El PP insta al Gobierno central a "actuar en rebajar el nivel freático para solucionar el principal problema del Mar Menor"

 CARTAGENA.- La diputada regional del Partido Popular, María Casajús, ha instado al Gobierno de España a "asumir sus competencias y actuar de una vez en rebajar el nivel del freático para solucionar el principal problema del Mar Menor", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

Casajús ha subrayado al respecto que "el informe sobre el estado del Mar Menor presentado este martes por el catedrático de Ecología y presidente del Comité Científico del Mar Menor, Ángel Pérez Ruzafa, incide en que la principal preocupación es la tendencia a que siga entrando agua porque el nivel freático, que está alto, y entran por la superficie, por las orillas".

"Pese a la ceremonia de la confusión a la que nos tiene acostumbrados el PSOE para inventarse excusas de mal pagador, a quien corresponde adoptar medidas en el nivel freático y en la rambla del Albujón no es otro que el Gobierno de España, responsable del control del acuífero y las ramblas", ha explicado la diputada del PP.

Además, ha reclamado al Gobierno de Sánchez que elabore los planes de gestión de los acuíferos del campo de Cartagena, instrumentos imprescindibles para rebajar el nivel freático en el entorno del Mar Menor y reducir así la entrada de agua cargada de nutrientes en el ecosistema.

"Por desgracia, el Gobierno de Sánchez sigue sin pasar de las palabras y la propaganda a los hechos y se niega a cortar la entrada al ecosistema de más de 200 litros por segundo de agua dulce cargada de nutrientes", ha señalado la diputada regional.

"La falta de implicación e interés del Gobierno de España en la recuperación y protección del Mar Menor es cada vez más escandalosa", ha denunciado Casajús, que al respecto ha recordado que "el propio Ministerio de Transición Ecológica ha reconocido que tan solo se ha ejecutado un ridículo 13% del Marco de Actuaciones Prioritarias para recuperar el Mar Menor, que se presentó en su momento a bombo y platillo".

El PSRM saca adelante su moción en la que exige al Gobierno regional medidas urgentes en los centros educativos ante las altas temperaturas

CARTAGENA.- La Asamblea Regional ha aprobado, con el voto en contra del PP, una moción del Grupo Parlamentario Socialista en la que exige al Gobierno regional medidas urgentes en los centros educativos públicos de la Región para paliar los efectos de las altas temperaturas.

Torres ha destacado que los episodios de extremas temperaturas en las aulas de los centros educativos de la Región se han convertido en un problema estructural por culpa de la inacción y la irresponsabilidad, durante años y años, del Gobierno regional.

"Cada fin de curso, nuestra comunidad educativa tiene que soportar temperaturas que superan los 32 grados en las aulas, cuando la normativa indica que la temperatura máxima legal para dar clase es de 27 grados, y el Gobierno de López Miras mira para otro lado", ha señalado.

"Cada fin de curso, ya es habitual ver cómo se suspenden clases porque no se puede garantizar la salud de los niños y niñas en las clases, y el Gobierno de López Miras, que es la administración competente, continúa mirando para otro lado", ha añadido.

Por este motivo, el Grupo Parlamentario Socialista ha vuelto a llevar esta iniciativa a la Asamblea para poner solución a un asunto de primera magnitud, de extrema urgencia, que reúne el consenso de toda la comunidad educativa y de la ciudadanía en general, y que pone de manifiesto el abandono sistemático y continuado a la educación por parte del Gobierno regional.

El diputado socialista ha remarcado que, frente un Gobierno regional, cuya falta de planificación y de voluntad política está poniendo en riesgo la salud de los niños y niñas y de la comunidad educativa, el PSOE defiende esta moción con el objetivo de garantizar la salud de los niños y niñas y de toda la comunidad educativa.

Además, ha advertido de que, en septiembre, cuando los niños y niñas vuelvan a clase, seguirá haciendo calor.

 "Por tanto, el Gobierno regional tiene todo el verano para aplicar medidas que climaticen las aulas. Tiene por delante más de dos meses para trabajar y solucionar este problema".

Finalmente, ha recordado que la mano tendida del PSRM consistía en mejorar los centros educativos, mejorar el acceso a la vivienda, reducir las listas de espera en dependencia y reducir las listas de espera en sanidad, entre otras cuestiones.

PP y Vox rechazan un modelo de comarcalización en la Región al considerar que la propuesta socialista es inviable

 CARTAGENA.- El Pleno de la Asamblea Regional ha rechazado la toma en consideración de la Proposición de Ley del PSOE para desarrollar un modelo de comarcalización en la Región de Murcia. La iniciativa, que pretendía cumplir con el artículo 3.2 del Estatuto de Autonomía, ha sido bloqueada con los votos en contra de PP y Vox, que han justificado su postura en base a los informes jurídicos, la inseguridad legal del texto y el temor a crear nuevas estructuras administrativas innecesarias.

El portavoz del PP, Joaquín Segado, ha defendido que el texto presentado por los socialistas "nace sin claridad, con vacíos legales y contradicciones con la legislación vigente". 

A su juicio, "la proposición no solo ignora normas básicas del Estado y el Estatuto de Autonomía, sino que también mezcla conceptos y atribuye competencias que no corresponden a las comarcas". 

Segado ha advertido que de haberse aprobado "se habría abierto un conflicto entre ayuntamientos, con el Gobierno regional y con la propia Asamblea", y ha añadido que "no queremos más burocracia, sino más eficacia".

Desde Vox, el diputado Pascual Salvador ha calificado la iniciativa como "una chapuza jurídica" basada en "un texto que ha recibido hasta 21 observaciones críticas de los servicios jurídicos de la Cámara". 

Salvador ha defendido que "la Región de Murcia, con solo 45 municipios, no necesita más capas administrativas, sino mejor gestión desde el Ejecutivo regional".

 Ha advertido que esta ley "supondría mayor gasto político y estructuras paralelas como si fueran mini diputaciones, algo completamente innecesario".

En el otro extremo, la diputada del PSOE, Carmina Fernández, ha lamentado el rechazo a una propuesta que, según ha explicado, "solo busca cumplir un mandato estatutario pendiente desde hace 43 años".

 "No hay ningún impedimento técnico que no pueda subsanarse durante el trámite parlamentario. Lo que falta es voluntad política", ha afirmado. 

