El consejero Vázquez dice que "mejorar" la Ley del Mar Menor no es desproteger este espacio

 CARTAGENA.- El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha defendido en la Asamblea Regional que "mejorar la Ley del Mar Menor no es desproteger" este espacio "ni tampoco derogar" la norma, y ha instado a no generar "un falso alarmismo porque no se ha formulado de momento ninguna propuesta".

Vázquez ha respondido así en la Asamblea Regional a una pregunta formulada por el grupo parlamentario socialista sobre modificaciones concretas de la Ley 3/202, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor pactadas con Vox para la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad.

En su intervención, el titular de Medio Ambiente ha explicado que, tras cinco años de vigencia de la ley, "tenemos millones de datos del ecosistema con más sensores del mundo" y "cientos de publicaciones científicas" que permiten abordar una actualización normativa.

Ha insistido en que "mejorar la ley del Mar Menor no es desprotegerlo".

 "Estoy seguro de que ningún diputado quiere dar un paso atrás, sino dar un paso adelante", ha manifestado, tras lo que ha solicitado evitar "un falso alarmismo" porque no se ha formulado ninguna propuesta concreta de modificación.

Asimismo, ha reclamado al Gobierno de España que "siga dando pasos adelante" con actuaciones "urgentes" que "llevan más de cuatro años esperando", entre las que ha citado la recanalización de la rambla del Albujón y la intervención sobre el acuífero del Campo de Cartagena, que es lo que "más está perturbando la laguna".

"Hay que mantener un modo de escucha a través de los distintos cauces que el Estado de Derecho permite", ha argumentado Vázquez, que ha insistido en que serán los trabajos de la Asamblea los que definan "el nuevo marco legislativo que proteja al Mar Menor", destacando que el modelo de gobernanza "ya está finalizado".

Por su parte, el diputado regional del PSOE, Manuel Sevilla, ha afirmado que el acuerdo de PP y Vox para aprobar las cuentas pretende "derogar la ley" de la laguna. Con este acuerdo, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, "ha elegido poner en riesgo millones de euros del Pacto Verde Europeo y asumir las políticas de odio de la ultraderecha", ha señalado el parlamentario socialista.

Sevilla ha criticado al PP por señalar que "con el Mar Menor ni un paso atrás" durante la campaña electoral y ahora buscar modificar la legislación que protege este ecosistema. "Han demostrado que era una engañifa y una falta de respeto a quienes han comparecido en las comisiones parlamentarias", ha manifestado.

Ha asegurado que su partido "hará todo lo posible para que no se revierta el proceso de restauración de la laguna" y ha anunciado que seguirá trabajando por la creación de humedales artificiales, cinturones verdes y una agricultura compatible. "Nos tendrán enfrente", ha concluido.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha defendido la necesidad de atender las demandas de los pescadores, ganaderos y agricultores, al ser interpelado por el PSOE sobre su posición respecto al Pacto Verde de la Unión Europea (UE) tras su acuerdo con Vox para sacar adelante los Presupuestos de 2025.

Según ha precisado Vázquez, los gobiernos tienen la "obligación" de escuchar a estos profesionales, muchos de ellos murcianos que "ven en riesgo su trabajo, lo que le han dado de comer durante generaciones", especialmente cuando denuncian "restricciones que les están ahogando" y competencia desleal de terceros países.

"La propia Unión Europea ya lo está haciendo", ha subrayado, poniendo como ejemplo la directiva ómnibus que flexibiliza plazos reglamentarios.

El consejero ha destacado la evolución de criterios europeos en diversos ámbitos, señalando que "la energía nuclear era mala y sucia" y ahora se considera limpia y verde.

Ha insistido en la importancia de compatibilizar sostenibilidad con producción agrícola, ganadera y pesquera. "No hay futuro si no somos capaces de adecuar la sostenibilidad con la producción", ha manifestado.

El diputado regional del PSOE, Alfonso Martínez Baños, ha señalado que "más del 70% de las inversiones que se están realizando en la Región de Murcia están financiadas por el Pacto Verde" y ha acusado al Gobierno autonómico de anteponer "los intereses partidistas sobre el interés general de la Región".

Por otro lado, el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, ha respondido a una pregunta formulada por el grupo Mixto sobre criminalización de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de la Región en el pacto de PP y Vox para sacar adelante los Presupuestos de la Comunidad para 2025.

Marín ha señalado que, en lo que se refiere a la financiación de las ONG, el objetivo del acuerdo alcanzado por su partido con Vox es "garantizar que las subvenciones regionales no sean utilizadas, directa o indirectamente, para sostener prácticas que vulneren el marco legal o incentiven la irregularidad".

"El compromiso del Gobierno regional es firme con la inmigración ilegal, el tráfico de personas y cualquier forma de explotación infantil o trata de seres humanos porque se trata de delitos gravísimos que vulneran los derechos fundamentales y atentan contra la libertad de las personas", ha dicho.

Según ha precisado el consejero, "el Gobierno del presidente López Miras, lo que defiende es la gestión responsable y transparente de los recursos públicos".

 "No estamos cuestionando la labor de las ONG ni su compromiso social. Estas desempeñan un papel esencial en la asistencia humanitaria y en el apoyo a colectivos vulnerables", ha afirmado.

Por su parte, la diputada de Podemos, María Marín, ha recordado que el punto del acuerdo señala que el PP "se compromete a la eliminación y tramitación de devoluciones por incumplimiento de todas las subvenciones que reciban ONG que colaboren o se lucren con la inmigración ilegal, el tráfico ilegal de personas, la trata de blancas o la explotación infantil".

En este sentido, la parlamentaria ha puntualizado que este acuerdo "es el mayor ataque contra el tercer sector en la historia de la Región de Murcia". 

"Entre esto y el cierre del Centro de Menores de Santa Cruz, si ustedes de verdad sintieran algo de dignidad por su trabajo, habrían dimitido", ha afirmado.

Tras insistir en que "los únicos criminales son los discursos de sus socios de la ultraderecha xenófoba", ha apuntado: "Que vivan las ONG, las asociaciones de la Región de Murcia, que se dejan la piel trabajando por la gente más vulnerable".

Podemos critica la "cláusula anti cine Rex" de la nueva ley regional de simplificación administrativa

 CARTAGENA.- Podemos ha denunciado públicamente este jueves que la nueva ley de simplificación administrativa del Gobierno regional va a suponer "una nueva ofensiva contra nuestro patrimonio, no solo el natural, sino también el cultural e histórico" al incorporar una "cláusula anti cine Rex", según informaron fuentes de la formación morada en un comunicado.

Así lo ha expresado la diputada regional María Marín, que ha asegurado que la nueva norma deja la protección de los bienes de interés cultural "exclusivamente en manos de los ayuntamientos y permite a la dirección general de patrimonio y al gobierno regional lavarse las manos".

"Y lo que es peor, restringe la posibilidad de que los movimientos ciudadanos impulsen la protección como BIC de elementos de nuestro patrimonio", ha señalado. Marín hacía referencia a que, en concreto, se suprime el plazo de seis meses para incoar un expediente, lo que "deja esas iniciativas en un limbo".

Desde Podemos tienen "muy claro" que "se trata de una cláusula anti cine Rex, un veto para que nadie más se atreva a impulsar una iniciativa así que ha puesto muy nerviosos al Gobierno regional, al ayuntamiento de Murcia y a los grandes empresarios que no quieren trabas a sus pelotazos".

IU-Verdes vuelve a la Asamblea Regional una década después con José Luis Álvarez-Castellanos como nuevo diputado

 CARTAGENA.- La dimisión del diputado Víctor Egío, formalizada ayer, ha activado el procedimiento para que el excoordinador regional de Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia, José Luis Álvarez-Castellanos, pase a ocupar su escaño en la Asamblea Regional. Su incorporación supondrá el regreso de Izquierda Unida al parlamento autonómico una década después de la pérdida de representación institucional en 2015.

En unas declaraciones a las puertas de la Asamblea Regional que ha hecho públicas esta mañana la formación de izquierdas, en las que representantes de IU-Verdes han valorado junto al coordinador federal, Antonio Maíllo, el relevo como parte de la dinámica de colaboración y trabajo conjunto que mantiene la coalición Izquierda Unida - Podemos desde el inicio de la legislatura.

La líder regional de IU-Verdes, Penélope Luna, ha subrayado que el cambio "se produce dentro de la naturalidad y el espíritu de cooperación que caracteriza nuestra alianza" y ha señalado el carácter simbólico del regreso de IU a la cámara: "Es un momento muy especial porque recuperamos la presencia con un diputado en la Asamblea después de diez años. Desde aquí seguiremos trabajando por mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, especialmente golpeada por las políticas neoliberales del PP durante tres décadas de gobierno."

Luna ha agradecido el trabajo desempeñado por Víctor Egío, junto a María Marín, en la defensa del programa político pactado entre ambas formaciones: "Ahora será también Izquierda Unida-Verdes quien aporte su voz y su presencia a este trabajo que ya venimos desarrollando conjuntamente, intensificando el carácter propositivo de nuestras propuestas y reforzando la oposición a los recortes de derechos que promueven la derecha y la ultraderecha en nuestra Región."

Por su parte, José Luis Álvarez-Castellanos ha remarcado el sentido político de este retorno: "Hace ya una década, en 2015, nuestro compañero José Antonio Pujante dejó vacante este escaño que antes ocuparon otros diputados como Cayetano Jaime, Joaquín Dólera, Pedro Antonio Ríos, Elvira Ramos o Ginés Carreño. 

Compañeros y compañeras que se destacaron por alzar una voz clara, razonada y firme para defender los derechos de la ciudadanía, los servicios públicos y el medio ambiente. En pocas semanas volveremos con ese mismo espíritu, con la misma forma de hacer política: con argumentos, con datos, con lógica natural frente a la desidia del Partido Popular."

Álvarez-Castellanos ha criticado el vaciamiento del debate parlamentario en la Región: 

"Mientras PP, Vox o incluso el PSOE recurren ahora a la inteligencia artificial para teatralizar debates sobre cuestiones como el trasvase o la regeneración de la bahía de Portmán, nosotros apostamos por la inteligencia natural: la del razonamiento, el contraste de ideas y el trabajo serio para cambiar esta Región."

