viernes, 15 de diciembre de 2017

C's se compromete con los empresarios de Los Camachos a mediar para que el precio del suelo de la ZAL sea atractivo


CARTAGENA.- Una comitiva formada por cargos nacionales, regionales y locales de Ciudadanos se ha reunido hoy con la Junta Directiva de la Entidad de Conservación del Polígono de Los Camachos para analizar con los empresarios el nivel de desarrollo del proyecto de la Zona de Actividades Logísticas de Cartagena y recoger sus principales reclamaciones para impulsar definitivamente la creación de la ZAL y garantizar su futuro. 

La reunión ha contado con la presencia del presidente de la Junta Directiva de la Entidad de Conservación del Polígono de Los Camachos, Antonio Betancor, junto con otros miembros de la directiva, los diputados nacionales de Ciudadanos, Miguel Garaulet y José Luis Martínez, el portavoz de Ciudadanos en la Región de Murcia, Miguel Sánchez y el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín.
La principal demanda de los empresarios a los cargos de la formación naranja ha sido que se involucren de forma activa en la negociación del precio del suelo de la zona de norte del Polígono Industrial de Los Camachos con la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), antes de que se produzca la reunión el próximo día 18 de enero en Madrid entre los consejeros regionales de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera, y de Empleo, Universidades y Empresa, Juan Hernández, la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, y el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar u otros representantes de SEPES. 
El presidente de los empresarios de Los Camachos, Antonio Betancor, considera que lograr un buen precio sería la “guinda” para que el empresariado encuentre atractivo en todos los sentidos esta zona logística, y compre suelo, y haría de ella definitivamente una realidad indiscutible y uno de los motores económicos no sólo de Cartagena sino de toda la Región de Murcia.
El diputado nacional de la formación naranja, Miguel Garaulet, ha informado que “hemos venido escuchar a los empresarios de Cartagena, ésta es la tercera vez que nos reunimos con ellos; ya empieza a vislumbrarse que, a corto y medio plazo, van a darse los primeros pasos, pero para recorrer esos primeros metros hay que contar con el sector privado, que es el que tiene que apostar por la ZAL de Cartagena, y para eso es necesario que los terrenos tengan un precio adecuado. Nosotros nos hemos comprometido a hablar con la Secretaría de Estado de Infraestructuras para trasladarles, previo estudio, un índice de precios que permita a un polígono industrial (con una zona no urbanizada todavía) tener un valor competitivo de adquisición que atraiga a empresas que generen riqueza y que permita desarrollar de una forma global toda la zona logística, los 3,3 millones de metros cuadrados que hay aquí para desarrollar requieren el impulso público y privado”.
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en la Región de Murcia, Miguel Sánchez, ha recordado que “aquí nadie hablaba de la ZAL de Cartagena hasta que Ciudadanos llevó la iniciativa a la Asamblea Regional, pero no sólo esto, sino que lo llevó por la vía de enmiendas en los presupuestos de 2016 y 2017 y se aprobaron; está negro sobre blanco en una ley de presupuestos y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia con consignación presupuestaria”. 
Miguel Sánchez ha lamentado que “todavía no hemos conseguido que el Ejecutivo regional cumpla con el traslado del Depósito Franco al Polígono de Los Camachos, pero nuestro compromiso es ineludible, seguiremos exigiendo su cumplimiento y fiscalizando al Partido Popular para que cumpla todas y cada una de nuestras enmiendas y tenemos la firme convicción de que durante 2018 este traslado se va a conseguir”.
Para el portavoz local de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, “el estudio de viabilidad ha concluido lo que Ciudadanos ya sabía en 2015 cuando promovió el proyecto, que la ZAL de Cartagena es viable, que hay cientos de empresas interesadas en que sea una realidad, que ni la Comarca ni la Región de Murcia puede permitirse no desarrollarla en Los Camachos y que hay en juego miles de empleos y la generación de riqueza y progreso”. Manuel Padín ha asegurado que “hemos llegado hasta aquí con mucho esfuerzo y trabajo, pero todavía falta un paso esencial, que los empresarios dispongan del suelo a un precio interesante, y que empecemos a poner la primera piedra; por eso desde Ciudadanos vamos a seguir exigiendo que se acorten los plazos, y se haga ya el traslado del Depósito Franco, que será la primera infraestructura de la ZAL, el germen sobre el que se va a desarrollar toda la zona”.

'Ahora Murcia' reclama cambiar el campo de golf del convenio 'Nueva Condomina' "por otro equipamiento público de igual valor"

MURCIA.- Ahora Murcia ha reclamado hoy que el campo de golf que está estipulado que reciba el Ayuntamiento en cumplimiento del Convenio Nueva Condomina "pase a ser otro equipamiento público de igual valor pero más adecuado a las necesidades del municipio". 

La edil Angeles Micol se ha dirigido por escrito al concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro Corchón, para solicitar que en la tramitación de los expedientes referentes al incumplimiento del citado Convenio se promueva la sustitución del campo de golf por otro equipamiento público más adecuado y valorado en los mismos 7,4 millones de euros que golf.
La demanda de la concejala de Ahora Murcia llega tras el acuerdo tomado ayer en la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento, acerca del incumplimiento del Convenio Nueva Condomina, en el que los promotores dejaron sin realizar la parte del acuerdo que les obligaba a construir un campo de golf de 7,4 millones de euros. 
"La cantidad de campos de golf existentes ya en el municipio de Murcia", apunta Micol, "así como el hecho de que no son las instalaciones más adecuadas a las condiciones climáticas y a los recursos hídricos de nuestra comarca y de nuestra Región, nos llevan a solicitar que el Ayuntamiento y el municipio reciban un equipamiento público alternativo, más ajustado a sus necesidades".
El Ayuntamiento de Murcia ha declarado el incumplimiento del Convenio Nueva Condomina, tal y como Ahora Murcia denunció en la Fiscalía de la Región a finales de enero. 
En la Comisión de Urbanismo celebrada ayer, el Consistorio reconoció dicho incumplimiento, e informó del inicio de acciones para reclamar el cumplimiento de las obligaciones de los promotores de la forma exigida por Ahora Murcia.
Ahora Murcia denunció en Fiscalía que el Ayuntamiento de Murcia no había hecho absolutamente nada para que el Convenio cumpliera la contraprestación que se establecía para el municipio a cambio de la recalificación de terreno, consistente en la construcción de un campo de golf para el municipio o de otras instalaciones deportivas valoradas en 7,4 millones de euros.
En esta denuncia en la Fiscalía de la Región, Ahora Murcia señalaba que "el Ayuntamiento se estaba dirigiendo contra una empresa en quiebra, en lugar de contra la Junta de Compensación, además de no ejecutar los avales en su poder". 
Micol destaca que "han hecho falta 11 meses y una denuncia en Fiscalía para que el Ayuntamiento reconozca que tenía que hacerse las cosas como decía Ahora Murcia".
En el Pleno de noviembre de 2016, PP, PSOE y Cambiemos Murcia sacaron adelante la propuesta de actuar contra la sociedad de Jesús Samper que firmó el Convenio Nueva Condomina con el Ayuntamiento, "pero la empresa se encuentra en concurso de acreedores, por lo que iba a ser imposible que abonase los 7,4 millones de euros. 
La actuación del Ayuntamiento de Murcia, como explicamos entonces en el Pleno, debería de haber sido contra toda la Junta de Compensación, que fue la que finalmente firmó el Plan Parcial y se benefició de un enorme aumento de la edificabilidad".
En su denuncia del pasado mes de enero en Fiscalía, Ahora Murcia consideraba que existían hechos que podían ser constitutivos de hasta tres delitos de prevaricación (uno de los cuáles podía ser, alternativamente, de malversación) si se continuaba con las acciones tal y como propuso en el Pleno el PP con el apoyo de PSOE y Cambiemos Murcia, en la línea de exigir el cobro a una empresa en quiebra "y no a toda la Junta de Compensación".

La CHS presenta ante el Consejo del Agua de la demarcación el nuevo Plan Especial de Sequía del Segura

 
MURCIA.- La Confederación Hidrográfica del Segura, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), ha presentado hoy ante el Consejo del Agua, en el que participan usuarios, administraciones, sindicatos y ecologistas, el nuevo Plan de Sequía de la demarcación , que saldrá a consulta pública el próximo 21 de diciembre por un periodo de tres meses, según informa la CHS en un comunicado.

El Plan de Sequía de la cuenca del Segura es una herramienta destinada a minimizar los efectos que provocan las situaciones de escasez y que, al mismo tiempo, da apoyo normativo al organismo de cuenca para realizar las modificaciones y cambios oportunos en la gestión del agua.
En la redacción de este nuevo plan, se ha considerado como premisa fundamental la implantación de nuevos indicadores que contribuyan a detectar cuanto antes si la cuenca se encamina hacia una sequía y a adoptar medidas proporcionadas para afrontarla.
El nuevo Plan de Sequía toma como referencia la serie de años 1980-2012 y una de sus novedades es la distinción de dos situaciones a las que la cuenca podría enfrentarse: la sequía prolongada (en la que se presentan situaciones sin lluvias aunque con reservas suficientes) y la escasez coyuntural (en la que se unen la falta de precipitaciones con un descenso en el nivel de reservas que limita el horizonte temporal de atención a la demanda).