Fernández ha acusado a PP y Vox de "esconderse detrás de un informe jurídico para evitar abrir un debate urgente sobre el modelo territorial de esta región", y ha denunciado que "ni siquiera se permite discutir una propuesta que podría ayudar a combatir la desigualdad territorial".

Desde el Grupo Mixto, la portavoz de Podemos-IU-Verdes-AV, María Marín, ha asegurado que la propuesta del PSOE "puede mejorarse, pero no hay razón para impedir su tramitación". 

"Esto va de democracia, de escuchar al pueblo sobre cómo quiere organizar su territorio. Entiendo que haya partidos que ya ni recuerden lo que significa eso", ha señalado. Ha defendido que "la ciudadanía de Cartagena, Lorca o Yecla merece ser consultada sobre el modelo territorial que quiere".

El también diputado de Podemos-IU-Verdes-AV, José Luis Álvarez-Castellanos, ha insistido en que "no se trata de si el texto es perfecto o no, sino de que llevamos 43 años sin desarrollar el mandato del Estatuto de Autonomía, y eso es injustificable". 

Ha señalado que "los desequilibrios en infraestructuras, servicios o renta entre comarcas naturales como el Noroeste o el Altiplano son reales, y esta ley, al menos, abría la puerta a abordarlos".

La Asamblea Regional rechaza tramitar la ILP del derecho a la Vivienda promovida por la ciudadanía

 CARTAGENA.- La Asamblea Regional ha rechazado la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el derecho a la vivienda en la Región de Murcia. La propuesta, impulsada por colectivos sociales y respaldada por más de 16.000 firmas, ha contado con el apoyo del PSOE y el Grupo Mixto (Podemos-IU-Verdes-AV), pero ha sido rechazada con los votos en contra del PP y Vox.

La ILP incluía, entre otras medidas, compensaciones por retrasos en ayudas al alquiler, la creación de un registro autonómico de demandantes de vivienda y la garantía de que el suelo público siga siendo público. Los grupos favorables consideran que la actual legislación autonómica es inaplicable por falta de desarrollo reglamentario y acusan al Gobierno regional de abandonar sus competencias en materia de vivienda.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista, el diputado Miguel Ángel Ortega ha defendido el voto favorable asegurando que "la ciudadanía merece respeto, y esta iniciativa legislativa popular es una muestra clara de que hay miles de personas que exigen una política de vivienda efectiva".

Ortega ha criticado que "el PP solo ha legislado contra la ocupación, que apenas afecta al 0,05% de los casos, y no ha construido ni una sola vivienda pública en los últimos ocho años". 

Además, ha anunciado que el PSOE volverá a registrar la iniciativa en septiembre y trabajará "coordinadamente con la Plataforma por la Vivienda para corregir los fallos técnicos y garantizar que esta ley pueda debatirse y mejorar lo que haga falta".

En la misma línea, la diputada de Podemos, María Marín, ha denunciado que "despreciar una iniciativa ciudadana es un atentado contra las familias, la juventud y la clase trabajadora de esta tierra". 

Marín ha reprochado al PP y Vox que "en media hora, en un tórrido mes de julio, hayan decidido enterrar la voz de más de 16.000 personas", y ha advertido que "mientras no se haga justicia, habrá lucha".

Por parte de Izquierda Unida-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos ha centrado su intervención en el componente democrático de la ILP. "Hoy no estamos debatiendo solo de política de vivienda, sino de democracia. 

Esta Cámara no puede despreciar el trabajo de 16.100 ciudadanos que, durante seis meses, han recogido firmas para que se debata aquí", ha afirmado. "No tenemos derecho a dejar esta propuesta en un cajón", ha sentenciado.

Desde Vox, el diputado Ignacio Arcas ha justificado el voto en contra señalando que "el texto ha sido rechazado por los servicios jurídicos por su deficiente técnica legislativa y contiene errores que dificultan su aplicación". 

Ha acusado a los grupos promotores de "engañar a los ciudadanos con una propuesta imposible de ejecutar" y ha defendido que "la solución no está en medidas ideológicas, sino en ampliar suelo, reducir trabas y fomentar el alquiler de larga duración".

Por su parte, el diputado del Partido Popular, Antonio Landáburu, ha negado que votar en contra suponga despreciar a nadie.

 "Utilizar la vivienda como arma política sí es faltar al respeto a la ciudadanía", ha dicho, y ha defendido un modelo "equilibrado, sostenible y eficaz, que proteja a los más vulnerables sin hipotecar la iniciativa privada". 

Según Landáburu, la ILP "no resolverá los problemas reales de acceso a la vivienda y puede generar nuevos obstáculos".

Una comisión especial de la Asamblea Regional investigará las 'mordidas' de las obras del AVE en Murcia

 CARTAGENA.- La Asamblea Regional ha aprobado crear una comisión especial de investigación sobre los posibles perjuicios causados a la Región de Murcia derivados de las irregularidades en adjudicaciones de las obras de construcción de infraestructuras de Alta Velocidad en la Región.

Esta moción, presentada por el diputado de Vox, Antonio Martínez Nieto, ha sido aprobada por unanimidad en el Pleno celebrado esta mañana. "La trama del AVE en Murcia tiene que esclarecerse en esta comisión", algo para lo que ha pedido la colaboración de todos los que sean llamados a ella.

La diputada socialista, Virginia Lopo, ha afirmado que desde su partido quieren que se investigue "desde donde haga falta" y "caiga quien caiga".

 "Quien lo haya hecho que lo pague" ha añadido, antes de mostrar "su más absoluto rechazo" y su "más firme repulsa" ante los hechos recogidos en el informe de la UCO".

Por parte, de Podemos-IU-AV, María Marín, ha señalado que fue su grupo quien planteó la creación de esta comisión el 18 de junio y que se debería haber debatido el 8 de julio junto a esta de Vox. 

Así, Marín ha advertido que desde su partido "no vamos a permitir de ninguna manera que la derecha más corrupta de España se apropie de este batalla". 

Desde el PP, el diputado Carlos Albaladejo, ha afirmado que "hoy no es buen día para sentirse orgulloso de ser socialista" y ha afirmado que "el presidente Sánchez lo sabía y lo tapó, el tiempo lo demostrará".