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha felicitado públicamente a IU-Verdes por este paso: "Las personas progresistas y de izquierdas de la Región de Murcia deben alegrarse: van a contar con una voz rigurosa, pedagógica y profundamente comprometida con la justicia social, los servicios públicos y el respeto al territorio. José Luis será una extraordinaria herramienta institucional para construir una alternativa frente a un PP y a Vox agotados, que solo han generado precariedad, exclusión y pobreza laboral."

Con esta incorporación, Izquierda Unida-Verdes reabre una etapa de presencia directa en la Asamblea Regional, reforzando su papel institucional dentro del grupo parlamentario de la coalición y asumiendo el reto de trasladar al Parlamento las demandas sociales y las luchas políticas que ya viene sosteniendo en las calles y en los municipios de la Región.

La Comunidad Autónoma ha defendido los intereses de la Región ante "incumplimientos" de la anterior concesionaria del Aeropuerto, dice el PP

CARTAGENA.- El diputado regional del PP Víctor Martínez-Carrasco ha subrayado que la Comunidad "ha defendido desde el primer momento los intereses de la Región ante los incumplimientos de la anterior concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia", según informaron fuentes del Grupo Parlamentario Popular en un comunicado.

Martínez-Carrasco ha hecho esta valoración de la comparecencia del administrador concursal de Aeromur, Miguel Sánchez Calero, en la Comisión de Investigación del Aeropuerto de la Asamblea Regional.

"Resulta increíble que la oposición reproche al Ejecutivo autonómico que cumpla con su obligación de evitar un perjuicio a las arcas regionales", ha señalado el diputado del PP, que ha apuntado que "la Comisión de Investigación está sirviendo para dejar claro que el procedimiento de liquidación sigue abierto, esto es, para justo lo contrario de lo que esperaban los partidos que lo han impulsado".

"Por tanto, afirmar que ha habido una liquidación fallida, o bien es un error, o bien es actuar con mala fe, puesto que es una cuestión que aún está por resolver", ha añadido.

Martínez-Carrasco ha explicado que "el proyecto del Aeropuerto salió a licitación y se adjudicó en principio con todas las garantías", sin embargo "la concesionaria Aeromur adquirió unos compromisos que incumple, y a partir de ese momento la Administración regional actúa con responsabilidad y en defensa de los intereses de la Región y el 16 de septiembre de 2013 decide resolver el contrato".

"En julio de 2016 se inició la liquidación del contrato de concesión, pero, fruto de la estrategia de defensa de la concesionaria, se ha ido retrasando todo este procedimiento", ha remarcado el parlamentario 'popular', que ha enfatizado que "esta es la pura verdad, por mucho que la oposición pretenda hacer ver lo contrario".

"Ni todos los circos que tengan previsto organizar en esta Asamblea van a conseguir tapar el fracaso de quienes no tienen otro objetivo que desprestigiar el Aeropuerto, que está consiguiendo compensar el castigo que venimos sufriendo en materia de infraestructuras por parte del Gobierno de Sánchez", ha concluido Martínez-Carrasco.

"El administrador concursal del aeropuerto de Corvera confirma que la Comunidad no va a recuperar ni un euro", revela el PSOE

 CARTAGENA.- El diputado regional del PSOE, Alfonso Martínez Baños, ha asegurado que este miércoles el administrador concursal de la concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia "ha confirmado que la Comunidad no va a recuperar ni un solo euro de la masa concursal", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

Martínez Baños ha hecho estas declaraciones tras la comparecencia del administrador concursal de la concesionaria, Miguel Sánchez Calero, en la Comisión de Investigación sobre la liquidación fallida por daños y perjuicios en la construcción y explotación del aeropuerto de Corvera.

El parlamentario socialista ha indicado que la empresa concesionaria está en concurso de acreedores y, por tanto, hay un administrador concursal nombrado por el juzgado de lo mercantil, que es el que está liquidando la empresa concesionaria.

Según Martínez Baños, Sánchez Calero "ha confirmado que, efectivamente, el coste del aeropuerto de Corvera será de 401 millones de euros: 182,6 millones del aval que en su día la Comunidad Autónoma adquirió con la concesionaria; 212,3 millones por daños y perjuicios, que es lo que está reclamando por la vía judicial en estos momentos la Comunidad, y 6 millones de euros del coste de los pleitos y reclamaciones que se han llevado a cabo durante todo este tiempo".

Además, ha detallado que el administrador concursal "ha aclarado que la segunda liquidación de la reclamación por daños y perjuicios que aprobó en 2024 la Comunidad Autónoma está recurrida por parte de la concesionaria ante el TSJ de Murcia porque entiende que el procedimiento de reclamación por daños y perjuicios está prescrito".

"Martínez Calero también nos ha aclarado que la valoración de las obras del aeropuerto, que en su día se estimó en 143 millones de euros por parte de la CARM y que el TSJ les dio la razón, la concesionaria lo tiene recurrido en casación ante el Tribunal Supremo. Por tanto, esa cantidad todavía no es definitiva", ha señalado.

"En definitiva, vaya pufo que nos han dejado los sucesivos gobiernos del Partido Popular. Nos dijeron que no iba a costar ni un solo euro y la realidad es que va a costar 401 millones de euros y, además, no vamos a recuperar ni un solo euro de la masa concursal", ha concluido el diputado regional del PSOE.

La Asamblea aprueba instar al Gobierno central a actualizar en la Región el catálogo de puestos de trabajo de la Guardia Civil

 CARTAGENA.- La Asamblea Regional ha aprobado este martes por unanimidad instar al Gobierno de la Nación a revisar y actualizar el catálogo de puestos de trabajo de agentes de la Guardia Civil en la comunidad teniendo en cuenta el aumento de la población.

Esta petición ha formado parte de una moción del PP que también solicitaba cubrir las vacantes en la 5ª Zona de Murcia hasta completar el catálogo de puestos fijado por el Ministerio del Interior "para mejorar la seguridad y evitar que siga aumentando la delincuencia en la Región", aunque en este punto, que también ha salido adelante, el PSOE se ha abstenido.

Durante la defensa de la iniciativa, el diputado regional del PP, Alfonso Fernando Cerón, ha denunciado que "nunca en la historia un cuerpo de seguridad del Estado ha sufrido tanto desprecio" como ahora por parte del Gobierno central y ha lamentado la "falta de casi 9.000 agentes por toda España, de los que 306 corresponden a la Región".

"Mientras los agentes Civil trabajan con honor y lealtad, Pedro Sánchez y sus fontaneros trabajan desde las cloacas más turbias de Moncloa con prácticas mafiosas para destruir a la Guardia Civil, porque no quieren que se investiguen los presuntos casos de corrupción que acechan a la mujer de Sánchez, al hermanísimo, al soldado Ábalos o al número 3, el del cupo vasco", ha dicho.

El diputado socialista Fernando Moreno ha alabado la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez ya que "España es uno de los países más seguros del mundo" y ha destacado que el Ejecutivo socialista ha alcanzado "la cifra de 156.500 agentes, el número máximo de efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en España, creando nueve plazas a diario".

En Vox, el diputado de Vox Alberto Garre ha reivindicado el papel de la Guardia Civil y ha criticado al actual Gobierno para insistir en que "a la Benemérita se le respeta y se le valora, no se la difama",

El parlamentario de Podemos, Víctor Egío, por su parte, ha expresado su respaldo a esta moción destinada a "que se cubran todas las vacantes en un cuerpo tan importante, especialmente para los municipios, para las zonas rurales y también para la protección de la naturaleza".

Además, la Asamblea Regional ha aprobado, con el apoyo del PP y Podemos, la abstención de Vox y el rechazo de PSOE, una moción para reclamar al Gobierno central que mantenga la financiación íntegra del Plan Corresponsables, destinado a facilitar la conciliación laboral y familiar y a crear empleo en el sector de los cuidados.

La defensora de la iniciativa, la 'popular' María del Carmen Pelegrín, ha indicado que el Ejecutivo central ha aplicado al Plan un "recorte" del 25%, al pasar de destinarle un presupuesto de 190 millones de euros a 142,5 y asignar a las comunidades los 47,5 millones restantes.

Pelegrín ha denunciado que esta decisión afecta especialmente a las familias vulnerables. "Ha empezado a cargárselo --el Plan-- el Gobierno más feminista, más socialista, menos demócrata y más mentiroso de la historia de esta democracia", ha manifestado en su intervención.

Desde el PSOE, la parlamentaria Antonia Abenza, que ha presentado una enmienda a la totalidad que no ha salido adelante, ha acusado al PP de actuar con "hipocresía" porque "mientras con la mano izquierda piden al Gobierno de España lo que es de su competencia, con la derecha se abstuvieron frente a todas las comunidades del PP al reparto de los 142,5 millones destinados a este plan".

Por parte de Vox, María José Ruiz, que ha presentado una enmienda parcial, asumida en una parte por el PP, ha dicho que el Plan está "impregnado de ideología de género" y ha exigido que el dinero público se destine a "medidas que verdaderamente favorezcan la conciliación familiar y laboral, libres de sesgo ideológico".

La diputada regional de Podemos, María Marín, ha defendido el plan como "la primera política pública de conciliación coordinada por un gobierno de España" y ha rechazado "este recorte brutal de un gobierno supuestamente progresista formado por el Partido Socialista y sumar".

Por otro lado, el Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado por unanimidad la moción del grupo parlamentario Vox, que ha presentado el diputado Rubén Martínez Alpañez, para regular y simplificar el procedimiento administrativo de reconocimiento, expedición y renovación del título de familia numerosa, así como para establecer la gratuidad del Carné Joven Europeo para los hijos de estas familias.

El diputado, que ha recordado que en la Región hay aproximadamente 40.000 familias que tienen tres o más hijos, advierte que ocho de cada diez "tienen dificultades para llegar a final de mes", por lo que ha apostado por configurar las normas para beneficiar a las familias numerosas, cuyos representantes aseguran que "no tienen acceso a algunas ayudas que deberían corresponderles".

En esta línea, ha lamentado que la renovación del carné de familias numerosas "dista mucho de ser un procedimiento ágil, sencillo y práctico" y ha pedido que se regule normativamente el procedimiento administrativo para ello.

