Podemos exige a López Miras un plan de 50 millones de euros para climatizar hasta 600 centros educativos

 CARTAGENA.- La diputada regional de Podemos-IU-Alianza Verde, María Marín, ha reclamado este jueves al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, la puesta en marcha de un plan de 50 millones de euros, el 0,7% del presupuesto regional, para climatizar hasta 600 centros educativos, según informaron fuentes del partido 'morado' en un comunicado.

"Si López Miras y su consejero Víctor Marín no pueden ni siquiera garantizar que los niños y niñas pueden ir al cole con seguridad, podemos decir ya que estamos ante una región fallida", ha dicho Marín desde el colegio San Isidro, en Los Belones, "donde ayer se alcanzaron los 33 grados", por lo que la dirección ha decidido "enviar a los alumnos a casa a las 11.30 horas durante toda la semana".

Según la parlamentaria, "son las consecuencias del abandono de la educación pública por parte de López Miras y de su gobierno, que no es capaz ni siquiera de invertir un mínimo para que nuestros colegios e institutos tengan acondicionado en verano y calefacción en invierno".

A su juicio, se trata de un "ataque a un derecho fundamental como es la educación y también a la conciliación de las familias". 

"Si López Miras y su consejero Víctor Marín no pueden ni siquiera garantizar que los niños y niñas pueden ir al cole con seguridad, podemos decir ya que estamos ante una región fallida", ha dicho.

Por ello, desde Podemos han demandado "una vez más" un plan de inversiones en todos los centros públicos de la Región "para que este sea el último verano que se vive esta situación tercermundista".

Al respecto, Marín ha manifestado que "es una cuestión de prioridades y para Podemos esto es una prioridad absoluta".

Promotores piden agilizar licencias y "reducir duplicidades administrativas" para responder al problema de vivienda

 CARTAGENA.- El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (APIRM), José Ramón Blázquez, ha defendido este martes en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Asamblea Regional que la "prioridad" es acelerar los procedimientos urbanísticos y "reducir duplicidades administrativas" para aumentar la oferta de vivienda.

Durante la audiencia legislativa del Proyecto de Ley de simplificación administrativa, Blázquez ha situado el acceso a la vivienda como "el mayor problema social ahora mismo" y ha respaldado la norma por "acortar tiempos, abaratar costes y dar seguridad jurídica".

El representante de los promotores ha advertido de que la demanda "supera de forma sostenida a la oferta" y ha apuntado que "las medidas en urbanismo tardan en dar resultados, por eso urge adoptarlas cuanto antes".

En su intervención, ha citado como cuellos de botella la "repetición de documentación ante distintas administraciones", la "acumulación de informes sectoriales" y "tramitaciones que se dilatan durante meses o años". 

A modo de ejemplo, ha señalado que "un plan parcial puede irse a más de un año y medio desde el avance", y ha pedido "coordinar procedimientos, abreviar plazos y evitar pasos innecesarios" para licencias y planeamiento.

Blázquez ha enmarcado el debate en un problema "de alcance nacional" y ha defendido que "estimular la oferta" debe ir acompañado de "mantenimiento de las garantías ambientales y urbanísticas", subrayando que la simplificación "no elimina controles, los ordena y evita solapamientos".

También ha pedido "mejorar la disponibilidad de suelo finalista" y "estabilidad regulatoria" para que los proyectos arranquen "en tiempos previsibles".

En el turno de los grupos, el diputado del PSOE, Alfonso Martínez, ha asegurado que su grupo comparte el objetivo de agilizar, pero ha reclamado "medios humanos y materiales suficientes en la Administración" para que la simplificación "no traslade el problema a los funcionarios ni recorte garantías". 

Ha defendido "el interés general, el medio ambiente y el patrimonio" y ha preguntado si la ley "ayudará efectivamente a aliviar el acceso a la vivienda", proponiendo, entre otras medidas, "regular el uso turístico, actuar sobre grandes tenedores y promover vivienda protegida y tasada".

Por Vox, Virginia Martínez ha respaldado la desregulación "como esencial" para reducir "costes y tiempos" y ha pedido que la ley "se implemente de verdad", con "seguimiento y evaluación periódica", recordando que "la aplicación de anteriores normas fue insuficiente". 

Ha reclamado "coordinar y, en su caso, eliminar informes sectoriales redundantes" y "agilizar licencias" para equiparar a la Región con territorios más rápidos en tramitación.

Desde el Grupo Mixto, María Marín (Podemos) ha criticado el proyecto por considerarlo "una ley hecha al dictado de la patronal". 

Ha advertido del riesgo de "externalizar controles a entidades colaboradoras urbanísticas" y de "favorecer cambios de uso orientados al turismo" frente a la vivienda residencial, alertando de impactos sobre "el territorio y el medio ambiente".

La diputada del PP, María Casajús, ha defendido que la cuarta ley de simplificación "no nace de la ineficacia, sino de la experiencia acumulada" y busca "agilidad, seguridad y reducción de burocracia" en un contexto de "falta de suelo, trámites lentos e incertidumbre jurídica". 

Ha subrayado que "las evaluaciones ambientales y los informes preceptivos se mantienen", con procedimientos abreviados "para supuestos tasados", y que "los ayuntamientos siguen siendo la autoridad en el planeamiento".

María Marín, sobre la nueva norma de Simplificación Administrativa: 'Así se hacen las leyes en esta Región, al servicio de la patronal'

 CARTAGENA.- La diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha comenzado su réplica al presidente de la Croem, Miguel López Abad, en el seno de la comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua dejando claro que, frente a su discurso defendiendo a los empresarios, ella defendería "los intereses de la clase trabajadora de la Región, que también necesita quien la defienda" y también los de autónomos y pymes "a los que esta ley no ayuda en nada".

Marín recuperaba unas palabras en las que López Abad declaraba, en pasado 14 de marzo, que "el gobierno comunista ha subido demasiado el salario mínimo". 

"Por suerte afirmaba la portavoz morada-, ser comunista en este país dejó de ser un delito hace ya muchos años".

 Por otro lado, subrayaba que subir el salario mínimo es algo de lo que en Podemos se sienten "muy orgullosas": "Es algo que se logró gracias a la presión de Unidas Podemos al PSOE".

 "Si usted fuera un poco más amplio de miras se daría cuenta también de que subir los salarios no ha sido malo para la economía, porque al final ese dinero va al consumo de las familias, es decir, que acaba en las empresas a las que usted representa", explicaba.

Marín afirmaba que la nueva ley de Simplificación Administrativa "parece hecha al dictado de la patronal": "Ustedes los grandes empresarios tienen aquí a dos partidos, Partido Popular y Vox, que trabajan para ustedes y tampoco lo disimulan mucho". 

La diputada se retrotraía a mayo, cuando los empresarios amagaron con presentar su propio proyecto de ley y, un día después, el Gobierno regional anunció que aprobaría la nueva ley en una semana. 

"Así es como se hacen las leyes en esta Región. Al servicio de la patronal. Y como aquí lo tenemos claro, la verdad es que no confiamos nada en este trámite parlamentario", apuntaba.