La Asamblea Regional convalida la nueva Ley de Simplificación Administrativa

 CARTAGENA.- La Asamblea Regional ha aprobado en el Pleno de este jueves convalidar el Decreto Ley 1/2025, de 5 de junio, de Simplificación Administrativa.

Una norma que "elimina trámites innecesarios, refuerza la seguridad jurídica y convierte a la Administración regional en un motor de desarrollo y no en un obstáculo". 

Así lo ha destacado esta mañana la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, durante su intervención, en la cual ha subrayado que "esta ley nace con un objetivo firme: facilitar la vida a quienes emprenden, invierten y crean empleo en nuestra Región", según han informado fuentes del ejecutivo regional en una nota de prensa.

La nueva norma, vigente aunque se tramite como proyecto de ley, a petición de varios grupos parlamentarios, introduce medidas de calado como la generalización del silencio administrativo positivo; la ampliación del número de actividades que pueden iniciarse con declaración responsable; la reducción de la carga documental en más de un millón de documentos, o la posibilidad de presentar informes o certificados emitidos por técnicos homologados ante la administración agilizando la resolución de expedientes sin perder el control público.

Asimismo, la ley incorpora avances como la licencia básica, que permitirá en un mes saber si un edificio de viviendas es viable urbanísticamente, clave para acceder a financiación e incluso iniciar su edificación, reduciendo los plazos para la edificación en la Región.

También permite implantar hoteles en suelos residenciales y clasificar suelo industrial como especial para su ordenación mediante instrumentos flexibles, lo que posibilitará obtener más suelo industrial ordenado.

López Aragón ha destacado que esta legislación tiene un impacto directo en la competitividad regional, ya que "se han movilizado ya más de 800 millones de euros gracias a medidas similares que ahora se consolidan y amplían. Esto no es una promesa, son resultados tangibles".

Por otro lado, la consejera ha manifestado que "simplificar no es desproteger. De hecho, el control permanece y se refuerza con sanciones que pueden alcanzar los 600.000 euros".

 "Esta ley no elimina garantías, elimina trabas innecesarias", ha añadido.

Finalmente, López Aragón ha señalado que esta ley "es de los ciudadanos, de quienes crean empleo, innovan y construyen el futuro de esta tierra".

El decreto-ley que regula el transporte urbano e interurbano para los VTC logra el apoyo de la Asamblea Regional

 CARTAGENA.- El decreto-ley impulsado por el Gobierno regional para la regulación del transporte urbano e interurbano de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) ha sido convalidado por la Asamblea Regional tras lograr un apoyo "prácticamente unánime", según ha destacado este jueves el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro.

García Montoro ha valorado que la aprobación del decreto-ley "permitirá dotar de un marco legal claro a los servicios de transporte urbano e interurbano de VTC, favorecerá una convivencia equilibrada con el sector del taxi y garantizará los derechos de los usuarios y la movilidad sostenible de los ciudadanos", según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Además, el consejero ha resaltado que "se solventa el vacío legal que existía tras la modificación de la normativa estatal, que limitaba a los VTC al transporte interurbano sin aportar un marco para el ámbito urbano" y ha añadido que "damos un paso adelante para garantizar que los servicios de VTC se presten con unas reglas claras, respetuosas con el medio ambiente y coherentes con la planificación urbana".

"La norma es fruto de un proceso de diálogo con los sectores implicados que responde a una demanda del propio mercado y permite a los ayuntamientos ejercer sus competencias con criterios de racionalidad y equilibrio", ha explicado el titular de Fomento.

En concreto, el decreto establece una regulación básica para el servicio urbano de VTC, que deberá ser desarrollada por los ayuntamientos a través de sus ordenanzas municipales. Estos podrán fijar limitaciones a la actividad de estos vehículos en base a criterios de sostenibilidad y demanda, adaptándolos a las características específicas de cada municipio, como la calidad del aire, la reducción de emisiones contaminantes o la congestión viaria.

Asimismo, se fija una moratoria de dos años desde la entrada en vigor del decreto hasta que los consistorios aprueben sus ordenanzas. Durante este periodo no se concederán nuevas licencias interurbanas de VTC, aunque las autorizaciones ya existentes podrán seguir operando y también podrán hacer transporte urbano en el municipio donde esté domiciliado el vehículo.

Además, incorpora una limitación específica para los precios en situaciones de alta demanda, estableciendo que el precio final del trayecto no podrá duplicar el precio ordinario ofertado para ese mismo recorrido por la empresa operadora o intermediaria, con el fin de evitar abusos a los usuarios y preservar el interés general.

"Se trata de una medida de protección al usuario que garantiza que los servicios de VTC se presten con garantías, también en términos económicos", ha remarcado García Montoro.

Los Presupuestos de la CARM sólo dedican a Cultura un 0,43% frente a un patrimonio casi en ruinas

 CARTAGENA.- La diputada regional socialista Magdalena Sánchez ha lamentado que, un año más, los Presupuestos de la CARM no contemplan la principal demanda del sector: un plan estratégico de cultura.

"Solo un 0,43% del presupuesto de la Comunidad Autónoma está destinado a la cultura. Es una verdadera pena que se destine una cantidad tan ridícula para ICA, la Orquesta Sinfónica y Bienes Culturales. Solo levantar el patrimonio de la Región, que está tirado por los suelos, costaría ya más de lo que es el propio presupuesto global de toda la Comunidad Autónoma", ha destacado.

Sánchez ha recordado que, según el último estudio del Consejo Económico y Social (CES), el 7,1 % de los turistas de España son turistas culturales, frente al 3,4% en la Región.

 "Si no cuidamos nuestro patrimonio, no cuidamos nuestro turismo".

Temen desde la Asamblea la ruina del turismo si López Miras cede ante Vox y deroga la Ley del Mar Menor

 CARTAGENA.- El diputado regional Manuel Sevilla ha asegurado que el Gobierno regional solo invierte en turismo 4,6 millones de euros con fondos propios, lo que representa una reducción porcentual del 22,5 % con respecto a 2024. El sector turístico representa el 10,3 % de la economía de la Región en términos de Producto Interior Bruto y debería ser más cuidado por Gobierno de López Miras".

