Rubira alerta de pérdidas de 870 millones de euros si el recorte al Tajo-Segura llega al 50%

 CARTAGENA.- La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha comparecido a petición propia en la Asamblea Regional para informar del impacto socioeconómico del recorte del trasvase Tajo-Segura y ha alertado de que el incremento del caudal ecológico del Tajo a su paso por Aranjuez, el "segundo escalón del hachazo", supone "un recorte al año de 70 hectómetros cúbicos".

Rubira ha sostenido que los análisis de expertos han apuntado a que, con el nuevo Plan del Tajo y las nuevas reglas de explotación, el recorte para regadío "suele alcanzar una magnitud de un 50%", al pasar de "una media aproximada" de 202 hectómetros cúbicos al año a "apenas 100" en 2027.

En ese escenario, ha advertido de que "las pérdidas de la producción alcanzarán los 870 millones de euros", "se perderán 21.500 empleos" y habrá "una reducción aproximada del 30% de la producción agraria" en la Región.

"Esto no es un impacto asumible, hablamos de una catástrofe para la Región", ha afirmado, tras insistir en que "no hay término medio" y en que los grupos deben posicionarse "de forma clara" para decir si "defienden el trasvase o se pliegan a los deseos de Pedro Sánchez y sus socios".

La consejera ha enmarcado la situación como "un claro ataque político e ideológico" y ha reivindicado el trasvase como "motor de crecimiento y oportunidades para todo el Levante", además de "garante de la protección medioambiental" en una zona "especialmente árida".

A su juicio, el debate ha ido "más allá de litros o hectómetros" porque ha afectado a "132.000 hectáreas" de regadío, una actividad que "ha aportado más de 3.900 millones al PIB nacional" y "102.000 empleos".

Asimismo, Rubira ha denunciado que el Gobierno central "no ha creído en los trasvases españoles" mientras ha financiado "trasvases de desaladoras y otras infraestructuras hídricas en Marruecos", y ha asegurado que "lo que nos ha quitado a los murcianos se lo ha dado al Gobierno de Marruecos" generando "competencia a nuestros agricultores".

En el arranque de su comparecencia, Rubira ha vinculado el contexto al último Pleno y ha calificado de "una de las votaciones más vergonzosas de los últimos años" el rechazo a una moción del PP en defensa del trasvase. 

"Ayer el Partido Socialista, Vox y Podemos se han volvieron a dar la mano", ha afirmado, y ha añadido que Vox "ha votado en contra del campo, en contra de los regantes y del futuro del trasvase Tajo-Segura".

Desde Vox, el diputado Alberto Garre ha replicado que su grupo ha podido estar "absolutamente" tranquilo porque "nadie" ha puesto "una trampa" en materia hídrica. 

"Esto ha sido cuestión de Estado", ha sostenido, y ha advertido de que, si la situación ha seguido "por donde ha ido", el canal del trasvase ha podido "quedarse" sin agua.

Garre también ha alertado de la repercusión social de una agricultura sin agua: "¿Qué vamos a creer con una agricultura sin agua?...leones en los márgenes pidiendo trabajo", ha dicho, antes de cargar contra el Gobierno central por "permitirlo".

Por el Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Moreno ha centrado su intervención en el "respeto institucional" y ha asegurado que la credibilidad de la consejera "ha quedado totalmente cuestionada". 

Moreno ha reprochado que acudir a la Cámara cuando se le llama "no ha sido una opción", sino "una obligación", y ha denunciado que Rubira "ha decidido no venir en varias ocasiones", sin "causa de fuerza mayor" en las dos últimas.

El diputado socialista ha afirmado que, en una de esas ausencias, Rubira ha eludido una pregunta sobre ayudas a agricultores afectados en 2025 y, en otra, ha evitado una interpelación de control parlamentario. 

Además, Moreno ha denunciado que la consejera ha convocado a agricultores en la sede del PP en Mula: "Eso ha sido utilizar recursos públicos para fines partidistas", ha sentenciado, y ha avisado de que "eso ha tenido un nombre" y "consecuencias".

En cuanto al fondo hídrico, Moreno ha negado que "aquí haya habido pinza" y ha acusado al PP de haber usado el trasvase para "no hablar de la actualidad política". 

"Ayer hemos actuado los teloneros; hoy ha venido el artista principal", ha ironizado, antes de insistir en que la situación actual ha sido "fruto de una decisión del Partido Popular" en 2013 con las reglas de explotación.

 También ha rechazado el planteamiento de Marruecos como "bulo" y ha defendido que los acuerdos financieros con ese país "se han llevado haciendo muchos años".

Desde el Grupo Mixto, María Marín ha cuestionado el debate y ha afirmado que "no ha podido haber mayor hipocresía", al sostener que PP y PSOE se han presentado en Murcia como defensores del trasvase, pero en Castilla-La Mancha "han dicho todo lo contrario". 

Marín ha reprochado que la comparecencia no haya abordado asuntos como Mercosur o los aranceles de Trump y ha puesto un ejemplo: "A Estados Unidos nos han puesto aranceles del 15% mientras la almendra californiana apenas ha pagado el 2%".

También ha introducido el debate del almacenamiento de agua: Marín ha recordado que diciembre "ha sido el tercero más húmedo desde que ha habido registros", con una media "por encima de los 100 litros por metro cuadrado", y ha preguntado cómo ha sido posible que los pantanos hayan estado "apenas al 29%".

 "Trasvase sí, pero sostenible y complementario con otras herramientas: agua desalada también", ha resumido.

Por parte del PP, Jesús Cano ha defendido el trasvase como "la infraestructura hidráulica más importante de España" y ha afirmado que en el Pleno anterior han ocurrido "dos hechos lamentables". Uno, ha dicho, ha sido la crítica del PSOE al Sindicato Central de Regantes; el otro, "ver cómo Vox ha optado por la pinza con el Partido Socialista...en lugar de votar junto al Partido Popular".

Cano ha enumerado las medidas que el PP ha defendido en su moción, entre ellas "suspender de inmediato la aplicación del calendario de caudales ecológicos del Plan Hidrológico del Tajo" y "revisar la metodología de fijación de caudales ecológicos... con criterios técnicos y científicos homogéneos", además de reclamar garantías para la cuenca del Segura.

Podemos-IU-AV saca adelante en la Asamblea Regional una moción clave para la defensa del sector veterinario

CARTAGENA.- La Asamblea Regional ha aprobado este miércoles una moción impulsada por Podemos-IU-AV, con los votos favorables de PP y Vox, que insta al Gobierno de España a la creación de una mesa de diálogo con representantes de los profesionales veterinarios para poner en marcha tanto una nueva normativa que garantice la salud pública como un sistema de monitorización y vigilancia de las prescripciones de antibióticos que cuente con el respaldo del sector.

La iniciativa, asimismo, reclama al Ejecutivo central que efectúe una ostensible rebaja del IVA de los servicios veterinarios, del actual 21% al 10%, y que reduzca la carga burocrática que afrontan los profesionales del sector en su trabajo cotidiano.

La formación morada no ha logrado, no obstante, obtener el apoyo suficiente para exigir la paralización inmediata del Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos (PRESVET) y la derogación del Real Decreto 666/2023, por el que desde el 2 de enero se regula la prescripción, dispensación y el uso de medicamentos veterinarios.

 Ambas cuestiones conforman una normativa que, a juicio de la portavoz de la formación morada en el Parlamento autonómico, María Marín, está obstaculizando el trabajo de los veterinarios y afectando, por ende, "a la salud animal y pública".

Marín ha explicado durante su intervención que, a día de hoy, los profesionales veterinarios están obligados a introducir todas las prescripciones de medicamentos que realicen en el sistema PRESVET, una herramienta diseñada para controlar el uso de antibióticos en animales que, en la práctica, "limita" la capacidad de los sanitarios para "prescribir tratamientos" y "pone el riesgo el bienestar y la vida de los pacientes: los animales".

"Es intolerable que, con la excusa de la adaptación a una normativa europea que aspira a reducir las ventas antimicrobianas en un 50% en 2030, se llegue incluso a anular el criterio clínico de la profesión veterinaria", ha añadido Marín, que ha alertado que el sistema actual "imposibilita incluso la toma de decisiones rápidas en situaciones críticas".

"Se trata", ha concluido la portavoz, "de garantizar a los animales el acceso a los medicamentos en las condiciones óptimas de seguridad y eficacia, bajo la supervisión de quien tiene la capacidad y el conocimiento para hacerlo: el profesional de la veterinaria".

Antelo exige una reforma real de la Ley del Mar Menor para acabar con la criminalización del campo

 MURCIA.- El presidente provincial y portavoz del GP Vox en la Asamblea Regional, José Ángel Antelo, junto a los diputados regionales Alberto Garre y Rubén Martínez Alpañez, se ha reunido con representantes de COAG, ASAJA, UPA, FECOAM, ADESPOFA, Proexport, Fundación Ingenio, AgroIngenieros por el Mar Menor y agricultores independientes para abordar la reforma de la ley del Mar Menor exigida por Vox en el acuerdo presupuestario.

Durante el encuentro, Antelo ha señalado que Vox ha trasladado al PP la necesidad de reformar una ley que “se hizo mal, deprisa y de forma absolutamente arbitraria”, y que, lejos de proteger el Mar Menor, “criminaliza injustamente al sector agrícola y ganadero”.

 En este sentido, ha valorado positivamente que el PP haya presentado una reforma en la que Vox está de acuerdo en aspectos clave como la eliminación del régimen sancionador autonómico y el traslado del marco normativo al ámbito nacional.

A renglón seguido, ha subrayado que Vox defiende que, en caso de sanción a una empresa agrícola, “no se castigue a todo el sector impidiéndole acceder a fondos europeos”, y ha insistido en que la reforma debe ir mucho más allá. 

“Las ECARM no pueden ser obligatorias. Es un absurdo considerar culpable a un agricultor hasta que demuestre lo contrario”, ha afirmado, recordando que los agricultores de la Región “cuidan la naturaleza y el medio ambiente y no pueden seguir siendo señalados por los partidos de siempre”.

Asimismo, el líder de Vox ha puesto el foco en uno de los grandes olvidos de la ley: los saneamientos y depuradoras, que ha calificado de “absolutamente deficitarios”. 

“Cada vez que llueve vemos cómo las aguas fecales acaban en el Mar Menor. Los vecinos denuncian que sus playas huelen a aguas fecales”, ha denunciado.

Por ello, ha reclamado depuración terciaria real, saneamientos separativos —con aguas fecales y pluviales por conducciones distintas—, el mantenimiento de las golas y el desvío de ramblas como la del Albujón, que “recibe diariamente aguas en malas condiciones, incluidas las procedentes de la EDAR de Torre Pacheco”.

Antelo también ha reiterado que Vox  quiere “cuidar de verdad el Mar Menor” y hacerlo compatible con todas las actividades productivas, especialmente con “un sector tan importante y pujante como el agroalimentario”.

A preguntas de los periodistas sobre el apoyo de Vox a la reforma presentada por el PP, Antelo ha explicado que el partido presentará enmiendas en el marco del acuerdo presupuestario: “Iremos de la mano del Partido Popular porque somos gente que cumple los acuerdos”.