El diputado de Vox ha aprovechado para advertir de la emancipación de los jóvenes en la Región, que "genera una situación de vulnerabilidad en las familias numerosas", ya que en la Región la edad para ello de los jóvenes se sitúa alrededor de los 30 años, "una de las más altas de la Unión Europea". 

Por ello, ha abogado por "ampliar esta edad límite hasta la emancipación efectiva de los hijos independientemente de la situación académica".

La finalidad, dice, "debe ser adaptar los procedimientos a la realidad social actual y establecer la vigencia del título de familia numerosa hasta que el último de los hijos cumpla al menos 26 años".

La segunda parte de la moción que ha defendido ha sido sobre el carné joven europeo, en la que se ha pedido "establecer la gratuidad del carné joven para los jóvenes pertenecientes a las familias numerosas".

El PSOE ha presentado una enmienda parcial a la moción de Vox. El diputado Miguel Ángel Ortega ha mostrado su apoyo a dicha moción, ya que ha coincidido en el hecho de que a las familias numerosas "les resulta cada vez más complicado mantener un nivel de vida digno en la Región".

El diputado Santiago López también ha expresado su apoyo a la misma. 

"Más de 41.000 familias se benefician de las políticas del Gobierno de López Miras", ha indicado el diputado, que ha pedido incluir la enmienda que presenta el PP.

Por su parte, María Marín, del grupo parlamentario Mixto, considera que esta iniciativa "esconde un verdadero fracaso", como lo pone de manifiesto el hecho de que "el 15 por ciento de los jóvenes de entre 16 y 29 años consigue independizarse, y lo que proponen frente a eso es extender la edad para el carné de familia numerosa". 

"Para qué vamos a luchar contra las causas que impiden a los jóvenes emanciparse", se ha preguntado.

Finalmente, Martínez Alpañez (Vox) ha confirmado que acepta las enmiendas que ha presentado el PSOE y el PP en la moción en Pleno.

Egío (Podemos) entrega su acta de diputado regional y deja paso a IU-Verdes

 CARTAGENA.- El diputado regional de Podemos, Víctor Egío, se ha despedido este martes del resto de grupos parlamentarios minutos antes de entregar su acta en la Cámara para dejar paso a José Luis Álvarez-Castellanos, de IU-Verdes, en virtud del acuerdo suscrito entre ambas formaciones políticas para concurrir en coalición en las pasadas elecciones autonómicas.

Egío, visiblemente emocionado, ha esperado al final de la sesión plenaria para anunciar su renuncia. "Si alguna vez ofendí a alguien, les aseguró que no fue con mala intención; no es nada personal, es una cuestión de clase", ha comenzado su intervención el diputado de la formación 'morada'.

"La mayoría de ustedes representan los intereses de los que privatizan nuestra educación, nuestra sanidad y nuestros servicios públicos, y yo tengo muy claro que si estoy en estoy en esta tribuna es gracias a mis maestros y a mis maestras, a la educación pública", ha dicho dirigiéndose al resto de parlamentarios.

Ha dado las gracias a las personas que han confiado en él, entre las que ha citado a la eurodiputada de Podemos, Irene Montero; a la secretaria general del partido, Ione Belarra; a su "coordinador, amigo, referente" el diputado nacional Javier Sánchez Serna y a su "compañera" en el grupo parlamentario Mixto, María Marín, que ha definido como "la jefa de la oposición".

"Dejo mi escaño, cuelgo esta chaqueta, pero no dejo de ningún modo la lucha por los valores y por el mundo en el que creo; esto no es un paso atrás, es un paso adelante", ha señalado.

Asimismo, ha anunciado que este miércoles emprenderá rumbo a Gaza, donde se unirá a una marcha global para "romper ese bloqueo inhumano del régimen genocida de Israel que amenaza a dos millones de personas con la muerte, la mitad de ellos niños y niñas".

Se ha referido a sus dos hijos, a los que, según ha dicho, quiere "educar en los valores del respeto, del antirracismo, del antifascismo y del pacifismo", y ha concluido pidiendo "perdón" a su compañera sentimental.

"Si yo he podido estar aquí, dedicarle tantas horas para representar a la gente de izquierdas de esta tierra es porque ella se ha multiplicado para sacar el trabajo, la casa y los niños adelante; no tengo tiempo en esta vida para devolverme todo lo que te debo. Perdóname", ha finalizado.

Por su parte, la presidente de la Asamblea, Visitación Martínez, le ha deseado que "le vaya bien" en nombre de la Cámara regional.

Podemos exige la inclusión de un plan de choque contra el calor en las aulas en los presupuestos regionales

 MURCIA.- El calor en las aulas vuelve a ser protagonista cuando aún falta casi tres semanas para la finalización de las clases. A las puertas del CEIP Santa María de Gracia en Murcia, el diputado regional Víctor Egío ha denunciado la situación en el centro. 

"Si aquí tienen aire acondicionado es porque lo pagaron las familias, porque lo pagó el AMPA tras muchos años reclamando en vano al Ayuntamiento y la Consejería de Educación". 

Sin embargo, denuncia Egío, "no pueden hacer uso porque la luz salta cada vez que ponen el aire debido a la antigüedad de la instalación eléctrica".

Ante esta situación, Egío reclama que se incluya "un plan de choque contra el calor en las aulas en los presupuestos regionales que están a punto de llegar a la Asamblea".

 "Sabemos que otros partidos, como PP y Vox, están más bien por la labor de cerrar centros de menores", lamenta el diputado morado.

 "Nuestra prioridad es la contraria, la protección de la infancia empezando por evitar que los niños y niñas de este colegio y otros de la red pública tengan que dar clase en estas condiciones".

Víctor Egío: “Es una vergüenza que la presidenta de la Asamblea y el resto de grupos no hayan parado el Pleno para recibir a los trabajadores de Navantia”

 CARTAGENA.- Podemos ha acompañado esta mañana a los centenares de trabajadores de Navantia y sus empresas auxiliares que se han concentrado a las puertas de la Asamblea Regional. La semana pasada, Podemos trajo a la cámara una moción en la que recogían sus reivindicaciones, moción que salió adelante pese a la abstención del PSOE y de Vox. “Ahora –explicaba el diputado regional morado Víctor Egío-, vamos a elevar sus peticiones a la comisión de Industria del Congreso”. 

Por otro lado, Egío ha recordado que, al inicio del Pleno de esta mañana, la portavoz morada, María Marín, ha solicitado a la presidenta de la cámara la suspensión del Pleno para que los diputados pudieran salir a recibir a los trabajadores y escuchar su manifiesto. El resto de grupos parlamentarios han rechazado la propuesta de Marín.

 “Nos parece una vergüenza que la presidenta de la Asamblea y el resto de grupos parlamentarios no hayan permitido parar el Pleno aunque fueran 15 minutos para recibir a los trabajadores de Navantia”, afirmaba Egío.

“Son trabajadores –concluía-, son los que levantan este país y pagan esta Asamblea, y lo mínimo que tienen es el derecho a ser escuchados”. 

La Asamblea aprueba la creación de la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del trasvase Tajo-Segura

 CARTAGENA.- La Asamblea Regional ha aprobado este martes, a instancias del PP, la creación de la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del trasvase Tajo-Segura ante el cambio de las reglas de explotación del acueducto por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

La iniciativa ha salido adelante con 19 votos a favor del Partido Popular; 21 abstenciones de PSOE y Vox y dos en contra de Podemos.

Durante su intervención, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha explicado que la comisión debería contar con la participación de diversos profesionales para responder a diferentes cuestiones como qué ha significado para la Región el agua del trasvase durante el último medio siglo.

Segado ha señalado que la iniciativa busca "escuchar la opinión de los mejores en cada ámbito" sobre aspectos económicos, sociales y ambientales relativos al trasvase, como "el coste" de la reducción de aportaciones, "cuántos puestos de trabajo se perderán" por esta medida o "cuántos árboles habrá que talar por falta de agua".

Por su parte, el diputado del PSOE, Fernando Moreno, ha acusado a los 'populares' de "utilizar" la Cámara para "seguir con su paripé del agua", ha defendido que su partido "tienen una hoja de ruta clara" y ha criticado la creación de una nueva comisión al considerar que ya existen espacios como la de Política Territorial, Agricultura y Agua.

El diputado regional de Vox, Rubén Martínez Alpañez, ha tachado la iniciativa de "paripé" y ha exigido al PP que se comprometa a que sus responsables nacionales, incluido Alberto Núñez Feijóo, acudan a la comisión. 

"Comprométanse a que sus líderes con responsabilidad en materia de agua nacional van a venir porque todos sabemos que ustedes no pintan nada en Madrid", ha señalado.

El parlamento autonómico también ha debatido una moción de Podemos sobre solicitud al Gobierno de la Nación de presentación de un informe exhaustivo que dé cuenta de cómo se está llevando a cabo la elaboración, validación y control de los datos hidrológicos en la cuenca del Segura.

La iniciativa no ha salido adelante, como tampoco ha sido aprobada la enmienda a la totalidad del texto formulada por Vox.

En su discurso, el diputado de la formación 'morada', Víctor Egío, ha hecho referencia a dos informes internos que cuestionarían la fiabilidad de los datos hidrológicos aportados por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

 "Queremos saber qué está pasando con nuestra agua, con luz y taquígrafos, caiga quien caiga", ha señalado.

Desde Vox, Antonio Martínez Nieto ha manifestado que la moción "se monta a partir de varios elementos, en parte incoherentes y en parte desafectos entre ellos" y ha recalcado que "no se puede decir que tenemos un mercado negro del agua" porque eso "es demasiado serio".

"Esta moción puede servir convenientemente rectificada, convenientemente enmendada, con una enmienda de totalidad, para que no sea únicamente la queja interna de un organismo muy importante, sino que tengamos en cuenta que la Región de Murcia ya ha sido víctima de la falsedad y de la manipulación de los datos hidrológicos en su captación, procesamiento y elaboración de informes para tomar decisiones", ha dicho.

El parlamentario del PP, Jesús Cano, ha dicho que hay que "defender, apoyar y respetar la profesionalidad y el rigor del personal técnico y funcionario de la Confederación Hidrográfica del Segura" y ha insistido en que "el verdadero problema no está en los informes técnicos, sino en las decisiones políticas del Gobierno de España, que se ensaña con esta tierra".