Sevilla ha insistido en que estos son los presupuestos en los que el Partido Popular entregará la Ley del Mar Menor a la voluntad de la ultraderecha. "Ayer pudimos ver como López Miras cedió al chantaje de Abascal respecto a la anulación de la orden publicada en el BORM para adquirir viviendas para menores. Estos son hechos, que nos confirman que López Miras también cederá ante Vox y finalmente derogará la Ley que protege el Mar Menor".

Finalmente, ha indicado que, si el Mar Menor no alcanza un estado saludable, el Turismo regional tampoco lo alcanzará, y ha recordado que hace más de un año que el Gobierno regional está anunciando el pacto por el turismo regional, pero aún no ha visto la luz.

"El Gobierno regional recorta un 30% en las políticas destinadas a los jóvenes y echa a la calle a 60 niños por imposición de Vox" (PSRM)

 CARTAGENA.- El diputado regional socialista Miguel Ortega ha denunciado que el Gobierno regional de López Miras ha recortado un 30 % los presupuestos destinados a la juventud, a la vez que ha echado a la calle a 60 menores por imposición de Vox.

Ortega ha criticado que el Gobierno regional ha recortado 2,5 millones de euros en ayudas a la juventud, mientras ha incrementado en 70.000 euros la partida para publicidad.

 "Pretenden tapar las vergüenzas de su gestión con publicidad institucional".

Además, ha afeado que el Ejecutivo de López Miras ha echado a la calle a los 43 agentes de empleo juvenil en los centros locales de empleo. 

"En una de las comunidades autónomas con más paro juvenil, el Gobierno regional echa a la calle a todos los que ayudaban a los jóvenes a encontrar empleo".

El diputado socialista ha explicado que en la Región de Murcia se puede ser joven hasta los 40 años, como dice el eslogan que tanto repiten López Miras y la consejera de Juventud.

 "Esto se traduce en que una persona de 40 años tenga las mismas necesidades que otra de 25. Precarizan a las personas hasta los 40 años".

"López Miras y la consejera han tenido una oportunidad histórica, la que ofreció Francisco Lucas para llegar a un acuerdo moderado, sin líneas rojas, que expulsara el racismo y el odio, que cogiera a niños y que respetara al colectivo LGTBI, pero y el PP ha preferido dejar a 60 niños en la calle antes que pactar unos presupuestos moderados. Esto les va a perseguir para siempre", ha concluido.

Podemos llevará este martes al Pleno de la Asamblea Regional el "acceso libre" a Cala Morena, en Cartagena

 CARTAGENA.- Podemos llevará este martes al Pleno de la Asamblea Regional una moción para solicitar al Gobierno central que garantice el acceso libre a Cala Morena, en El Portús, en Cartagena, según informaron fuentes de la formación 'morada' en un comunicado.

Así lo ha hecho saber, tras reunirse con miembros de la Asociación Cala Morena, la diputada María Marín, quien ha pedido a todos los grupos parlamentarios el apoyo a su iniciativa.

Marín ha subrayado que lo que pide el colectivo "es simplemente que se cumpla la ley, es decir, que se garantice un acceso libre y seguro a esta cala, que forma parte del dominio público, algo que dificultan los propietarios del camping de El Portús".

"No nos fiamos del anuncio de la Demarcación de Costas de abrir un expediente de expropiación forzosa", ha dicho la diputada del Grupo Mixto, que ha recordado que el proceso ya se anunció en 2015 y "fue paralizado por el propio Ministerio tras un acuerdo verbal con los propietarios".

"Después, todos esos compromisos cayeron en saco roto y la partida presupuestaria para restaurar el sendero de acceso nunca fue ejecutada", ha añadido.

Por todo ello, desde Podemos aseguran que no se puede "bajar la guardia" y pedirán el apoyo a su iniciativa de todos los grupos parlamentarios. 

 "Expropiación forzosa ya. El acceso libre a Cala Morena y el disfrute de nuestro litoral no se negocia, se exige y se consigue", ha concluido Marín.

El consejero Vázquez dice que "mejorar" la Ley del Mar Menor no es desproteger este espacio

 CARTAGENA.- El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha defendido en la Asamblea Regional que "mejorar la Ley del Mar Menor no es desproteger" este espacio "ni tampoco derogar" la norma, y ha instado a no generar "un falso alarmismo porque no se ha formulado de momento ninguna propuesta".

Vázquez ha respondido así en la Asamblea Regional a una pregunta formulada por el grupo parlamentario socialista sobre modificaciones concretas de la Ley 3/202, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor pactadas con Vox para la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad.

En su intervención, el titular de Medio Ambiente ha explicado que, tras cinco años de vigencia de la ley, "tenemos millones de datos del ecosistema con más sensores del mundo" y "cientos de publicaciones científicas" que permiten abordar una actualización normativa.

Ha insistido en que "mejorar la ley del Mar Menor no es desprotegerlo".

 "Estoy seguro de que ningún diputado quiere dar un paso atrás, sino dar un paso adelante", ha manifestado, tras lo que ha solicitado evitar "un falso alarmismo" porque no se ha formulado ninguna propuesta concreta de modificación.

Asimismo, ha reclamado al Gobierno de España que "siga dando pasos adelante" con actuaciones "urgentes" que "llevan más de cuatro años esperando", entre las que ha citado la recanalización de la rambla del Albujón y la intervención sobre el acuífero del Campo de Cartagena, que es lo que "más está perturbando la laguna".

"Hay que mantener un modo de escucha a través de los distintos cauces que el Estado de Derecho permite", ha argumentado Vázquez, que ha insistido en que serán los trabajos de la Asamblea los que definan "el nuevo marco legislativo que proteja al Mar Menor", destacando que el modelo de gobernanza "ya está finalizado".

Por su parte, el diputado regional del PSOE, Manuel Sevilla, ha afirmado que el acuerdo de PP y Vox para aprobar las cuentas pretende "derogar la ley" de la laguna. Con este acuerdo, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, "ha elegido poner en riesgo millones de euros del Pacto Verde Europeo y asumir las políticas de odio de la ultraderecha", ha señalado el parlamentario socialista.

Sevilla ha criticado al PP por señalar que "con el Mar Menor ni un paso atrás" durante la campaña electoral y ahora buscar modificar la legislación que protege este ecosistema. "Han demostrado que era una engañifa y una falta de respeto a quienes han comparecido en las comisiones parlamentarias", ha manifestado.