 Entre esas propuestas, ha destacado que las plantas fotovoltaicas en la Cuenca Vertiente del Mar Menor sean de agro-fotovoltaica, manteniendo siempre la producción agrícola, así como la corrección de errores científicos como el caso de Fuente Álamo, cuyo acuífero “no está conectado con el del Mar Menor y no debería estar sometido a los mismos parámetros”.

El líder de Vox ha recordado que su formación ya presentó una reforma integral de la ley del Mar Menor que fue rechazada por todos los partidos, y ha advertido de que la reforma actual “se queda muy lejos de lo que quiere Vox”, aunque también “de lo que realmente quiere el Partido Popular, que es no hacer nada”.

 “Cuando todos los partidos quieren modificar una ley, lo que están reconociendo es que esa ley está mal hecha”, ha afirmado.

En relación con los presupuestos, Antelo ha insistido en que Vox no negociará unos nuevos hasta que los acuerdos vigentes estén completamente ejecutados. 

“Reconocemos avances, pero el PP tiene un ritmo lento. Cuando todo esté ejecutado, hablaremos de nuevos presupuestos si son buenos para la Región de Murcia”, ha señalado, dejando claras las líneas rojas de Vox  en materia de inmigración ilegal, seguridad y financiación de ONGs y mafias.

Finalmente, ha reclamado que la reforma de la ley del Mar Menor se apruebe “cuanto antes” y ha mostrado su confianza en que pueda llevarse a la Asamblea Regional y aprobarse en febrero.

 “Esta ley se hizo con la imagen de unos peces muertos y se culpó al campo, cuando todos saben que las pérdidas de aguas fecales y el mal estado de los saneamientos fueron uno de los grandes detonantes”, ha declarado.

Vox ha exigido más recursos que nunca para solucionar estos problemas, logrando incluir 10 millones de euros en los presupuestos para mejorar la depuración en el entorno del Mar Menor.

 “Los hechos vuelven a dar la razón a Vox: todo el dinero que se ha invertido ha sido para mejorar saneamientos y depuración porque eran y siguen siendo un problema real”, ha concluido Antelo.

Marín cree "imprudente" cambiar ahora la norma para alejar los salones de juego de los colegios

 CARTAGENA.- El consejero de Educación, Víctor Marín, considera "imprudente" acometer "ahora" cambios normativos para establecer distancias mínimas entre salones de juego y centros educativos, al advertir de que introducirlos en este momento supondría "generar inseguridad jurídica" mientras se resuelve en sede judicial la proporcionalidad de este tipo de restricciones tras el reciente pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Así lo ha expuesto durante una sesión de control en la Asamblea Regional en la que ha respondido a una pregunta del diputado del Grupo Mixto José Luis Álvarez-Castellanos, quien ha reclamado modificar los reglamentos autonómicos de juego para fijar esas distancias mínimas, recordando que la Asamblea aprobó una moción "prácticamente por unanimidad" en este sentido.

Álvarez-Castellanos ha centrado su intervención en la renovación de licencias, defendiendo que las condiciones aplicables, incluida la distancia a centros educativos, deben ser las vigentes en el momento de la renovación y no las existentes en la concesión inicial, citando el artículo 7.2 de la Ley del Juego de la Región de Murcia.

En su respuesta, el consejero ha recordado que el juego es una actividad "legal" y que corresponde a las comunidades autónomas regular su desarrollo, reivindicando "firmeza" en la protección y "seguridad jurídica" sin "improvisaciones". 

Además, ha enumerado medidas ya vigentes, como que desde septiembre de 2018 no se admiten nuevas autorizaciones de salones de juego ni de bingos, las bajas de máquinas tipo B son definitivas, las apuestas solo pueden realizarse en locales específicos y, a diferencia de otras comunidades, no existen máquinas de apuestas en bares o cafeterías.

El consejero ha añadido que el acceso está prohibido a menores y a personas autoexcluidas "incluso en zonas de paso", y que un plan de inspección ha permitido más de 1.500 actuaciones este año. 

En prevención, ha citado el Plan Regional de Adicciones 2021-2026, que señala la ludopatía como prioridad y actúa en centros educativos con programas "reconocidos a nivel europeo", y ha concluido que donde más está creciendo entre jóvenes la ludopatía es en el juego 'online'.

Asimismo, ha indicado que están en tramitación decretos para reforzar el control de accesos, eliminar publicidad en fachadas y mejorar los registros de prohibidos. Sobre el TJUE, ha señalado que reconoce que las restricciones de distancia pueden justificarse por interés público, pero deja la decisión final sobre su proporcionalidad "pendiente de resolución judicial", por lo que ha insistido en que no sería prudente anticipar la reforma.

En otra pregunta, el diputado socialista Juan Andrés Torres ha acusado al consejero de Educación, Víctor Marín, de llevar "tres meses" sin transferir fondos a los institutos para gastos corrientes y "cuatro" sin abonar partidas a la Formación Profesional para material, lo que, según ha dicho, está endeudando a los centros con proveedores. "Pague lo que debe", le ha reclamado.

Marín ha respondido que los ingresos a los centros obedecen a una "planificación rigurosa" y ha señalado que se trabaja "en estos días" para realizar el abono correspondiente a los gastos del "último trimestre". 

En su réplica, el consejero ha defendido el "mayor esfuerzo inversor" en FP, con más de 100 ciclos nuevos en 2024 y 22 en 2025, y ha citado inversiones de 2,7 millones en equipamiento en 2024 y 2 millones en 2025.

Por otro lado, la diputada del Grupo Mixto María Marín ha preguntado por la aportación de las personas de origen extranjero a la economía regional, citando estudios y datos sobre actividad y contribución fiscal. 

El consejero de Economía, Luis Alberto Marín, ha replicado que el Gobierno no analiza la economía "en función del origen", sino con datos agregados de empleo y productividad, y ha defendido una inmigración "legal y ordenada" vinculada al empleo.

En el mismo Pleno, la consejera de Empresa, María Isabel López, ha presentado el nuevo "Investor Care Center" como el "primer" espacio de atención integral al inversor creado por una comunidad autónoma, ubicado en el Parque Científico y ligado al Instituto de Fomento. 

Ha explicado que incluye un calendario de sesiones quincenales de noviembre a junio de 2026 y ha indicado que, en el primer semestre de 2025, los servicios del Info han impulsado proyectos con impacto de más de 96 millones de euros y 70 empleos, con varias implantaciones industriales en municipios como Totana y Fuente Álamo.

Por su parte, el diputado de Vox Pascual Salvador ha preguntado por la actualización de protocolos ante posibles focos de peste porcina africana, relatando incidencias con jabalíes muertos en Molina de Segura. 

La consejera de Empresa ha respondido que la Región cuenta con un plan de alerta sanitaria con protocolos de organización y actuación, ha indicado que se ha duplicado el número de pruebas preventivas en explotaciones ganaderas y ha afirmado que Murcia no tiene casos desde 1988.

En materia de infraestructuras, el PP ha preguntado por la inversión en carreteras en Cartagena y el consejero de Fomento, Jorge García, ha asegurado que desde noviembre del año pasado se han invertido más de 11 millones en la red regional a su paso por el municipio, citando actuaciones como el desdoblamiento de la RM-332 (Ronda Oeste) y mejoras en glorietas y firmes.

Por último, el socialista Miguel Ángel Ortega ha preguntado por medidas para evitar subidas de alquiler en 2026, aludiendo a contratos que podrían encarecerse alrededor de 1.000 euros. García ha atribuido el problema a la Ley estatal de vivienda y al desplome de la oferta, y ha defendido como medida principal instar a su derogación, además de criticar los efectos de las "zonas tensionadas".

Vox llama al PP "gestor de la miseria" y pone en duda el reparto de fondos para familias vulnerables

CARTAGENA.- Vox ha acusado hoy al Gobierno regional de actuar como "gestor de la miseria" y de aplicar un reparto de ayudas "político" en lugar de "técnico" para familias vulnerables y medidas de conciliación. Lo ha hecho durante un Pleno de control en el que ha interpelado a la consejera de Política Social, Conchita Ruiz.

En una interpelación sobre apoyo a familias y menores en situación de vulnerabilidad, el diputado de Vox Rubén Martínez ha asegurado que "el Partido Popular es una estafa". En su crítica presupuestaria, ha sostenido que, tras descontar partidas, "nos queda una cifra de 8 millones y medio de euros destinados directamente a la familia", lo que, a su juicio, equivale al "1% del presupuesto total".

Martínez ha advertido de que "la estafa no acaba ahí" y ha añadido que "más de medio millón de habitantes en la Región de Murcia están en riesgo de pobreza y exclusión social" y que hay "122.000 menores en riesgo de pobreza".

 "No son solo números, señora Consejera, son niños que en pleno siglo XXI en la Región de Murcia están pasando hambre", ha afirmado, tras señalar que la Región ostenta "el vergonzoso título de tener la tasa en pobreza infantil severa más alta de España".

El diputado de Vox ha cuestionado igualmente el criterio de reparto de las ayudas municipales y ha puesto un ejemplo concreto: "¿Es eficiente que el rico reciba más que el pobre?", ha planteado, antes de concluir: "No es técnico que el rico reciba más que el pobre, no es político que el Ayuntamiento gobernado por un gobierno del Partido Popular que un ayuntamiento que estaba obrando por otro partido". 

En ese sentido, ha instado a la consejera a aplicar criterios de "eficacia, eficiencia y equidad".

La consejera Conchita Ruiz ha respondido que Vox aborda la pobreza "desde la microeconomía", mientras que los servicios sociales atienden necesidades personales y perfiles de vulnerabilidad.

 "Eso no viene medido por la renta per cápita, señor Martínez Alpañez", ha replicado, para defender que el reparto se basa en "criterios técnicos" y que se canaliza a través de ayuntamientos porque así lo establece la ley de competencias.

 También ha defendido la subvención objeto de la interpelación destinada a reforzar la intervención local, y ha insistido en que los fondos "se justifican euro a euro" y están sometidos a fiscalización.

Por otro lado, en una interpelación de Vox sobre conciliación, la diputada María José Ruiz ha afirmado que la Región "es una tierra fértil para la pobreza" y ha sostenido que "casi la mitad de nuestros niños están en riesgo de pobreza y exclusión social". 

En su exposición, ha señalado que "hay cerca de 55.000 menores de 3 años" y ha criticado que el número de "plazas gratuitas" sea insuficiente.

La diputada de Vox ha atacado la dimensión de los recursos y ha resumido su crítica preguntando "¿sabe a cuánto toca cada niño con su generoso presupuesto? A menos de 10 euros por niño al año con fondos autonómicos".

 "Con diez euros por niño no se concilia, con 10 euros por niño al año se insulta a quien concilia a pulso cada mañana", ha añadido, antes de reclamar "deducciones fiscales reales", apoyo a la natalidad y un "cheque conciliación".