Según ella, la ley está "atada y bien atada por PP y Vox, dos perros con el mismo collar que trabajan para el mismo amo, la gran patronal a la que usted representa". 

Marín matizaba que no hablaba de autónomos ni  pymes: "Son el 99% de nuestro tejido empresarial y para ellos esta ley no supone nada. Solo beneficia a los grandes tiburones del sector inmobiliario y a las multinacionales del agro-negocio, que son los que llevan años presionando para adelgazar cualquier evaluación ambiental y favorecer sus pelotazos".

Marín felicitaba irónicamente a López Abad por esta nueva ley y le aseguraba que en Podemos seguirán "trabajando en sentido contrario, para proteger el patrimonio natural y cultural de toda la gente de esta tierra". 

"También para subir el salario mínimo y reducir el tiempo de trabajo, que no le quepa duda", concluía.

El PP recogerá propuestas de CROEM, FMRM y Promotores Inmobiliarios sobre la cuarta Ley de Simplificación Administrativa

 CARTAGENA.- El PP recogerá las propuestas de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), la Federación de Municipios de la Región (FMRM) y la Asociación Promotores Inmobiliarios para "enriquecer" el debate sobre la cuarta Ley de Simplificación Administrativa en el seno de la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Asamblea.

Los 'populares' también han solicitado las intervenciones de los responsables de la Federación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios 'Thaderconsumo', la Asociación Profesional de Vehículos de Transporte con Conductor (UNAUTO VTC) y Radio Taxi Murcia, en el trámite de audiencia de la reforma de la Ley regional reguladora de los VTC.

El diputado regional del PP Antonio Landáburu, secretario de la Mesa de la Comisión, ha asegurado, tras la reunión de la misma, que "son las personas más apropiadas para aportar sugerencias basadas en el conocimiento, la experiencia, el rigor y los intereses de las instituciones y colectivos que representan".

Landáburu ha añadido que "en el Partido Popular estamos comprometidos con una Región más ágil, más competitiva y con leyes que respondan a las necesidades reales de los ciudadanos y de nuestros sectores productivos", según informaron fuentes del PP en un comunicado.

Las audiencias legislativas sobre la cuarta Ley de Simplificación Administrativa se celebrarán los días 9 y 10 de septiembre, mientras que las correspondientes a los VTC tendrán lugar el 11 y el 12 de ese mismo mes, en el seno de la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua del parlamento regional.

El plazo de enmiendas a sendas leyes se iniciará el 15 de septiembre y finalizará el 24 de este mismo mes. Las ponencias se reunirán el 30 de septiembre y el 1 de octubre, y la Comisión emitirá sendos dictámenes sobre ambas leyes el 2 de octubre. Finalmente, serán sometidas a votación en un Pleno que tiene previsto celebrarse el 8 de octubre.

Podemos se conjura para cambiar la 'agenda del odio' de PP y Vox por la de "los problemas de la gente"

 CARTAGENA.- La diputada de Podemos en la Región, María Marín, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa en la que ha valorado el inicio de curso político, en el que la prioridad para la formación morada será "volver a hablar de los problemas de la gente".

 "De la vivienda, de la precariedad laboral, de los barracones en nuestros coles, de las listas de espera de la sanidad pública, del Mar Menor que este verano ha estado de nuevo en una situación crítica o de las macroplantas de biogás que amenazan nuestros pueblos", afirmaba la portavoz morada, que ha estado acompañada en la comparecencia por el secretario de comunicación autonómico, Víctor Egío.

En este sentido, apuntaba que este verano la Región "solo ha sido noticia por las campañas de odio de la ultraderecha, campañas que son una vergüenza para nuestra tierra".

 "Por eso comenzamos este curso con un reto muy claro continuaba-: vamos a tirar a la basura la agenda del odio de Antelo y de López Miras y vamos a cambiarla por otra agenda, la que habla de los problemas del día a día de la gente trabajadora, de nuestros jóvenes o de nuestros pensionistas".

"En la Región tenemos problemas mucho más importantes que un grupo de vecinos le rece a su dios un día al año en un polideportivo", afirmaba, refiriéndose a que comprar una vivienda "se ha vuelto algo imposible para la inmensa mayoría", que en las listas de espera del SMS hay más de 200.000 personas y 60.000 sin fecha asignada, que 2.000 alumnos empezarán el curso en los más de 78 barracones instalados por toda la Región, "todo ello en la Comunidad Autónoma con la peor tasa de fracaso escolar" y que la comunidad se sitúa tercera por la cola en cuanto a salarios y pensiones. 

"De esto es de lo que tiene que ocuparse la política y a eso nos vamos a dedicar al 200% -apuntaba-. La Región de Murcia es mejor que la vergüenza que hemos visto en Torre Pacheco y en Jumilla. La inmensa mayoría de la gente de esta tierra es gente noble y acogedora y no se merece ver manchada así la imagen de su tierra".

Por otro lado, Podemos hace "un llamamiento a todas esas personas que quieren una política que se ocupe de sus problemas, que no soporta ver su tierra convertida en el laboratorio del odio de la ultraderecha" y "a toda esa gente que está harta de las cruzadas de Vox con el silencio y la complicidad de López Miras".

 "Es el momento de movilizarse afirmaba-, de exigir al gobierno de López Miras soluciones a nuestros problemas: soluciones a la crisis de la vivienda, al paro, soluciones para reforzar la educación y la sanidad pública".

"Vuelve septiembre y si de algo pueden estar seguros es que aquí hay una oposición real a la ultraderecha del PP y a la ultraderecha de Vox que es Podemos", afirmaba Marín.

 "Se lo vamos a poner difícil. Sin pelos en la lengua. Sin dar ni un paso atrás. Y de la mano de la gente que quiere un cambio profundo en esta región". 

La diputada señalaba que lo harán "desde las instituciones, en la Asamblea Regional, junto a los compañeros de IU, con una batería de iniciativas para reforzar los servicios esenciales, reforzar nuestras brigadas forestales frente a los incendios, invertir en los colegios e institutos más desfavorecidos que López Miras ha convertido en guetos y para aumentar plantillas de las áreas de salud donde siguen aumentando las listas de espera".

Además, prometen "dar la batalla en la calle a través de la movilización social".

 "La gente de nuestra tierra debe ser consciente de que este curso nos lo jugamos todo continuaba-. El riesgo de volver a un régimen autoritario está ahí, lo hemos visto en Torre Pacheco y en Jumilla". 

"Es el momento de que la izquierda se ponga en pie, sin complejos, y en eso es en lo que va a estar Podemos", concluía.

El PP reclama en la Asamblea un impulso a la creación de empresas que gestionen y reutilicen los residuos de la construcción

 CARTAGENA.- El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea ha presentado una moción por la que insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a fomentar la creación de empresas que gestionen los Residuos para la Construcción y Demolición (RCD), según informaron fuentes del PP en un comunicado.

La iniciativa también solicita una apuesta por modificar la normativa sobre derribos y rehabilitación de edificaciones antiguas y de residuos procedentes de la obra civil, con el consenso e implicación del sector, al objeto de gestionar correctamente estos materiales, fomentar su reutilización y preservar el medioambiente.