Nuevos indicadores de sequía
Durante la reunión se ha explicado que el indicador para la sequía prolongada será el SPI (Índice de Precipitación Estandarizado). Este indicador ayuda a cuantificar el déficit de precipitación para diferentes escalas temporales y, en base a ello, se puede evaluar con mayor precisión el impacto del déficit de precipitación sobre la disponibilidad de los distintos tipos de recursos hídricos.
Por otro lado, el indicador de escasez coyuntural se calculará teniendo en cuenta el balance entre recursos y demandas, con los siguientes escenarios de situación: ausencia de escasez (Normalidad, reservas para más de tres años), escasez moderada (Prealerta, reservas para entre dos y tres años), escasez severa (Alerta, reservas para entre uno y dos años) y escasez grave (Emergencia, reservas para menos de un año), siempre considerando que se aplican las medidas previstas en el Plan de Sequía.
A la reunión del Consejo del Agua también han sido invitados los alcaldes de las localidades de más de 20.000 habitantes que hay en la cuenca del Segura. Con estos representantes ya se han mantenido reuniones y se han acordado medidas de ahorro de agua debido a la situación de emergencia por sequía que sufre la demarcación del Segura. La mejora de la coordinación y colaboración entre las administraciones permitirá dar respuestas más eficaces frente a situaciones extremas y ello redundará en beneficio de los ciudadanos.

Consejo Nacional del Agua
Estos nuevos planes especiales de sequía de las demarcaciones hidrográficas fueron presentados ayer por la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, durante la reunión del Consejo Nacional del Agua. Forman parte de este consejo la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, los Entes Locales, los Organismos de Cuenca, las organizaciones profesionales y económicas más representativas de ámbito estatal, así como las entidades sin fines lucrativos de ámbito estatal cuyo objetivo esté constituido por la defensa de los intereses ambientales.

Podemos: "La consejera de Educación gasta 6.000 euros en canapés mientras las aulas públicas no tienen calefacción"

MURCIA.- El secretario de Políticas Públicas en Podemos Región de Murcia, Juan Ángel Sánchez Naharro, y el diputado regional Miguel García Quesada han tachado de "despilfarro hipócrita" el hecho de que la Consejería de Educación gaste 6.000 euros en un acto de inauguración navideño, de un árbol de Navidad y un piscolabis, mientras da la espalda a la educación pública, en asuntos tan importantes como las infraestructuras o el material educativo.

En este sentido el diputado regional de Podemos, Miguel García Quesada ha explicado que este gesto, denota la preocupación del gobierno del PP por la educación pública. "Esta Consejería no es capaz de dotar de un banco de libros por un valor de 1.500 euros que supondría el alivio del gasto a 200 familias, tampoco es capaz de mejorar las infraestructuras de los colegios públicos y las aulas de infantil, donde en estos momentos los alumnos no tienen calefacción, en cambio no tiene ningún pudor en gastar 6.000 en unos minutos de folklore, en nombre de un espíritu navideño de paz y solidaridad, tan vacío como los presupuestos que destinan a la educación pública".
Desde la Secretaría de Políticas Públicas de Podemos Región de Murcia, Juan Ángel Sánchez Naharro ha destacado que mientras la consejera de Educación celebra con canapés, música y luces la inauguración de su propio árbol de Navidad, unos metros más allá de la Consejería los alumnos de la derribada guardería del Barrio de la Paz continúan en barracones.

López Pagán critica el sectarismo del Gobierno regional en los presupuestos 2018 con los ayuntamientos socialistas


CARTAGENA.- El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Joaquín López Pagán ha denunciado la situación en la que quedan los ayuntamientos murcianos con los presupuestos del Gobierno regional del PP para 2018, con la complicidad de Ciudadanos.

Esta mañana, el portavoz parlamentario junto a los viceportavoces Alfonso Martínez Baños e Isabel Casalduero, y los diputados Emilio Ivars, Antonio Guillamón y Ángel Rafael Martínez han estado en Cartagena, junto a la alcaldesa Ana Belén Castejón y los portavoces municipales de La Unión, San Javier, Los Alcázares, San Pedro y el teniente de alcalde de Torre Pacheco.
Joaquín López afirmó que desde el PSOE se está defendiendo con firmeza la Constitución española en materia de financiación local. En concreto, se ha referido al artículo 142 que establece y consagra este derecho.
"Los ayuntamientos de la Región son una clave fundamental para la vida de los ciudadanos y ciudadanas de la Región" y criticó que la desatención del Gobierno regional con los ayuntamientos está "lastrando en gran medida la gestión de todos y cada uno de ellos, pero en especial, está maltratando a los de signo socialista".
En los presupuestos de 2018 hay aproximadamente una partida de 95 millones de euros destinada a los Ayuntamientos de la Región. El portavoz socialista denunció que esos fondos se reparten con discrecionalidad.
Acogiéndose al presupuesto territorializado señaló que para los ayuntamientos gobernados por el PP destina 190,39 euros por habitante, mientras que para los ayuntamientos del PSOE invierte 122 euros, una diferencia sustancial.
Sobre los fondos públicos que directamente reciben los ayuntamientos, territorializado por habitantes, los ayuntamientos del PP reciben 85 euros, y los del PSOE, 36 euros. "Una diferencia inadmisible, que refleja un castigo político por parte del Gobierno regional hacia los ayuntamientos socialistas, por lo que le pidió que abandone el sectarismo".
El Partido Socialista tiene alternativa a estos presupuestos y consiste en una adición de al menos 20 millones de euros a los fondos establecidos en el presupuesto. Por otra parte, y mientras se tramita la Proposición de Ley de Financiación Local, que tiene presentada en la Asamblea el Grupo Parlamentario Socialista, cuyo objetivo es dar seguridad jurídica a medio plazo a las administraciones locales para saber con qué fondos cuentan, se han presentado enmiendas para que se puedan distribuir estos fondos de manera objetiva, con criterios de población, capacidad económica, etc.; en definitiva, criterios objetivos para que los ciudadanos de la Región sepan "que sea cual sea el signo de su ayuntamiento no actuará con discrecionalidad y les tratará de manera justa".
López Pagán añadió que "las cuentas para el año 2018 que hace el Gobierno del PP no van a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos ni nuestra situación socioeconómica, puesto que vamos a seguir a la cabeza de España en cuanto a paro, pobreza, desigualdad, fracaso escolar, listas de espera y con una de las rentas per cápita más bajas".
El Grupo Parlamentario Socialista está recorriendo los distintos municipios de la Región para explicar su alternativa a los presupuestos del Gobierno regional para 2018, o como también los han denominado, el Pacto de las Migajas de PP y Ciudadanos.

El PSOE pide que se retomen los proyectos para incrementar la capacidad de almacenamiento de agua para riego en el Pantano de Valdeinfierno


LORCA.- El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, David Romera, ha pedido al equipo de Gobierno del PP que inste a la Confederación Hidrográfica del Segura y al Gobierno de España a que "se retomen los proyectos que fueron redactados hace más de una década para adaptar la presa del Pantano de Valdeinfierno al Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses, al estar afectada por grietas e incrementar la capacidad de almacenaje de agua para riego en el Pantano de Valdeinfierno, cuya capacidad está reducida a la mitad como consecuencia del aterramiento por sedimentos que padece".

El edil recuerda que cuando la presa actual se recreció en 1897, Valdeinfierno tenía una capacidad de casi 22 hectómetros cúbicos, la cual se ha reducido en más de un 50% al quedar el vaso rellenado por légamos transportados en las crecidas y riadas de los ríos que le son tributarios, calculados en 1,6 millones de metros cúbicos. Además, asegura, la escasa capacidad del pantano y el mal estado de la presa provoca que prácticamente ésta "sea inservible para la laminación de avenidas, que verdaderamente quedan retenidas en el Pantano de Puentes".
Romera ha indicado que en diciembre de 2005 finalizó la redacción por parte de técnicos del Ministerio de Medio Ambiente de varios anteproyectos para dar solución a esta problemática, y en los que se planteaban varias opciones para incrementar la capacidad de almacenaje de agua para riego del Pantano, especialmente necesaria en etapas de sequía como la actual, así como permitir la laminación de avenidas que generan inundaciones".
Tales opciones, asegura, "asan por actuar sobre la presa del pantano, toda vez que la retirada de los sedimentos se tildó de muy costosa y perjudicial desde el punto de vista medio ambiental: "o bien, se procede a recrecer la presa actual, construida en 1788 y recrecida por primera vez en 1897; o bien, la construcción de una nueva aguas arriba de la actual, que quedaría preservada como Monumento Hidráulico de tiempos del Reformismo Borbónico impulsado por Carlos III". 
Para este último caso, se proyectó una nueva presa que multiplicaría por cuatro la capacidad de embalse del pantano.
En este sentido, el edil socialista pide que desde el Ayuntamiento de Lorca se inste a la Confederación Hidrográfica del Segura y al Gobierno de España a que se recuperen estos proyectos "olvidados en algún cajón desde hace doce años", y se opte por la mejor solución técnica para "incrementar la capacidad de almacenamiento de aguas para riego tan necesarias para el campo y la Huerta de Lorca, máxime en etapas de sequía tan intensas como la actual, lo que permitiría poner a disposición de los regantes lorquinos de mayores recursos hídricos para sacar sus cosechas adelante".
Del mismo modo, asegura que Valdeinfierno, de disponer de mayor capacidad, cumpliría un papel esencial en el sistema de defensa contra avenidas en la cuenca Alta del Guadalentín al actuar como laminador de avenidas.
Por último, Romera indica la "imperiosa necesidad" que llevar a cabo un ambicioso Plan de Repoblación Forestal en toda la cuenca de recepción del pantano, una de las más deforestadas de España, para frenar los procesos de desertización y el arrastre de sedimentos que van a pasar al vaso del pantano, pues de lo contrario y aun llevando a cabo los proyectos sobre la presa, el mismo problema volverá a aparecer a corto o medio plazo y la inversión resultará inútil.