Ruiz ha contestado que "la financiación y el sistema de gestión funciona así a través de los ayuntamientos" y ha reprochado a Vox que no reivindique ante el Gobierno central el Plan Corresponsables, al tiempo que ha defendido que estas medidas "están generando 800 empleos

En su explicación al Pleno, ha indicado que el Gobierno regional ha aprobado "600.000 euros en subvenciones directas a 43 entidades locales" y ha asegurado que "en 2024 más de 2.500 familias se beneficiaron directamente de estos proyectos". 

También ha enumerado otras medidas como que se han creado "9.000 plazas" en gratuidad progresiva del primer ciclo de Infantil y "40 millones de euros invertidos", además de "un millón y medio de euros para el cheque guardería" y deducciones fiscales.

En materia sanitaria, el diputado del Grupo Mixto José Luis Álvarez-Castellanos se ha interesado por las variaciones presupuestarias producidas en la Consejería de Salud en los últimos años. El parlamentario ha recordado que su grupo ya preguntó por escrito y que la Consejería contestó de forma "muy ambigua" aludiendo a "ajustes técnicos".

 Ha alertado de que el Tribunal de Cuentas viene advirtiendo de que los créditos del SMS "se encuentran claramente por debajo de las necesidades reales" y ha descrito fuertes incrementos entre presupuesto inicial, modificaciones y ejecución, señalando que en 2024 "presupuestan en torno a 2.383 millones", lo elevan a "3.202" y "ejecutan finalmente 3.179".

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha defendido que las variaciones responden "en su mayoría" a "ajustes contables de gastos e ingresos del pago de facturas y pago a proveedores", además de modificaciones para fondos externos y reordenación de créditos. También ha insistido en la "infrafinanciación" y ha pedido que se reivindique en Madrid una financiación adecuada para sostener las prestaciones.

Asimismo, el Pleno ha contemplado una interpelación del PP sobre el programa de 3 millones para transformación digital de empresas. En ella, la diputada Mari Ángeles Román ha defendido que "hoy hablamos de empresas, hablamos de pymes, de microempresas y de autónomos" y ha esgrimido un titular internacional: "Hacienda gana y España pierde". 

También ha criticado lo que ha llamado un "auténtico Gran Hermano laboral y fiscal. Más control, más vigilancia, más intervención".

La consejera de Empresa, María Isabel López Aragón, ha explicado que la convocatoria está dotada con "3 millones de euros", con "ayudas de hasta 80.000 euros por empresa" que pueden alcanzar "el 50% de los gastos", y ha precisado que se priorizan tecnologías de alto impacto como "la inteligencia artificial, la automatización avanzada, la analítica de datos, los gemelos digitales o las soluciones de ciberseguridad". 

Según ha añadido, el objetivo es conectar pymes tradicionales con el ecosistema tecnológico regional y reforzar competitividad y productividad.

La Asamblea reclama al Gobierno central 18 nuevas unidades judiciales para la Región

 CARTAGENA.- La Asamblea Regional ha aprobado este miércoles, por unanimidad, una moción del Grupo Parlamentario Popular para solicitar al Gobierno de la Nación la creación de 18 nuevas unidades judiciales para la Región de Murcia, si bien el último apartado del punto 1 se ha votado por separado y ha salido adelante con el voto en contra de Vox.

El diputado del PP Víctor Martínez-Carrasco ha defendido que "hacen falta muchas plazas y muchos jueces, mucho más de lo que reclamamos esta moción" y que la iniciativa "lo único que hace es poner voz a una reivindicación justa y que es constante desde el propio Tribunal Superior de Justicia". 

A su juicio, "sin más recursos pues no tendremos nunca una justicia más ágil y por tanto pues no tenemos justicia", al tiempo que ha remarcado que "los recursos son voluntad política".

En su exposición, Martínez-Carrasco ha señalado que la Región presenta una de las ratios de jueces por habitante más bajas, con "10,7 jueces por cada 100.000 habitantes" frente a una media nacional de "12,1 jueces por cada 100.000 habitantes", lo que ha atribuido a un "déficit estructural persistente" de plazas judiciales. 

También ha afirmado que la litigiosidad "ha crecido de forma muy significativa, más de un 30% en 10 años" y que los asuntos pendientes "se han incrementado en torno a un 124%" en la última década.

El parlamentario ha sostenido que la competencia para crear jueces, juzgados y planta judicial es del Ejecutivo central y ha recalcado que reclamarlo "no es una opción política, es una obligación institucional". En este sentido, ha defendido que su moción trasladaba "una exigencia concreta, ajustada a derecho y plenamente coherente con el reparto competencial".

En su introducción, Martínez-Carrasco ha aludido a que "la actualidad de la justicia en España está siendo absorbida por los escándalos de corrupción" y por una "evidente degradación política" que, según ha dicho, "monopolizan el debate público y la agenda judicial". 

Ha afirmado que "quienes tenemos ya cierta edad recordamos un semanario llamado 'El Caso' especializado en sucesos" y ha añadido que "a la vista de determinadas circunstancias actuales uno no puede evitar pensar que hoy tendría lamentablemente material más que suficiente para ediciones de mañana y tarde". 

A continuación, ha citado una relación de casos, entre ellos "caso mascarillas", "caso Koldo", "caso hidrocarburos", "caso PSOE", "caso SEPI", "caso fontanera", "caso Begoña Gómez" y "caso hermano de Sánchez".

Martínez-Carrasco ha añadido que esa situación "no puede ocultar ni justificar otro problema estructural y que sí afecta de manera directa a miles de ciudadanos de Murcia", que ha identificado como "la falta de juzgados para garantizar una tutela judicial efectiva en plazos razonables". 

En este punto, ha recordado que el presidente del TSJ de la Región, Manuel Luna Carbonell, advirtió en la apertura del año judicial 2025-2026 de que la falta de medios "está comprometiendo el derecho de los ciudadanos a una justicia eficaz" y reclamó "la creación urgente de 18 nuevas unidades judiciales".

El diputado ha indicado además que, según expuso el presidente del TSJ, en 2024 los órganos judiciales murcianos registraron "más de 254.000 asuntos", un "incremento del 16% respecto al año anterior". 

Asimismo, ha señalado que datos del servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial difundidos por el TSJ reflejan que en el primer trimestre de 2025 ingresaron "70.826 nuevos casos" y que, al finalizar el periodo, quedaron "más de 212.000 asuntos en trámite", con una "tasa de dependencia" que, según ha advertido, implicaría que "sin refuerzos" se necesitarían "más de tres años para despejar la carga acumulada".

El diputado de Vox Rubén Martínez ha afirmado que la creación de 18 nuevas unidades judiciales es "justa y necesaria", aunque ha sostenido que la moción es "un claro ejemplo de la inutilidad práctica de la política del bipartidismo". 

Vox ha criticado que, a su juicio, PP y PSOE se hayan puesto de acuerdo en renovaciones de órganos pero no para reforzar determinadas plazas, y ha insistido en que "urge garantizar la independencia judicial y efectivamente dotar al sistema de los recursos necesarios".

Asimismo, la diputada socialista Virginia Lopo ha afirmado que el PP "miente" cuando sostiene que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho "oídos sordos". Ha señalado que, al finalizar el Gobierno de Rajoy en 2018, había "156 jueces" en la Región y que en septiembre de 2024 había "168". 

Además, ha indicado que "hoy contamos con 174 jueces" y ha añadido que en junio se nombraron "seis jueces más", tres jueces y tres juezas "para labores de sustitución y refuerzo" en los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Molina, Murcia, Lorca y Cartagena, además de dos jueces de sustitución en juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

Con todo, la diputada socialista ha reconocido que "no son suficientes" las unidades judiciales de la Región y ha señalado que los retrasos suponen una merma de derechos fundamentales, especialmente en "violencia de género, menores" o "accidentes laborales mortales". "Por eso vamos a votar a favor de su moción", ha concluido.

Por su parte, el diputado del Grupo Mixto José Luis Álvarez-Castellanos ha afirmado que el PP es "muy previsible" y ha lamentado que su introducción diese "ganas de no votársela" pese a que la propuesta podía "concitar el consenso".

 No obstante, ha confirmado que su grupo la apoyaría y ha recordado que la propuesta de 18 unidades parte del TSJ y se integra en una revisión de necesidades "a nivel de toda España" impulsada desde el Consejo General del Poder Judicial tras una ronda por comunidades autónomas.

Por último, el Pleno ha rechazado una moción del Grupo Mixto para recuperar para la gestión pública directa el servicio de explotación operativa y tecnológica del sistema integrado de Emergencias 112 en la Comunidad. 

El diputado del Grupo Mixto José Luis Álvarez-Castellanos ha defendido que el servicio es "crítico" y "salva vidas a diario" y ha reclamado la "gestión directa". Ha denunciado condiciones laborales como un plus de nocturnidad de "1,17 euros", la precariedad asociada a la externalización y la falta de control público en un servicio esencial.

El socialista Fernando Moreno ha señalado que la iniciativa recogía "solo una pequeña parte" de las reivindicaciones, al apuntar cuestiones como la falta de seguridad en el edificio o la necesidad de centralizar el servicio. También ha mencionado una demanda presentada por trabajadoras en Estrasburgo y ha alertado del escenario contractual si se prorroga el servicio.

Vox, con Pascual Salvador, ha defendido la centralización de emergencias en un centro integral (CIRES) y ha advertido de que una gestión directa podría poner en riesgo empleos por la necesidad de oposiciones y requisitos de acceso. A su juicio, habría que explorar un modelo de colaboración público-privada y no una asunción directa por una administración que ha calificado de "anquilosada". 

Mientras que el diputado del PP Alfonso Cerón ha defendido el modelo de contratación externa desde 1998 y ha sostenido que la configuración actual se ajusta al marco normativo vigente por la especialidad técnica del servicio y la falta de medios propios en la Administración.

Vox logra el respaldo unánime de la Asamblea para exigir la declaración urgente de la ZAL de Cartagena como Actuación de Interés Regional

 CARTAGENA.- La Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo de la Asamblea Regional de Murcia ha aprobado por unanimidad la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Vox para declarar de manera “urgente” la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Cartagena en el Polígono de Los Camachos como Actuación de Interés Regional (AIR).

El diputado regional de Vox, Ignacio Arcas, ha subrayado que la ZAL de Cartagena “es una infraestructura estratégica y absolutamente imprescindible para el desarrollo económico, logístico e industrial no solo de Cartagena, sino de toda la Región de Murcia”.. 

En este sentido, ha recordado que su ejecución permitiría convertir a Cartagena “en un auténtico nodo del transporte intermodal, integrando de forma eficaz el puerto, el ferrocarril y la red viaria del Arco Mediterráneo”.

A renglón seguido, el parlamentario ha denunciado que, pese a haber transcurrido más de quince años desde su primera planificación, la ZAL de Cartagena “sigue sin ser declarada Actuación de Interés Regional, un trámite clave y necesario para su desarrollo efectivo”.

“Este retraso injustificable evidencia la falta de voluntad política del Gobierno regional, que se limita a anunciar supuestos avances mientras evita adoptar el acuerdo formal que daría el impulso definitivo al proyecto”, ha señalado.

Asimismo, Arcas ha advertido de que, mientras tanto, “otras comunidades autónomas han sido capaces de consolidar sus plataformas logísticas y están captando inversiones, actividad económica y empleo gracias a una gestión ágil y decidida”. 

