Una de las escenas más hilarantes de ‘La vida de Brian’, la célebre
comedia de Monty Python, tiene lugar al pie del cadalso cuando los
romanos huyen despavoridos al ver aproximarse a la carrera a trece
miembros del autodenominado ‘Frente del Pueblo Judaico’. Para
desesperación de Brian, resultaron ser miembros de un escuadrón suicida
que, al grito de «así aprenderán esos romanos», se apuñalaron en el
corazón para dar un escarmiento a los invasores.
En el terreno de la
política regional sucedió algo parecido hace pocos años cuando el
entonces portavoz de UPyD en Caravaca, el hoy líder regional de
Ciudadanos Miguel Sánchez, anunció que renunciaría a su acta de concejal
si en diez días no dimitía el alcalde Domingo Aranda, recién imputado
por el caso ‘Roblecillo’. El primer edil no dimitió y Miguel Sánchez se
inmoló: «Me voy más que en un gesto de generosidad, en un gesto de
dignidad». Como en ‘La vida de Brian’, ese ‘suicidio’ político tuvo su
punto teatral porque Sánchez resucitó al cabo de un mes en Ciudadanos,
aunque las escrituras no apócrifas oficializan que se cayó del caballo,
como Pablo de Tarso, cuando en ese ínterin vio la luz en un mitin de
Albert Rivera.
De lo que no hay duda es de que Miguel Sánchez es un
político que cumple su palabra y se esfuerza por estar a la altura del
éxito sobrevenido de un partido formado con una precipitada leva de
disidentes de uno y otro lado para hacer frente al ‘imperio’ popular,
unidos todos bajo la bandera de la regeneración democrática. Ciudadanos
sabe que se juega hoy el ser o no ser en la Región, si lo firmado en el
pacto de investidura de Pedro Antonio Sánchez no se lleva a término por
el cauce que sea, ahora que empiezan a mostrar también fortalezas con su
trabajo en las instituciones regionales.
Por eso Albert Rivera no
apunta otra solución que la dimisión del presidente regional desde que
fue citado a declarar el 6 de marzo como investigado, antes imputado,
por el ‘caso Auditorio’. En su estrategia de defensa de PAS, el Gobierno
de Rajoy y Génova han hecho todo lo posible en estos días para
debilitar el empuje de Ciudadanos mostrando sus ambigüedades: el apoyo
al alcalde socialista de Granada (investigado por varios delitos), su
apuesta por fijar en una ley la línea roja para las dimisiones por
corrupción en la apertura de juicio oral, la obviedad compartida de que
no es lo mismo meter la pata que meter la mano…
Finalmente, los líderes
nacionales de C’s y PP pactaron una tregua que expira el día 6 si PAS no
ofrece el próximo jueves a Miguel Sánchez un candidato alternativo del
PP para la presidencia. Y es que unos y otros saben que una moción de
censura implica un acuerdo con Podemos y posiblemente la elección de un
presidente del PSOE, lo que no entenderían los votantes de la formación
naranja. A estas alturas, el asunto huele a muerto, pero está por ver
quién actuará como escuadrón suicida por mor de un pacto de investidura
que entraña riesgos para ambas partes en función de cómo acabe la
historia. Como medida disuasoria, Pedro Antonio Sánchez ya ha hecho
saber, por vía indirecta, que como está convencido de que el caso será
archivado rápidamente, podría ser él quien convocara elecciones
anticipadas después, con previsible resultado arrollador.
Es obvio que el peor pronóstico de partida es para PAS, pese a
que ha logrado interiorizar en el Gobierno de Rajoy y en Génova, ambos
todavía afectados por lo sucedido con Rita Barberá, que este caso se
archivará como los anteriores. Lo ha conseguido sobre la base de una
clara convicción en su inocencia pero también de un relato trufado de
fantasías sobre el número de querellas penales recibidas (en realidad ha
tenido dos en Murcia y solo una impulsada por el fiscal), de juegos
florales de naturaleza semántica sobre los presuntos delitos
investigados (que son contra la Administración pública y catalogados de
corrupción por el CGPJ) y una interpretación jurídica de un pacto de
investidura que está muy claro.
Nada de eso se dirimirá en el TSJ porque
forma parte del ámbito de la política y no tendrá ningún peso, ni a
favor ni en contra, en la verdad judicial que terminará por emerger.
Pese a que ha generado un colosal problema añadido al Gobierno con su
indiscreción sobre el dictamen de la Fiscalía Anticorrupción, PAS sigue
teniendo hoy el respaldo de Madrid porque confían en su inocencia,
valoran su acción de gobierno, creen que representa el futuro del
partido y el propio presidente ha dejado en evidencia, con esos más de
5.000 avales, que su liderazgo regional es incuestionable. Por tanto,
entienden que tiene el derecho a defenderse ante el TSJ, más aún si
asegura por activa y por pasiva que quedará demostrado que los «errores
administrativos» en la tramitación del Auditorio no son ilícitos
penales.
Los problemas internos vendrán si después de su declaración la
instrucción se alarga durante muchos días o algunas semanas, lo que es
muy probable. Y no lo digo porque ponga en cuestión su inocencia, sino
porque sería impensable desde el punto de vista procesal que se
produjera un hipotético sobreseimiento nada más terminar de declarar o
que tanto el fiscal y las acusaciones particulares no lo recurrieran,
entonces o en días posteriores, para que se pronunciara la Sala de lo
Civil y lo Penal compuesta por tres magistrados. El instructor del caso,
Pérez Templado, ha demostrado ser un magistrado que no marea las
causas, pero se tomará sus tiempos, que son distintos a los de la
política, para dar todas las garantías procesales y porque su resolución
será mirada con lupa, cualquiera que sean sus conclusiones.
El pacto de investidura que firmaron voluntariamente PP y
Ciudadanos fue un acuerdo político que hoy nos afecta a todos, tanto a
quienes consideran que la imputación indiciaria de un delito debe llevar
aparejada la dimisión como a quienes creemos que debe ser en el momento
previo a la apertura de juicio oral. Lo menos que cabe exigirles a los
partidos es que actúen con responsabilidad, sin menoscabar la presunción
de inocencia de nadie ni someter a la ciudadanía a relatos y debates
carentes de veracidad. Esta crisis de descrédito nacional e
inestabilidad política debe cerrarse cuanto antes sin perder de vista el
interés general y sin renunciar a despejar toda duda sobre la actuación
ajustada a la legalidad de quien representa institucionalmente a todos
los murcianos. Lo contrario sería suicida para todos.
(*) Periodista y director de La Verdad