En el PSOE, Fernando Moreno ha manifestado que la cuenca hidrológica del Segura "es la más transparente y la que más fiscalizada está de todas" porque "es la más deficitaria del país" y ha tachado la iniciativa de Podemos de "una ocurrencia sin fundamento".

Rubira defiende que la Ley del Mar Menor garantiza la sostenibilidad y competitividad de la agricultura en la comarca

 CARTAGENA.- La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha defendido este martes en la Asamblea Regional la Ley del Mar Menor como un instrumento para garantizar la sostenibilidad y la competitividad del sector agrícola de la comarca.

"El campo de Cartagena es un ejemplo de que se pueden producir alimentos seguros y de calidad, respetando el medio ambiente", ha asegurado Rubira, que ha comparecido en el parlamento autonómico a petición de Vox.

La titular de Agricultura ha destacado que la ley, aprobada en 2020, no solo no ha frenado la actividad agraria, sino que la ha transformado, y ha indicado que los agricultores y ganaderos "han sabido adaptarse, innovar y convertir esta norma en su mejor carta de presentación en los mercados internacionales".

"El sector no solo no está destruido, está más fuerte, está más tecnificado, está más comprometido que nunca. La ley no ha frenado al campo, lo ha impulsado a transformarse y lo ha hecho sin criminalizarlo y sin atacarlo", ha dicho.

La responsable autonómica ha subrayado el crecimiento de las exportaciones de frutas y hortalizas, que han pasado de 2.834 millones de euros en 2019 a más de 3.500 millones en 2024, lo que representa un incremento del 23,99%.

"La ley ha frenado el daño reputacional a nuestros productos", ha aseverado la titular de Agricultura, que ha puesto en valor que "más del 80% de las explotaciones utilizan tecnologías de precisión" y ha destacado la implementación de técnicas como fertirrigación, sondas de humedad e inteligencia artificial.

Para Rubira, la "gran amenaza" de la agricultura regional no es la Ley del Mar Menor, sino el "recorte" al trasvase Tajo-Segura con la entrada en vigor de las nuevas las reglas de explotación del acueducto planteadas por el Gobierno central.

"Menos agua significará, sin duda, menos producción", ha alertado la consejera, que se ha comprometido a defender en Bruselas los intereses de los regantes, quienes, ha insistido, "no son el problema" en la protección del Mar Menor, sino "parte de la solución".

Asimismo, ha destacado que la norma, que ha reconocido que es "necesaria, aunque no perfecta", permite cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a la Directiva de Nitratos.

Desde Vox, el diputado Antonio Martínez ha advertido de que la reforma de la Ley del Mar Menor es "condición" para la aprobación de las cuentas autonómicos de 2025. "Si no hay reforma, no habrá presupuesto", ha asegurado de forma tajante.

Martínez ha calificado la ley como "una calamidad" elaborada en un "ambiente aturullado de ecologismo radical" y ha sostenido que la norma está "destrozando" sectores como el turismo, la pesca, la ganadería y especialmente la agricultura del campo de Cartagena.

En respuesta, el diputado del PP Jesús Cano ha acusado a Vox de "faltar a la verdad" con "un discurso destructivo, basado en bulos, en titulares fáciles y en un victimismo artificial" contrario a una norma que supone un "escudo" para los agricultores.

Cano ha argumentado que derogar la ley, como propone Vox, "es dejar al campo sin defensa, sin seguridad jurídica y sin futuro", y ha subrayado que "el enemigo no es la ley, sino la demagogia y el oportunismo político".

 "No vamos a elegir entre agricultura o Mar Menor, vamos a defender a ambos", ha concluido.

En el PSOE, el diputado Manuel Sevilla ha afirmado que el Gobierno de Fernando López Miras "ha sido incapaz de desarrollar ni de cumplir" la ley y señalado que el Ejecutivo autonómico no ha aportado ayudas al sector agrícola y ganadero, a diferencia del Gobierno de España, según sus palabras, que ha destinado 40 millones de euros a proyectos de agricultura sostenible.

Sevilla ha acusado a PP y Vox de "utilizar" al sector de la agricultura y la ganadería "para sus guerras de voto" y ha destacado que la comisión para modificar la Ley del Mar Menor lleva cinco meses sin convocarse, lo que demuestra, a su juicio, "la total irresponsabilidad" del Gobierno regional.

La diputada de Podemos María Marín ha calificado el debate de PP y Vox como "una auténtica farsa patética que cada vez engaña a menos gente" y ha explicado que las restricciones agrícolas no son responsabilidad de la ley, sino de directivas europeas sobre nitratos, "una normativa que nada tiene que ver con la Agenda 2030".

"Las directivas europeas nos obligan a proteger nuestras reservas de agua de los nitratos de origen agrícola", ha argumentado, subrayando que estos programas "ya están redactados y publicados" y son "infinitamente más restrictivos" que la normativa regional.

El PSOE consigue aprobar su moción para aplicar la carrera profesional completa a profesores y funcionarios de la Administración

 CARTAGENA.- La Asamblea Regional ha aprobado, sin el apoyo del PP, una moción del Grupo Parlamentario Socialista en que solicita la aplicación inmediata y efectiva de la carrera profesional completa a todo el profesorado y a los funcionarios de Administración y Servicios de la Comunidad Autónoma, equiparando el complemento retributivo al que disfrutan los empleados del SMS.

La diputada socialista María Dolores Martínez Pay ha explicado que, en su iniciativa, el PSOE también pide que se abra un proceso de negociación con la Consejería de Economía y Hacienda y la Dirección General de la Función Pública, para establecer los tramos II, III y IV de la carrera profesional, garantizando que, desde 2023, se ajusten las retribuciones de acuerdo con los criterios de antigüedad y preparación profesional, en igualdad de condiciones a los del SMS.

Además, exige que se aborde de forma urgente la diferencia retributiva existente, de modo que los profesores y funcionarios con 15 años de servicio, y aquellos en niveles de mayor responsabilidad, perciban un complemento que no sea inferior al aplicado en el ámbito sanitario, evitando así el agravamiento de las desigualdades salariales en el sector público.

Martínez Pay ha denunciado que el historial del PP en esta materia es demoledor e inapelable: "30 años consecutivos de incumplimientos sistemáticos, de discriminación institucionalizada, de políticas laborales absolutamente nefastas, 30 años convirtiendo a la Región de Murcia en la comunidad española de los salarios más miserables".

Ha recordado que, desde 2008, se ha firmado tres acuerdos en este sentido, compromisos del Gobierno regional del PP que ha incumplido respecto a la aplicación de la carrera profesional a funcionarios de la Administración y Servicios de la Comunidad Autónoma, así como docentes.

"Esta moción constituye el espejo político donde el PP debe mirarse obligatoriamente y reconocer su fracaso más absoluto. Los funcionarios de la Región merecen incuestionablemente el mismo respeto profesional que reciben en todas las demás comunidades autónomas españolas, el mismo trato digno que garantiza el Gobierno de España a los empleados públicos del Estado", ha señalado.

Según la diputada socialista, los trabajadores públicos de la Región de Murcia ya no pueden ni deben esperar más tiempo a que el Gobierno regional decida tratarlos como ciudadanos de primera categoría.

Finalmente, ha agradecido la labor incansable de las organizaciones sindicales, como CCOO, UGT, FSES, Intersindical, CSIF, SIDI y ANPE, cuyo compromiso, perseverancia y su defensa de los derechos laborales "han sido fundamentales para mantener viva la reivindicación que hoy defenderemos".

"Gracias a su trabajo, hoy podemos visibilizar una injusticia que afecta a miles de familias de la Región de Murcia y que tiene nombre y apellidos: discriminación retributiva institucionalizada", ha concluido.

La Asamblea Regional respalda las demandas de trabajadores de 'Navantia': subida salarial, estabilidad y condiciones dignas

 CARTAGENA.- El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado una moción presentada por Podemos en apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores de Navantia y de sus empresas auxiliares. El texto ha contado con el voto favorable del Partido Popular y Podemos, mientras que PSOE y Vox se han abstenido. La moción reclama mejoras salariales, mayor estabilidad en el empleo y condiciones laborales dignas para los más de 3.000 empleados directos e indirectos del astillero de Cartagena.

El diputado de Podemos, Víctor Egío, ha defendido la moción recordando que Navantia "es el motor industrial de Cartagena" y ha denunciado el bloqueo del segundo convenio colectivo por parte de la dirección de la empresa. 

Egío ha criticado "la opacidad en las contrataciones, los excesos de jornada y las diferencias de condiciones entre centros de trabajo", y ha leído una carta enviada por un trabajador de la industria auxiliar que denunciaba "bajos salarios, jornadas extenuantes y precariedad estructural". 

"Viva la lucha de los trabajadores, viva la clase obrera", ha concluido.

Desde el Partido Popular, la diputada María Casajús ha expresado su apoyo a los trabajadores y ha recordado que fue un gobierno del PP el que impulsó el programa S-80, hoy "columna vertebral del astillero de Cartagena".

El PSOE, por su parte, se ha abstenido al considerar que la moción es "contradictoria y oportunista". La socialista Carmina Fernández ha reprochado a Podemos que "mientras enarbolan pancartas obreras, rechazan el presupuesto de defensa que permite fabricar submarinos y mantener el empleo en Navantia". 

Fernández ha subrayado que el Gobierno de España "ha invertido más de 4.000 millones en el programa S-80 y ha respetado el diálogo social con los sindicatos", y ha defendido que "la mejora de condiciones laborales debe negociarse en la mesa correspondiente".

Desde Vox, la diputada Virginia Martínez ha asegurado que su grupo se ha abstenido porque "los políticos no deben interferir en los procesos de negociación colectiva". Ha denunciado que "la raíz del problema no está en el convenio, sino en la elevada presión fiscal que empobrece a trabajadores y empresarios". En su opinión, "la solución pasa por recortar gasto político y bajar impuestos".

El Pleno también ha dado luz verde a una iniciativa del PSOE para solicitar medidas urgentes de apoyo a los agricultores afectados por las tormentas de pedrisco que azotaron la Región los días 8 y 10 de mayo.

El diputado del PSOE Fernando Moreno ha defendido la propuesta subrayando que "los agricultores no pueden seguir endeudándose cada vez que una catástrofe climática les arruina las cosechas". Ha acusado al Gobierno regional de "llegar tarde" en la activación del plan de emergencias y ha denunciado que los agricultores de zonas como Jumilla y Yecla "siguen esperando una respuesta eficaz mientras solo se les ofrecen líneas de crédito". 