Frente a ello, ha lamentado que la Región “continúe perdiendo oportunidades y competitividad, con un puerto estratégico como el de Cartagena, que aún carece de una ZAL operativa”.

“La declaración de la ZAL como AIR no es un mero trámite administrativo, sino una decisión estratégica de primer orden para reactivar la economía de la comarca, generar empleo y cumplir con los compromisos adquiridos desde hace años con empresarios y ciudadanos. No hay ninguna excusa para seguir demorando un proyecto que cuenta con estudios previos, terrenos disponibles y un amplio consenso social e institucional”, ha añadido.

Por todo ello, Vox exige que el Gobierno regional proceda de inmediato a declarar la ZAL de Cartagena como Actuación de Interés Regional, publicando dicha declaración en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, y que se incluyan en los próximos Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma las partidas económicas necesarias para el desarrollo de la ZAL, así como para las obras de urbanización e interconexión asociadas.

“Es el momento de desbloquear definitivamente Los Camachos y situar a la Región en el mapa logístico que le corresponde por su posición geográfica y su enorme potencial económico”, ha concluido Arcas.

El Pleno de la Asamblea Regional aprueba una declaración institucional en apoyo a la plantilla de Amazon en huelga

 CARTAGENA.- El Pleno de la Asamblea Regional de Murcia ha aprobado este miércoles una declaración institucional "en apoyo a las legítimas reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras de Amazon RMU1 en huelga", según informaron fuentes del Parlamento autonómico en un comunicado.

Tras la aprobación de la declaración, la sesión plenaria ha continuado con el rechazo de la propuesta de modificación del Reglamento de la Cámara, solicitada por los grupos parlamentarios Socialista y Mixto.

La iniciativa solicitaba la modificación de los artículos 186 y 187.1 para incrementar las comparecencias del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y de los miembros del Consejo de Gobierno, "al menos dos veces al mes", para responder a las preguntas orales de los grupos parlamentarios en sesiones plenarias.

La iniciativa, tramitada por el procedimiento de urgencia mediante el sistema de lectura única, ha sido rechazada con los 20 votos del grupo parlamentario Popular, frente al apoyo de los grupos parlamentarios Socialista y Mixto, con 15 votos. Los nueve diputados del grupo parlamentario Vox se han abstenido.

Red Madre denuncia que el Estado gasta diez veces más en aborto que en maternidad

 CARTAGENA.- La presidenta de la Fundación Red Madre, Carmen García, ha denunciado en la Comisión Especial sobre Infancia y Adolescencia de la Asamblea Regional que "el Estado gasta diez veces más en el aborto que en ayudar a la maternidad" y ha reclamado la aprobación de una ley integral de apoyo a la maternidad que cuente con el consenso de todos los grupos para "evitar que la interrupción voluntaria del embarazo sea la única salida" para muchas mujeres.

García ha presentado el 'Mapa de la maternidad 2024' de Red Madre, según el cual España ha destinado más de 101,3 millones de euros en ayudas a la mujer embarazada en dificultades, con una ayuda media anual de 237,85 euros por mujer. 

Ha precisado que la mayor parte de esos fondos se concentran en Madrid y Galicia, que suman más de 96 millones, mientras que al resto apenas han destinado 4,8 millones, lo que reduce la ayuda media hasta los 21 euros por mujer. 

Ha subrayado que ocho de las once autonomías que ofrecen alguna ayuda al embarazo y primera crianza "dan menos de 50 euros anuales" y solo tres superan los 300.

Así, ha insistido en que apoyar la maternidad "es un acto de justicia social y una apuesta estratégica para el futuro", y ha alertado de que una de cada tres mujeres que dan a luz no tiene derecho a ninguna prestación por nacimiento y cuidado del menor por no haber tenido nunca contrato de trabajo. 

Ha añadido que la maternidad "se ha convertido en una losa de hormigón" para muchas mujeres, que son quienes interrumpen su carrera profesional, y ha apuntado que casi el 32% se encuentra en pobreza laboral en hogares encabezados por mujeres y el 54% en riesgo de pobreza.

En cuanto a la experiencia de la entidad, ha indicado que, tras dieciséis años de actividad y más de 50 asociaciones en España, "más de 400.000 mujeres" han recurrido a Red Madre y que, cuando reciben información, acompañamiento emocional y apoyo material, "ocho de cada diez continúan con su embarazo". 

En la Región de Murcia, ha cifrado en 100 los casos de riesgo de aborto atendidos en los dos últimos años, "100 bebés que han nacido bajo el amparo integral de Red Madre y que iban directos a una clínica por falta de apoyo y ayuda".

García ha detallado que la fundación acompaña a las mujeres durante el embarazo, acude con ellas al parto si se encuentran solas y mantiene el apoyo tras el nacimiento "hasta, al menos, los dos años del bebé", facilitando enseres y materiales, formación y, en la medida de lo posible, búsqueda de empleo. Ha defendido que "no vamos en contra del aborto, defendemos la vida" y ha insistido en que Red Madre "no tiene que hablar del derecho constitucional" a la interrupción voluntaria del embarazo, sino de "ofrecer una alternativa" a quienes quieren seguir adelante con la gestación pero lo ven muy difícil.

Al hilo, ha reivindicado una ley de apoyo a la maternidad que aborde las dimensiones emocionales, físicas, laborales, fiscales, habitacionales y relacionales del embarazo y la crianza, incluyendo situaciones de maltrato o discapacidad. 

"Si se apoyara de verdad a la maternidad, subirían los índices de natalidad y el aborto no sería necesario", ha defendido. También ha sostenido que llevan años facilitando ecografías a mujeres con embarazos complicados a través de médicos voluntarios y ha asegurado que escuchar el latido del bebé "cambia" a muchas de ellas, que deciden continuar con el embarazo si se sienten acompañadas.

García ha reconocido que el llamado "síndrome postaborto" no está recogido como diagnóstico médico, pero que la fundación dispone de informes internos sobre efectos psicológicos en mujeres atendidas tras una interrupción del embarazo y se ha ofrecido a remitirlos a los diputados. Al mismo tiempo, ha criticado el uso reiterado de la píldora abortiva como "método abortista", algo que, a su juicio, "no es normal si todos estamos a favor de las mujeres".

Ha denunciado, asimismo, una "campaña de acoso y persecución" contra Red Madre en Murcia y en otras comunidades, con pintadas, escupitajos diarios en la sede, el teléfono de atención 24 horas tapado o el bombín de la puerta sellado. Ha rechazado las acusaciones de ser una organización "ultraconservadora" que recibe "cientos de miles de euros" y ha precisado que, en la Región de Murcia, solo han percibido dos subvenciones nominativas: 50.000 euros en 2022 y 40.000 euros este año, mientras el resto de ayudas se han obtenido "en concurrencia competitiva, como cualquier hijo de vecino".

La compareciente ha recalcado que Red Madre cuenta con la declaración de utilidad pública del Ministerio del Interior y ha insistido en que la entidad "no va a las puertas de las clínicas ni coacciona a nadie", sino que atiende a las mujeres que acuden voluntariamente. Ha asegurado que, cuando alguna decide abortar y deja de responder a llamadas o mensajes, "se respeta su decisión y se da por terminado el camino" con la fundación.

Durante el turno de los grupos parlamentarios, la diputada socialista Lola Jara ha reconocido la importancia de que las mujeres embarazadas en situación vulnerable reciban apoyos públicos, asesoramiento jurídico, psicológico y material, pero ha defendido la Ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. Ha subrayado los avances de la norma en la garantía de un aborto "seguro, accesible y con garantías".

Jara ha criticado la baja cobertura pública del aborto en la Región de Murcia, citando un informe que la sitúa entre las que menos intervenciones realizan en hospitales públicos,"apenas el 0,9 por ciento frente al 99 por ciento en clínicas privadas", y ha denunciado la externalización del aborto terapéutico, que obliga a las mujeres a someterse al feticidio en una clínica privada y a permanecer dos días en casa antes de completar el proceso en un hospital público. 

Ha calificado esta situación como "un caso claro de violencia obstétrica" y ha defendido la propuesta del Gobierno de reformar la Constitución para blindar el derecho al aborto como derecho fundamental.

Por parte del Grupo Mixto, María Marín ha manifestado su apoyo a la misión de Red Madre, pero ha reiterado las críticas por la "hemeroteca" de la organización, señalando reportajes y testimonios que hablan de desinformación y de prácticas consideradas como acoso. 

Ha preguntado a Red Madre cómo denomina a la situación de las mujeres que se ven obligadas a abortar en clínicas privadas "a 500 kilómetros de su casa" y ha reclamado un "respeto absoluto" a la libertad de quienes optan por interrumpir su embarazo. 

También ha pedido detalles sobre el tipo de seguimiento que se realiza a los bebés una vez nacidos.

El diputado de Vox Ignacio Arcas ha agradecido la labor de Red Madre y ha puesto el foco en la situación económica y habitacional de las familias. Ha recogido la denuncia de García Meroño sobre que el Estado gasta diez veces más en aborto que en maternidad y le ha preguntado si derogaría la actual ley del aborto, y su opinión sobre partidos que prometieron hacerlo y no cumplieron. 

También ha defendido propuestas de Vox, como la iniciativa en Castilla y León para ofrecer a las mujeres que quieren abortar la posibilidad de escuchar el latido fetal antes de tomar una decisión.

Finalmente, la diputada del PP Maruja Pelegrín ha elogiado la labor de Red Madre, ha reconocido que la entidad trabaja "con escasísimos recursos" y ha defendido que la declaración de utilidad pública por parte del Ministerio del Interior avala que su actividad "es un bien para la sociedad". 

Ha reprochado a la izquierda y a otros partidos que identifiquen la defensa de la vida con ir contra la libertad de las mujeres y ha sostenido que el objetivo de organizaciones como Red Madre es "informar de los recursos y ayudas para que la mujer pueda decidir en libertad". 

Así, ha cerrado su intervención subrayando que "no hay acto más transversal ni menos partidista que apostar por la mujer y por la vida".

La Asamblea se personará ante el Constitucional para defender la Ley Regional de Participación Institucional

 CARTAGENA.- La Comisión de Asuntos Generales e Institucionales, de la Unión Europea y Derechos Humanos de la Asamblea Regional de Murcia ha aprobado este lunes que la Cámara se persone y presente alegaciones ante el Tribunal Constitucional en los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley 2/2025, de 4 de julio, que modifica la Ley 5/2017 de Participación Institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en la Región.

La ponencia, defendida por el diputado de Vox Rubén Martínez, ha propuesto la personación de la Asamblea en los recursos de inconstitucionalidad contra la citada Ley y la designación de los servicios jurídicos de la Cámara para la representación y formulación de alegaciones. Finalmente, la Comisión ha acordado que dicha representación recaiga en la letrada de la comisión.

El diputado ha recordado que la norma recurrida nace de una iniciativa de Vox y ha subrayado que "se han seguido todos los trámites reglamentarios para la aprobación de dicha Proposición de Ley quedando garantizados y salvaguardando los derechos de todos los grupos parlamentarios y por ende de los ciudadanos de la región de Murcia".