El diputado del PP Alfonso Fernando Cerón ha explicado que "España está a la cola de Europa en la reutilización y reciclaje de RCD, y la Región de Murcia no puede quedarse atrás. Necesitamos mejorar nuestra normativa para dar una segunda vida a estos materiales y reducir el impacto ambiental".

Cerón ha comentado que en España sólo se reciclan 4 de cada 10 residuos, una cifra "muy por debajo de la media europea y lejos de países como Alemania, que alcanza un 67,8% de reciclaje". 

Un porcentaje "importante" de esos residuos son RCD, cuya valorización, reutilización y gestión adecuada "permitiría reducir las materias primas vírgenes a utilizar en nuevas actuaciones".

El parlamentario 'popular' ha alertado de que en la Región de Murcia solo existe una empresa especializada en la gestión de RCD procedentes de demoliciones, lo que resulta, a su juicio, "claramente insuficiente".

Por ello, el PP ha propuesto fomentar el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales en este ámbito, incrementando la oferta y mejorando la capacidad de reciclaje, así que promover la investigación para tratar esos residuos e impulsar su utilización en nuevas obras.

"Una simple ventana de aluminio puede transformarse en una nueva botella, y así con muchos de los materiales que hoy se desperdician. Apostamos por una economía circular también en el sector de la construcción", ha concluido el diputado.

El PSOE exige a López Miras que aclare si existe una incompatibilidad entre su situación como abogado ejerciente y su condición de presidente

CARTAGENA/MURCIA.- El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado un escrito en la Comisión del Estatuto del Diputado de la Asamblea Regional en el que pide a López Miras que aclare si existe una incompatibilidad entre su situación como abogado ejerciente y su condición de presidente de la Región de Murcia.

“En el caso de confirmarse, exigimos que ponga fin a esta incompatibilidad y que asuma responsabilidades”, ha anunciado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández.

Fernández ha explicado que, según las informaciones publicadas por un medio de comunicación, se trataría de una vulneración continua y sostenida del Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española, por parte de una de las máximas autoridades políticas de la Región de Murcia, “algo muy grave”.

En este sentido, ha detallado que, según este medio de comunicación, López Miras figura desde 2017 como abogado ejerciente en el censo oficial del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).

La portavoz socialista ha indicado que esto podría vulnerar el Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, que regula quién puede ejercer la profesión y quién puede usar la denominación de abogado o abogada.

“López Miras tiene dedicación exclusiva como presidente autonómico, lo que le impide legalmente ejercer la abogacía desde el momento en que tomó posesión del cargo en 2017. Se trata de una incompatibilidad objetiva reconocida expresamente en la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia”, ha señalado.

Finalmente, Fernández ha remarcado que López Miras podría estar incumpliendo la ley para seguir disfrutando de las ventajas de permanecer como abogado ejerciente, como mantener la antigüedad profesional o conservar derechos colegiales exclusivos, como el acceso al turno de oficio o servicios jurídicos y participar plenamente en la vida del colegio profesional.

López Miras vulnera el Estatuto de la Abogacía

Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia desde 2017, figura a día de hoy como abogado ejerciente en el censo oficial del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) tal y como ha comprobado RRNEWS. 

Además, se presenta públicamente como «abogado» del Ilustre Colegio de Abogados de Lorca en su biografía institucional publicada en la web de la Asamblea Regional y de la Comunidad Autónoma.

Ambas cosas -estar registrado como ejerciente y presentarse como abogado- vulneran expresamente el Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, que regula tanto quién puede ejercer la profesión como quién puede usar la denominación de abogado o abogada.

El artículo 18.1 del Estatuto es claro y directo: “El ejercicio de la Abogacía es incompatible […] con el desempeño, en cualquier concepto, de cargos, funciones o empleos al servicio […] de las Administraciones estatal, autonómica o local […] cuya normativa reguladora así lo imponga.”

López Miras tiene dedicación exclusiva como presidente autonómico, lo que le impide legalmente ejercer la abogacía desde el momento mismo en que tomó posesión del cargo el 3 de mayo de 2017. No hay excepción posible: se trata de una incompatibilidad objetiva reconocida expresamente en la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia.

Y el propio Estatuto va más allá. El artículo 18.3 obliga a quien incurra en dicha incompatibilidad a elegir de inmediato: “El profesional de la Abogacía que incurra en alguna de las causas de incompatibilidad deberá de inmediato cesar en el ejercicio de una de las dos actividades incompatibles; en el caso de hacerlo en la de la abogacía, deberá formalizar su baja como ejerciente en el plazo máximo de quince días”.

López Miras no ha formalizado dicha baja. No figura como «No ejerciente». Sigue constando como ejerciente a todos los efectos, tanto en el CGAE como en el Colegio de Abogados de Lorca. Por tanto, está incumpliendo -de forma persistente- el deber legal de cesar en una de las dos actividades incompatibles. ¿Presidente o abogado?

El incumplimiento del artículo 18.3 implica dos cosas: Una infracción por aparentar ejercer la abogacía en situación de incompatibilidad, lo cual vulnera el principio de legalidad profesional; y una infracción por no cumplir con el deber de comunicación al Colegio, lo que puede acarrear medidas cautelares y expediente sancionador.

 El artículo 4.2 del mismo Estatuto recoge que el uso del término “abogado” está legalmente reservado a quienes ejercen la profesión de forma activa: “Corresponde en exclusiva la denominación de abogada y abogado a quienes se encuentren incorporados a un Colegio de la Abogacía como ejercientes”.

Es decir: si López Miras no está ejerciendo -porque no puede, por ley-, tampoco puede presentarse públicamente como abogado. Ni en su web institucional. Ni en su currículum. Ni en declaraciones públicas. Ni en ningún lugar. Hacerlo supone un uso indebido de una denominación profesional protegida, y añade una segunda infracción a la ya cometida por mantener su condición de ejerciente de forma irregular.

El Colegio de Abogados de Lorca debe tener conocimiento (porque lo tienen registrado como ejerciente) de que el presidente de una comunidad autónoma está vulnerando una de las normas básicas del ejercicio profesional. Pero no consta que haya iniciado un procedimiento disciplinario, ni que se haya procedido a la suspensión cautelar prevista en el artículo 18.3 del Estatuto. ¿Por qué?

Tampoco ha habido rectificación pública por parte del propio López Miras, que sigue usando la condición de abogado como parte de su perfil político y profesional, a pesar de que no puede ejercer y, por tanto, no puede legalmente presentarse como tal.

Ventajas de figurar como ejerciente

Es importante destacar que permanecer como abogado ejerciente, ofrece varias ventajas: se mantiene la antigüedad profesional (dado que se colegió en 2009) lo que puede ser útil para acceder a determinados cargos o reconocimientos institucionales en el futuro; se evita tener que tramitar una reincorporación formal si se desea volver al ejercicio; se conservan derechos colegiales exclusivos, como el acceso al turno de oficio o a servicios jurídicos; y permite participar plenamente en la vida del colegio profesional, incluyendo votaciones y cargos directivos.