Moreno ha insistido en que el Ejecutivo autonómico "tiene competencias exclusivas en agricultura" y debe asumirlas con responsabilidad.

Por parte del PP, la diputada Josefa Carreño ha considerado que la moción socialista "es un brindis al sol" y ha defendido que el Gobierno regional ya ha actuado "con rapidez" mediante líneas de crédito y subsidios a los intereses.

 "A las 48 horas ya había valoraciones de daños", ha subrayado, destacando que la mayoría de los cultivos afectados estaban asegurados. Carreño ha acusado al PSOE de "no exigir al Gobierno de España ayudas directas, fiscales y laborales" y de "ocultar que el seguro agrario es inasumible para muchos agricultores por culpa del actual modelo estatal".

El diputado de Vox Alberto Garre ha apoyado la moción en sus puntos esenciales y ha recordado las visitas realizadas por su partido a las zonas afectadas. Ha advertido que "una nube de pedrisco puede arrasar en minutos el trabajo de todo un año" y ha pedido "dignidad parlamentaria" para no ignorar las necesidades del campo.

Desde Podemos, el diputado Víctor Egío ha lamentado que su enmienda para duplicar las ayudas al seguro agrario no haya sido aprobada.

 "El PP vota que no a todo lo que ayude a los pequeños agricultores", ha denunciado. 

Egío ha acusado tanto al PP como a Vox de "defender solo a las grandes agro-industrias" y ha criticado la ausencia del presidente regional en las zonas afectadas.

 "Fernando López Miras sigue sin pasar por Jumilla, y eso es vergonzoso", ha afirmado.

Igualmente ha salido adelante una moción de Vox para garantizar la continuidad del trasvase Tajo-Segura y pedir la interconexión de cuencas. La propuesta ha contado con el respaldo del PP y del PSOE, mientras que Podemos se ha abstenido. 

Esta iniciativa se ha debatido conjuntamente con una del PP, centrada en la modificación de las reglas de explotación del trasvase, que ha sido rechazada con los votos en contra de Vox y PSOE y la abstención de Podemos.

El diputado de Vox José Ángel Antelo ha defendido que "la única voz coherente y firme a favor del trasvase Tajo-Segura en toda España es la de Vox", y ha subrayado que su partido "dice lo mismo en Murcia, en Toledo y en Aragón". 

Ha acusado al PP y al PSOE de tener un doble discurso según el territorio, y ha recordado que "cuando hubo que votar en el Congreso, ni Feijóo ni Sánchez estuvieron presentes". 

Según Antelo, la moción aprobada "es un triunfo para toda la Región de Murcia" y ha pedido que esa unidad se mantenga "en el próximo ciclo de planificación hidrológica para llegar a 2027 con el trasvase asegurado".

El diputado del PP Joaquín Segado ha reprochado a Vox que haya votado en contra de su moción pese a estar "en la misma línea". 

"Nosotros hemos votado que sí porque somos gente de palabra y nuestra trayectoria nos avala", ha afirmado. Segado ha defendido que el PP ha presentado una proposición de ley para blindar el trasvase en el Congreso y ha cuestionado que "ni Vox ni el PSOE han hecho lo mismo". 

Ha lamentado que se haya rechazado la moción de su grupo "por razones ideológicas" y ha recordado que "el trasvase no es solo agua, es futuro, empleo, agricultura, medioambiente y vida para la Región de Murcia".

El socialista Fernando Moreno ha explicado que su grupo ha votado a favor de la moción de Vox "porque coincidía en algunos puntos importantes", aunque ha rechazado la del PP "por responsabilidad con los ciudadanos". 

Moreno ha calificado de "paripé electoral" la proposición de ley presentada por el PP en el Congreso y ha señalado que "la mayor traición al trasvase fue el Memorando aprobado con mayoría absoluta del Partido Popular". 

Ha defendido que el Gobierno de España "no va a cerrar el trasvase" y ha asegurado que "la hoja de ruta socialista es garantizar agua para siempre en la Región de Murcia mediante nuevas desaladoras y modernización de regadíos".

Podemos se ha abstenido en ambas mociones. Víctor Egío ha rechazado entrar en "la guerra del agua" y ha advertido que el cambio climático será quien cierre el trasvase, reclamando alternativas sostenibles.

Podemos llevará una moción este martes a la Asamblea para reclamar la aprobación de una nueva 'ley Sara'

 CARTAGENA.- Podemos llevará al Pleno de este martes en la Asamblea Regional las reivindicaciones de la familia de Sara Gómez, la mujer de 39 años que murió en 2021 tras una lipoescultura en la que se cometieron "graves irregularidades", según informaron fuentes de la formación morada en un comunicado.

"Este martes exigiremos justicia para Sara Gómez", ha afirmado el diputado regional Víctor Egío, que ha considerado "vergonzoso que, tres años y medio después de este asesinato, el anestesista siga trabajando con total normalidad y que no se haya tomado ninguna medida contra el hospital donde se produjo la intervención".

En su moción, Podemos pide "que se retire la licencia administrativa sanitaria U-47 (cirugía estética) al hospital", que se "suspenda e inhabilite cautelarmente", tras la nueva denuncia formulada contra él, al anestesista y exigen al Gobierno de España que se apruebe "una nueva 'ley Sara' con plenas garantías jurídicas".

Se trataría de una normativa que regule la práctica de la cirugía estética en España, "evitando el intrusismo por profesionales no acreditados e incluso por falsos cirujanos y asegurando que casos como el de Sara Gómez nunca más vuelvan a repetirse, la única forma de hacer justicia a Sara y su familia".

 "Es la única manera de que algo así nunca vuelva a ocurrir", ha apuntado Egío.

Por su parte, la madre de Sara, Felisa Sánchez, se ha preguntado "qué pensaría" su hija si, después de tres años y medio, "el anestesista no está inhabilitado".

 "¿Por qué el Virgen de la Caridad permite que todas estas personas que no tienen sus títulos reglamentarios alquilen los quirófanos? Queremos que la 'ley Sara' sea una realidad", ha remarcado.

 "Quiero justicia por mi hija, nada más", ha concluido.

Murcia presenta su Estrategia Municipal para la Igualdad, Inclusión y Participación del Pueblo Gitano 2025-2023

 MURCIA/CARTAGENA.- El Ayuntamiento de Murcia ha presentado este lunes la Estrategia Municipal para la Igualdad, Inclusión y Participación del Pueblo Gitano 2025-2030, que tiene por objetivo identificar necesidades, visibilizar desigualdades estructurales y proponer acciones eficaces que favorezcan el desarrollo integral de la comunidad gitana.

La Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud, que dirige Pilar Torres, ha liderado la puesta en marcha de este documento que "será una herramienta clave para avanzar hacia un municipio más justo, igualitario e inclusivo", según informaron fuentes municipales en un comunicado.

"Durante siglos, el pueblo gitano ha sido parte inseparable de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestras calles. De hecho, este año se cumplen 600 años de la llegada del Pueblo Gitano a la Península. También es cierto que, durante generaciones, muchas personas gitanas han vivido la exclusión, han sufrido el peso del estigma y han tenido que enfrentarse a barreras que todavía hoy persisten", ha apuntado Torres.

Distintos proyectos realizados entre 2022 y 2024 en colaboración con la Fundación Secretariado Gitano impulsaron la elaboración de un 'Diagnóstico de la situación social de la población gitana en el municipio', que ha permitido identificar barreras y, a partir de ellas, proponer una serie de acciones integradas, participativas y sostenidas que recoge la Estrategia, según informaron fuentes del consistorio en un comunicado.

En concreto, el documento establece acciones que van desde talleres intergeneracionales, charlas formativas, ciclos culturales, difusión de programas de inserción socio-laboral o cinefórum hasta planes de formación dirigidos a profesionales de la educación, la sanidad, la justicia y los servicios sociales, entre otras acciones.

Tanto el diagnóstico como la Estrategia se han elaborado con la participación de diversos agentes sociales, como la propia población gitana, entidades sociales, equipos técnicos municipales, representantes de la administración autonómica y otros actores clave del territorio.

Esta participación "no ha sido solo consultiva, sino un pilar esencial para asegurar la legitimidad, efectividad y sostenibilidad de las acciones propuestas". 

Además de corregir desigualdades, la Estrategia busca visibilizar el valor y las contribuciones del pueblo gitano a la vida social, cultural y económica del municipio.

La Estrategia recoge tres ejes de acción, que son 'Inclusión social', 'Igualdad de oportunidades y no discriminación' y 'Participación y empoderamiento'. El primer eje de acción incñuye, a su vez, cinco líneas estratégicas: 'Educación', 'Empleo', 'Vivienda', 'Salud' y 'Pobreza, exclusión social y brecha digital'.

El eje de 'Igualdad de oportunidades y no discriminación' cuenta se divide en las líneas de 'Antigitanismo y no discriminación', 'Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia hacia las mujeres' y 'Fomento y reconocimiento de la cultura gitana'. Por último, el eje de 'Participación y empoderamieno' contempla la línea estratégica 'Participación de la población gitana y sus entidades representativas'.

Torres ha destacado la "estrecha colaboración" con la Fundación Secretariado Gitano, que ha calificado como "una entidad con una trayectoria sólida en la defensa de los derechos del pueblo gitano y en la promoción de su inclusión social, a la que queremos expresar nuestro agradecimiento de un modo muy especial por su valioso apoyo, su compromiso constante y su acompañamiento, en cada uno de los pasos que vamos dando, en este camino hacia una mayor inclusión y una convivencia basada en el respeto y la igualdad".

La elaboración de esta estrategia nace del trabajo desarrollado en el marco de los proyectos del Plan de Desarrollo Gitano, una iniciativa subvencionada al Ayuntamiento de Murcia por la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), y por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

En su diseño han intervenido Fundación Secretariado Gitano, Cáritas, Asociación Habito, distintas personas gitanas que han participado "significativamente" en las acciones desarrolladas, profesionales de la Dirección General de Servicios Sociales, Tercer Sector y Gestión de la Diversidad, IMAS, SEF-CARM, la Dirección General de Salud Mental y centros de Educación Primaria.