Ha asegurado que su partido "hará todo lo posible para que no se revierta el proceso de restauración de la laguna" y ha anunciado que seguirá trabajando por la creación de humedales artificiales, cinturones verdes y una agricultura compatible. "Nos tendrán enfrente", ha concluido.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha defendido la necesidad de atender las demandas de los pescadores, ganaderos y agricultores, al ser interpelado por el PSOE sobre su posición respecto al Pacto Verde de la Unión Europea (UE) tras su acuerdo con Vox para sacar adelante los Presupuestos de 2025.

Según ha precisado Vázquez, los gobiernos tienen la "obligación" de escuchar a estos profesionales, muchos de ellos murcianos que "ven en riesgo su trabajo, lo que le han dado de comer durante generaciones", especialmente cuando denuncian "restricciones que les están ahogando" y competencia desleal de terceros países.

"La propia Unión Europea ya lo está haciendo", ha subrayado, poniendo como ejemplo la directiva ómnibus que flexibiliza plazos reglamentarios.

El consejero ha destacado la evolución de criterios europeos en diversos ámbitos, señalando que "la energía nuclear era mala y sucia" y ahora se considera limpia y verde.

Ha insistido en la importancia de compatibilizar sostenibilidad con producción agrícola, ganadera y pesquera. "No hay futuro si no somos capaces de adecuar la sostenibilidad con la producción", ha manifestado.

El diputado regional del PSOE, Alfonso Martínez Baños, ha señalado que "más del 70% de las inversiones que se están realizando en la Región de Murcia están financiadas por el Pacto Verde" y ha acusado al Gobierno autonómico de anteponer "los intereses partidistas sobre el interés general de la Región".

Por otro lado, el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, ha respondido a una pregunta formulada por el grupo Mixto sobre criminalización de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de la Región en el pacto de PP y Vox para sacar adelante los Presupuestos de la Comunidad para 2025.

Marín ha señalado que, en lo que se refiere a la financiación de las ONG, el objetivo del acuerdo alcanzado por su partido con Vox es "garantizar que las subvenciones regionales no sean utilizadas, directa o indirectamente, para sostener prácticas que vulneren el marco legal o incentiven la irregularidad".

"El compromiso del Gobierno regional es firme con la inmigración ilegal, el tráfico de personas y cualquier forma de explotación infantil o trata de seres humanos porque se trata de delitos gravísimos que vulneran los derechos fundamentales y atentan contra la libertad de las personas", ha dicho.

Según ha precisado el consejero, "el Gobierno del presidente López Miras, lo que defiende es la gestión responsable y transparente de los recursos públicos".

 "No estamos cuestionando la labor de las ONG ni su compromiso social. Estas desempeñan un papel esencial en la asistencia humanitaria y en el apoyo a colectivos vulnerables", ha afirmado.

Por su parte, la diputada de Podemos, María Marín, ha recordado que el punto del acuerdo señala que el PP "se compromete a la eliminación y tramitación de devoluciones por incumplimiento de todas las subvenciones que reciban ONG que colaboren o se lucren con la inmigración ilegal, el tráfico ilegal de personas, la trata de blancas o la explotación infantil".

En este sentido, la parlamentaria ha puntualizado que este acuerdo "es el mayor ataque contra el tercer sector en la historia de la Región de Murcia". 

"Entre esto y el cierre del Centro de Menores de Santa Cruz, si ustedes de verdad sintieran algo de dignidad por su trabajo, habrían dimitido", ha afirmado.

Tras insistir en que "los únicos criminales son los discursos de sus socios de la ultraderecha xenófoba", ha apuntado: "Que vivan las ONG, las asociaciones de la Región de Murcia, que se dejan la piel trabajando por la gente más vulnerable".

Podemos critica la "cláusula anti cine Rex" de la nueva ley regional de simplificación administrativa

 CARTAGENA.- Podemos ha denunciado públicamente este jueves que la nueva ley de simplificación administrativa del Gobierno regional va a suponer "una nueva ofensiva contra nuestro patrimonio, no solo el natural, sino también el cultural e histórico" al incorporar una "cláusula anti cine Rex", según informaron fuentes de la formación morada en un comunicado.

Así lo ha expresado la diputada regional María Marín, que ha asegurado que la nueva norma deja la protección de los bienes de interés cultural "exclusivamente en manos de los ayuntamientos y permite a la dirección general de patrimonio y al gobierno regional lavarse las manos".

"Y lo que es peor, restringe la posibilidad de que los movimientos ciudadanos impulsen la protección como BIC de elementos de nuestro patrimonio", ha señalado. Marín hacía referencia a que, en concreto, se suprime el plazo de seis meses para incoar un expediente, lo que "deja esas iniciativas en un limbo".

Desde Podemos tienen "muy claro" que "se trata de una cláusula anti cine Rex, un veto para que nadie más se atreva a impulsar una iniciativa así que ha puesto muy nerviosos al Gobierno regional, al ayuntamiento de Murcia y a los grandes empresarios que no quieren trabas a sus pelotazos".

IU-Verdes vuelve a la Asamblea Regional una década después con José Luis Álvarez-Castellanos como nuevo diputado

 CARTAGENA.- La dimisión del diputado Víctor Egío, formalizada ayer, ha activado el procedimiento para que el excoordinador regional de Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia, José Luis Álvarez-Castellanos, pase a ocupar su escaño en la Asamblea Regional. Su incorporación supondrá el regreso de Izquierda Unida al parlamento autonómico una década después de la pérdida de representación institucional en 2015.

En unas declaraciones a las puertas de la Asamblea Regional que ha hecho públicas esta mañana la formación de izquierdas, en las que representantes de IU-Verdes han valorado junto al coordinador federal, Antonio Maíllo, el relevo como parte de la dinámica de colaboración y trabajo conjunto que mantiene la coalición Izquierda Unida - Podemos desde el inicio de la legislatura.

La líder regional de IU-Verdes, Penélope Luna, ha subrayado que el cambio "se produce dentro de la naturalidad y el espíritu de cooperación que caracteriza nuestra alianza" y ha señalado el carácter simbólico del regreso de IU a la cámara: "Es un momento muy especial porque recuperamos la presencia con un diputado en la Asamblea después de diez años. Desde aquí seguiremos trabajando por mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, especialmente golpeada por las políticas neoliberales del PP durante tres décadas de gobierno."