Por ejemplo, para ser juez o magistrado por el cuarto turno (también llamado cuarto turno de acceso a la Carrera Judicial o turno de juristas de reconocida competencia), se exige un mínimo de 10 años de ejercicio profesional, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Además, en algunos casos, conservar el estatus de ejerciente proyecta una imagen de continuidad profesional o prestigio, aunque en cargos públicos como el de presidente autonómico la ley exige renunciar a ese estatus por razones de incompatibilidad.

¿Por qué López Miras se pone la toga de abogado?

En cuanto a vestir la toga de abogado, un portavoz del Consejo General de la Abogacía de España ha explicado, a preguntas de RRNEWS, que sólo los profesionales ejercientes de la Abogacía tienen derecho a intervenir ante los juzgados y tribunales de cualquier jurisdicción sentados en el estrado, preferentemente, al mismo nivel en que se halle instalado el órgano jurisdiccional ante el que actúen y vistiendo toga, adecuando su indumentaria a la dignidad de su función.

El Real Decreto no incluye ningún artículo sobre el uso de la toga por parte de colegiados «no ejercientes» en actos protocolarios como la toma de posesión de un decano. A priori, López Miras no debiera vestir la toga de abogado pues no es abogado en ejercicio.

En febrero de 2019, durante la toma de posesión de Ángel García Aragón como decano del Colegio de Abogados de Lorca, Fernando López Miras acudió al acto vestido con la toga de abogado, siendo ya presidente de la Región de Murcia. Repitió la escena en enero de 2024 en la toma de posesión de Elisa Campoy como nueva decana. 

¿En calidad de qué fue invitado al acto? ¿Cómo presidente de la Comunidad Autónoma o como abogado que legalmente no puede ejercer? Si el Colegio de Abogados de Lorca lo sabe y lo permite, es cómplice de la irregularidad. El Real Decreto no incluye excepciones.

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar (PP), que también es licenciado en derecho y colegiado en el Colegio Oficial de Abogados de Lorca, consta como «no ejerciente» por su condición de alcalde con dedicación exclusiva. Y a la toma de posesión de la nueva decana, Fulgencio Gil no acudió vestido con la toga de abogado. La toga tiene un simbología especial, no es un disfraz.

La norma no es ambigua. La incompatibilidad no es discutible. La obligación de cesar como ejerciente no es opcional. Estamos ante una vulneración continua y sostenida del Real Decreto 135/2021, por parte de una de las máximas autoridades políticas de la Región de Murcia.

No es un error administrativo ni un tecnicismo: es una irregularidad legal, amparada en el silencio de las instituciones que deberían haber actuado. ¿Dejará el presidente de figurar como ejerciente y de presentarse como abogado? ¿Actuará por fin el Colegio de Lorca? ¿Dirá algo el Consejo General de la Abogacía de España? Mientras tanto, la ley sigue negro sobre blanco. Clarísima. Ignorada por el presidente de la Región de Murcia.

María Marín entrega un capirote del Ku Klux Klan a Antelo: "Para que la próxima vez que salgan de cacería vayan bien vestidos"

 CARTAGENA.- La diputada regional de Podemos, María Marín, ha entregado al líder de Vox, José Ángel Antelo, un capirote del Ku Klux Klan en el Pleno de esta mañana. "Quería traerles un regalo esta mañana a usted y a su grupo parlamentario para que la próxima vez que salgan de cacería vayan bien vestidos (…) vayan en condiciones", afirmaba Marín, en referencia a la participación activa del partido de extrema derecha en las persecuciones racistas que tuvieron lugar en el municipio de Torre-Pacheco. 

Marín pretendía mostrar dicho capirote desde la tribuna, pero la prohibición de la presidenta le ha obligado a presentárselo a Antelo en su propio escaño.

En este sentido, Marín recordaba que cargos públicos de la formación de extrema derecha difundieron el vídeo falso y las fotos de los supuestos agresores, los bulos que provocaron los primeros linchamientos en Torre Pacheco la tarde del 11 de julio y "se plantaron" en Torre Pacheco el sábado, coincidiendo con la llegada de decenas de neonazis de fuera, "para echar gasolina al incendio".

 La portavoz morada señalaba al "principal responsable" de la situación, el Partido Popular: "Siempre ha habido nazis explicaba-, pero en democracia se los aísla. En la Región de Murcia de López Miras se les ha puestos alfombra roja y se les hada dado mando en plaza, también en estos presupuestos".

Marín hacía referencia a las "medidas estrella" de las cuentas: el cierre de un centro de menores y la prohibición de un curso de árabe: "Cuando son las instituciones las primeras que promueven el odio al inmigrante, cuando el presidente de un gobierno como López Miras y su consejera de Política Social, Concha Ruiz, son los primeros que ponen a los menores inmigrantes en la diana, la consecuencia es lo que hemos visto en Torre Pacheco".

 "Los de Vox son los autores intelectuales de esta barbarie-continuaba-, pero López Miras y el PP son cómplices necesarios". 

La diputada subrayaba que, mientras tanto, estos presupuestos "que solo fomentan el odio racista se olvidan de las grandes necesidades de la gente": "Con estos presupuestos no van a abrir ninguna escuela, ningún instituto, ningún centro de salud, ninguna biblioteca, ningún centro de día, ninguna residencia pública para nuestros mayores".

La diputada resumía las 86 enmiendas que el grupo parlamentario Podemos-IU-AV presentó, y que incluían la ampliación del tranvía en Murcia y la FEVE en Cartagena, la licitación de nuevos autobuses interurbanos, la climatización y desamiantado de una veintena de centros educativos, el refuerzo de la protección frente a los incendios o partidas para acabar con los guettos en las escuelas y educar en convivencia.

"Un año después de salir del Gobierno, Vox sigue siendo la muleta verde del PP y el PP el hermano mayor de Vox explicaba-. porque los dos obedecen a los mismos intereses: los del agronegocio, las macrogranjas, los especuladores del ladrillo o las grandes fortunas a las que les vuelven a perdonar otro año más 20 millones de euros en el impuesto de patrimonio, señores con traje y corbata que no se presentan a las elecciones, pero que en la Región llevan mandando toda la vida". 

Según ella, "el racismo, el fascismo, es la consecuencia última de 40 años de extractivismo, de miseria, de desigualdad, de explotación en esta tierra" y "para acabar con uno, hay que acabar con el otro". 

"Eso hemos jurado hacer y a eso nos vamos a seguir dedicando en cuerpo y alma", afirmaba.

Además, afirmaba que Torre Pacheco será "un antes y un después": "El lunes vimos en las calles de Murcia a una sociedad que se levanta, que ahora sí es consciente de que eso de la alerta antifascista también va por ellos, que sabe que estamos ante algo muy serio". 

También en Cartagena hay "un antes y un después": "La lucha de los obreros de la industria auxiliar de Navantia es una llama que ilumina a todos los trabajadores de la Región que sufren la precariedad más absoluta". 

"Gentes de la Región de Murcia, para ganar hay que luchar continuaba-. No es el momento de resignarse. Ahora más que nunca solidaridad, apoyo mutuo, barrio, comunidad, cajas de resistencia, organización desde la base, asambleas y calle". 

"Porque la gente buena somos más y somos mejores", concluía.