Asimismo, la elaboración de esta Estrategia se ha abordado de manera transversal por el Ayuntamiento de Murcia, de modo que han participado un buen número de concejalías.

Petición en la Asamblea

El ex director territorial de la Fundación Secretariado Gitano, Jesús Salmerón, ha pedido revisar el programa básico de alimentos de la Región de Murcia y activar de forma "urgente" el plan de servicios sociales previsto en la ley autonómica para combatir de forma real la pobreza y la exclusión.

Lo ha hecho durante su comparecencia en la Comisión Especial de Estudio de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Asamblea Regional, donde ha subrayado la necesidad de construir una estrategia regional consensuada, territorializada y basada en datos de calidad.

Salmerón ha comenzado su intervención valorando la creación de esta comisión como "una iniciativa muy importante" y ha reclamado un espacio para el diálogo entre perspectivas diversas. Aunque ha evitado aportar cifras conocidas sobre pobreza, ha insistido en que aún faltan datos clave que permitan intervenir de forma eficaz en municipios, barrios y sectores sociales concretos.

"Nos falta información precisa sobre cómo la pobreza infantil, severa o cronificada afecta a determinados grupos y territorios", ha afirmado, y ha pedido añadir "calidad y calidez" a la lectura de los datos, para no deshumanizar las situaciones de exclusión.

A su juicio, la pobreza es un fenómeno estructural que exige reformas profundas del sistema, especialmente en la forma en que se genera y reparte la riqueza. Como ejemplo de política concreta, ha señalado que el actual programa básico de alimentos --una tarjeta para la compra de productos de alimentación e higiene destinada a hogares con menores-- presenta graves limitaciones.

"Deja fuera a quienes más lo necesitan, como familias en situación administrativa irregular o que viven en economía sumergida", ha denunciado. Por eso ha solicitado su rediseño para que la ayuda llegue a todos los colectivos vulnerables.

Ha dedicado también parte de su intervención a señalar el incumplimiento de la Ley Regional de Servicios Sociales, aprobada en 2019. Ha recordado que siguen sin elaborarse el plan estratégico, el mapa de servicios sociales y el catálogo de prestaciones, elementos claves para que el sistema funcione de forma equitativa y garantista. 

"Sin estos instrumentos, la ciudadanía no sabe a qué tiene derecho y los recursos no se reparten con criterios claros. La norma pierde efectividad y se genera frustración", ha advertido.

En cuanto a la estrategia regional de lucha contra la pobreza, ha pedido que no se convierta en "una declaración de buenas intenciones", sino que sea consensuada, realista, exigente y respaldada por todas las áreas del Gobierno.

 Ha lamentado que en el borrador de la comisión rectora no figure la Consejería de Hacienda, pese a gestionar los fondos europeos, y ha subrayado la importancia de que participen las personas afectadas por la exclusión, no solo como destinatarias, sino como agentes activos del proceso.

Salmerón ha remarcado la necesidad de priorizar derechos como el acceso a ingresos suficientes, una vivienda digna, una educación continua y un empleo digno. Ha reconocido que el empleo no siempre es una alternativa viable para todas las personas excluidas, pero ha propuesto reforzar medidas como el empleo protegido, las empresas de inserción o los currículums ciegos. 

También ha reclamado una administración pública "ágil, eficaz, cercana y dialogante" que coordine sus actuaciones con el Tercer Sector Social, al que ha atribuido un papel fundamental por su conocimiento del territorio y su capacidad transformadora.

Por parte de los grupos parlamentarios, la socialista Toñi Abenza, ha felicitado al compareciente por su claridad y por presentar una intervención estructurada, repleta de propuestas útiles para la comisión. Ha destacado que Salmerón es uno de los pocos comparecientes que ha venido "no solo con diagnóstico, sino con herramientas concretas" para redactar propuestas de resolución.

Abenza ha subrayado la gravedad del problema del chabolismo en la Región y ha insistido en que la lucha contra la pobreza debe ser transversal y contar con todas las consejerías, especialmente Hacienda. También ha recordado que en 2025 se conmemoran los 600 años de la llegada del pueblo gitano a España y ha reivindicado la voz de las mujeres gitanas como eje central en las políticas de inclusión.

Desde Vox, Antonio Martínez ha comenzado saludando al pueblo gitano por su aportación a la cultura y la identidad españolas, pero ha mostrado reservas sobre la intervención de Salmerón. Ha cuestionado el enfoque ideológico de su discurso y lo ha calificado como "eco-progresismo socialista".

Pascual Salvador, por su parte, ha preguntado si el propio Tercer Sector podría estar contribuyendo a la cronificación de la pobreza. También ha criticado que se hablara mucho de derechos y poco de obligaciones. 

 "Decir que el empleo no es prioritario es peligroso", ha afirmado, defendiendo que las ayudas deben orientarse hacia quienes luchan por salir adelante mediante el trabajo.

Finalmente, el diputado popular Miguel Ángel Miralles ha coincidido con Salmerón en que la pobreza estructural es la más difícil de abordar. Ha celebrado que se haya aprobado recientemente el Plan de Servicios Sociales en la Región, que incluirá programas como el acompañamiento social intensivo a personas sin hogar. También ha señalado que las comunidades autónomas del sur, como Murcia, están infrafinanciadas, lo que dificulta la aplicación de políticas eficaces. 

"No se puede pedir lo mismo a quien recibe mil euros por habitante que a quien recibe 1.600", ha afirmado en referencia a la situación comparativa con otras regiones como el País Vasco o Cataluña. 

La ILP regional de la vivienda supera sus expectativas al conseguir un 60% más de firmas de las exigidas

CARTAGENA/MURCIA.- Los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular por el derecho a la vivienda en la Región de Murcia (más de veinte entidades sociales de la región) han conseguido más de 16.000 firmas durante los seis meses que ha durado la recogida de las mismas. Alcanzan así un 60% más de las 10.000 adhesiones exigidas por la legislación para que la propuesta pueda ser tenida en cuenta en el parlamento autonómico.

Este viernes, concretamente, el equipo coordinador de la ILP ha registrado en la Asamblea Regional 9.186 firmas, que se sumarán a las 6.750 que ya han sido validadas por la Junta electoral tras las primeras entregas realizadas entre marzo y mayo de este ali y a otras 70 que se presentarán el lunes 26 de mayo. 

La ILP de la vivienda se ha convertido así en la iniciativa legislativa popular con más apoyos de la historia de la Región de Murcia, superando a las 14.700 firmas que alcanzó la propuesta por la protección de los espacios naturales en el año 2006. 

“Estamos muy agradecidos a los más de 16.000 ciudadanos y ciudadanas que han firmado nuestros pliegos. La cifra oficial final siempre es algo inferior porque hay algunas firmas que no se admiten por falta de algún dato o porque la caligrafía resulta ilegible, pero el apoyo es indudable. Hemos superado con creces la barrera exigida por la ley autonómica”, han destacado los promotores de la ILP.

La ILP regional por el derecho a la vivienda plantea la modificación de la ley autonómica de vivienda, que fue aprobada en 2015 y que aún está por desarrollar. 

“Ni siquiera el Gobierno regional ha redactado los reglamentos a los que hacen referencia más de la mitad de los artículos de la norma, por lo que esta ILP no solo aspira a mejorar la ley, sino a hablar de ella y pedir su cumplimiento”, han destacado los promotores de la ILP.

Una vez validadas las firmas por la Junta electoral provincial, la mesa de la Asamblea Regional tendrá que votar su admisión a trámite. Posteriormente, comenzará un periodo de enmiendas y de debate por parte de los grupos parlamentarios. Para los promotores es casi un imperativo moral que los diputados voten a favor de la ILP porque creen que “no se puede seguir de brazos cruzados y la iniciativa cuenta con un gran apoyo popular”.

Principales reivindicaciones

Prohibir la venta de viviendas de titularidad pública para que ningún gobierno regional pueda deshacerse de ellas, si se construyeran algún día, y así lograr que siempre se destine el parque público a alquiler social es una de las principales medidas que recoge la ILP.

 “No podemos dar lugar a que después de la inversión que queremos que se haga en la construcción de vivienda pública, llegue otro ejecutivo y la privatice”, han afirmado los promotores de la iniciativa.

Otra de las propuestas más relevantes es la creación de un servicio público de intermediación entre demandantes de viviendas en alquiler y caseros y un registro regional de futuros inquilinos. Este planteamiento fomentaría contratos de larga duración, a un precio más justo y evitaría sesgos y prejuicios sociales hacia colectivos estigmatizados. 

A su vez, si el gobierno implementase la medida correctamente, los propietarios se ahorrarían los costes de la gestión de las inmobiliarias, el tiempo de buscar arrendatarios, tendrían garantizado el pago de la renta por la propia Comunidad en caso de impago o retraso y podrían beneficiarse de un seguro gratuito de daños o vandalismo.

La iniciativa legislativa popular recoge también crear una compensación de 300 euros al mes para aquellos casos en los que, pese a tener derecho a la prestación de un servicio o al pago de una ayuda, como está pasando con las subvenciones del alquiler para jóvenes, la Administración no cumpla con los plazos previstos en las normativas y se retrase generando un perjuicio al beneficiario.

La ILP sugiere también que la ley autonómica se centre solo en regular el acceso a la vivienda y que no incluya la ocupación, como sí contiene hasta ahora. Solo así la norma se especializaría en lo que realmente es el problema de la vivienda: hay más de 250.000 personas en la región, sobre todo, jóvenes que no pueden ni comprar ni alquilar un piso; mientras que solo se han presentado 500 denuncias por ocupación en un año. Con este planteamiento no se mezclarían políticas ni servicios, ya que son situaciones y perfiles muy distintos. 

Otra de las propuestas de la ILP supondría otorgarle el derecho de retracto y de adquisición preferente a la CARM cuando se vaya a vender una vivienda de protección oficial.

Por último, el equipo coordinador de la ILP ha querido agradecer a los cientos de personas voluntarias que han colaborado con la iniciativa y que han puesto mesas de recogida de firmas, que han realizado asambleas informativas y que han celebrado jornadas de formación en todas las comarcas de la Región.