Luna ha agradecido el trabajo desempeñado por Víctor Egío, junto a María Marín, en la defensa del programa político pactado entre ambas formaciones: "Ahora será también Izquierda Unida-Verdes quien aporte su voz y su presencia a este trabajo que ya venimos desarrollando conjuntamente, intensificando el carácter propositivo de nuestras propuestas y reforzando la oposición a los recortes de derechos que promueven la derecha y la ultraderecha en nuestra Región."

Por su parte, José Luis Álvarez-Castellanos ha remarcado el sentido político de este retorno: "Hace ya una década, en 2015, nuestro compañero José Antonio Pujante dejó vacante este escaño que antes ocuparon otros diputados como Cayetano Jaime, Joaquín Dólera, Pedro Antonio Ríos, Elvira Ramos o Ginés Carreño. 

Compañeros y compañeras que se destacaron por alzar una voz clara, razonada y firme para defender los derechos de la ciudadanía, los servicios públicos y el medio ambiente. En pocas semanas volveremos con ese mismo espíritu, con la misma forma de hacer política: con argumentos, con datos, con lógica natural frente a la desidia del Partido Popular."

Álvarez-Castellanos ha criticado el vaciamiento del debate parlamentario en la Región: 

"Mientras PP, Vox o incluso el PSOE recurren ahora a la inteligencia artificial para teatralizar debates sobre cuestiones como el trasvase o la regeneración de la bahía de Portmán, nosotros apostamos por la inteligencia natural: la del razonamiento, el contraste de ideas y el trabajo serio para cambiar esta Región."

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha felicitado públicamente a IU-Verdes por este paso: "Las personas progresistas y de izquierdas de la Región de Murcia deben alegrarse: van a contar con una voz rigurosa, pedagógica y profundamente comprometida con la justicia social, los servicios públicos y el respeto al territorio. José Luis será una extraordinaria herramienta institucional para construir una alternativa frente a un PP y a Vox agotados, que solo han generado precariedad, exclusión y pobreza laboral."

Con esta incorporación, Izquierda Unida-Verdes reabre una etapa de presencia directa en la Asamblea Regional, reforzando su papel institucional dentro del grupo parlamentario de la coalición y asumiendo el reto de trasladar al Parlamento las demandas sociales y las luchas políticas que ya viene sosteniendo en las calles y en los municipios de la Región.

La Comunidad Autónoma ha defendido los intereses de la Región ante "incumplimientos" de la anterior concesionaria del Aeropuerto, dice el PP

CARTAGENA.- El diputado regional del PP Víctor Martínez-Carrasco ha subrayado que la Comunidad "ha defendido desde el primer momento los intereses de la Región ante los incumplimientos de la anterior concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia", según informaron fuentes del Grupo Parlamentario Popular en un comunicado.

Martínez-Carrasco ha hecho esta valoración de la comparecencia del administrador concursal de Aeromur, Miguel Sánchez Calero, en la Comisión de Investigación del Aeropuerto de la Asamblea Regional.

"Resulta increíble que la oposición reproche al Ejecutivo autonómico que cumpla con su obligación de evitar un perjuicio a las arcas regionales", ha señalado el diputado del PP, que ha apuntado que "la Comisión de Investigación está sirviendo para dejar claro que el procedimiento de liquidación sigue abierto, esto es, para justo lo contrario de lo que esperaban los partidos que lo han impulsado".

"Por tanto, afirmar que ha habido una liquidación fallida, o bien es un error, o bien es actuar con mala fe, puesto que es una cuestión que aún está por resolver", ha añadido.

Martínez-Carrasco ha explicado que "el proyecto del Aeropuerto salió a licitación y se adjudicó en principio con todas las garantías", sin embargo "la concesionaria Aeromur adquirió unos compromisos que incumple, y a partir de ese momento la Administración regional actúa con responsabilidad y en defensa de los intereses de la Región y el 16 de septiembre de 2013 decide resolver el contrato".

"En julio de 2016 se inició la liquidación del contrato de concesión, pero, fruto de la estrategia de defensa de la concesionaria, se ha ido retrasando todo este procedimiento", ha remarcado el parlamentario 'popular', que ha enfatizado que "esta es la pura verdad, por mucho que la oposición pretenda hacer ver lo contrario".

"Ni todos los circos que tengan previsto organizar en esta Asamblea van a conseguir tapar el fracaso de quienes no tienen otro objetivo que desprestigiar el Aeropuerto, que está consiguiendo compensar el castigo que venimos sufriendo en materia de infraestructuras por parte del Gobierno de Sánchez", ha concluido Martínez-Carrasco.

"El administrador concursal del aeropuerto de Corvera confirma que la Comunidad no va a recuperar ni un euro", revela el PSOE

 CARTAGENA.- El diputado regional del PSOE, Alfonso Martínez Baños, ha asegurado que este miércoles el administrador concursal de la concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia "ha confirmado que la Comunidad no va a recuperar ni un solo euro de la masa concursal", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

Martínez Baños ha hecho estas declaraciones tras la comparecencia del administrador concursal de la concesionaria, Miguel Sánchez Calero, en la Comisión de Investigación sobre la liquidación fallida por daños y perjuicios en la construcción y explotación del aeropuerto de Corvera.

El parlamentario socialista ha indicado que la empresa concesionaria está en concurso de acreedores y, por tanto, hay un administrador concursal nombrado por el juzgado de lo mercantil, que es el que está liquidando la empresa concesionaria.

Según Martínez Baños, Sánchez Calero "ha confirmado que, efectivamente, el coste del aeropuerto de Corvera será de 401 millones de euros: 182,6 millones del aval que en su día la Comunidad Autónoma adquirió con la concesionaria; 212,3 millones por daños y perjuicios, que es lo que está reclamando por la vía judicial en estos momentos la Comunidad, y 6 millones de euros del coste de los pleitos y reclamaciones que se han llevado a cabo durante todo este tiempo".

Además, ha detallado que el administrador concursal "ha aclarado que la segunda liquidación de la reclamación por daños y perjuicios que aprobó en 2024 la Comunidad Autónoma está recurrida por parte de la concesionaria ante el TSJ de Murcia porque entiende que el procedimiento de reclamación por daños y perjuicios está prescrito".

