano plagado de
enchufados de los magistrados que actúan en una especie de red de
influencias familiares; un órgano que no ha detectado ni fiscalizado
ninguno de los infinitos latrocinios cometidos por la trama Gürtel y las
anejas.
La
oposición corre en auxilio del gobierno, como siempre sucede cuando se
trata de Cataluña, y forma con él una especie de unidad de salvación
nacional. Ambos partidos dinásticos emplean las mismas o parecidas
expresiones. Sánchez llama a los ciudadanos españoles a que no voten en
el “simulacro” de referéndum y eso apenas una semana después de haber
almorzado con Puigdemont. Un brindis por las nuevas vías de diálogo que
abre el nuevo PSOE.
La
“auténtica” izquierda de Podemos anda mareando la perdiz. Sin duda los
de Podem, de Dante Fachín, apoyan el referéndum así como un “sí”
crítico. Pero la versión castellana –o vallecana- de los morados, a
través de su líder, Iglesias, ha convocado un acto separado de la Diada
en colaboración con los comunes de Colau y Domènech. Un acto con un
inconfundible aroma lerrouxista, pues se hace en nombre de la
“soberanía” de Cataluña. “Soberanía”, obviamente, no es sinónimo de
independencia. Es la potencia de la que deriva el acto, como diría
Aristóteles, pero no es el acto mismo. El caso es crear confusión.
Entre
todos estos preparativos de zafarrancho de combate, el momento
culminante será la próxima Diada. Por lo que sabemos, seguramente habrá
una asistencia notablemente superior a las de los años anteriores. Tal
cosa tendrá una lectura obligada, sobre todo si, como es de esperar, el
aumento de asistencia sigue dándose en un clima abierto, democrático y
pacífico porque es el binomio de la movilización social y su carácter no
violento lo que confiere su fuerza al movimiento independentista.
Los
resultados de la Diada probablemente serán incontestables y permitirán
prever una alta participación en el referéndum del 1º de octubre. Este
será, seguramente, el caballo de batalla de quienes intenten cuestionar
los resultados pasada la votación. Ello debiera ser irrelevante pues ese
criterio solo podría emplearse razonablemente si hubiera habido un
acuerdo previo respecto al índice de participación.
Al no haberlo, los
datos de participación que resulten habrán de medirse en proporción al
tipo de consulta de que se trata. Por regla general, el rango de
participación en las consultas referendarias es inferior al de las
elecciones legislativas ordinarias. Y así deberá procederse en este
caso, por lo cual, sería válida una mayoría con un índice de
participación inferior a un 50 por ciento.
Se
da aquí por supuesto que, con una alta movilización en la Diada, el
referéndum se celebrará. Se hará como prueba manifiesta de una intensa
voluntad independentista a la que ayudará mucho el recurso del Estado a
medios inmorales y de guerra sucia. La movilización de la Diada servirá
al Estado para comprobar cuántos recursos habrá de destinar a su
objetivo de sofocar el referéndum. Sobre todo si quiere hacerlo de
acuerdo con el principio de proporcionalidad reiteradamente enunciado
por Rajoy.
Por lo general se entiende que esta proporcionalidad trata de
ajustar a la baja la respuesta del Estado a los efectos de no
sobredimensionar su actuación. Pero en este caso, lo más probable es que
el Estado haya de ajustar su respuesta al alza, al enfrentarse a un
movimiento de masas tan amplio que requiera el despliegue de unos
cuerpos de seguridad y mecanismos de represión que el Estado no posee.
Si,
a pesar de todo el Estado consiguiera impedir la celebración del
referéndum por la violencia, hay pocas dudas de que el Parlamento haría
una declaración unilateral de independencia.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