IUVRM se congratula 

Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia (IUVRM) expresa su satisfacción por la presentación esta mañana en la Asamblea Regional de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por una Vivienda Digna, que ha logrado reunir más de 16.000 firmas en seis meses, superando en un 60% el mínimo legal requerido de 10.000 adhesiones.

Esta ILP, respaldada por más de veinte entidades sociales, sindicales y políticas, busca reformar la Ley de Vivienda de 2015 de la Región de Murcia, aún pendiente de desarrollo reglamentario. Entre las principales propuestas se incluyen:

Prohibir la venta de viviendas de titularidad pública para garantizar su uso exclusivo en alquiler social.

Crear un servicio público de intermediación entre inquilinos y propietarios, fomentando contratos de larga duración y precios justos.

Establecer una compensación de 300 euros mensuales para casos en los que la Administración no cumpla con los plazos previstos en la concesión de ayudas.

Separar en la legislación el acceso a la vivienda de la problemática de la ocupación ilegal.

Otorgar a la Comunidad Autónoma el derecho de retracto en la venta de viviendas protegidas.

José Luis Álvarez-Castellanos, ex coordinador regional de IUVRM, ha destacado: "Este logro demuestra el amplio respaldo ciudadano a políticas que garanticen el derecho constitucional a una vivienda digna. Es imperativo que la Asamblea Regional escuche esta demanda y actúe en consecuencia".

La ILP será ahora evaluada por la Junta Electoral Provincial y, una vez validadas las firmas, la Mesa de la Asamblea Regional deberá admitirla a trámite para su debate parlamentario.

IUVRM reafirma su compromiso con el derecho a una vivienda digna y continuará trabajando junto a colectivos sociales y ciudadanos para lograr una legislación que responda a las necesidades reales de la población murciana.

El servicio de ITV cuenta con 44 estaciones en la Región y su índice de rechazo es del 18%, similar a la media

 CARTAGENA/MURCIA.- El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha presentado este viernes un balance detallado de la transformación del sistema de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Región de Murcia. "El modelo actual, con estaciones más cercanas y distribuidas territorialmente, reduce desplazamientos, disminuye emisiones y mejora la eficiencia energética del sistema", ha destacado.

Vázquez ha explicado que la Región cuenta actualmente con 44 estaciones fijas y una decena de unidades móviles, lo que ha supuesto una inversión de 55 millones de euros en construcción, equipamiento y adecuación normativa. 

"Hemos pasado de ocho estaciones en 2017 a 44 en la actualidad, generando 697 empleos cualificados y un sector con una facturación de 46 millones anuales", ha subrayado.

El responsable autonómico ha defendido la eficacia del nuevo modelo, que permitió realizar 1.411.363 inspecciones en 2024, con un índice de rechazo del 18,3%, "exactamente igual que antes de la liberalización y similar a la media nacional". 

Además, ha rechazado las acusaciones de que la liberalización haya generado una "corrupción generalizada" en las ITV y ha defendido que todas las estaciones "han tenido que superar un exhaustivo proceso de evaluación técnica".

Por parte del PSOE, Alfonso Martínez Baños, ha reprochado que la conclusión de la gestión del consejero se resume en que "ha cerrado la única ITV de gestión pública; ha permitido el uso irregular de bienes propiedad de la Comunidad sin licitación pública; está incumpliendo el régimen de incompatibilidades y ha sido extremadamente negligente en la vigilancia de las estaciones de ITV".

El diputado de Vox, Pascual Salvador, ha defendido la liberalización del sector y ha asegurado que "la abundancia de nuevas estaciones es algo positivo para la ciudadanía".

El diputado de Podemos, Víctor Egío, ha criticado el "fracaso sin paliativo" de la liberalización de las ITV en la Región, que ha provocado desde 2017 "un aumento del fraude y la pillería". 

Así, ha destacado "varios casos de detenciones relacionadas con fraudes en ITV".

 "Un bebé de 11 meses falleció en un accidente con un vehículo que había pasado recientemente la revisión con neumáticos en mal estado", ha señalado.

La diputada del PP, Isabel Sánchez Ruiz, ha defendido el modelo de ITV implantado en la Región y ha subrayado que los datos de la Dirección General de Tráfico revelan un "preocupante envejecimiento del parque automovilístico español", con una edad media de 15,1 años en 2024, superior a la media europea de 12,5 años, lo que "viene provocado en gran medida por la pérdida de poder adquisitivo que hemos sufrido los españoles desde que gobierna Pedro Sánchez".

La diputada de Vox, María Eugenia Sánchez, ha criticado el nuevo protocolo de la Consejería de Educación y Formación Profesional sobre la actuación en casos de conflicto entre progenitores separados o divorciados. "Su consejería se ha erigido en juez y legislador dando prioridad a quien tiene la guarda y custodia", ha lamentado. 

"La elección del centro escolar forma parte de la patria potestad que ejercen ambos padres, salvo que una resolución judicial haya declarado lo contrario", ha manifestado la diputada.

El consejero del ramo, Víctor Marín, ha defendido que esta resolución "es fruto de un trabajo técnico y jurídico, riguroso, del análisis de casos reales y de la voluntad firme de esta consejería de ofrecer unidad y seguridad en situaciones que, lejos de ser deseables para nadie, son reales en nuestros centros educativos".

Entre las principales novedades, la resolución establece criterios específicos para la escolarización en casos de custodia compartida o exclusiva, y regula aspectos como la asistencia a reuniones escolares y decisiones extraordinarias. 

"Estamos de acuerdo en el fondo: son cuestiones que se dirimen en los tribunales", según el consejero. Sin embargo, ha admitido que "en tanto que se dictan esas sentencias judiciales, los centros, las familias y los docentes necesitan pautas".

Por su parte, el diputado del PSOE Miguel Ángel Ortega ha criticado el "trato discriminatorio" que reciben las personas trans en el sistema sanitario de la Región por el "incumplimiento" del protocolo. 

"Son la letra más invisibilizada y discriminada del colectivo", ha manifestado.

Ortega ha señalado que "cuando una persona trans empieza su transición, desde atención primaria la mandan a salud mental", a pesar de que la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar la transexualidad como patología en 2018. Ha criticado, además, que "solo hay un endocrino formado en tratamiento de personas trans por hospital", lo que genera una "carga mental brutal" para los pacientes.

Por su parte, la consejera de Política Social, Familia e Igualdad, Conchita Ruiz, ha afirmado que el Gobierno regional "defiende la igualdad de trato para todos los ciudadanos, sin importar su origen, sexo, religión o condición", y ha recalcado que "la diversidad es una riqueza que debemos proteger y promover".

Ruiz ha destacado que su Consejería apuesta por "una red de servicios sólida, coordinada con entidades locales y del tercer sector, que permita una respuesta ágil y eficaz ante situaciones de vulnerabilidad" y ha subrayado que defender la igualdad de trato "no es solo una obligación legal, sino un compromiso ético con toda la sociedad".

La diputada regional del PSOE María del Carmen Fernández ha preguntado al consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, sobre los motivos por los que solo se ha ejecutado 152,8 millones de euros del capítulo 6 del Presupuesto de gastos de la Administración General de la Comunidad para 2024, siendo la dotación inicial prevista de 336,7.

Fernández ha denunciado la "escasa" ejecución de los presupuestos autonómicos. "Han sido capaces de ejecutar cero euros en mejora de masas forestales, a pesar de tener partidas por tres millones y medio de euros, mientras este año han muerto más de un millón de árboles en la región", ha denunciado.

"Ustedes sistemáticamente mienten a los ciudadanos y ciudadanas cuando prometen centros de salud, retirada del amianto de los colegios, mejoras en las carreteras, inversiones para el Mar Menor", ha señalado la parlamentaria del PSOE, que ha insistido en que "el único que está invirtiendo en la Región es el Gobierno de España".

Al respecto, Marín ha defendido que cada fase de ordenación del gasto requiere una fiscalización previa y debe cumplir estrictamente la legalidad administrativa, al tiempo que ha puesto de relieve la baja ejecución del Gobierno central. 

En este sentido, ha mencionado que el Departamento de Derechos Sociales y Agenda 2030 "ejecutó un 20,4% del presupuesto en el capítulo 6 de inversiones" en 2023.

El consejero ha reiterado el compromiso de su acción de gobierno con "hacer las cosas bien" en la ejecución presupuestaria, defendiendo la rigurosidad administrativa en cada fase del proceso.

 "Escuchar al Partido Socialista hablar de responsabilidad y de rendición de cuentas es absolutamente distópico", ha señalado Marín, para denunciar además la falta de inversión del Gobierno central en proyectos importantes para la Región.

Versión de San Esteban sobre las ITVs

La Región de Murcia ha alcanzado un destacado posicionamiento a nivel nacional en materia de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y se sitúa como la cuarta comunidad autónoma con mejor ratio de estaciones por número de vehículos.

"Un indicador que refleja directamente una mayor accesibilidad del servicio, mejor cobertura territorial y menor saturación por estación". 

Así lo reflejan los datos presentados hoy por el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, durante su comparecencia ante la Asamblea Regional para abordar el estado de la red de estaciones y el servicio.

En concreto, la red regional de ITV -formada por 44 estaciones fijas y una decena de unidades móviles- da cobertura a 1.411.363 inspecciones en vehículos, de las cuales 1.188.794 son primeras inspecciones, que arrojan una ratio de 27.018 vehículos por estación.

Esta cifra se sitúa muy debajo de la media nacional, que se sitúa en 57.425 vehículos por estación, y es especialmente favorable frente a comunidades como la de Valencia (103.889), Cataluña (89.590) o Andalucía (88.796).

"Este indicador pone de manifiesto que el modelo murciano permite una mejor atención al ciudadano, con menor tiempo de espera, más cercanía física al servicio y una gestión más equilibrada del flujo de vehículos", señaló Vázquez, quien además apuntó que el modelo actual ha movilizado más de 55 millones en inversión, destinados a construcción, equipamiento técnico y adecuación normativa de las estaciones y la creación de 697 empleos directos, con perfiles técnicos especializados como ingenieros, inspectores de línea y personal administrativo.

La evolución del modelo ITV en la Región ha estado marcada por una estrategia de ampliación de la red y mejora del servicio, que "ha permitido atender zonas del territorio que anteriormente estaban completamente desabastecidas, lo que ha reducido los desplazamientos de los usuarios y ha mejorado los tiempos de acceso al servicio, especialmente en comarcas alejadas de los núcleos urbanos".