En su informe, la ponencia defiende la personación de la Cámara al entender que el asunto afecta a competencias autonómicas.

"Consideramos de vital importancia participar activamente en este proceso dado que la legislación en cuestión afecta competencias autonómicas y es necesario que se asegure la conformidad con respecto a los principios de derecho que rigen el marco jurídico español ejerciendo efectivamente su derecho a intervenir en la defensa de los principios y valores que guían la actuación de la Asamblea Regional y asegurar que la legislación que afecta a nuestra comunidad autónoma sea conforme con los preceptos constitucionales", ha señalado, antes de "reiterar nuestro compromiso con los valores constitucionales de la ciudadanía de la Región de Murcia".

Entre las observaciones de fondo incluidas en el informe, Martínez ha enumerado, en primer lugar, "la libertad de configuración normativa del legislador autonómico en materia de subvenciones y participación institucional en virtud del Artículo 137 147 y 148 de la Constitución Española".

En segundo lugar, ha defendido que "la Constitución Española no reconoce como derecho fundamental la libertad de la libertad sindical el obtener financiación pública".

Asimismo, ha apuntado que "la ley no suprime la participación institucional y que e edita el ejercicio legítimo de competencias autonómicas porque no estamos hablando como digo de la competencia exclusiva del Estado en materia legislación laboral sino que estamos hablando de diálogo institucional a nivel autonómico".

Según ha expuesto, la norma "no afecta al contenido esencial de la libertad sindical no contradice el criterio de mayor representatividad establecida en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical respeta el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución Española y reduce la arbitrariedad en el otorgamiento de subvenciones y además la ley 2025 supera con crece el test o la prueba de proporcionalidad constitucional".

Por parte del Grupo Parlamentario Popular solo han recordado que ya dijeron la semana pasada que apoyarían el informe de la ponencia.

El Grupo Parlamentario Socialista ha votado en contra. Los socialistas han asegurado que "hoy volvemos a esta cámara para defender señorías algo tan elemental como los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y los funcionarios públicos y la preservación del marco constitucional que garantiza la participación de los sindicatos*, y ha avanzado que *nos vamos a reiterar no vamos a emitir un un voto favorable porque lo que pedíamos en la proposición de ley es que estuviera avalado por un informe jurídico que no se hizo y ahora pretende que avale la ponencia un partido ultraderecha y el Partido Popular está solapando y ayudando y aupando a esa información contra las alegaciones del Constitucional".

Además, han recordado que "hay dos recursos de inconstitucionalidad por parte del Gobierno de España" y ha insistido en que su grupo no apoyará la posición aprobada por la mayoría de la Comisión.

También el Grupo Mixto ha anunciado su voto en contra, al considerar erróneo el planteamiento de la ley y de las alegaciones que se prepararán ante el Constitucional.

Su portavoz ha señalado que "es tan absurdo lo que plantea Vox y lo que aprobó también con apoyo del Partido Popular en esa modificación que es primero confunde la cuestión eh las ayudas económicas que se dan a la Crohn y al los sindicatos no son subvenciones por tanto es el primer es el primer error de fondo".

A modo de ejemplo, ha criticado que se pretenda trasladar a la mesa de diálogo social un régimen competitivo propio de subvenciones, "como son subvenciones plantémonos en régimen competitivo como las subvenciones se imagina que el diálogo social para elevar por ejemplo el salario mínimo interprofesional que se negocia en la mesa de diálogo social se invitará a sentarse allí pues no sé vamos a ver qué sindicatos o sea qué era una sindicales vamos a hacer una especie de concurso a ver quién es el que opta sentarse en la mesa de diálogo social o qué organizaciones patronales son la verdad porque son varias también no las que pueden sentarse en el diario de ambiente".

El Grupo Mixto ha defendido que "las ayudas económicas a aquellos organismos que constituyen la base y el fundamento estructural de nuestra democracia y de nuestro Estado que son precisamente por el ámbito de la defensa de los trabajadores las organizaciones sindicales de clase más representativas que por la parte patronal la organización más representativa del patronal que es la que es" están amparadas en distintos niveles normativos, y ha recordado que está reconocido en la Ley de base de Régimen Local que los grupos municipales deben contar con ayuda suficiente económicas de recursos humanos".

En este contexto, ha advertido de que cree que es "clarísimo que el recurso prosperará seguramente con toda con toda seguridad y de luego nosotros no vamos a colaborar como no apoyamos tampoco esa primera esa primera esa modificación que ya hicieron ustedes aquí en la Asamblea Regional", han añadido.

Tras el turno de intervenciones, la Comisión ha sometido a votación el informe de la ponencia y ha aprobado la personación de la Asamblea. El presidente de la Comisión ha señalado que "la personación de la asamblea en la representación la llevará a cabo la letrada de esta comisión".

El PSOE pedirá la reprobación del consejero de Hacienda tras "un error contable de 4.300 millones" detectado por el TC

CARTAGENA.- El PSOE ha denunciado en el Pleno de la Asamblea Regional que el Tribunal de Cuentas (TC) ha detectado "un error contable de 4.300 millones de euros" en la contabilidad de la Comunidad Autónoma entre 2013 y 2021 y ha anunciado que registrará la reprobación del consejero de Hacienda por la "nefasta gestión" de las cuentas públicas. Pese a estas críticas, la Cámara ha aprobado los tres puntos del dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto sobre las Cuentas Generales de esos ejercicios, mediante votaciones separadas.

El socialista Alfonso Martínez Baños ha explicado que su grupo ha rechazado los dos primeros puntos al considerar que existe "una responsabilidad política evidente" en la gestión del PP.

Ha citado, además, un déficit acumulado de más de 5.000 millones, un remanente de tesorería "inflado" y desviaciones en el Servicio Murciano de Salud y la desaladora de Escombreras. No obstante, el PSOE ha votado a favor del punto 3 por incluir 21 medidas para corregir las deficiencias detectadas y reforzar el control parlamentario.

Vox se ha abstenido en las cuentas de 2013 y 2014 "por respeto a legislaturas anteriores", pero ha votado a favor del resto. Su diputado Rubén Martínez Alpañez, ha asegurado que "la vergüenza de no aprobar las cuentas desde 2013 ya nos la hemos quitado gracias a Vox", reivindicando que sin el impulso de su grupo las cuentas no habrían sido sometidas al Pleno.

Ha calificado los documentos fiscalizados como textos que "ningún economista podría leer sin sonrojarse" y ha atribuido al PP una gestión plagada de "errores y manipulaciones contables". Aun así, ha agradecido el "respeto y la unanimidad" mostrada por los grupos en el trabajo de la ponencia.

Desde el Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos ha votado únicamente a favor del punto 3, destacando que la reforma del reglamento para que las cuentas se eleven al Pleno en el plazo máximo de un año "es un avance imprescindible".

Ha rechazado el resto de puntos por considerar que las cuentas contienen "un disparate inasumible de salvedades", y ha alertado de que los informes posteriores, como el del SMS en 2022, demuestran que "no ha existido propósito de enmienda". A su juicio, la persistencia de presupuestos "no ajustados al gasto real" agrava la deuda y reproduce los mismos errores cada ejercicio.

El diputado del PP Carlos Albaladejo ha defendido que la aprobación o rechazo de las cuentas por parte de la Asamblea "no tiene consecuencias jurídicas" y que el dictamen aprobado por la oposición es "partidista, subjetivo e interesado".

Ha acusado a PSOE, Vox y Grupo Mixto de construir un texto "cocinado para buscar el titular de que la Asamblea rechaza las cuentas" y ha sostenido que el Tribunal de Cuentas reconoce avances, especialmente en el ámbito sanitario.

Albaladejo ha insistido en que la infrafinanciación autonómica es el principal origen de la situación económica regional y ha señalado que la Región recibe "1.098 euros menos por habitante" que la comunidad mejor financiada.

La Cámara ha aprobado, igualmente, la creación de una comisión especial de investigación sobre la liquidación fallida por daños y perjuicios en la construcción y explotación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, a propuesta de Vox.

El diputado Ignacio Arcas ha recordado que, casi 20 años después de la colocación de la primera piedra, el aeropuerto "sigue generando quebraderos de cabeza" y ha cifrado en más de 400 millones de euros el coste que puede acabar asumiendo la Comunidad, entre el aval de 160 millones, la liquidación de daños y perjuicios y las últimas sentencias contrarias a los intereses autonómicos.

Arcas ha reprochado al PP haber defendido durante años que el aeropuerto "no costaría ni un euro a los murcianos" y ha denunciado que la liquidación contra la antigua concesionaria Aeromur fue anulada por caducidad, mientras una reciente sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid condena a la Comunidad a pagar 143 millones de euros más intereses. PSOE y Grupo Mixto han respaldado la nueva comisión.

Alfonso Martínez Baños (PSOE) ha calificado Corvera como "uno de los mayores fraudes políticos" del Gobierno regional, ha recordado que no se han cumplido las previsiones de empleo ni de pasajeros y ha señalado que la oposición aún desconoce por qué se desechó un posible acuerdo extrajudicial antes de la última condena judicial.

Álvarez-Castellanos ha insistido en que "queda mucho por aclarar", especialmente en relación con las decisiones políticas y el concurso de acreedores de Aeromur.

Por su parte, el 'popular' Víctor Martínez Carrasco considera "prematuro" hablar de liquidación fallida sin sentencia firme y ha tildado la comisión de "teatro innecesario", defendiendo que la Comunidad actuó "con rigor" y que el aeropuerto es "una infraestructura estratégica en la senda correcta".

El Pleno también ha dado luz verde a una iniciativa del Grupo Mixto para alejar los salones de apuestas de los centros educativos. La diputada María Marín ha explicado que la moción responde a peticiones directas de diversas AMPAS que denuncian la presencia de casas de apuestas "a diez metros de un instituto y a cien de un colegio".

Marín ha subrayado que el objetivo de los apartados aprobados es establecer distancias mínimas y restringir la instalación de salones de juego en entornos escolares, y ha recordado que la Región presenta tasas de juego juvenil "más del doble de la media estatal".

La diputada ha insistido en que el reciente aval del Tribunal de Justicia de la UE a la ley valenciana, que fija distancias de hasta 850 metros, demuestra que este tipo de restricciones "son perfectamente compatibles con el derecho europeo", por lo que el Gobierno regional "ya no tiene excusas" para no regularlas.

El PSOE ha votado a favor de los puntos aprobados y ha reforzado su contenido con una enmienda asumida por el Grupo Mixto. El socialista Andrés Torres ha alertado de que el 18% de los menores de la Región ha entrado en locales de apuestas y que un 56% ha tenido contacto con el juego antes de los 18 años, citando un estudio de la Universidad de Murcia que sitúa la edad media de inicio en los 14,7 años.

Ha reprochado al Gobierno regional que la Región sea "la única comunidad autónoma sin normativa específica de distancias" entre centros educativos y casas de apuestas pese a haber anunciado un decreto ya en 2018. Vox ha apoyado parte de los puntos aprobados, aunque ha insistido en que "el verdadero problema entre los jóvenes" es el juego on line, y ha pedido centrar ahí la acción política.