El PP insta al Gobierno central a "actuar en rebajar el nivel freático para solucionar el principal problema del Mar Menor"

 CARTAGENA.- La diputada regional del Partido Popular, María Casajús, ha instado al Gobierno de España a "asumir sus competencias y actuar de una vez en rebajar el nivel del freático para solucionar el principal problema del Mar Menor", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

Casajús ha subrayado al respecto que "el informe sobre el estado del Mar Menor presentado este martes por el catedrático de Ecología y presidente del Comité Científico del Mar Menor, Ángel Pérez Ruzafa, incide en que la principal preocupación es la tendencia a que siga entrando agua porque el nivel freático, que está alto, y entran por la superficie, por las orillas".

"Pese a la ceremonia de la confusión a la que nos tiene acostumbrados el PSOE para inventarse excusas de mal pagador, a quien corresponde adoptar medidas en el nivel freático y en la rambla del Albujón no es otro que el Gobierno de España, responsable del control del acuífero y las ramblas", ha explicado la diputada del PP.

Además, ha reclamado al Gobierno de Sánchez que elabore los planes de gestión de los acuíferos del campo de Cartagena, instrumentos imprescindibles para rebajar el nivel freático en el entorno del Mar Menor y reducir así la entrada de agua cargada de nutrientes en el ecosistema.

"Por desgracia, el Gobierno de Sánchez sigue sin pasar de las palabras y la propaganda a los hechos y se niega a cortar la entrada al ecosistema de más de 200 litros por segundo de agua dulce cargada de nutrientes", ha señalado la diputada regional.

"La falta de implicación e interés del Gobierno de España en la recuperación y protección del Mar Menor es cada vez más escandalosa", ha denunciado Casajús, que al respecto ha recordado que "el propio Ministerio de Transición Ecológica ha reconocido que tan solo se ha ejecutado un ridículo 13% del Marco de Actuaciones Prioritarias para recuperar el Mar Menor, que se presentó en su momento a bombo y platillo".

El PSRM saca adelante su moción en la que exige al Gobierno regional medidas urgentes en los centros educativos ante las altas temperaturas

CARTAGENA.- La Asamblea Regional ha aprobado, con el voto en contra del PP, una moción del Grupo Parlamentario Socialista en la que exige al Gobierno regional medidas urgentes en los centros educativos públicos de la Región para paliar los efectos de las altas temperaturas.

Torres ha destacado que los episodios de extremas temperaturas en las aulas de los centros educativos de la Región se han convertido en un problema estructural por culpa de la inacción y la irresponsabilidad, durante años y años, del Gobierno regional.

"Cada fin de curso, nuestra comunidad educativa tiene que soportar temperaturas que superan los 32 grados en las aulas, cuando la normativa indica que la temperatura máxima legal para dar clase es de 27 grados, y el Gobierno de López Miras mira para otro lado", ha señalado.

"Cada fin de curso, ya es habitual ver cómo se suspenden clases porque no se puede garantizar la salud de los niños y niñas en las clases, y el Gobierno de López Miras, que es la administración competente, continúa mirando para otro lado", ha añadido.

Por este motivo, el Grupo Parlamentario Socialista ha vuelto a llevar esta iniciativa a la Asamblea para poner solución a un asunto de primera magnitud, de extrema urgencia, que reúne el consenso de toda la comunidad educativa y de la ciudadanía en general, y que pone de manifiesto el abandono sistemático y continuado a la educación por parte del Gobierno regional.

El diputado socialista ha remarcado que, frente un Gobierno regional, cuya falta de planificación y de voluntad política está poniendo en riesgo la salud de los niños y niñas y de la comunidad educativa, el PSOE defiende esta moción con el objetivo de garantizar la salud de los niños y niñas y de toda la comunidad educativa.

Además, ha advertido de que, en septiembre, cuando los niños y niñas vuelvan a clase, seguirá haciendo calor.

 "Por tanto, el Gobierno regional tiene todo el verano para aplicar medidas que climaticen las aulas. Tiene por delante más de dos meses para trabajar y solucionar este problema".

Finalmente, ha recordado que la mano tendida del PSRM consistía en mejorar los centros educativos, mejorar el acceso a la vivienda, reducir las listas de espera en dependencia y reducir las listas de espera en sanidad, entre otras cuestiones.

PP y Vox rechazan un modelo de comarcalización en la Región al considerar que la propuesta socialista es inviable

 CARTAGENA.- El Pleno de la Asamblea Regional ha rechazado la toma en consideración de la Proposición de Ley del PSOE para desarrollar un modelo de comarcalización en la Región de Murcia. La iniciativa, que pretendía cumplir con el artículo 3.2 del Estatuto de Autonomía, ha sido bloqueada con los votos en contra de PP y Vox, que han justificado su postura en base a los informes jurídicos, la inseguridad legal del texto y el temor a crear nuevas estructuras administrativas innecesarias.

El portavoz del PP, Joaquín Segado, ha defendido que el texto presentado por los socialistas "nace sin claridad, con vacíos legales y contradicciones con la legislación vigente". 

A su juicio, "la proposición no solo ignora normas básicas del Estado y el Estatuto de Autonomía, sino que también mezcla conceptos y atribuye competencias que no corresponden a las comarcas". 

Segado ha advertido que de haberse aprobado "se habría abierto un conflicto entre ayuntamientos, con el Gobierno regional y con la propia Asamblea", y ha añadido que "no queremos más burocracia, sino más eficacia".

Desde Vox, el diputado Pascual Salvador ha calificado la iniciativa como "una chapuza jurídica" basada en "un texto que ha recibido hasta 21 observaciones críticas de los servicios jurídicos de la Cámara". 

Salvador ha defendido que "la Región de Murcia, con solo 45 municipios, no necesita más capas administrativas, sino mejor gestión desde el Ejecutivo regional".

 Ha advertido que esta ley "supondría mayor gasto político y estructuras paralelas como si fueran mini diputaciones, algo completamente innecesario".

En el otro extremo, la diputada del PSOE, Carmina Fernández, ha lamentado el rechazo a una propuesta que, según ha explicado, "solo busca cumplir un mandato estatutario pendiente desde hace 43 años".

 "No hay ningún impedimento técnico que no pueda subsanarse durante el trámite parlamentario. Lo que falta es voluntad política", ha afirmado. 

Fernández ha acusado a PP y Vox de "esconderse detrás de un informe jurídico para evitar abrir un debate urgente sobre el modelo territorial de esta región", y ha denunciado que "ni siquiera se permite discutir una propuesta que podría ayudar a combatir la desigualdad territorial".

Desde el Grupo Mixto, la portavoz de Podemos-IU-Verdes-AV, María Marín, ha asegurado que la propuesta del PSOE "puede mejorarse, pero no hay razón para impedir su tramitación". 

"Esto va de democracia, de escuchar al pueblo sobre cómo quiere organizar su territorio. Entiendo que haya partidos que ya ni recuerden lo que significa eso", ha señalado. Ha defendido que "la ciudadanía de Cartagena, Lorca o Yecla merece ser consultada sobre el modelo territorial que quiere".

El también diputado de Podemos-IU-Verdes-AV, José Luis Álvarez-Castellanos, ha insistido en que "no se trata de si el texto es perfecto o no, sino de que llevamos 43 años sin desarrollar el mandato del Estatuto de Autonomía, y eso es injustificable". 