El PSOE exige al PP que 'no se esconda detrás de las pancartas y traiga agua para Lorca'


LORCA.- El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Antonio Navarro ha vuelto a pedir que la desaladora de Águilas funcione al "1oo por 100" de su capacidad así como la apertura de los pozos de sequía, necesarios para cubrir las demandas "de urgencia" de los regantes lorquinos. Para ello, pide al Presidente de la CARM y al consejero de Agua que salgan de detrás de las pancartas y sepan exigir en Madrid, al gobierno de su propio partido, financiación "necesaria y suficiente" para dar cumplimiento a estas demandas.

Antonio Navarro asegura que los socialistas lorquinos se mantienen "a favor" de solucionar el problema de agua aportando continuamente soluciones y propuestas, a través de sus constantes iniciativas en el pleno del Ayuntamiento de Lorca y en la Asamblea Regional. No tanto el Partido Popular, quien lleva "años sin escuchar nuestras reclamaciones y las de los regantes", lo que ha hecho que hoy lamentemos esta "situación de emergencia".
Navarro ha añadido que el problema de agua "ya no es solo problema de agricultores y ganaderos" que necesitan el preciado elemento para ejercer su actividad y generar trabajo y riqueza. 
Además, asegura, que se ha convertido en "un problema de todos". "Si el sector primario cae, inevitablemente arrastrará al sector secundario y al sector servicios", advierte, por lo que a corto y medio plazo llegarán las restricciones de agua de consumo".
El concejal del PSOE asegura que, analizando la situación "objetivamente", nos encontramos con la exigencia de que los regantes tengan que pagar un canon mensual de 1.000.000 por un trasvase "que no trae agua por decisión política"; una desaladora que trabaja "entre el 30 y el 40% menos de su capacidad por decisión política"; trasvase de emergencia que "no se aprueba por decisión política", y unos pozos de sequía que "no se ponen en marcha por decisión política". 
Y, ante esta situación, nos encontramos con la "vergonzosa coincidencia" de que están siendo esos mismos políticos responsables de esas decisiones políticas, los que encabezan las manifestaciones "en contra de las decisiones que ellos mismos toman".
Por eso, exigen al PP que dejen de jugar y de esconderse detrás de las pancartas, y traigan de una vez agua a Lorca. Navarro pide a los responsables del Partido Popular que "dejen de fabricar titulares de prensa", y tanto el presidente de la CARM como el consejero de Agricultura se vayan a Madrid y no vuelvan hasta que consigan un trasvase de emergencia para ya, apertura de los pozos de sequía y que aparezcan en los presupuestos del Ministerio de Agricultura para 2018 partidas concretas y suficientes para llevar a cabo todas las actuaciones para que las desaladoras trabajen al 100%.

Podemos analizará en Cartagena la situación de los jornaleros del campo en la Región de Murcia


CARTAGENA.- Podemos Región de Murcia organiza las I Jornadas sobre el trabajo de los jornaleros del campo de la Región de Murcia donde se debatirá y se expondrán las condiciones de precariedad y explotación laboral por las que atraviesan estos trabajadores.

El acto contará con la presencia de ponentes entre los que se encuentran Jesús Romero, presidente del Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía; Lola Sánchez, Eurodiputada; María Giménez, diputada regional; María del Carmen García Bueno y del Sindicato Andaluz de Trabajadores.
Las jornadas se celebrarán mañana sábado 16 de diciembre de 2017 a partir de las 10:00 horas en el Centro Juvenil de Canteras, Calle Mayor, 146, 30394, Canteras, Cartagena.

El Servicio Murciano de Salud se prepara para la llegada de la gripe


MURCIA.- La Consejería de Salud ha puesto en marcha una serie de medidas específicas para hacer frente a la mayor afluencia de pacientes en los centros hospitalarios con motivo de la llegada de la gripe. Así, ya se han registrado los primeros casos de afectados por el virus, aunque el pico se espera para las próximas semanas. Por el momento se han diagnosticado 23 casos, de los que once han precisado hospitalización.

El consejero de Salud, Manuel Villegas, informó hoy de las medidas que ya se han puesto en marcha en todos los centros hospitalarios del Servicio Murciano de Salud (SMS). El consejero estuvo acompañado por los directores generales de Asistencia Sanitaria del SMS, Roque Martínez, y de Salud Pública, José Carlos Vicente, que informarán semanalmente de la evolución de la campaña de la gripe 2017/18.
Entre las medidas que ya se están adoptando para hacer frente al incremento de atenciones que se registran durante la campaña de gripe, y que pueden pasar de 2.000 a 2.700 diarias durante los meses de diciembre a febrero, figura la activación de las comisiones de la gripe en aquellas áreas de salud en las que ya se ha registrado algún caso de gripe. 
Estas comisiones estarán integradas por profesionales de urgencias, medicina preventiva, enfermedades infecciosas, microbiología, neumología, medicina interna, pediatría, atención primaria y medicina intensiva, que definen cómo proceder en cada situación, así como por representantes del equipo directivo, de enfermería y del servicio de admisión.
Para reducir las esperas y agilizar las atenciones sanitarias también se reforzará el protocolo de intervención, por el que se prioriza la atención a los pacientes en función de las necesidades en las urgencias hospitalarias. Además, se establecerán zonas separadas en las áreas de urgencias para pacientes con sospecha de gripe y, cuando la demanda lo justifique, se abrirán las unidades de preingreso y corta estancia, para aquellos casos en los que se prevé una estancia comprendida entre 48 y 72 horas.
También se agilizarán las altas en los hospitales, a fin de que haya camas libres antes de las 12 horas y se favorecerá el alta precoz de pacientes que no requieran de ingreso. Siempre se efectuará el seguimiento de los pacientes desde atención primaria tras el alta hospitalaria, así como en aquellos pacientes que no precisan ingreso.

En Atención Primaria
Entre las medidas que se ponen en marcha en los Equipos de Atención Primaria figura la adecuación de las agendas de los profesionales a este aumento de la demanda asistencia, adaptándola a las necesidades y priorizando la actividad a demanda sobre la programada.
Además, se recordará a los profesionales y pacientes la importancia de la consulta telemática para agilizar la atención sanitaria ante la existencia de síntomas y evitar así desplazamientos innecesarios.

Vacunas administradas
El Sistema Murciano de Salud ha administrado desde el pasado 14 de noviembre, fecha en que comenzó la campaña de vacunación antigripal, y hasta el 14 de diciembre 132.489 vacunas. Del total, 100.056 fueron administradas a mayores de 60 años (con una cobertura del 34,56 por ciento), 4.112 a personal de los centros sanitarios (alrededor de un 20 por ciento), 24.862 a menores de 60 años con alguna patología crónica, 649 a embarazadas, 199 a personal de servicios esenciales, 868 a personas no incluidas en grupos de riesgo, 1.345 a personas que facilitan cuidados a enfermos de alto riesgo ingresados en residencias y 398 a trabajadores de granjas avícolas y porcinas.
La campaña de vacunación contra la gripe se prolongará hasta el 31 de enero. La Consejería de Salud ha adquirido 225.000 dosis de vacunas para esta temporada 2017-2018 y ha habilitado 287 puestos de vacunación en toda la Región.
El SMS dispone de dispositivos en toda Atención Primaria que están en funcionamiento las 24 horas del día todos los días del año: 27 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), 12 Puntos de Atención Continuada (PAC) y 9 Puntos de Especial Aislamiento (PEAS).

Campaña 'No te quedes fuera'
La Consejería de Salud ha puesto en marcha la campaña 'No te quedes fuera' para recordar a toda la población y principalmente a los grupos de riesgo la importancia de la vacunación para protegerse frente al virus.
La campaña antigripal va dirigida fundamentalmente a aquellas personas que pudieran presentar complicaciones graves como consecuencia del padecimiento de la gripe, como los mayores de 60 años, las embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas, como patologías cardiovasculares, pulmonares, metabólicas, inmunosupresiones de cualquier causa, personas con obesidad mórbida, pacientes portadores de implantes cocleares o enfermedades que conlleven disfunción cognitiva.
También deben vacunarse aquellos que estén en contacto con personas de alto riesgo, como los sanitarios, uno de los grandes objetivos de vacunación para este año. Igualmente, se consideran grupos de riesgo los trabajadores de servicios esenciales como bomberos y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como trabajadores expuestos directamente a aves, a cerdos y a aves silvestres en granjas y explotaciones agrarias, con la finalidad de reducir la oportunidad de una infección concomitante de virus humano y aviar.
Cabe recordar que los antibióticos no son efectivos frente a la gripe por ser una enfermedad viral y que su uso puede crear resistencias a estos fármacos. También se han de adoptar medidas higiénicas para tratar de evitar su transmisión, como el lavado frecuente de manos, especialmente después de haber tosido o estornudado.