"Martínez Calero también nos ha aclarado que la valoración de las obras del aeropuerto, que en su día se estimó en 143 millones de euros por parte de la CARM y que el TSJ les dio la razón, la concesionaria lo tiene recurrido en casación ante el Tribunal Supremo. Por tanto, esa cantidad todavía no es definitiva", ha señalado.

"En definitiva, vaya pufo que nos han dejado los sucesivos gobiernos del Partido Popular. Nos dijeron que no iba a costar ni un solo euro y la realidad es que va a costar 401 millones de euros y, además, no vamos a recuperar ni un solo euro de la masa concursal", ha concluido el diputado regional del PSOE.

La Asamblea aprueba instar al Gobierno central a actualizar en la Región el catálogo de puestos de trabajo de la Guardia Civil

 CARTAGENA.- La Asamblea Regional ha aprobado este martes por unanimidad instar al Gobierno de la Nación a revisar y actualizar el catálogo de puestos de trabajo de agentes de la Guardia Civil en la comunidad teniendo en cuenta el aumento de la población.

Esta petición ha formado parte de una moción del PP que también solicitaba cubrir las vacantes en la 5ª Zona de Murcia hasta completar el catálogo de puestos fijado por el Ministerio del Interior "para mejorar la seguridad y evitar que siga aumentando la delincuencia en la Región", aunque en este punto, que también ha salido adelante, el PSOE se ha abstenido.

Durante la defensa de la iniciativa, el diputado regional del PP, Alfonso Fernando Cerón, ha denunciado que "nunca en la historia un cuerpo de seguridad del Estado ha sufrido tanto desprecio" como ahora por parte del Gobierno central y ha lamentado la "falta de casi 9.000 agentes por toda España, de los que 306 corresponden a la Región".

"Mientras los agentes Civil trabajan con honor y lealtad, Pedro Sánchez y sus fontaneros trabajan desde las cloacas más turbias de Moncloa con prácticas mafiosas para destruir a la Guardia Civil, porque no quieren que se investiguen los presuntos casos de corrupción que acechan a la mujer de Sánchez, al hermanísimo, al soldado Ábalos o al número 3, el del cupo vasco", ha dicho.

El diputado socialista Fernando Moreno ha alabado la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez ya que "España es uno de los países más seguros del mundo" y ha destacado que el Ejecutivo socialista ha alcanzado "la cifra de 156.500 agentes, el número máximo de efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en España, creando nueve plazas a diario".

En Vox, el diputado de Vox Alberto Garre ha reivindicado el papel de la Guardia Civil y ha criticado al actual Gobierno para insistir en que "a la Benemérita se le respeta y se le valora, no se la difama",

El parlamentario de Podemos, Víctor Egío, por su parte, ha expresado su respaldo a esta moción destinada a "que se cubran todas las vacantes en un cuerpo tan importante, especialmente para los municipios, para las zonas rurales y también para la protección de la naturaleza".

Además, la Asamblea Regional ha aprobado, con el apoyo del PP y Podemos, la abstención de Vox y el rechazo de PSOE, una moción para reclamar al Gobierno central que mantenga la financiación íntegra del Plan Corresponsables, destinado a facilitar la conciliación laboral y familiar y a crear empleo en el sector de los cuidados.

La defensora de la iniciativa, la 'popular' María del Carmen Pelegrín, ha indicado que el Ejecutivo central ha aplicado al Plan un "recorte" del 25%, al pasar de destinarle un presupuesto de 190 millones de euros a 142,5 y asignar a las comunidades los 47,5 millones restantes.

Pelegrín ha denunciado que esta decisión afecta especialmente a las familias vulnerables. "Ha empezado a cargárselo --el Plan-- el Gobierno más feminista, más socialista, menos demócrata y más mentiroso de la historia de esta democracia", ha manifestado en su intervención.

Desde el PSOE, la parlamentaria Antonia Abenza, que ha presentado una enmienda a la totalidad que no ha salido adelante, ha acusado al PP de actuar con "hipocresía" porque "mientras con la mano izquierda piden al Gobierno de España lo que es de su competencia, con la derecha se abstuvieron frente a todas las comunidades del PP al reparto de los 142,5 millones destinados a este plan".

Por parte de Vox, María José Ruiz, que ha presentado una enmienda parcial, asumida en una parte por el PP, ha dicho que el Plan está "impregnado de ideología de género" y ha exigido que el dinero público se destine a "medidas que verdaderamente favorezcan la conciliación familiar y laboral, libres de sesgo ideológico".

La diputada regional de Podemos, María Marín, ha defendido el plan como "la primera política pública de conciliación coordinada por un gobierno de España" y ha rechazado "este recorte brutal de un gobierno supuestamente progresista formado por el Partido Socialista y sumar".

Por otro lado, el Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado por unanimidad la moción del grupo parlamentario Vox, que ha presentado el diputado Rubén Martínez Alpañez, para regular y simplificar el procedimiento administrativo de reconocimiento, expedición y renovación del título de familia numerosa, así como para establecer la gratuidad del Carné Joven Europeo para los hijos de estas familias.

El diputado, que ha recordado que en la Región hay aproximadamente 40.000 familias que tienen tres o más hijos, advierte que ocho de cada diez "tienen dificultades para llegar a final de mes", por lo que ha apostado por configurar las normas para beneficiar a las familias numerosas, cuyos representantes aseguran que "no tienen acceso a algunas ayudas que deberían corresponderles".

En esta línea, ha lamentado que la renovación del carné de familias numerosas "dista mucho de ser un procedimiento ágil, sencillo y práctico" y ha pedido que se regule normativamente el procedimiento administrativo para ello.

El diputado de Vox ha aprovechado para advertir de la emancipación de los jóvenes en la Región, que "genera una situación de vulnerabilidad en las familias numerosas", ya que en la Región la edad para ello de los jóvenes se sitúa alrededor de los 30 años, "una de las más altas de la Unión Europea". 

Por ello, ha abogado por "ampliar esta edad límite hasta la emancipación efectiva de los hijos independientemente de la situación académica".

La finalidad, dice, "debe ser adaptar los procedimientos a la realidad social actual y establecer la vigencia del título de familia numerosa hasta que el último de los hijos cumpla al menos 26 años".

La segunda parte de la moción que ha defendido ha sido sobre el carné joven europeo, en la que se ha pedido "establecer la gratuidad del carné joven para los jóvenes pertenecientes a las familias numerosas".