Ha señalado que "los desequilibrios en infraestructuras, servicios o renta entre comarcas naturales como el Noroeste o el Altiplano son reales, y esta ley, al menos, abría la puerta a abordarlos".

La Asamblea Regional rechaza tramitar la ILP del derecho a la Vivienda promovida por la ciudadanía

 CARTAGENA.- La Asamblea Regional ha rechazado la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el derecho a la vivienda en la Región de Murcia. La propuesta, impulsada por colectivos sociales y respaldada por más de 16.000 firmas, ha contado con el apoyo del PSOE y el Grupo Mixto (Podemos-IU-Verdes-AV), pero ha sido rechazada con los votos en contra del PP y Vox.

La ILP incluía, entre otras medidas, compensaciones por retrasos en ayudas al alquiler, la creación de un registro autonómico de demandantes de vivienda y la garantía de que el suelo público siga siendo público. Los grupos favorables consideran que la actual legislación autonómica es inaplicable por falta de desarrollo reglamentario y acusan al Gobierno regional de abandonar sus competencias en materia de vivienda.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista, el diputado Miguel Ángel Ortega ha defendido el voto favorable asegurando que "la ciudadanía merece respeto, y esta iniciativa legislativa popular es una muestra clara de que hay miles de personas que exigen una política de vivienda efectiva".

Ortega ha criticado que "el PP solo ha legislado contra la ocupación, que apenas afecta al 0,05% de los casos, y no ha construido ni una sola vivienda pública en los últimos ocho años". 

Además, ha anunciado que el PSOE volverá a registrar la iniciativa en septiembre y trabajará "coordinadamente con la Plataforma por la Vivienda para corregir los fallos técnicos y garantizar que esta ley pueda debatirse y mejorar lo que haga falta".

En la misma línea, la diputada de Podemos, María Marín, ha denunciado que "despreciar una iniciativa ciudadana es un atentado contra las familias, la juventud y la clase trabajadora de esta tierra". 

Marín ha reprochado al PP y Vox que "en media hora, en un tórrido mes de julio, hayan decidido enterrar la voz de más de 16.000 personas", y ha advertido que "mientras no se haga justicia, habrá lucha".

Por parte de Izquierda Unida-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos ha centrado su intervención en el componente democrático de la ILP. "Hoy no estamos debatiendo solo de política de vivienda, sino de democracia. 

Esta Cámara no puede despreciar el trabajo de 16.100 ciudadanos que, durante seis meses, han recogido firmas para que se debata aquí", ha afirmado. "No tenemos derecho a dejar esta propuesta en un cajón", ha sentenciado.

Desde Vox, el diputado Ignacio Arcas ha justificado el voto en contra señalando que "el texto ha sido rechazado por los servicios jurídicos por su deficiente técnica legislativa y contiene errores que dificultan su aplicación". 

Ha acusado a los grupos promotores de "engañar a los ciudadanos con una propuesta imposible de ejecutar" y ha defendido que "la solución no está en medidas ideológicas, sino en ampliar suelo, reducir trabas y fomentar el alquiler de larga duración".

Por su parte, el diputado del Partido Popular, Antonio Landáburu, ha negado que votar en contra suponga despreciar a nadie.

 "Utilizar la vivienda como arma política sí es faltar al respeto a la ciudadanía", ha dicho, y ha defendido un modelo "equilibrado, sostenible y eficaz, que proteja a los más vulnerables sin hipotecar la iniciativa privada". 

Según Landáburu, la ILP "no resolverá los problemas reales de acceso a la vivienda y puede generar nuevos obstáculos".

Una comisión especial de la Asamblea Regional investigará las 'mordidas' de las obras del AVE en Murcia

 CARTAGENA.- La Asamblea Regional ha aprobado crear una comisión especial de investigación sobre los posibles perjuicios causados a la Región de Murcia derivados de las irregularidades en adjudicaciones de las obras de construcción de infraestructuras de Alta Velocidad en la Región.

Esta moción, presentada por el diputado de Vox, Antonio Martínez Nieto, ha sido aprobada por unanimidad en el Pleno celebrado esta mañana. "La trama del AVE en Murcia tiene que esclarecerse en esta comisión", algo para lo que ha pedido la colaboración de todos los que sean llamados a ella.

La diputada socialista, Virginia Lopo, ha afirmado que desde su partido quieren que se investigue "desde donde haga falta" y "caiga quien caiga".

 "Quien lo haya hecho que lo pague" ha añadido, antes de mostrar "su más absoluto rechazo" y su "más firme repulsa" ante los hechos recogidos en el informe de la UCO".

Por parte, de Podemos-IU-AV, María Marín, ha señalado que fue su grupo quien planteó la creación de esta comisión el 18 de junio y que se debería haber debatido el 8 de julio junto a esta de Vox. 

Así, Marín ha advertido que desde su partido "no vamos a permitir de ninguna manera que la derecha más corrupta de España se apropie de este batalla". 

Desde el PP, el diputado Carlos Albaladejo, ha afirmado que "hoy no es buen día para sentirse orgulloso de ser socialista" y ha afirmado que "el presidente Sánchez lo sabía y lo tapó, el tiempo lo demostrará".

La Asamblea Regional convalida la nueva Ley de Simplificación Administrativa

 CARTAGENA.- La Asamblea Regional ha aprobado en el Pleno de este jueves convalidar el Decreto Ley 1/2025, de 5 de junio, de Simplificación Administrativa.

Una norma que "elimina trámites innecesarios, refuerza la seguridad jurídica y convierte a la Administración regional en un motor de desarrollo y no en un obstáculo". 

Así lo ha destacado esta mañana la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, durante su intervención, en la cual ha subrayado que "esta ley nace con un objetivo firme: facilitar la vida a quienes emprenden, invierten y crean empleo en nuestra Región", según han informado fuentes del ejecutivo regional en una nota de prensa.

La nueva norma, vigente aunque se tramite como proyecto de ley, a petición de varios grupos parlamentarios, introduce medidas de calado como la generalización del silencio administrativo positivo; la ampliación del número de actividades que pueden iniciarse con declaración responsable; la reducción de la carga documental en más de un millón de documentos, o la posibilidad de presentar informes o certificados emitidos por técnicos homologados ante la administración agilizando la resolución de expedientes sin perder el control público.

Asimismo, la ley incorpora avances como la licencia básica, que permitirá en un mes saber si un edificio de viviendas es viable urbanísticamente, clave para acceder a financiación e incluso iniciar su edificación, reduciendo los plazos para la edificación en la Región.

También permite implantar hoteles en suelos residenciales y clasificar suelo industrial como especial para su ordenación mediante instrumentos flexibles, lo que posibilitará obtener más suelo industrial ordenado.

López Aragón ha destacado que esta legislación tiene un impacto directo en la competitividad regional, ya que "se han movilizado ya más de 800 millones de euros gracias a medidas similares que ahora se consolidan y amplían. Esto no es una promesa, son resultados tangibles".

Por otro lado, la consejera ha manifestado que "simplificar no es desproteger. De hecho, el control permanece y se refuerza con sanciones que pueden alcanzar los 600.000 euros".