El Defensor del Pueblo pide al Consorcio de Seguros que facilite a los damnificados por los terremotos de Lorca acceso a su expediente


LORCA.- La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha mostrado su satisfacción porque el Defensor del Pueblo haya dado la razón a su formación política respecto a la negativa del Consorcio de Compensación de Seguros a facilitar a los damnificados por los terremotos de 2011, la información de las indemnizaciones que percibieron de este organismo.

Martín ha explicado que el Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la denuncia que formuló el pasado 10 de noviembre y que éste ha remitido una comunicación al Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) en la que le recuerda, como sostenía la edil, que es "una entidad de Derecho público, integrada en el sector público y, en consecuencia, comprendida en el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas". 
Esta afirmación deja en evidencia la excusa utilizada por el CCS para rechazar las peticiones de los afectados para acceder a la información de las indemnizaciones que les fueron concedidas. Y es que el Consorcio basaba su desestimación en que no está sometido al régimen de publicidad dispuesto en dicha norma.
Para el Defensor del Pueblo resulta "difícil de entender" que el CCS niegue a los preceptores de las indemnizaciones el acceso a sus expedientes y la obtención de copia de los documentos contenidos en los procedimientos que les afectan. En ese sentido, recuerda al CSS que está sujeto al "mandato constitucional" de servir con objetividad los intereses generales y que está obligado, cuando menos, a facilitar a los afectados el ejercicio de sus derechos.
Por todo ello, el Defensor del Pueblo ha iniciado una investigación de la que dará cuenta a Martín, como representante de los damnificados. La edil ha mostrado su satisfacción porque el Alto Comisionado de las Cortes Generales, encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas, otorgue la razón a los vecinos afectados y se ha mostrado convencida de que es "un paso más" hacia la resolución definitiva del conflicto por la devolución de las ayudas de los seísmos de 2011, que afecta a unas 800 familias en Lorca.
La edil de IU-Verdes denunció nuevamente la falta de sensibilidad y compromiso del equipo de Gobierno municipal del PP del que dijo que "en vez de defender los derechos de sus vecinos y votantes, está aliado con los intereses del Gobierno regional de su partido, movido únicamente por un afán recaudatorio". 
Al respecto, Martín recordó que el pasado mes de abril, el Consejo de Ministros tuvo que prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2019 el préstamo de 115 millones de euros suscrito por la CARM con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en mayo de 2012, para agilizar el pago de las ayudas a los damnificados por los terremotos. El pazo de dicho préstamo vencía el 3 de mayo de 2017. Curiosamente, pocos días después los beneficiarios de las ayudas empezaron a recibir las cartas para que las devolvieran.
"Durante seis años, el PP no se ha preocupado por llevar a cabo el procedimiento de justificación de subvenciones y ahora, con el derecho al reintegro ya prescrito, se dedican a volver locos a los vecinos", denunció Martín. 
La concejala de IU-Verdes expuso varios ejemplos de cartas enviadas a los damnificados en las que se rechazan facturas y justificantes de pago válidos, obligándoles a devolver las ayudas íntegras. 
"Las cartas reconocen que hay informes técnicos que demuestran la realización de las obras, que los afectados presentan justificantes válidos de gasto por valor superior a las subvenciones concedidas, y, sin embargo, que tienen que devolverlo todo".
Martín exigió, por enésima vez, al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, que exija la materialización de los acuerdos adoptados por el Pleno municipal para dar una "solución política" a esta cuestión y que los afectados "puedan recuperar la tranquilidad y la normalidad en sus vidas". 
"Llevamos más de seis meses pidiéndoselo y no ha movido un esparto", se lamentó la edil de IU-Verdes.

C's-CT demuestra con el acta que MC votó a favor de la prórroga de 25 años a 'Hidrogea' en noviembre de 2003

CARTAGENA.- A pesar de que el exalcalde de Cartagena, el concejal hoy  sin atribuciones de Gobierno, José López, negó hasta en tres ocasiones, en el último Pleno ordinario, que su Grupo Municipal hubiera votado a favor de la prórroga ilegal de 25 años a Hidrogea/Aquagest, la Secretaria del Pleno ha confirmado esta mañana de forma verbal al portavoz de Ciudadanos que, efectivamente, la prórroga fue aprobada por unanimidad, y se ha comprometido a enviar al Grupo Municipal de Cs un documento certificando este extremo previo escrito de solicitud. 

El portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, ha asegurado hoy que "nuestro Grupo ha consultado de nuevo el acta del famoso Pleno ordinario del 12 de noviembre de 2003 y ha podido constatar que efectivamente, el concejal de MC, Luis Carlos García, tras abstenerse en la Comisión de Hacienda, cambió su voto en el Pleno y votó a favor de la prórroga".
"No entiendo el empecinamiento del señor José López por ocultar este hecho, si su grupo ha cambiado de parecer, o quiere rectificar su postura sólo tiene que decirlo, pero desde Ciudadanos reprobamos que se mienta en el Salón de Plenos", ha señalado Manuel Padín que afirma que "el concejal de MC, al igual que hicieran el resto de concejales presentes en aquella sesión plenaria como PP, PSOE o IU propiciaron que la empresa concesionaria disfrute hoy de una prórroga excesiva y anulable, tal y como dijo la alcaldesa, Ana Belén Castejón". 
"La única que no votó a favor por ausentarse en el Pleno fue la concejal socialista, Blanca Roldán", ha especificado Padín.
Ciudadanos ha enviado el acta junto a su comunicado a los medios de comunicación para demostrar sus aseveraciones. "Lo que no voy a tolerar es que se me diga que estoy equivocado cuando no es así", ha advertido Manuel Padín.
"Es irónico e incoherente que uno de los Grupos que facilitó con su voto la prórroga, aunque existían dictámenes en contra del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, diga ahora que se atienda un recurso de una asociación contra el mismo acuerdo", asevera Manuel Padín.

En Cartagena centran la atención en las infraviviendas durante la ola de frío


CARTAGENA.- Los voluntarios y trabajadores del Ayuntamiento de Cartagena de la campaña ´Ola de Frío´ han detectado el escaso número de personas sin hogar en la ciudad, por lo que los equipos de salida nocturna que atienden a estos colectivos han centrado sus esfuerzos en los dos últimos meses en las infraviviendas y domicilios mal aclimatados.

Los miembros de la mesa que evalúa esta iniciativa, reunidos este viernes, analizaron la campaña de este año, una de cuyas novedades es que las salidas nocturnas se complementan durante la semana al incorporarse la Fundación Hospitalidad Santa Teresa con un grupo de voluntarios.
Además, la Comisión Técnica de Seguimiento se reunirá cada quincena para estudiar, valorar y seguir los casos, al tiempo que habrá una comunicación diaria por teléfono y presencial, según se requiera, de las entidades que hayan realizado la salida la noche anterior, con el responsable del Servicio de Atención a Personas sin Hogar y Transeúntes. Periódicamente, se informará por correo electrónico de las personas sin hogar que se detecten, a los que se ofrecerán los recursos disponibles, mientras que los técnicos elaborarán una programación anual de actividades lúdicas-formativas organizadas por la comisión de seguimiento.
La Mesa de la campaña ´Ola de Frío´ ha celebrado su reunión anual con el fin de evaluar las conclusiones del curso anterior, correspondiente al tramo comprendido entre noviembre de 2016 y marzo de 2017, y los primeros resultados del presente período, que arrancó en noviembre y estará en marcha hasta marzo de 2018.
Las organizaciones sociales y las concejalías de Calidad de Vida y Servicios Sociales revisaron las actuaciones que durante el pasado año se llevaron a cabo en esta Campaña y analizaron las líneas de trabajo y retos con las que se ha iniciado este año.
Durante este año se ha dado apertura al Centro de Baja Exigencia de Cáritas. Este recurso de alojamiento, junto a las plazas que desde la Fundación Hospitalidad Santa Teresa, han posibilitado tener una red de recursos adecuado a las características de la ciudad.
De esta forma, se activó la campaña ofertando estos recursos para poder ser aplicados por las diferentes entidades y en base a las necesidades detectadas en los casos que fueran identificados como personas sin hogar.

La magistrada Miriam Marín, titular del juzgado nº 2 de Murcia instruirá la denuncia del Mar Menor

MURCIA.- La denuncia interpuesta por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de la Región por varios delitos continuados de prevaricación y contra el medio ambiente en relación al Mar Menor ha sido repartida al juzgado de instrucción nº 2 de Murcia. 

La titular de este tribunal es la magistrada Miriam Marín, quien ya tuvo que instruir la causa por el 'caso Novo Carthago', e investigó una presunta trama de corrupción que habría impulsado la recalificación ilegal de los terrenos, situados a orillas del Mar Menor, en los que la promotora Hansa Urbana pretendía levantar una macrourbanización.
Además, la magistrada también llevó la causa por los ruidos en la calle Pérez Casas de Murcia.

La ministra Tejerina anuncia que los planes de sequía se revisarán en los próximos tres meses

MADRID.- Los planes de sequía de todas las cuencas que dependen del Estado serán sometidos a una revisión en los próximos tres meses, ha anunciado la ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en el Consejo Nacional del Agua.