El PSOE ha presentado una enmienda parcial a la moción de Vox. El diputado Miguel Ángel Ortega ha mostrado su apoyo a dicha moción, ya que ha coincidido en el hecho de que a las familias numerosas "les resulta cada vez más complicado mantener un nivel de vida digno en la Región".

El diputado Santiago López también ha expresado su apoyo a la misma. 

"Más de 41.000 familias se benefician de las políticas del Gobierno de López Miras", ha indicado el diputado, que ha pedido incluir la enmienda que presenta el PP.

Por su parte, María Marín, del grupo parlamentario Mixto, considera que esta iniciativa "esconde un verdadero fracaso", como lo pone de manifiesto el hecho de que "el 15 por ciento de los jóvenes de entre 16 y 29 años consigue independizarse, y lo que proponen frente a eso es extender la edad para el carné de familia numerosa". 

"Para qué vamos a luchar contra las causas que impiden a los jóvenes emanciparse", se ha preguntado.

Finalmente, Martínez Alpañez (Vox) ha confirmado que acepta las enmiendas que ha presentado el PSOE y el PP en la moción en Pleno.

Egío (Podemos) entrega su acta de diputado regional y deja paso a IU-Verdes

 CARTAGENA.- El diputado regional de Podemos, Víctor Egío, se ha despedido este martes del resto de grupos parlamentarios minutos antes de entregar su acta en la Cámara para dejar paso a José Luis Álvarez-Castellanos, de IU-Verdes, en virtud del acuerdo suscrito entre ambas formaciones políticas para concurrir en coalición en las pasadas elecciones autonómicas.

Egío, visiblemente emocionado, ha esperado al final de la sesión plenaria para anunciar su renuncia. "Si alguna vez ofendí a alguien, les aseguró que no fue con mala intención; no es nada personal, es una cuestión de clase", ha comenzado su intervención el diputado de la formación 'morada'.

"La mayoría de ustedes representan los intereses de los que privatizan nuestra educación, nuestra sanidad y nuestros servicios públicos, y yo tengo muy claro que si estoy en estoy en esta tribuna es gracias a mis maestros y a mis maestras, a la educación pública", ha dicho dirigiéndose al resto de parlamentarios.

Ha dado las gracias a las personas que han confiado en él, entre las que ha citado a la eurodiputada de Podemos, Irene Montero; a la secretaria general del partido, Ione Belarra; a su "coordinador, amigo, referente" el diputado nacional Javier Sánchez Serna y a su "compañera" en el grupo parlamentario Mixto, María Marín, que ha definido como "la jefa de la oposición".

"Dejo mi escaño, cuelgo esta chaqueta, pero no dejo de ningún modo la lucha por los valores y por el mundo en el que creo; esto no es un paso atrás, es un paso adelante", ha señalado.

Asimismo, ha anunciado que este miércoles emprenderá rumbo a Gaza, donde se unirá a una marcha global para "romper ese bloqueo inhumano del régimen genocida de Israel que amenaza a dos millones de personas con la muerte, la mitad de ellos niños y niñas".

Se ha referido a sus dos hijos, a los que, según ha dicho, quiere "educar en los valores del respeto, del antirracismo, del antifascismo y del pacifismo", y ha concluido pidiendo "perdón" a su compañera sentimental.

"Si yo he podido estar aquí, dedicarle tantas horas para representar a la gente de izquierdas de esta tierra es porque ella se ha multiplicado para sacar el trabajo, la casa y los niños adelante; no tengo tiempo en esta vida para devolverme todo lo que te debo. Perdóname", ha finalizado.

Por su parte, la presidente de la Asamblea, Visitación Martínez, le ha deseado que "le vaya bien" en nombre de la Cámara regional.

Podemos exige la inclusión de un plan de choque contra el calor en las aulas en los presupuestos regionales

 MURCIA.- El calor en las aulas vuelve a ser protagonista cuando aún falta casi tres semanas para la finalización de las clases. A las puertas del CEIP Santa María de Gracia en Murcia, el diputado regional Víctor Egío ha denunciado la situación en el centro. 

"Si aquí tienen aire acondicionado es porque lo pagaron las familias, porque lo pagó el AMPA tras muchos años reclamando en vano al Ayuntamiento y la Consejería de Educación". 

Sin embargo, denuncia Egío, "no pueden hacer uso porque la luz salta cada vez que ponen el aire debido a la antigüedad de la instalación eléctrica".

Ante esta situación, Egío reclama que se incluya "un plan de choque contra el calor en las aulas en los presupuestos regionales que están a punto de llegar a la Asamblea".

 "Sabemos que otros partidos, como PP y Vox, están más bien por la labor de cerrar centros de menores", lamenta el diputado morado.

 "Nuestra prioridad es la contraria, la protección de la infancia empezando por evitar que los niños y niñas de este colegio y otros de la red pública tengan que dar clase en estas condiciones".

Víctor Egío: “Es una vergüenza que la presidenta de la Asamblea y el resto de grupos no hayan parado el Pleno para recibir a los trabajadores de Navantia”

 CARTAGENA.- Podemos ha acompañado esta mañana a los centenares de trabajadores de Navantia y sus empresas auxiliares que se han concentrado a las puertas de la Asamblea Regional. La semana pasada, Podemos trajo a la cámara una moción en la que recogían sus reivindicaciones, moción que salió adelante pese a la abstención del PSOE y de Vox. “Ahora –explicaba el diputado regional morado Víctor Egío-, vamos a elevar sus peticiones a la comisión de Industria del Congreso”. 

Por otro lado, Egío ha recordado que, al inicio del Pleno de esta mañana, la portavoz morada, María Marín, ha solicitado a la presidenta de la cámara la suspensión del Pleno para que los diputados pudieran salir a recibir a los trabajadores y escuchar su manifiesto. El resto de grupos parlamentarios han rechazado la propuesta de Marín.

 “Nos parece una vergüenza que la presidenta de la Asamblea y el resto de grupos parlamentarios no hayan permitido parar el Pleno aunque fueran 15 minutos para recibir a los trabajadores de Navantia”, afirmaba Egío.

“Son trabajadores –concluía-, son los que levantan este país y pagan esta Asamblea, y lo mínimo que tienen es el derecho a ser escuchados”.