Su diputado Pascual Salvador ha recordado que desde 2018 no se conceden nuevas licencias de salones presenciales y ha reclamado la publicación pendiente del Libro Blanco del Juego para reforzar los controles y actualizar la normativa.

El PP, por su parte, ha reivindicado que el Gobierno de Fernando López Miras ha actuado "con determinación", recordando que desde hace siete años no se otorgan nuevas licencias y que se han incrementado las inspecciones y sanciones.

No obstante, la oposición le ha reprochado que esas medidas no han ido acompañadas de la regulación de distancias, a pesar de que el Consejo Jurídico ya advirtió que debía aplicarse en las renovaciones de licencias.

La Asamblea Regional aprueba solicitar al Estado que asuma los gastos sufridos por municipios afectados por la dana

 CARTAGENA.- El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado este miércoles una moción del PP para solicitar al Gobierno de España que asuma los gastos extraordinarios sufridos por los municipios afectados por la dana 'Alice', especialmente en la comarca del Mar Menor.

El 'popular' Carlos Albaladejo ha defendido que los ayuntamientos han tenido que costear cisternas, refuerzos de servicios básicos y otros gastos derivados de la falta de agua potable, y ha acusado al Ejecutivo central de "desentenderse" de la situación. Ha criticado que "al enemigo, ni agua" es la actitud que, a su juicio, ha adoptado el Gobierno de España con la Región.

El PSOE ha votado en contra argumentando que el Estado ya ha activado el Decreto 307/2025 y que el Consejo de Ministros declaró este lunes la zona como "gravemente afectada por una emergencia de protección civil", lo que habilita nuevas ayudas de varios ministerios.

Los socialistas han señalado que varios ayuntamientos, tanto del PSOE como del PP, han habilitado oficinas para tramitar las subvenciones estatales y ha reprochado al Gobierno regional "no aportar ni una sola línea de ayuda autonómica".

Vox ha apoyado la moción insistiendo en la responsabilidad de la Mancomunidad de Canales del Taibilla en los cortes de agua. El Grupo Mixto ha considerado que la moción "llegaba tarde", ya que los mecanismos estatales "estaban plenamente activados".

En materia de vivienda, el Pleno ha debatido una moción del PSOE para impulsar el modelo de vivienda cooperativa en cesión de uso, que ha sido finalmente rechazada con los votos en contra de PP y Vox, el apoyo de los socialistas y la abstención del Grupo Mixto.

Miguel Ángel Ortega ha defendido este sistema como una herramienta para garantizar acceso a vivienda asequible, combatir la soledad no deseada y adaptarse a nuevos modelos familiares, combinando espacios privados con zonas comunes gestionadas colectivamente.

Desde Vox, Antonio Martínez ha cargado contra la vivienda cooperativa, que ha presentado como una derivación "eco-socialista" de la agenda 2030 destinada, según él, a sustituir la propiedad por un mero "derecho de uso" y a permitir que ONG, banca ética y administraciones "se queden con los pisos de los jubilados", contraponiendo este modelo a la defensa de la propiedad privada.

El diputado del PP Antonio Landáburu ha enmarcado la iniciativa en lo que ha definido como "moción tipo importada de Madrid" y ha acusado al PSOE de intentar "tapar" con ella la reciente caída del decreto de vivienda asequible, que el Gobierno regional calculaba que podía impulsar hasta 35.000 viviendas en cinco años.

La portavoz del Grupo Mixto, María Marín, ha explicado su abstención señalando que comparte la necesidad de fomentar el cooperativismo en cesión de uso, que ha descrito como un modelo sin ánimo de lucro con cuotas inferiores al mercado, pero ha reclamado ir más allá con límites legales a la especulación y a la acumulación de viviendas por parte de grandes propietarios.

Entre las iniciativas rechazadas figura también la moción de Vox sobre reconsideración del arraigo. La formación ha pedido suprimir esta figura y endurecer la Ley de Extranjería, vinculando inmigración irregular con delincuencia e inseguridad y denunciando un "coladero de regularizaciones masivas". 

La diputada Virginia Martínez ha acusado al PSOE y al PP de "abandonar a los españoles" y de priorizar ayudas a inmigrantes en situación irregular.

El PP, por medio de Joaquín Segado, ha replicado que los datos aportados por Vox "son falsos" y ha defendido el arraigo como vía "excepcional y ordenada" de regularización para personas integradas y sin antecedentes, acusando a la ultraderecha de convertir la inmigración en "chivo expiatorio" y "combustible para la polarización".

El PSOE, a través de Carmina Fernández, ha recordado que la Región "se ha construido con oleadas de migraciones" y ha advertido de que eliminar el arraigo solo conduciría "a más economía sumergida, más explotación y menos derechos", mientras que Álvarez-Castellanos (Grupo Mixto) ha reprochado a Vox "falta de rigor" y "manipulación deliberada de los datos".

En el ámbito de la violencia de género, la diputada socialista María Soledad Sánchez ha optado por retirar su moción con motivo del 25 de noviembre al constatar que las enmiendas de totalidad de PP y Vox impedirían su aprobación.

Sánchez ha defendido un "compromiso de no dar ni un paso atrás" y ha reclamado, entre otras medidas, protocolos específicos de atención psicológica para las familias de víctimas en municipios pequeños, recordando los recientes asesinatos de Nadia, Ginesa y Ainhoa en la Región.

Ha criticado que el pacto regional contra la violencia de género no se actualice desde 2022 y ha acusado a Vox de negar la violencia machista mientras en los ayuntamientos donde cogobierna se adhieren a manifiestos que respaldan el pacto de Estado y los puntos violeta.

Según ha dicho, la retirada busca evitar que la iniciativa se convierta en "un campo de batalla negacionista" y ha reclamado un compromiso "real y efectivo" de todos los grupos contra la violencia hacia las mujeres.

Regantes de Lorca dicen que la falta de la tubería de Torrevieja y recortes trasvase harán "inviable" el regadío en 2027

 CARTAGENA.- El presidente de la Comunidad de Regantes de Lorca, Juan Marín, ha advertido en la Asamblea Regional de que el escenario previsto para diciembre de 2027 será "inviable, insolidario e injusto" para el regadío del Guadalentín, al coincidir los recortes del trasvase Tajo-Segura, la reducción de extracciones de aguas subterráneas y la ausencia de la tubería que debía conectar con la desaladora de Torrevieja para aportar caudales alternativos.

Marín ha comparecido ante la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura para explicar la realidad de la Comunidad de Regantes de Lorca, un regadío "centenario" que gestiona casi 27.000 hectáreas y representa a unos 17.000 comuneros. Ha subrayado la "gran responsabilidad" de presidir una entidad que "sigue cultivando y dando alimentos, trabajo y economía" a una amplia zona del valle del Guadalentín.

Ha recordado que el regadío lorquino no nació con el trasvase, sino que procede de antiguas infraestructuras de origen árabe, basadas en riegos por inundación, que comenzaron a transformarse durante el siglo XX con proyectos de modernización, nuevos cultivos y un fuerte proceso de tecnificación. Esa evolución permitió dejar atrás una agricultura de bajo valor añadido, centrada en cereales y algodón, y avanzar hacia producciones como alcachofa, brócoli, parras y cítricos.

El compareciente ha explicado que el modelo actual de Lorca se sostiene sobre un "mix de agua" formado por recursos superficiales, con los embalses de Puentes y Valdeinfierno, aguas subterráneas que ya en los años 60 rondaban los 18 millones de metros cúbicos, caudales del trasvase Tajo-Segura, el 100% del agua regenerada producida en la ciudad y aportaciones de la desaladora de Águilas, un proyecto impulsado hace unos 45 años por varias comunidades de regantes y al que después se sumaron también Totana y Alhama.

Aun así, ha insistido en que "sin el trasvase la Comunidad de Regantes de Lorca no podría vivir en los próximos años". Ha descrito el Tajo-Segura como "la piedra angular que vertebra todo ese agua", no solo por el volumen aportado en la última década, variable según las lluvias en cabecera, sino también por su precio, que ha situado en torno a 10-12 céntimos el metro cúbico, "lo que permite compensar el coste de recursos más caros" como los pozos o la desalación.

Marín ha advertido de que ciertos cultivos, "como los cítricos", "prácticamente se empezarían a secar dentro de muy poco tiempo" si solo se regaran con agua de pozo o desalada. Ha explicado además que la comunidad apostó por disponer de casi cuatro hectómetros cúbicos procedentes de la desaladora de Torrevieja para compensar futuras reducciones del trasvase, recurso que iban a recibir mediante una tubería aún no ejecutada.

En este punto, ha recordado que la Comunidad de Regantes de Lorca se comprometió a ir reduciendo progresivamente las extracciones de acuíferos hasta 2027,"hasta llegar prácticamente a cero o muy poco", precisamente porque esas aportaciones alternativas estaban garantizadas. 

Sin embargo, ha denunciado que "no está la tubería hecha, no están las conexiones hechas", lo que deja en el aire cómo llegará ese volumen a Lorca: "¿En barcos desde Torrevieja o Águilas, en cisternas, o a capazo y a calderos?", ha ironizado.

La combinación de la reducción de aguas subterráneas, los recortes del trasvase y la inexistencia de esa conexión "desencadena un escenario apocalíptico de diciembre del 27" para los agricultores lorquinos, ha dicho, situación que ha calificado de "inviable, insolidaria e injusta". 

 También ha advertido de que, si se permite "cercenar" el trasvase, se pondrá en riesgo una infraestructura que ha aportado "seguridad, tranquilidad y prosperidad" a toda la comarca.

Durante su intervención, Marín ha insistido en que el Tajo-Segura es "irrenunciable en letras mayúsculas" para los murcianos y ha señalado que le "da miedo" escuchar que se considera irrenunciable sin garantizar agua suficiente para abastecimiento urbano, industria, agricultura y ganadería. 

Además, ha alertado de que, de continuar las actuales políticas europeas, "la próxima crisis en los próximos años no será una crisis de micro, será una crisis alimentaria", porque "no se están considerando ni los tiempos ni la realidad ni la necesidad" del sector agrario.

El presidente de los regantes de Loca ha defendido que los agricultores son "de las partes más verdes que hay ahora mismo", organizados en cooperativas y sin "grandes fondos" detrás, y ha lamentado que "no tenemos herramientas para mantener nuestro cultivo" si no se asegura el agua.

 Ha invitado a los representantes políticos a visitar Lorca y las fincas de riego para conocer de primera mano "la realidad de la agricultura" y escuchar a los 28 vocales que se reúnen cada última semana de mes.

 También ha agradecido el apoyo de CCOO, cuya secretaria general, ha dicho, respalda plenamente el trasvase como herramienta esencial frente al cambio climático.

En el turno de los grupos parlamentarios, el socialista Fernando Moreno ha afirmado que, con "algunos matices", comparte gran parte de la intervención de Marín y ha reivindicado que el PSOE de la Región de Murcia considera el trasvase "irrenunciable". 

Ha defendido la necesidad de un "mix hidrológico" basado en recursos propios de cuenca, reutilización de aguas residuales, desalación, que ha calificado de "salvavidas" en ciclos secos, modernización de regadíos y mantenimiento del trasvase. 