El proceso de consulta pública de los borradores se iniciará el próximo 21 de diciembre y durante tres meses las propuestas, observaciones o sugerencias serán estudiadas por los correspondientes organismos de cuenca, señaló ayer la ministra, que ha destacado que "España el único país de la Unión Europea que cuenta con estos instrumentos de planificación".
Una iniciativa que permitirá "una mayor coordinación entre administraciones", ha indicado el director general de Augas de Galicia, Roberto Rodríguez, quien ha asegurado que las cuencas de Galicia Costa y Miño-Sil están "en situación de alerta", con un caudal "un 80 % inferior al que debería estar circulando", aunque no existe riesgo para el abastecimiento de la población.
Por su parte, la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Agustina García, ha lamentado que los decretos de sequía que creados en junio en 2017 "dejan fuera a las cuencas del Guadiana y del Tajo".
Asimismo, García ha reivindicado que el Mapama "debe tener en cuenta las subcuencas de la región", ya que "no se puede hacer un análisis de la sequía en la cuenca en general", por ejemplo en el caso del Tajo que presenta un 38 % de agua en total, mientras que los pantanos de cabeza "están al 9,42 %, la mitad respecto a 2016".
En concreto, estos pantanos "presentan 200 hectómetros cúbicos menos, de los que 150 han sido trasvasados", ha lamentado García, quien ha hecho hincapié en que los nuevos recursos hídricos "deberían provenir de la desalación, la reutilización de agua y de medidas ahorro, no de explotar cuencas que ya son deficitarias".
En la sesión celebrada esta tarde, el Consejo Nacional del Agua también ha aprobado el informe elaborado sobre la propuesta de Real Decreto para la aprobación del plan de gestión del riesgo de inundación de la demarcación hidrográfica intracomunitaria del distrito de cuenca fluvial de Cataluña.
La ministra ha recordado que en los últimos años se han redoblado los esfuerzos a la hora de adoptar medidas destinadas a mitigar y prevenir los daños causados por los efectos negativos que ocasiona este "fenómeno meteorológico extremo" y que ha sido "una constante en las políticas del agua".
Finalmente, Tejerina ha detallado el proceso de preparación y desarrollo del futuro Pacto Nacional por el Agua, para el que se ha realizado una ronda de contactos en los últimos meses que ya alcanza más de 100 reuniones "para lograr el mayor consenso posible".

El consejero Jódar ve «imposible» la cantidad de regadíos ilegales que denuncia el fiscal

MURCIA.- El consejero de Agricultura y Agua, Francisco Jódar, consideró este viernes "imposible" que existan en el Campo de Cartagena "tal cantidad de regadíos ilegales" como apunta la querella de la Fiscalía Superior de la Región de Murcia en relación con la contaminación del Mar Menor.

En declaraciones a los medios de comunicación previas a la reunión del consejo de administración de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Jódar mostró su "máximo respeto" ante el escrito del fiscal José Luis Díaz Manzanera en el que acusa a una treintena de ex miembros de su consejería, responsables de la CHS y agricultores de delitos contra el medio ambiente y de prevaricación.
Sin embargo, consideró que el fiscal "está confundiendo los términos" en sus valoraciones sobre los regadíos, que en cualquier caso, deben ser controlados por al CHS y no por la comunidad autónoma y, que en su opinión, está de manera mayoritaria perfectamente controlados y legalizados.
"El agua es finita y que haya un regadío ilegal supone que le está quitando el agua a otro regadío", señaló, por lo que ha insistido en que "tiene que ser completamente imposible" que en el Campo de Cartagena haya un gran número de cultivos ilegales.
En cuanto a las desalobradoras también irregulares ha indicado que será la investigación del fiscal la que determine cuáles de ellas están en esa situación.
No obstante, insistió en que los agricultores del Campo de Cartagena son "absolutamente responsables", tanto con el uso sostenible del agua como con el cumplimiento de las medidas legales encaminadas a mejorar la situación de la laguna costera y de hacer compatibles los usos agrarios con los turísticos y medioambientales.
En ese sentido, insistió en que la consejería tiene la "colaboración absoluta" de los agricultores de la zona, que están "igual de interesados" en mantener sus cultivos como en la conservación del Mar Menor.
Si hay entre ellos algunos que se han saltado la ley, ha dicho, deberán ser perseguidos como en el caso de cualquier otro delito.

La CHS prorroga por unanimidad las medidas extraordinarias ante la falta de agua


MURCIA.- La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) propuso este viernes que se mantengan las medidas extraordinarias acordadas en su última reunión, algo que se ha aprobado por unanimidad, puesto que han permitido "hacer maravillas" ante la situación de sequía, que no ha mejorado en los últimos días.

Así lo indicó el presidente de la institución, Miguel Ángel Ródenas, antes de la reunión de la junta de gobierno celebrada este viernes, en el que ha propuesto la prórroga de esas medidas extraordinarias, basadas principalmente en el "control riguroso de desembalses y acequias".
Ródenas recordó que en la anterior junta de gobierno esas medidas se aprobaron con un escaso margen de apoyos, sin embargo, en esta ocasión, han sido prorrogadas por unanimidad del consejo, puesto que la situación de la cuenca no ha variado desde el pasado mes.
El presidente de la CHS insistió en que esas medidas de control para garantizar el abastecimiento humano y los caudales ecológicos "han funcionado" y han permitido que con la poca agua disponible se hayan "hecho maravillas".
Así, dijo, se ha logrado atender a las necesidades de riego con el caudal mínimo ecológico de 2,8 metros por segundo, atendiendo a los riegos más urgentes.
En su opinión, es preciso ahorrar el máximo de agua posible en estos momentos, en que el frío permite mantener los cultivos con menos agua, para poder contar con más recursos de cara a la primavera.
También señaló que se revisarán los planes de ahorro que están poniendo en marcha los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, puesto que la prioridad es garantizar el abastecimiento de los hogares en todos los casos.
La CHS recordó que las medidas adoptadas desde el inicio de esta situación de sequía han permitido poner a disposición de los usuarios 331 millones de metros cúbicos de recursos adicionales de agua a través de extracciones de aguas subterráneas, desalación y otros recursos.
Actualmente la CHS mantiene activos 27 pozos de sequía e irá abriendo progresivamente el resto de los pozos hasta alcanzar los 110 hectómetros cúbicos anuales previstos en el Plan Especial de Sequía.
Asimismo, adelantó que en el Consejo de la Demarcación del Agua, que se celebrará este viernes, se revisará el Plan de Sequía que se suscribió en 2007, y que se ha cumplido "exactamente como estaba previsto", incluso en los ejercicios de sequía, con provisiones de 110 hectómetros cúbicos anuales.
Ródenas declinó hacer ninguna declaración sobre la querella hecha pública el jueves por la Fiscalía Superior de la Región de Murcia en la que responsabiliza a diversos ex altos cargos de la CHS, entre ellos los ex presidentes José Salvador Fuentes Zorita y María Concepción Quesada, de la contaminación del mar Menor. Tampoco hizo valoraciones sobre la manifestación del Círculo por el Agua del pasado martes, en la que se pidió su dimisión.
Sobre esa protesta, el presidente del Círculo por el Agua y del Scrats, Lucas Jiménez quiso restar importancia al protagonismo que adquirió la presencia del presidente regional en la misma y se mostró contrario a su idea de que el Gobierno central ha garantizado con sus medidas el suministro de agua.
Para Jiménez, el argumento de que llevamos cuatro años de sequía es "un contraargumento" que demuestra que se podrían haber activado numerosas medidas en ese tiempo, especialmente las relacionadas con la puesta en funcionamiento y al cien por cien de su capacidad de las plantas desaladoras.
Precisamente el consejero a Agricultura, Francisco Jódar, señaló que durante su participación el jueves en el Consejo Nacional del Agua, agradeció la gestión del Gobierno central y sus medidas extraordinarias durante estos cuatro años, y aprovechó para ppedir nuevas soluciones, especialmente a través del Pacto Nacional del Agua.
De ese pacto espera que tenga "altura de miras" para garantizar que el agua que sobra en unos territorios pueda llegar a los que verdaderamente la necesitan y pagan además un elevado precio por ella.

El PP justifica el rechazo a las enmiendas de PSOE y Podemos a los presupuestos de la CARM

CARTAGENA.- El Grupo Parlamentario Popular ha explicado una vez finalizado el debate de enmiendas parciales a los presupuestos de la Comunidad el por qué del rechazo a todas las propuestas, sumaban 206 en total, de PSOE y Podemos. Según el diputado Domingo Segado, "no ha habido rodillo", sino que su grupo negoció los presupuestos con Ciudadanos porque con esas propuestas podían "seguir modernizando y dinamizando" la Región.