El parque móvil de la Región cuenta actualmente con más de 1,5 millones de vehículos registrados en la Región y el sistema de ITV mantiene una elevada calidad técnica de los estándares. 

El índice de rechazo en primera inspección fue del 18,3 por ciento en 2024, y ha aumentado al 19 por ciento en los primeros meses de 2025, un dato que supera la media nacional y refleja el nivel de exigencia técnica aplicado en las revisiones. Las principales causas de rechazo siguen siendo defectos en alumbrado, señalización y emisiones contaminantes.

La Administración regional ha implantado un sistema de control y trazabilidad tecnológica en tiempo real, único en España, que permite supervisar todas las estaciones desde el Centro Regional de Industria y Energía (CRIE).

Las líneas de inspección cuentan con sistemas de videovigilancia, control informatizado de accesos, transmisión de datos en tiempo real y seguimiento técnico por geolocalización en unidades móviles. Asimismo, se ha implantado un sistema de alertas con herramientas de inteligencia artificial -el canal 'ITV Alarmas'- que conecta a todas las estaciones con la Guardia Civil y los inspectores de la Comunidad Autónoma para detectar y prevenir fraudes o irregularidades.

Una colaboración que motivó que la Dirección General de Industria, Energía y Minas recibiera la Cruz de la Orden al Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil con distintivo blanco, como reconocimiento a la buena labor desarrollada por la Comunidad para mejorar la calidad de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV).

Una de las ventajas más visibles del nuevo modelo es su impacto directo en la experiencia del usuario. La baja ratio de vehículos por estación permite mayor disponibilidad de cita previa, reducción de tiempos de espera y servicios complementarios, como la recogida del vehículo o la atención personalizada.

Además, la mejora de la red tiene un efecto ambiental positivo, al establecer una red territorialmente equilibrada lo que permite reducir los desplazamientos obligatorios de los usuarios, con ello se disminuyen las emisiones derivadas de esos trayectos, contribuyendo a un sistema más sostenible.

Valcárcel y Ballesta tendrán que comparecer en la comisión de investigación sobre el aeropuerto

CARTAGENA.- Tras la reunión de la comisión que investiga en la Asamblea Regional la liquidación fallida del aeropuerto de Corvera, el diputado regional de Podemos Víctor Egío ha afirmado que "se han perdido seis meses muy valiosos" desde la constitución de la misma. "Tal y como preveíamos afirmaba-, los técnicos de la comunidad autónoma que han comparecido en esta comisión han justificado su actuación y han trasladado a la Consejería de Fomento y a los sucesivos gobiernos regionales la responsabilidad de la liquidación fallida".

En este sentido, el portavoz morado afirmaba que la responsabilidad de la liquidación fallida del aeropuerto "es política": "Son Valcárcel, López Miras y el consejero Ballesta los que tienen que responder por este pufo". 

Al tiempo, el diputado recordaba que Podemos siempre mantuvo esta posición: "Fuimos el único grupo que puso sus nombres encima de la mesa cuando se constituyó la comisión el 20 de noviembre".

Hoy lo han conseguido: "Vamos a sacar a Valcárcel y a Ballesta de su guarida, de la madriguera de la corrupción del PP, y los vamos a traer a esta Asamblea para que den la cara".

 "Hoy lo hemos conseguido parcialmente",

"Más de una década después, los responsables políticos del pufo del aeropuerto de Corvera van a tener que dar explicaciones y eso lo ha conseguido esta comisión de investigación puesta en marcha por Podemos", concluía.

"Se ha escapado López Miras señalaba Egío-. No tendrá que rendir cuentas porque solo Podemos lo ha solicitado. Ni PSOE ni Vox han pedido su comparecencia". 

El diputado no se mostraba sorprendido por la posición de Vox, ya que "son la muleta verde del PP", pero consideraba "un escándalo" la "cobardía del PSOE". 

"El Partido Socialista ha votado a favor de la propuesta de Podemos, pero a sabiendas de que no saldría adelante por la oposición de PP y Vox, con el único objetivo de tapar sus vergüenzas y ocultar el pacto con la ultraderecha para proteger y dejar fuera de la comisión a López Miras", concluía.

Podemos proponía un cupo proporcional de comparecientes por cada grupo. Así se ha hecho, por ejemplo, en la comisión de investigación de las presuntas derivaciones irregulares del Servicio Murciano de Salud. Esto les hubiera permitido llamar también a López Miras, pero la propuesta de cupos fue rechazada por PP, Vox y PSOE.

"La CARM compró por 401 millones de euros un aeropuerto que cuesta 143", denuncia el diputado regional socialista Alfonso Martínez

 CARTAGENA.- El diputado regional socialista Alfonso Martínez Baños ha asegurado que la Comunidad Autónoma ha comprado un aeropuerto, el de Corvera, por 401 millones de euros, cuando, según una sentencia judicial, está valorado en 143 millones. "Es decir, tenemos un perjuicio económico a las arcas públicas de la Región de Murcia de 258 millones de euros".

Martínez ha hecho estas declaraciones tras la comparecencia de Miguel Nebreda, funcionario de la CARM e instructor del expediente de liquidación, en la Comisión de Investigación sobre la liquidación fallida por daños y perjuicios en la construcción y explotación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia.

"Le estamos reclamando a la empresa concesionaria los 182,6 millones de euros del aval y, por otro lado, se ha aprobado una nueva liquidación por la que se reclaman, por daños y perjuicios a la empresa concesionaria, 212,3 millones de euros. 

Y también estamos reclamando a la concesionaria las costas judiciales, que son 6 millones de euros. Esas tres cantidades suman 400,9 millones de euros de gastos directos e indirectos, según cifras oficiales de la propia CARM", ha explicado.

El diputado socialista ha denunciado también la negligencia por parte del Gobierno regional en todo lo que ha tenido que ver con la licitación y el seguimiento a la concesión.

"Desde que se rescinde el contrato hasta la primera liquidación pasan 6 años. Luego el TSJ de Murcia dice que esa primera liquidación está caducada y la anula. Desde que se rescinde el contrato hasta que se hace la segunda liquidación pasan 12 años. Es evidente que la empresa concesionaria ha hecho muy bien su trabajo dilatando los plazos, pero la Comunidad no ha hecho bien el suyo y ha permitido esa dilatación de los plazos de forma injustificada", ha detallado.

Además, Martínez Baños ha dicho que durante la comparecencia de Nebreda se ha conocido que uno de los problemas por los que se demoraron los plazos fue porque la concesionaria no entregaba las certificaciones de obra, y ha aclarado que, cuando una administración pública da un contrato de concesión, la concesionaria tiene la obligación mensual de entregar a la administración las certificaciones de obra que va ejecutando.

 "Esta mañana nos hemos enterado de que, en este caso, no ha sido así y esto es una negligencia grave por parte del Gobierno regional".

"Si la propia Comunidad dice que en gastos directos e indirectos son 401 millones de euros y el TSJ dice que lo que lo que hay allí en obra vale 143 millones de euros, ¿qué ha pasado con esos 258 millones de euros de perjuicio económico?", ha cuestionado el diputado socialista.

Finalmente, ha señalado que alguien tendrá que responder a estas cuestiones, por lo que el Grupo Parlamentario Socialista ha propuesto que comparezcan en la Comisión de Investigación los responsables políticos, es decir, todos los consejeros de Fomento y presidentes del Gobierno regional que han pasado por este proceso, además del administrador concursal.

Vox denuncia la gestión del Aeropuerto de Corvera "como uno de los mayores pufos que ha costado más de 400 millones a la Región"

 CARTAGENA.- El portavoz adjunto del GP Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, ha denunciado hoy la grave opacidad y las irregularidades que rodean la gestión del aeropuerto de Corvera, una infraestructura que ha supuesto un coste superior a los 400 millones de euros para todos los ciudadanos de la Región y que se ha convertido en uno de los mayores pufos de la historia reciente, especialmente en la etapa de los gobiernos de Ramón Luis Valcárcel y Pedro Antonio Sánchez.

Durante la Comisión Especial de Investigación y en la comparecencia de Miguel Nebreda Huguet, funcionario de la Comunidad Autónoma e instructor del expediente de liquidación letrado de la Dirección de los Servicios, Martínez Alpañez ha subrayado que, a día de hoy, “aún no tenemos toda la información necesaria para poder analizar y valorar lo ocurrido”.

El portavoz adjunto ha lamentado que “la Comunidad Autónoma no ha presentado toda la documentación requerida”, lo que ha impedido avanzar en el esclarecimiento de los hechos y ha contribuido a prolongar la investigación.

 “Este retraso inaceptable en la entrega de información demuestra la falta de responsabilidad política y administrativa que ha caracterizado este proceso”, ha añadido.

Por ello, Vox ha solicitado formalmente en la Asamblea Regional la ampliación del periodo de esta Comisión de Investigación por otros seis meses, para poder dar audiencia a todos los actores implicados, especialmente a los políticos que han tenido responsabilidad directa en la gestión del aeropuerto. Durante estos primeros seis meses se ha podido escuchar a empresarios y funcionarios, pero quedan todavía comparecencias pendientes que pueden aportar luz a este “asunto tan oscuro”.

A continuación, Martínez Alpañez ha señalado que Vox también ha solicitado la comparecencia de tres nuevos funcionarios, cuya aportación será clave para comprender las irregularidades detectadas. A partir de ahí, “llegará el turno de los políticos para que den cuenta de sus decisiones y asuman sus responsabilidades”.

Asimismo, ha subrayado que esta forma de trabajar no puede seguir siendo la norma en la Asamblea Regional: “No podemos estar más de nueve meses esperando documentación esencial sin que nadie responda ni pague por ello”.

“Por ello, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, José Ángel Antelo, anunció ayer en Junta de Portavoces que se promoverá una modificación del reglamento de la Asamblea Regional, con el fin de dotar a la Cámara de herramientas eficaces que eviten retrasos y falta de responsabilidad en la tramitación de estos procedimientos”, ha recordado.

Finalmente, Martínez Alpañez ha afirmado que “la Asamblea Regional debe representar a todos los ciudadanos de la Región y garantizar la transparencia y la responsabilidad política cuando se trata de esclarecer hechos que afectan gravemente al interés público”.