También ha preguntado al compareciente si considera positivas las políticas hídricas del PSOE y cuál fue el papel de la desalación en los once meses en que el acueducto no aportó agua.

El diputado de Vox Antonio Martínez ha calificado la situación del trasvase como una "tragedia" causada, según ha dicho, por decisiones "estrictamente políticas", y ha afirmado que es "inmoral prescindir del trasvase".

 Ha destacado el papel del "mix" de aguas en el Guadalentín y ha preguntado a Marín por la falta de unidad de criterio de los grandes partidos nacionales respecto al trasvase en distintas comunidades autónomas, así como por el impacto de las políticas vinculadas al Pacto Verde y la Agenda 2030.

El diputado del Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, ha agradecido la "claridad" de la exposición de Marín, pero ha advertido de que el trasvase ha sostenido un modelo de agricultura intensiva basado en un recurso "volátil" y con aportaciones descendentes en la cabecera del Tajo durante décadas. 

Ha reclamado una "gran mesa de concertación nacional" para planificar el regadío a 30 o 40 años vista y ha pedido al compareciente su opinión sobre la contaminación, la sobreexplotación de acuíferos y la necesidad de una reconversión del sistema.

Finalmente, el diputado del PP Jesús Cano ha enmarcado la comparecencia en un "momento crucial" para el trasvase, que considera "en situación crítica" por "malas decisiones políticas, caprichosas, ideológicas y sectarias". 

Ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de querer "recortar y, si es posible, cerrar" el Tajo-Segura y ha advertido de que, si en 2027 se suma el recorte del trasvase al cierre de los acuíferos, sin alternativas reales, estas políticas pueden suponer "la estocada de muerte" para la economía regional.

La Asamblea Regional pide un plan de choque para reducir las demoras en dependencia

 CARTAGENA.- La Asamblea Regional de Murcia ha aprobado una iniciativa para pedir un plan de choque para afrontar el colapso del sistema de dependencia en la Comunidad, después de que la Región haya alcanzado una demora de 563 días para realizar las valoraciones y de 242 días para conceder la prestación.

La iniciativa, del Grupo Mixto, ha recibido el apoyo de PSOE, Vox y Grupo Mixto y el rechazo del PP.

El diputado del Grupo Mixto José Luis Álvarez-Castellanos ha alertado de que Murcia se ha convertido en la comunidad autónoma con peor cumplimiento y ha denunciado la existencia de una "lista limbo" en la que miles de personas han visto reconocido su derecho sin recibir prestación o servicio alguno.

Álvarez-Castellanos ha subrayado que en lo que va de año han fallecido 1.394 personas en esa lista de espera, "casi cuatro al día", y ha atribuido el colapso a la insuficiencia de Equipos de Valoración y a la falta de personal en los servicios sociales municipales, que han tenido que emitir informes sin refuerzos pese al aumento de expedientes.

El plan aprobado ha propuesto duplicar o triplicar los equipos de valoración, financiar refuerzos municipales y unificar en un solo procedimiento la resolución del grado y la asignación de prestación, una fórmula ya implantada en Castilla y León.

La diputada del Grupo Mixto María Marín ha apoyado el plan y ha señalado que la situación es "vergonzosa", al existir "más de mil fallecidos al año" esperando una prestación. Marín ha criticado que la Comunidad "no haya explicado" el destino de los fondos estatales de dependencia y ha advertido de que "no respalda" enmiendas mientras haya personas muriendo sin atención.

Desde el PSOE, Toñi Abenza ha explicado que la iniciativa "es imprescindible" para revertir la situación y ha aclarado que la Ley de Dependencia "no fija un reparto del 50% entre Estado y Comunidad", por lo que ese porcentaje -ha dicho- "no puede utilizarse como argumento para justificar demoras autonómicas".

Por parte de Vox, María José Ruiz ha apoyado la moción al afirmar que el sistema "ha quedado colapsado, lento e inhumano" y ha recordado que 16.348 personas siguen esperando respuesta, mientras "tres murcianos al día han fallecido sin prestación".

El PP, a través de Miguel Ángel Miralles, ha votado en contra y ha culpado al Gobierno central de no haber transferido fondos "en tiempo y forma". 

Miralles ha sostenido que los recursos estatales han llegado en noviembre, lo que "ha impedido contratar valoradores", y ha insistido en que la Comunidad ha incrementado con recursos propios las ayudas a cuidados familiares, con 16 millones adicionales en 2024 y cinco más este año.

El Pleno también ha aprobado una moción del PP para instar al Gobierno central a iniciar la planificación y construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Cartagena, así como a concretar el destino de los casi 32 millones de euros aprobados en 2023 para derribo y reconstrucción.

María Casajús, del PP, ha denunciado que desde el 27 de agosto de 2023, cuando comenzó la demolición, "813 días de retrasos, mentiras e incumplimientos" se han acumulado, y que los agentes han tenido que trabajar en dependencias provisionales "muy por debajo de lo que merecen".

También ha recordado que el plan inicial de reforma se ha convertido en un derribo total sin planificación de obra posterior, y que el Plan de Infraestructuras 2023-2028 del Ministerio "no ha incluido" Cartagena.

Casajús ha repasado la cronología: la promesa de 11 millones en 2019, de la que el Plan solo ha recogido siete; la confirmación de 2021 de que el cuartel se reconstruiría en la misma parcela; el anuncio en 2022 de un presupuesto de 9,5 millones; y la aprobación en 2023 de casi 32 millones.

Sin embargo, la diputada ha advertido de que "no existe informe público" sobre el uso de esa partida y que el mapa interactivo de infraestructuras del Ministerio ha dejado de funcionar. PSOE, Vox y Grupo Mixto han votado a favor.

Fernando Moreno, del PSOE, ha acusado al PP de apoyarse "en un bulo", pero ha respaldado la obra: "el cuartel es una prioridad y pronto habrá noticias". Vox, con Alberto Garre, ha afirmado que el proyecto "no se ha materializado nunca", y Álvarez-Castellanos, del Grupo Mixto, ha reclamado "unidad" ante la Guardia Civil.

Por otro lado, el Pleno también ha aprobado pedir al Gobierno de España que rechace el acuerdo comercial entre la Comisión Europea y Marruecos, por el impacto que ha tenido en los agricultores murcianos, una iniciativa del PP.

El diputado del PP Jesús Cano ha advertido que las importaciones agrícolas marroquíes han pasado de 135.000 toneladas en 2012 a 438.000 en 2023, y que en el caso del tomate la entrada ha aumentado un 42% en diez años mientras las exportaciones españolas han caído un 43%.

Cano ha denunciado que el acuerdo ha permitido competir a Marruecos con menores exigencias laborales, ambientales y fitosanitarias, y ha reclamado cláusulas espejo, salvaguardas automáticas y mayores controles fronterizos.

También ha pedido excluir los productos del Sáhara Occidental y "evitar perjuicios directos" al campo murciano. Vox se ha abstenido al considerar insuficiente la mención al Sáhara. Mientras que PSOE y Grupo Mixto han votado en contra.

Los socialistas han defendido que el acuerdo ha adaptado una sentencia europea y que el Gobierno ha garantizado la defensa del sector; mientras que el Grupo Mixto ha acusado al PP de centrar el debate "solo en Marruecos" pese a haber apoyado otros tratados que también han presionado a la agricultura familiar.

Durante la sesión, se ha rechazado la propuesta socialista para reforzar la atención primaria.

María Soledad Sánchez ha denunciado un deterioro sostenido y ha mostrado que al solicitar una cita "se ha fijado para varios días después", alertando de falta de profesionales y de la insuficiencia del presupuesto sectorial.

El PP ha defendido que el 86% de los usuarios ha obtenido cita en cuatro días o menos y ha atribuido la situación a la falta de médicos a nivel estatal.

Vox ha reclamado el cumplimiento de la estrategia regional 2023-2026 y el Grupo Mixto ha pedido una evaluación monográfica de su desarrollo.

También se ha debatido una moción sobre vivienda de Vox en la que proponía recuperar deducciones por compra de vivienda, extender deducciones de alquiler y reducir impuestos, afirmando que un joven ha necesitado 56.000 euros de ahorro previo para acceder a una hipoteca.

El PSOE ha defendido solo medidas "quirúrgicas", mientras el PP ha acusado a Vox de presentar "una moción tipo" elaborada en Madrid y ha recordado que Vox, junto al PSOE y Podemos, ha tumbado el decreto de 25.000 viviendas asequibles del Gobierno regional.

Por último, se ha abordado una moción sobre inmigración, de Vox, que también ha sido rechazada. La diputada de Vox Virginia Martínez ha pedido un informe del coste de la inmigración irregular y ha asociado inmigración y delincuencia, además de reclamar "remigración".

Por su parte, el PSOE ha denunciado que el término procede de ideologías extremistas y ha defendido el papel económico de la inmigración; el PP ha apostado por una política "ordenada, legal y humana"; y el Grupo Mixto ha calificado la moción de "racista" y "llena de bulos".

Álvarez-Castellanos (IU) reclama rigor y corresponsabilidad en el debate del Trasvase Tajo-Segura

 CARTAGENA.- El diputado autonómico de Izquierda Unida-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, ha comparecido hoy en la rueda de prensa posterior a la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura, celebrada tras las últimas medidas anunciadas por el Ministerio para la Transición Ecológica. 

La sesión ha contado también con la comparecencia del presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez, cuyas declaraciones han vuelto a centrarse —según IU-Verdes— en la defensa de los intereses de un sector concreto sin contemplar otros ámbitos que afectan al Trasvase y que no pueden ignorarse a la hora de afrontar el futuro hídrico de la Región.

Álvarez-Castellanos ha subrayado que la realidad hidrológica actual exige una planificación seria, y ha recordado que las aportaciones en cabecera del Tajo han experimentado un descenso del 51% respecto a las décadas previas a la construcción del acueducto. 

Según el diputado, incluso los dos últimos años hidrológicos con aportaciones excepcionalmente altas "no rompen una tendencia clara de disminución de los aportes en cabecera vinculada al cambio climático", lo que obliga a reconsiderar el volumen de recursos disponibles y las expectativas futuras del sistema.

El diputado ha insistido en que el trasvase no puede analizarse sin considerar el impacto ambiental del modelo agrícola intensivo que depende de él, especialmente en relación con la contaminación de los acuíferos y del Mar Menor. 

Ha recordado que existe consenso científico sobre que la acumulación de nitratos de origen agrario es la principal causa de su deterioro.

 "No se puede plantear una negociación sobre el trasvase sin tener en cuenta el derecho constitucional al medio ambiente saludable y las obligaciones derivadas de la sanción europea por contaminación", ha señalado.

Asimismo, Álvarez-Castellanos ha defendido que la regulación del sistema de explotación del trasvase ha generado mayor estabilidad y ha evitado episodios como los diez meses consecutivos de trasvase cero registrados entre 2017 y 2018.

 Según ha explicado, la reforma de 2021 "no solo aportó seguridad, sino que incrementó la media mensual de envíos respecto al período regulado por el Memorándum de 2014". 