En ese sentido, Segado aludió al rechazo de las enmiendas al articulado del proyecto de ley. Ha explicado que había un informe de los letrados que aludía que las enmiendas de Podemos "no tenían un soporte de ingresos detrás". 
"Su estrategia era más gasto público y los ingresos solo quedaban de una subida de impuestos y no estamos de acuerdo", dijo.
De las del PSOE manifestó que "no dejaban de ser un gran engaño" para los ayuntamientos, en relación a las propuestas municipalistas de los socialistas. Puntualizó que los socialistas incluían una enmienda de 20 millones de euros para la financiación local pero que, dice Segado, el PSOE ha sacado esos fondos de las bajas de incapacidad laboral transitoria "y hasta final de año no sabemos qué cantidad tiene esa partida. Necesitaríamos bajas del 75% para poder cumplir con lo que pide el PSOE".
Sobre el presupuesto de la Consejería de Familia, la diputada del PP Inmaculada González explicó que solo había dos partidas de PSOE y Podemos, la del PSOE de 240.000 euros para prevenir la violencia de género, que es la "misma" cantidad que el presupuesto reservaba para el pacto regional contra la violencia de género, que iban a decidir los grupos parlamentarios a dónde se destinaban. Mientras que en Cultura, la 'popular' Elena Ruiz señaló que Podemos invertía con sus enmiendas 350.000 euros en yacimientos cuando el Gobierno ya había anunciado que había más de 1 millón de euros a ese fin.
Por parte de Ciudadanos, Luis Francisco Fernández, afirmó que las enmiendas de PSOE y Podemos eran "de difícil encaje". Ha aludido al pacto con el PP para "dar estabilidad a la Región" y conseguir que los presupuestos regionales se aprueben definitivamente el próximo 19 de diciembre.
La formación naranja criticó a Podemos por "aminorar" una partida destinada a prevenir la violencia de género y por "vaciar" una partida para mejorar la gestión ambiental. A su juicio, las enmiendas al articulado eran "incongruentes y no guardaban relación con los presupuestos", afirmando que muchas de las propuestas de los dos partidos de la oposición suponían un "aumento de gasto".
Desde el PSOE, Ángel Rafael Martínez, advirtió que este jueves "se ha terminado de consumar el rodillo" del PP y Ciudadanos al votar en contra de todas las enmiendas de PSOE y Podemos. Señaló que se han rechazado propuestas que municipalistas que incluían la condonación de unas deudas de subvenciones recibidas en 2012.
 "PP y Ciudadanos están en contra de las deducciones fiscales para impulsar la instalación de sistemas renovables", afirmó criticando que se haya rechazado también el sistema progresivo que proponían para el impuesto de sucesiones y donaciones.
Finalmente, desde Podemos, María Giménez manifestó su "malestar" por no haber conseguido que se aprueben sus enmiendas. Ella ha destacado que una de las enmiendas rechazadas tiene que ver con la aplicación del decreto de medidas urgentes para el Mar Menor. "Son incapaces de reconocer los errores", puntualizó.
Aludió también a la denuncia penal que ha presentado el fiscal superior de la Región contra 13 antiguos cargos de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y de la Confederación Hidrográfica del Segura por presuntos delitos contra el medio ambiente, en relación al Mar Menor. 
"Se han reído de nosotros cuando nos llamaban alarmistas", puntualizó.
Por su parte, el portavoz de Podemos, Óscar Urralburu dijo que con el rechazo de las enmiendas parciales se ha negado la recuperación de yacimientos arqueológicos o que los profesores interinos cobren en verano.
Tanto Podemos como PSOE se han reservado para el pleno final las enmiendas que se les han rechazado.

'Pacto por el Mar Menor' cree «apabullante» el número de normas vulneradas

CARTAGENA.- Pacto por el Mar Menor valoró positivamente la denuncia del fiscal jefe de la Región por los vertidos del Mar Menor. La asociación destaca el "exhaustivo" escrito que, aunque centrado en las desalobradoras y contaminación por la rambla de El Albujón, "se extiende también a otros aspectos del problema: regadíos ilegales, contaminación de los suelos y del acuífero por exceso de fertilizantes, infraestructuras millonarias totalmente inútiles, etc". 

Para el Pacto por el Mar Menor, es "apabullante el número de normas vulneradas que se enumeran y la cantidad de datos sobre la contaminación de la laguna, sus causas y sus consecuencias que, como se viene diciendo, podrían incluso ser dañinas para la salud". Por ello, quieren remarcar que se actúe "por fin" contra los presuntos responsables del estado del Mar Menor.
Por otra parte, la plataforma recuerda que "muchos de los actuales dirigentes políticos continúan con la misma inercia que los responsables señalados por el Fiscal, y siguen sin actuar contra la contaminación en origen que afecta al Mar Menor", exceptuando a los actuales dirigentes de la CHS.
Además, recalca que la existencia de miles de hectáreas de regadíos ilegales, unida a la tolernacia de la Administración, la "nula" planificación y la inexistencia de infraestructuras han provocado "un caos que ahora es muy difícil de revertir".
En cuanto a las empresas agrícolas denunciadas, Pacto del Mar Menor considera que habría que hacer más referencias a las explotaciones agrícolas ubicadas en la zona de Arco Sur de la laguna: "Son recientes, están muy próximas a la laguna y muchas carecen de derechos de agua", puntualizan. Además, la plataforma cree que habría que investigar a "la empresa concreta responsable de la fabricación de las desalobradoras ilegales y también la referencia a la posible malversación de caudales públicos en relación con la obra del salmoreoducto de El Carmolí, ejecutado en 2015, que costó 1'6 millones de euros y que no ha servido para nada".
Por último, Pacto por el Mar Menor espera que el proceso judicial sirva "no solo para depurar responsabilidades por los hechos cometidos, sino también para generar un cambio de mentalidad en nuestra sociedad y una nueva manera de gobernar de nuestros políticos que sea más respetuosa con el Medio Ambiente".

La Delegación del Gobierno quiere que los transportistas pasen controles periódicos de alcohol y drogas


MURCIA.- Impulsar reformas y medidas legislativas para prevenir positivos de alcohol y drogas al volante de conductores profesionales y actuar con mayor contundencia contra los infractores.

 Es lo que pretenderá a partir de este viernes la mesa de trabajo que acordaron constituir la Delegación del Gobierno con la Federación Regional de Organizaciones Empresariales del Transporte y la Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares, la Jefatura Provincial de Tráfico, la Inspección de Trabajo y la Guardia Civil.
El delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, ya había mostrado su preocupación por el incremento de positivos por alcohol o drogas entre conductores profesionales y, tras la reunión que mantuvo este viernes con los sectores implicados, se acordó constituir una mesa, cuyo objetivo será consensuar medidas legales, de seguridad vial y de prevención de riesgo laborales.
Entre ellas, está la posibilidad de realizar exámenes de toxicidad, tanto de alcohol como de drogas, así como análisis del hígado para determinar si tienen enfermedades hepáticas como la cirrosis con el fin de averiguar si existe un problema con estas sustancias y si son "aptos o no" para llevar vehículos de esas características.
En segundo lugar, si se detecta toxicidad en el conductor, bien porque exista una constatación por vía facultativa o porque haya incurrido, al menos, en dos infracciones en vía administrativa, se podría iniciar programas de tratamiento y curación mientras se le suspende temporalmente el permiso de conducción de este tipo de vehículos, como autobuses escolares o de transporte de mercancías peligrosas.
Los datos de positivos de los conductores profesionales "preocupan a la administración, no tanto en términos relativos, porque el porcentaje es bajo", pero sí en términos absolutos, tal y como reconoció Bernabé, quien destacoó que entre los nueve positivos registrados hay casos tanto de alcohol como de drogas. 
"El porcentaje es bajo, pero siguen siendo nueve positivos, lo que indudablemente nos preocupa", advirtió.
Estos datos se unen al hecho de que este año ha aumentado la siniestralidad con fallecidos en carreteras, al registrarse 45 decesos en vías interurbanas y 19 en vías urbanas, es decir, un total de 64 muertes. 
"Indudablemente, hace que nos preocupe la situación y que tengamos que poner medidas encima de la mesa", ha destacado el delegado del Gobierno.
Las medidas propuestas por la Delegación del Gobierno también van a actuar en un doble sentido, con un carácter preventivo y con carácter curativo, "antes y después de que pudieran pasar este tipo de acontecimientos".
Con carácter preventivo, la Delegación va a pedir a la patronal que incluya, a través del convenio colectivo, análisis de toxicidad en los controles de riesgos laborales, tanto de alcohol como de drogas, así como del hígado para determinar si hay enfermedades hepáticas como la cirrosis, con el fin de tener "los elementos de juicio suficientes" para saber si una persona es "apta o no" para llevar un vehículo de estas características.
En segundo lugar, si se detecta toxicidad en el conductor, bien porque exista una constatación por vía facultativa o porque haya incurrido, al menos, en dos infracciones en vía administrativa, deberá iniciar programas de tratamiento y curación mientras se le suspende temporalmente el permiso de conducción de este tipo de vehículos.
Se trata de dos medidas que, hasta ahora, no se estaban llevando a la práctica y que se van a empezar a poner en marcha "en colaboración con todos, ya que tiene que implicarse la iniciativa privada, la Administración General del Estado y la administración pública a nivel regional a través del área de Sanidad, con la que ya han comenzado los contactos", tal y como ha señalado Bernabé.
El objetivo es "aumentar los controles, a priori, para evitar que esas personas puedan conducir este tipo de vehículos", según Bernabé. Asimismo, pretenden aumentar los controles a posteriori, para que se suspenda temporalmente al conductor "una vez que se ha detectado algún tipo de comportamiento anómalo, hasta que no demuestran que están plenamente curados y que son plenamente capaces de conducir un autobús o un camión de mercancías peligrosas".
La parte correspondiente a la prevención de riesgos laborales contempla que la empresa, a través de las mutuas, tengan la documentación médica que acredite si el conductor está o no capacitado para llevar un vehículo conforme a los parámetros de alcohol y drogas, que es algo que no se hacía hasta este momento.
En segundo lugar, si la administración tiene conocimiento de anomalías a través del Servicio Murciano de Salud o porque el conductor registre una acumulación de infracciones por vía administrativa, se le podrá suspender temporalmente del ejercicio de esa función hasta que no se demuestre que "está capacitado para llevar un vehículo sin ningún tipo de problema o peligro".
Al ser preguntado por los camiones que van equipados con alcoholímetros que hacen la prueba al conductor como requisito para arrancar, Bernabé reconoció que estaba previsto tratar el tema en la reunión y "se quiere seguir avanzando" en esta línea, pero ha lamentado que este sistema, según los expertos, "no es plenamente fiable y presenta problemas".
"Es una medida que se querrá implantar pero cuando sea 100% fiable y efectivo, algo que todavía no lo es", según Bernabé, quien reconoció que el sistema "está evolucionando".
Al ser preguntado por si será necesario el consentimiento del conductor, Bernabé señaló que el examen se haría a través del convenio colecto, de forma que la patronal y los sindicatos tienen que llegar a un acuerdo para que las empresas puedan disponer de esa información de sus trabajadores.
Al ser preguntado por la periodicidad con la que se harán estos análisis, el delegado señaló que, según la prevención de riesgos laborales, se tiene que hacer "como mínimo" un control anual. 
"Por ejemplo, se puede detectar una cirrosis hepática que puede tener otras causas, pero ya puede ser un indicio de que puede haber un problema de alcohol", advirtió.
"Si se detecta una cirrosis significa que hay un problema hepático y entonces habrá que indagar las causas, porque puede haber otras razones", tal y como admitió Bernabé. No obstante, confirmó que si se demuestra que hay un problema de alcohol "sí que puede dar pie a la empresa para que ese trabajador no coja un vehículo de estas características, potencialmente tan peligroso".