 "Esta ley no elimina garantías, elimina trabas innecesarias", ha añadido.

Finalmente, López Aragón ha señalado que esta ley "es de los ciudadanos, de quienes crean empleo, innovan y construyen el futuro de esta tierra".

El decreto-ley que regula el transporte urbano e interurbano para los VTC logra el apoyo de la Asamblea Regional

 CARTAGENA.- El decreto-ley impulsado por el Gobierno regional para la regulación del transporte urbano e interurbano de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) ha sido convalidado por la Asamblea Regional tras lograr un apoyo "prácticamente unánime", según ha destacado este jueves el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro.

García Montoro ha valorado que la aprobación del decreto-ley "permitirá dotar de un marco legal claro a los servicios de transporte urbano e interurbano de VTC, favorecerá una convivencia equilibrada con el sector del taxi y garantizará los derechos de los usuarios y la movilidad sostenible de los ciudadanos", según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Además, el consejero ha resaltado que "se solventa el vacío legal que existía tras la modificación de la normativa estatal, que limitaba a los VTC al transporte interurbano sin aportar un marco para el ámbito urbano" y ha añadido que "damos un paso adelante para garantizar que los servicios de VTC se presten con unas reglas claras, respetuosas con el medio ambiente y coherentes con la planificación urbana".

"La norma es fruto de un proceso de diálogo con los sectores implicados que responde a una demanda del propio mercado y permite a los ayuntamientos ejercer sus competencias con criterios de racionalidad y equilibrio", ha explicado el titular de Fomento.

En concreto, el decreto establece una regulación básica para el servicio urbano de VTC, que deberá ser desarrollada por los ayuntamientos a través de sus ordenanzas municipales. Estos podrán fijar limitaciones a la actividad de estos vehículos en base a criterios de sostenibilidad y demanda, adaptándolos a las características específicas de cada municipio, como la calidad del aire, la reducción de emisiones contaminantes o la congestión viaria.

Asimismo, se fija una moratoria de dos años desde la entrada en vigor del decreto hasta que los consistorios aprueben sus ordenanzas. Durante este periodo no se concederán nuevas licencias interurbanas de VTC, aunque las autorizaciones ya existentes podrán seguir operando y también podrán hacer transporte urbano en el municipio donde esté domiciliado el vehículo.

Además, incorpora una limitación específica para los precios en situaciones de alta demanda, estableciendo que el precio final del trayecto no podrá duplicar el precio ordinario ofertado para ese mismo recorrido por la empresa operadora o intermediaria, con el fin de evitar abusos a los usuarios y preservar el interés general.

"Se trata de una medida de protección al usuario que garantiza que los servicios de VTC se presten con garantías, también en términos económicos", ha remarcado García Montoro.

Los Presupuestos de la CARM sólo dedican a Cultura un 0,43% frente a un patrimonio casi en ruinas

 CARTAGENA.- La diputada regional socialista Magdalena Sánchez ha lamentado que, un año más, los Presupuestos de la CARM no contemplan la principal demanda del sector: un plan estratégico de cultura.

"Solo un 0,43% del presupuesto de la Comunidad Autónoma está destinado a la cultura. Es una verdadera pena que se destine una cantidad tan ridícula para ICA, la Orquesta Sinfónica y Bienes Culturales. Solo levantar el patrimonio de la Región, que está tirado por los suelos, costaría ya más de lo que es el propio presupuesto global de toda la Comunidad Autónoma", ha destacado.

Sánchez ha recordado que, según el último estudio del Consejo Económico y Social (CES), el 7,1 % de los turistas de España son turistas culturales, frente al 3,4% en la Región.

 "Si no cuidamos nuestro patrimonio, no cuidamos nuestro turismo".

Temen desde la Asamblea la ruina del turismo si López Miras cede ante Vox y deroga la Ley del Mar Menor

 CARTAGENA.- El diputado regional Manuel Sevilla ha asegurado que el Gobierno regional solo invierte en turismo 4,6 millones de euros con fondos propios, lo que representa una reducción porcentual del 22,5 % con respecto a 2024. El sector turístico representa el 10,3 % de la economía de la Región en términos de Producto Interior Bruto y debería ser más cuidado por Gobierno de López Miras".

Sevilla ha insistido en que estos son los presupuestos en los que el Partido Popular entregará la Ley del Mar Menor a la voluntad de la ultraderecha. "Ayer pudimos ver como López Miras cedió al chantaje de Abascal respecto a la anulación de la orden publicada en el BORM para adquirir viviendas para menores. Estos son hechos, que nos confirman que López Miras también cederá ante Vox y finalmente derogará la Ley que protege el Mar Menor".

Finalmente, ha indicado que, si el Mar Menor no alcanza un estado saludable, el Turismo regional tampoco lo alcanzará, y ha recordado que hace más de un año que el Gobierno regional está anunciando el pacto por el turismo regional, pero aún no ha visto la luz.

"El Gobierno regional recorta un 30% en las políticas destinadas a los jóvenes y echa a la calle a 60 niños por imposición de Vox" (PSRM)

 CARTAGENA.- El diputado regional socialista Miguel Ortega ha denunciado que el Gobierno regional de López Miras ha recortado un 30 % los presupuestos destinados a la juventud, a la vez que ha echado a la calle a 60 menores por imposición de Vox.

Ortega ha criticado que el Gobierno regional ha recortado 2,5 millones de euros en ayudas a la juventud, mientras ha incrementado en 70.000 euros la partida para publicidad.

 "Pretenden tapar las vergüenzas de su gestión con publicidad institucional".

Además, ha afeado que el Ejecutivo de López Miras ha echado a la calle a los 43 agentes de empleo juvenil en los centros locales de empleo. 

"En una de las comunidades autónomas con más paro juvenil, el Gobierno regional echa a la calle a todos los que ayudaban a los jóvenes a encontrar empleo".

El diputado socialista ha explicado que en la Región de Murcia se puede ser joven hasta los 40 años, como dice el eslogan que tanto repiten López Miras y la consejera de Juventud.

 "Esto se traduce en que una persona de 40 años tenga las mismas necesidades que otra de 25. Precarizan a las personas hasta los 40 años".

"López Miras y la consejera han tenido una oportunidad histórica, la que ofreció Francisco Lucas para llegar a un acuerdo moderado, sin líneas rojas, que expulsara el racismo y el odio, que cogiera a niños y que respetara al colectivo LGTBI, pero y el PP ha preferido dejar a 60 niños en la calle antes que pactar unos presupuestos moderados. Esto les va a perseguir para siempre", ha concluido.

Podemos llevará este martes al Pleno de la Asamblea Regional el "acceso libre" a Cala Morena, en Cartagena

 CARTAGENA.- Podemos llevará este martes al Pleno de la Asamblea Regional una moción para solicitar al Gobierno central que garantice el acceso libre a Cala Morena, en El Portús, en Cartagena, según informaron fuentes de la formación 'morada' en un comunicado.

Así lo ha hecho saber, tras reunirse con miembros de la Asociación Cala Morena, la diputada María Marín, quien ha pedido a todos los grupos parlamentarios el apoyo a su iniciativa.