También ha recordado que, hasta la fecha, ninguna resolución judicial ha respaldado los recursos interpuestos por el Gobierno regional o por otras comunidades autónomas contra la normativa vigente.

Ante este escenario, el parlamentario de IU-Verdes ha defendido la necesidad de abrir un proceso de diálogo que permita abordar una reconversión del modelo agrícola en la Región de Murcia, con objetivos claros a corto, medio y largo plazo. 

Ha reclamado además que se cumplan las medidas de transición ya comprometidas por el Gobierno central, como la ampliación de las desaladoras de Torrevieja y Valdelentisco: "Los plazos y volúmenes anunciados deben respetarse".

Álvarez-Castellanos ha concluido que el trasvase "no puede seguir reduciéndose a un debate de "más agua" o "menos agua"", sino que debe abordarse desde una perspectiva integral que combine disponibilidad real de recursos, sostenibilidad ambiental y planificación de futuro.

El Scrats denuncia un "trato desigual" en los caudales ecológicos que "perjudica la viabilidad futura" del trasvase

 CARTAGENA.- El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, ha denunciado este lunes en la Asamblea Regional que la última planificación del río Tajo "ha consolidado un trato desigual" en la fijación de caudales ecológicos con el objetivo de "perjudicar la viabilidad futura del trasvase Tajo-Segura".

Jiménez ha comparecido ante la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del trasvase Tajo-Segura tras las medidas del Ministerio para la Transición Ecológica y ha asegurado que el trasvase "se ha empantanado en los tribunales" y que el recorte previsto para 2027 "también se ha estancado" al quedar supeditado a una modificación de la Ley del Trasvase que, ha recordado, "ha requerido o bien una nueva ley o bien la convalidación de un real decreto-ley en el Congreso".

Durante su intervención, el presidente del Scrats ha recordado que "se ha producido un trato desigual a la hora de establecer caudales ecológicos en la práctica totalidad de las cuencas de España, también en todos los tramos del río Tajo a excepción del alto Tajo y de aquellos puntos en los que, claramente, se ha perjudicado la viabilidad futura del trasvase Tajo-Segura".

Según ha explicado, los estudios del sindicato "han constatado que en todas las cuencas se han mantenido los caudales ecológicos de las anteriores planificaciones o incluso se han rebajado tras la negociación con los regantes, salvo en los tramos en los que el trasvase se ha visto afectado".

Jiménez ha considerado que esta situación "se ha derivado de un planteamiento político a la hora de tratar los caudales en el alto Tajo", que, a su juicio, "ha tenido como objetivo recortar el trasvase Tajo-Segura".

En este sentido, ha afirmado que "cuando se ha hecho todo bien, el río no se ha visto afectado para nada y el Levante se ha mantenido tranquilo", y ha insistido en que, en el resto de ríos y tramos del propio Tajo, "se ha respetado el caudal que se ha tenido con anterioridad al último plan aprobado".

El presidente del Scrats ha advertido de que las decisiones adoptadas "han dejado en suspenso inversiones comprometidas y han adelantado los efectos del recorte antes de que se hayan cumplido las condiciones previstas", y ha reiterado que la cuenca del Segura "se ha situado en una posición de máxima vulnerabilidad hídrica mientras se ha obligado al Levante a depender de medidas que no se han ejecutado en plazo".

En el turno de los grupos parlamentarios, el diputado socialista Fernando Moreno ha agradecido la comparecencia de Jiménez y ha defendido que su formación "se ha ocupado en garantizar el agua para siempre mediante un mix hídrico que ha combinado trasvase, reutilización y desalación", al tiempo que ha cuestionado el "boicot" que, a su juicio, el Partido Popular "ha ejercido" sobre la interconexión de la desaladora de Torrevieja con la Región de Murcia y ha anunciado que su grupo "ha registrado" una iniciativa para reclamar una moratoria en el cierre de pozos sobreexplotados.

Por parte de Vox, Antonio Martínez ha subrayado que el trasvase "forma parte de la esencia del Levante español" y ha enmarcado las restricciones en una "estrategia ideológica" que, según ha afirmado, "se ha apoyado en un ecologismo radical y en el uso político de los caudales ecológicos", mientras ha denunciado una "larga lista de promesas incumplidas" en materia de depuración, modernización de regadíos y desalación.

El diputado del Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, ha valorado la abundancia de datos aportados por el compareciente y ha señalado que el trasvase "ha afectado al conjunto de la sociedad", por lo que ha reclamado que se hayan tenido en cuenta los impactos ambientales y, en particular, la contaminación del Mar Menor, que ha vinculado al modelo de regadío intensivo en el Campo de Cartagena, así como a la obligación de cumplir las exigencias europeas sobre caudales ecológicos y buen estado de las masas de agua.

Finalmente, el diputado del PP Jesús Cano ha advertido de que "han corrido malos tiempos para el trasvase a consecuencia de decisiones políticas caprichosas, ideológicas y sectarias" que, según ha dicho, "han perseguido el fin del Tajo-Segura en 2027", y ha acusado al Gobierno central de "jugar con el agua que ha permitido transformar un erial en tierras fértiles y que ha sostenido miles de empleos en la Región de Murcia".

Cano ha reiterado el apoyo de su grupo a las reivindicaciones del Scrats y ha asegurado que el PP "se ha situado como un regante más en la defensa del trasvase".

El SMS reduce a 30 días el pago a proveedores, según Pedreño, mientras la oposición denuncia un "deterioro" de la situación

 CARTAGENA.- El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha defendido en la sesión de control del Pleno de la Asamblea Regional que el Servicio Murciano de Salud (SMS) ha reducido su plazo medio de pago a proveedores hasta los 30 días, cumpliendo la normativa vigente y tras haber abonado "la totalidad de las facturas en el mes de junio". De este modo, ha respondido a la interpelación planteada por Vox sobre el retraso en la ejecución de la moción aprobada por unanimidad en diciembre para garantizar el pago inmediato a las empresas proveedoras del sistema sanitario.

Pedreño ha asegurado que el retraso se ha estabilizado en torno a los 30-32 días y que tanto el SMS como la Consejería de Hacienda "han generado los mecanismos para agilizar los pagos". Ha reiterado que el principal problema "ha sido la infrafinanciación estatal", que a su juicio mantiene a la Región de Murcia por debajo del nivel de recursos que recibe la media nacional. 

"Los murcianos merecen la misma atención que cualquier ciudadano de Navarra, Cataluña o Asturias", ha dicho, defendiendo que el Gobierno regional "ha presupuestado lo necesario y lo seguirá haciendo incluso sin presupuestos estatales".

Desde Vox, el diputado Rubén Martínez ha denunciado que la situación "ha seguido deteriorándose", que "miles de pymes y micropymes han podido verse al borde del cierre" y que el SMS "ha empezado el año con un agujero de 1.700 millones". 

Ha afirmado que el Gobierno regional "ha gastado un 40% más de lo presupuestado", que "ha manipulado las cifras del periodo medio de pago", y que "cuando aprueban presupuestos se dispara el calendario de pagos y cuando no, se congela". 

También ha sostenido que el Ejecutivo de López Miras "ha ocultado el gasto sanitario real", que ha derivado pacientes "sin planificación" y que "no ha puesto en marcha los instrumentos financieros aprobados por unanimidad". En su réplica, Martínez ha advertido de que "si el PP no corrige la situación, la sanidad murciana no podrá pagar nóminas en un año".

El consejero ha rechazado estas críticas, defendiendo que el plazo de pago "ha cumplido la normativa", que "a 30 de octubre se ha situado en 32 días", y ha recordado que la Región "ha sido la tercera comunidad que más ha invertido por habitante", con 2.134 euros por persona, 244 por encima de la media española. También ha pedido a Vox "apoyo real" para reclamar al Estado una financiación justa.

En una segunda interpelación, el Pleno ha abordado el convenio entre la Comunidad y el Colegio Oficial de Farmacéuticos para la prestación del Sistema Personalizado de Dosificación (SPD) en oficinas de farmacia.

 La diputada del PP María Luisa Ramón ha defendido que el envejecimiento de la población y el aumento de patologías crónicas "han hecho imprescindible" reforzar herramientas que mejoren la adherencia terapéutica.

 Ha destacado que la polimedicación y la complejidad de los tratamientos "han generado un problema de seguridad", y ha señalado que los SPD "han demostrado mejorar la adherencia del 20% al 79%", según estudios publicados en revistas especializadas.

Ramón ha subrayado que la farmacia comunitaria "ha desempeñado un papel esencial" en la detección de errores, seguimiento de pacientes y acompañamiento de personas mayores o dependientes. Ha asegurado que el SPD "ha evitado duplicidades, interacciones no detectadas y visitas innecesarias a urgencias", lo que "ha generado un ahorro real y una mayor seguridad clínica".

En este sentido, el consejero de Salud ha detallado que el sistema "ha sido regulado el 25 de octubre de 2024" mediante orden publicada en el BORM, que ya 154 farmacias se han adherido, que el servicio "ha sido gratuito para el paciente" y voluntario para los profesionales, y que los medicamentos "se han organizado por semanas y momentos del día" para garantizar un uso seguro. 

Ha asegurado que el dispositivo "ha reducido el desperdicio de fármacos", ha reforzado el seguimiento del paciente crónico y ha representado "una ventaja estratégica para la Atención Primaria".

Por otro lado, se ha abordado en otra interpelación la vacunación de la cabaña ganadera frente a la lengua azul, formulada por el Grupo Mixto. Su portavoz, María Marín, ha denunciado que el Gobierno regional "ha actuado tarde" y "siempre después del daño", recordando que desde 2023 "se han sucedido brotes sin una estrategia estable" y que solo en los últimos meses "han muerto más de 600 animales", muchos de ellos de la raza montesina, en peligro de extinción. 

Ha afirmado que la Comunidad "no ha comprado vacunas suficientes", 183.000 para una cabaña de 470.000 animales, y que "solo se ha cubierto un 40% del censo". Marín ha defendido que la vacunación "debería haber sido obligatoria" para frenar el brote, y ha asegurado que la Consejería "ha responsabilizado al Ministerio cuando la orden estatal permite a las autonomías decretar obligatoriedad si lo consideran oportuno".

En su respuesta, la consejera de Agricultura, Sara Rubira, ha asegurado que el Gobierno regional "ha actuado con rapidez", que "se han usado más de 276.000 dosis" desde el inicio del brote y que "se han mantenido disponibles 80.000 más", a las que "se sumarán 109.000" en una nueva compra. Rubira ha afirmado que "el 80% de las muertes se ha producido en animales no vacunados", que la vacunación voluntaria "ha demostrado su eficacia" y que el Ministerio "ha dejado solas a las autonomías" pese a tratarse de una enfermedad presente en toda España. También ha reclamado una estrategia nacional de coordinación, ayudas económicas estatales por muerte de animales y una compra conjunta de vacunas "para evitar un mercado inflado y desigual entre territorios".

En su réplica final, la consejera ha defendido que la Región "se ha adelantado, ha prevenido y ha protegido dentro de sus competencias", y ha insistido en que el Ministerio "no ha marcado una hoja de ruta común" pese a que la lengua azul "se ha extendido por todo el país salvo Canarias".