La UCAM es la universidad peor valorada de la Región en transparencia

MURCIA.- La UCAM es la universidad peor valorada de la Región en transparencia y la Universidad de Murcia mejora su posición en el ranking de transparencia que ofrece la Fundación Compromiso y Transparencia, en el que se estudian un total de 27 parámetros.

La UMU es la mejor valorada de las Universidades de la Región (25 de 27 criterios posibles), seguida por la Universidad Politécnica de Cartagena (21 de 27 criterios) y la Universidad Católica San Antonio de Murcia (15 de 27 criterios).
La UMU mejora su posición en este ranking, obteniendo una valoración positiva en 25 de los 27 criterios posibles, avanzando en dos con respecto los obtenidos en el informe inicial de 2014.
La Universidad de Murcia se plantea como objetivo para el próximo año superar los únicos dos aspectos que no han sido valorados favorablemente en esta ocasión: actualizar la publicación de los informes de auditoría externa (que ya está realizado pero que hay que actualizar en la web), y elaborar una web que muestre el perfil de su PDI.
"La transparencia y la rendición de cuentas es un proceso de mejora continua que no termina nunca", advierten en la presentación los autores del ranking.  

Rajoy amenaza con dejar el trasvase Tajo‑Segura fuera del Plan de Sequía y del Pacto por el Agua


TOLEDO.- El Gobierno de Mariano Rajoy pretende excluir el trasvase Tajo‑Segura del Plan de Sequía y del Pacto Nacional por el Agua. Así se desprende después de que el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que dirige Isabel García Tejerina haya dejado fuera de sus análisis el impacto que genera esta controvertida cesión de agua al Levante tanto en situaciones de sequía como en la sobreexplotación por incremento de las demandas en la cuenca del río, según publica Periódico CLM.

Una situación que ha denunciado Ecologistas en Acción después de que, en la reunión del Consejo del Agua del Tajo celebrada este martes en Madrid, la Confederación Hidrográfica expusiera las propuestas iniciales del Ministerio en relación con la revisión del Plan Especial en Situación de Alerta y Eventual Sequía que debe aprobarse en 2018, así como las relacionadas con el Pacto Nacional por el Agua. 
Respecto al primero, y respondiendo a preguntas del representante de Ecologistas en Acción, que acudía en nombre de las organizaciones ambientales en el Consejo del Agua, se ponía de manifiesto que el Ministerio no tiene intención de considerar el trasvase Tajo-Segura dentro de los sistemas que provocan un mayor estrés hídrico en la cuenca y que, por tanto, más influyen en la generación de situaciones de sequía y falta de caudales en la cuenca. 
Los ecologistas critican así que la revisión del Plan de Sequía, a la hora de evaluar la presión que generan las demandas que sobreexplotan de forma endémica los recursos del Tajo, el departamento de Tejerina ha omitido de sus cálculos la producida por el trasvase del Tajo al Segura y que la propia Confederación cifra en un promedio de 450 hectómetros cúbicos al año, de los cuales más de tres cuartas partes se destinan a regadío.
Una decisión que supone dejar fuera de la evaluación una cuarta parte de las demandas totales de la cuenca y más del 80 por ciento de las de cabecera. 
De este modo, el Plan de Sequía quedaría supeditado en cabecera a las disposiciones del trasvase, y no a las necesidades de la cuenca del Tajo, tal y como denuncian desde Ecologistas en Acción
Por ello, en este escenario consideran que no sería extraño que utilizando artimañas legales como ya han hecho con el Memorándum del Tajo‑Segura o como ocurrió ya en 1995, se puedan reducir aún más los caudales mínimos en Aranjuez. 
En lo que respecta al Pacto Nacional del Agua, las organizaciones ambientalistas también han mostrado su posición contraria al planteamiento del Ministerio de Agricultura, al considerar que está lejos de atacar los problemas de sobreexplotación y mal estado de las masas de agua, la falta de ahorro y de ausencia de aprobación de caudales ambientales. 
Y es que, tal y como se indica en el primer eje del documento del Plan Nacional del Agua, lo que se pretende es atender lo que denominan "déficits estructurales de algunos territorios", para lo cual se establece que "las interconexiones dentro de la misma cuenca y el aporte de recursos de otras cuencas pueden ser una necesidad si se quieren mantener las demandas de agua". Un punto de partida que supedita el cumplimiento de la Directiva Marco de Agua y los objetivos medioambientales, explican. 
De este modo, de aprobarse este documento y tramitarse como pretende el Ministerio, las aspiraciones de reconsideración de las demandas que sobreexplotan el Tajo, y en particular del trasvase Tajo‑Segura, "serían inviables", subrayan los ecologistas. 
Por ello, desde las organizaciones ambientales en los consejos del agua, entre ellos los presentes en el del Tajo, han dirigido un escrito al Ministerio de Agricultura pidiendo la retirada de este Plan Nacional del Agua y su reconsideración en el marco del cumplimiento de las directivas europeas y de las necesidades de impulsar medidas de reducción de la demanda como la que provoca el trasvase Tajo-Segura. 
Para Ecologistas en Acción, el Plan Nacional de Agua lo que debe plantear no son nuevas infraestructuras, sino cómo se eliminan o reducen los impactos que, como el trasvase Tajo‑Segura, dañan los ríos. 
Denuncia de Ecologistas en Acción sobre la que también se ha pronunciado el Ejecutivo que preside el socialista Emiliano García‑Page, cuyo portavoz, Nacho Hernando, no ha dudado en calificar como "inaceptable" la pretensión del Ministerio de Agricultura de dejar el trasvase Tajo‑Segura fuera del Plan de Sequía y del Pacto Nacional por el Agua. 
Hernando ha apuntado que desde el Ejecutivo regional no se entiende la "discriminación" que sufre Castilla-La Mancha en materia de agua. Por ello pide al Gobierno central que sea "parte de la solución", puesto que "si no hace nada, puede ser una negligencia del Gobierno de España el haber convertido nuestro país en un desierto". 
En este sentido, exige al Ejecutivo de Rajoy que trate a todos los españoles "por igual" ya que, ha recordado, el Ministerio de Agricultura no reconoce ni siquiera a los regantes de Castilla-La Mancha de la cuenca del Segura. 
"En España hay regantes de primera y regantes de segunda", denunciaba el portavoz regional, quien ha precisado que el problema no es con los regantes de Murcia, "sino con que no se reconozcan los derechos de los regantes castellano‑manchegos y se decreten sequías en ciertas zonas, pero no en nuestra región". 
Asimismo, asegura comprender la preocupación del Gobierno murciano ya que "para bien o para mal, en esta situación vale más una foto que mil palabras, y ahora hacen falta medidas concretas por parte del Gobierno de España para abordar esta grave situación de crisis nacional en materia de agua". 
Sobre este problema, el portavoz del Gobierno de Page también ha anunciado impulsarán una iniciativa legislativa en el Congreso de los Diputados para reclamar al Ejecutivo central que active las desaladoras del Levante, y así "dar salida a esa inversión de cientos de millones de euros", rebajando incluso el precio del agua para equipararlo al del trasvase. 
De lo contrario, advierte, "en menos de dos años no va a quedar ni una sola gota de agua en los pantanos de Entrepeñas (en la imagen) y Buendía".

El Tribunal Supremo justifica la legalidad del IRPH

MADRID.- El pasado 22 de noviembre, el Tribunal Supremo fallaba a favor de la banca al considerar que la mera referenciación a un tipo oficial como es el IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios no implica falta de transparencia ni abusividad.

Tres semanas después, el Alto Tribunal ha dado a conocer el contenido de la sentencia en la que justifica su decisión. Una decisión, no obstante, que ha contado con el voto particular de dos magistrados que consideran que la cláusula que incorpora el IRPH no supera el control de transparencia.

A pesar de ello, estiman ambos magistrados que el recurso de casación debería estimarse solo en parte, a fin de sustituir el IRPH por el euríbor, en vez de dejar el préstamo con interés cero, como había resuelto la Audiencia Provincial. Un revés judicial para el millón y medio de hipotecado que se calcula que firmaron el IRPH como referencia de sus préstamos, según publica El Confidencial.