Marín ha subrayado que lo que pide el colectivo "es simplemente que se cumpla la ley, es decir, que se garantice un acceso libre y seguro a esta cala, que forma parte del dominio público, algo que dificultan los propietarios del camping de El Portús".

"No nos fiamos del anuncio de la Demarcación de Costas de abrir un expediente de expropiación forzosa", ha dicho la diputada del Grupo Mixto, que ha recordado que el proceso ya se anunció en 2015 y "fue paralizado por el propio Ministerio tras un acuerdo verbal con los propietarios".

"Después, todos esos compromisos cayeron en saco roto y la partida presupuestaria para restaurar el sendero de acceso nunca fue ejecutada", ha añadido.

Por todo ello, desde Podemos aseguran que no se puede "bajar la guardia" y pedirán el apoyo a su iniciativa de todos los grupos parlamentarios. 

 "Expropiación forzosa ya. El acceso libre a Cala Morena y el disfrute de nuestro litoral no se negocia, se exige y se consigue", ha concluido Marín.

El consejero Vázquez dice que "mejorar" la Ley del Mar Menor no es desproteger este espacio

 CARTAGENA.- El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha defendido en la Asamblea Regional que "mejorar la Ley del Mar Menor no es desproteger" este espacio "ni tampoco derogar" la norma, y ha instado a no generar "un falso alarmismo porque no se ha formulado de momento ninguna propuesta".

Vázquez ha respondido así en la Asamblea Regional a una pregunta formulada por el grupo parlamentario socialista sobre modificaciones concretas de la Ley 3/202, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor pactadas con Vox para la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad.

En su intervención, el titular de Medio Ambiente ha explicado que, tras cinco años de vigencia de la ley, "tenemos millones de datos del ecosistema con más sensores del mundo" y "cientos de publicaciones científicas" que permiten abordar una actualización normativa.

Ha insistido en que "mejorar la ley del Mar Menor no es desprotegerlo".

 "Estoy seguro de que ningún diputado quiere dar un paso atrás, sino dar un paso adelante", ha manifestado, tras lo que ha solicitado evitar "un falso alarmismo" porque no se ha formulado ninguna propuesta concreta de modificación.

Asimismo, ha reclamado al Gobierno de España que "siga dando pasos adelante" con actuaciones "urgentes" que "llevan más de cuatro años esperando", entre las que ha citado la recanalización de la rambla del Albujón y la intervención sobre el acuífero del Campo de Cartagena, que es lo que "más está perturbando la laguna".

"Hay que mantener un modo de escucha a través de los distintos cauces que el Estado de Derecho permite", ha argumentado Vázquez, que ha insistido en que serán los trabajos de la Asamblea los que definan "el nuevo marco legislativo que proteja al Mar Menor", destacando que el modelo de gobernanza "ya está finalizado".

Por su parte, el diputado regional del PSOE, Manuel Sevilla, ha afirmado que el acuerdo de PP y Vox para aprobar las cuentas pretende "derogar la ley" de la laguna. Con este acuerdo, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, "ha elegido poner en riesgo millones de euros del Pacto Verde Europeo y asumir las políticas de odio de la ultraderecha", ha señalado el parlamentario socialista.

Sevilla ha criticado al PP por señalar que "con el Mar Menor ni un paso atrás" durante la campaña electoral y ahora buscar modificar la legislación que protege este ecosistema. "Han demostrado que era una engañifa y una falta de respeto a quienes han comparecido en las comisiones parlamentarias", ha manifestado.

Ha asegurado que su partido "hará todo lo posible para que no se revierta el proceso de restauración de la laguna" y ha anunciado que seguirá trabajando por la creación de humedales artificiales, cinturones verdes y una agricultura compatible. "Nos tendrán enfrente", ha concluido.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha defendido la necesidad de atender las demandas de los pescadores, ganaderos y agricultores, al ser interpelado por el PSOE sobre su posición respecto al Pacto Verde de la Unión Europea (UE) tras su acuerdo con Vox para sacar adelante los Presupuestos de 2025.

Según ha precisado Vázquez, los gobiernos tienen la "obligación" de escuchar a estos profesionales, muchos de ellos murcianos que "ven en riesgo su trabajo, lo que le han dado de comer durante generaciones", especialmente cuando denuncian "restricciones que les están ahogando" y competencia desleal de terceros países.

"La propia Unión Europea ya lo está haciendo", ha subrayado, poniendo como ejemplo la directiva ómnibus que flexibiliza plazos reglamentarios.

El consejero ha destacado la evolución de criterios europeos en diversos ámbitos, señalando que "la energía nuclear era mala y sucia" y ahora se considera limpia y verde.

Ha insistido en la importancia de compatibilizar sostenibilidad con producción agrícola, ganadera y pesquera. "No hay futuro si no somos capaces de adecuar la sostenibilidad con la producción", ha manifestado.

El diputado regional del PSOE, Alfonso Martínez Baños, ha señalado que "más del 70% de las inversiones que se están realizando en la Región de Murcia están financiadas por el Pacto Verde" y ha acusado al Gobierno autonómico de anteponer "los intereses partidistas sobre el interés general de la Región".

Por otro lado, el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, ha respondido a una pregunta formulada por el grupo Mixto sobre criminalización de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de la Región en el pacto de PP y Vox para sacar adelante los Presupuestos de la Comunidad para 2025.

Marín ha señalado que, en lo que se refiere a la financiación de las ONG, el objetivo del acuerdo alcanzado por su partido con Vox es "garantizar que las subvenciones regionales no sean utilizadas, directa o indirectamente, para sostener prácticas que vulneren el marco legal o incentiven la irregularidad".

"El compromiso del Gobierno regional es firme con la inmigración ilegal, el tráfico de personas y cualquier forma de explotación infantil o trata de seres humanos porque se trata de delitos gravísimos que vulneran los derechos fundamentales y atentan contra la libertad de las personas", ha dicho.

Según ha precisado el consejero, "el Gobierno del presidente López Miras, lo que defiende es la gestión responsable y transparente de los recursos públicos".

 "No estamos cuestionando la labor de las ONG ni su compromiso social. Estas desempeñan un papel esencial en la asistencia humanitaria y en el apoyo a colectivos vulnerables", ha afirmado.

Por su parte, la diputada de Podemos, María Marín, ha recordado que el punto del acuerdo señala que el PP "se compromete a la eliminación y tramitación de devoluciones por incumplimiento de todas las subvenciones que reciban ONG que colaboren o se lucren con la inmigración ilegal, el tráfico ilegal de personas, la trata de blancas o la explotación infantil".

En este sentido, la parlamentaria ha puntualizado que este acuerdo "es el mayor ataque contra el tercer sector en la historia de la Región de Murcia". 

"Entre esto y el cierre del Centro de Menores de Santa Cruz, si ustedes de verdad sintieran algo de dignidad por su trabajo, habrían dimitido", ha afirmado.

Tras insistir en que "los únicos criminales son los discursos de sus socios de la ultraderecha xenófoba", ha apuntado: "Que vivan las ONG, las asociaciones de la Región de Murcia, que se dejan la piel trabajando por la gente más vulnerable".