Pero, ¿cómo justifica el Tribunal Supremo su decisión?
1.- Es una condición general de la contratación no una cláusula abusiva. Entiende el Tribunal Supremo que una cláusula en la que se establece el interés remuneratorio de un contrato de préstamo puede ser una condición general de la contratación, "y como no consta que la que aquí nos ocupa fuera negociada individualmente, debe considerarse que tiene tal cualidad de condición general, en tanto que reúne todos y cada uno de los requisitos necesarios para su calificación como tal".

La ley sobre condiciones generales de la contratación recoge: "Una cláusula es condición general cuando está predispuesta e incorporada a una pluralidad de contratos exclusivamente por una de las partes, y no tiene por qué ser abusiva. Cláusula abusiva es la que en contra de las exigencias de la buena fe causa en detrimento del consumidor un desequilibrio importante e injustificado de las obligaciones contractuales y puede tener o no el carácter de condición general, ya que también puede darse en contratos particulares cuando no existe negociación individual de sus cláusulas, esto es, en contratos de adhesión particulares".

2.- El IRPH es (era) un índice regulado por ley (Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre). La sala explica que, frente a los préstamos en los que se pacta un interés fijo, existen también los préstamos con un interés variable, referenciados a un determinado índice, en relación con el precio del dinero (Mibor, Euribor, IRPH) más un margen o diferencial, establecido en términos porcentuales, que se suma o resta al índice de referencia.

El Supremo ha examinado las diferentes normas que han regulado la utilización del IRPH hasta su desaparición y, en el caso analizado, el préstamo fue referenciado al índice IRPH Entidades, "definido legalmente, por lo que no corresponde al control de la jurisdicción civil -es decir, a los jueces y tribunales- conocer si dichos índices aplican o no la normativa reguladora, sino a la Administración".

Por tanto, dice el Supremo, "el IRPH como tal no puede ser objeto de control de transparencia, puesto que tanto la Ley de Condiciones Generales de Contratación como la Directiva 93/13, de protección de los consumidores, excluyen de su ámbito de aplicación las condiciones generales que reflejen disposiciones legales o administrativas, aunque sí pueda serlo la cláusula que lo incorpora".

3.- Era un índice perfectamente entendible por el consumidor. Dice el Supremo que para determinar la transparencia de la cláusula que incorpora el índice de referencia (IRPH-Entidades) "habrá que ver si el consumidor era consciente, porque hubiera sido informado, de que esa cláusula configuraba un elemento esencial del préstamo, así como la manera en que se calculaba el interés variable. Dado el carácter esencial de la propia cláusula, no cabe considerar que el consumidor no advirtiera su importancia económica y jurídica o no pudiera conocer que el interés resultante en dicho periodo se calculaba mediante la aplicación de un índice oficial, consistente en una media de los índices hipotecarios de todas las entidades que actuaban en España, al que se sumaba un margen o diferencial".

El Alto Tribunal señala que el IRPH era una índice oficial que utilizaban varias entidades financieras en sus ofertas comerciales por lo que, entiende, "resulta fácilmente accesible para un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, conocer que se utilizan diferentes sistemas de cálculo del interés variable y comparar las condiciones utilizadas por los distintos prestamistas en un elemento tan esencial como el propio precio del préstamo, sin que fueran exigibles a la entidad bancaria los requisitos que la Audiencia planteaba en su sentencia".

En este sentido, recuerda cómo la Audiencia Provincial de Álava -que declaró la nulidad de la cláusula IRPH- afirmaba que el euríbor había tenido un comportamiento más favorable para el consumidor que el IRPH, "pero aparte de que dicha circunstancia se hace desde un sesgo retrospectivo que no puede servir de pauta para el control de transparencia- que debe hacerse al tiempo de la celebración del contrato-, no tiene en cuenta que el tipo de interés no se forma solo con el índice de referencia, sino también con el diferencial, y no consta que los diferenciales aplicados a préstamos con euríbor fueran también más beneficiosos para el prestatario que los aplicados a préstamos con IRPH".

"Al contrario, estadísticamente, en los préstamos con este último índice de referencia los diferenciales son más bajos, y esto, lógicamente, sirve para hacer competitiva la oferta, puesto que a un índice de referencia que supone un tipo porcentual más alto que otros, como el euríbor, se le añade un diferencial menor".

4.- Pone en duda que el IRPH sea más caro que el euríbor. Por último, el Supremo da un tirón de orejas al juez de la Audiencia Provincial de Álava al considera que no se puede afirmar que el IRPH resulte más caro "cuando resulta que el préstamo todavía no ha llegado ni a la tercera parte de su plazo de vigencia, puesto que se pactó en 2006 por un periodo de 35 años y se desconoce qué sucederá en los 24 años que todavía quedan para su extinción".

Y concluye asegurando que, en la práctica, "la Audiencia acaba haciendo un control de precios, al declarar la nulidad de una condición general de la contratación porque el precio resultante sea más o menos elevado, lo que no es admisible".

Por eso, el Tribunal Supremo puntualiza que si se siguiera la argumentación de la Audiencia para declarar nula la referencia al IRPH, también habría que declarar nulas las referencias al euríbor en otros préstamos si en cualquier etapa de su vigencia la evolución del mismo hubiera sido menos favorable para el consumidor".

'Caser' ignora una oferta de 'Fosun' y estudia opciones para sacar a CaixaBank y Bankia

MADRID.- Tambores corporativos en torno a Caser. La aseguradora de las cajas vuelve a ser objetivo de los grandes fondos internacionales. Uno de los grandes interesados, el fondo chino Fosun, tiene preparada una oferta de 800 millones para hacerse con el control de la aseguradora, según fuentes financieras consultadas por Vozpópuli. Pero todo apunta a que ésta va a ser rechazada como la que ya planteó Apollo.

Esta oferta llega en un momento clave para Caser, a la que la fusión de Bankia y BMN va a marcar el arranque de 2018. Por tres razones. La primera, porque la aseguradora podría perder la distribución de productos en la red de BMN, con lo recibiría una indemnización pero perdería ingresos. La segunda, porque Caser podrá deshacer su inversión en el capital del banco presidido por Carlos Egea, donde tiene un 7,1%. Y tercero, porque Bankia ocupará el puesto en el consejo que tiene actualmente BMN.
Desde el entorno de la aseguradora se espera que todo esto actúe como catalizador y se dé una posible solución a los accionistas que quieren abandonar el capital, los que han heredado sus participaciones: Bankia, que con BMN controlará un 15%; CaixaBank, con cerca de un 10%; Sabadell y BBVA, que suman un 2% entre las dos.
El problema es que los accionistas con vocación de permanencia -la francesa Covea, con un 20%, Ibercaja, con un 14%, Unicaja, Liberbank y Abanca- no tienen intención de vender y ni se plantean escuchar propuestas como las de Fosun o Apollo.
Es por ello que una de las opciones de las que se está empezando a hablar entre los accionistas es la salida a bolsa, que daría liquidez a los bancos que quieran salir y pondría en valor la participación de los que quieran seguir.
Fuentes consultadas próximas a la aseguradora señalan que las conversaciones sobre una posible Oferta Pública de Venta (OPV) de momento son iniciales y no ven posible que se dé el salto en los próximos meses. Principalmente porque "la caída de ingresos que va a suponer perder el contrato de BMN resta atractivo para potenciales inversores", señala un banquero de inversión.
Más allá de la oferta de Fosun y la salida a bolsa hay una tercera vía: que entre un inversor industrial comprando el 25% de los accionistas que quieren salir, siempre y cuando alcance una alianza con el resto de grupos.

'Proyfe' ayudará a 'Navantia' a implantar el Astillero 4.0 en la factoría ferrolana

FERROL.-Navantia acaba de dar otro paso trascendente en el proyecto de transformación de su astillero ferrolano con el fin de modificar por completo su forma de construir barcos. La empresa pública ha adjudicado al Grupo Proyfe, con sede en Narón, un contrato por un importe superior a un millón de euros para que le preste asistencia técnica para la implantación del Astillero 4.0. La compañía que preside Esteban García Vilasánchez concibe esta actuación como una necesidad para garantizar su viabilidad e incrementar su competitividad. 

Así, prevé pasar de construir en una grada, como hace actualmente, a hacerlo en un dique cubierto, con todos sus talleres ubicados en sus cercanías para agilizar los procesos. Además, persigue un astillero inteligente, en el que ganen peso los procesos automatizados y robotizados, según La Voz de Galicia.

El contrato tiene un plazo de desarrollo de 18 meses, en los que Proyfe -que presta servicios de consultoría, ingeniería y arquitectura- se encargará de toda la tramitación administrativa y técnica para la materialización de este proyecto.

La toma de datos, la redacción del proyecto básico -con la definición de las infraestructuras necesarias para la transformación de la factoría, entre otros-, la redacción de los documentos urbanísticos necesarios, la respuesta a las alegaciones previstas y de planes para la coordinación de todos los organismos afectados son algunas de las tareas que asume Proyfe.

Finalmente será una empresa de la comarca -que funciona desde 1985 y ha tenido que buscar su expansión en otros países, como México, Perú, Argentina, Uruguay y Brasil- la que participe en la redacción del proyecto.

Navantia prevé concentrar en la denominada campa este su proceso productivo, construyendo un dique de 360 metros de largo por 65 de ancho.