MADRID.- La empresa pública Navantia, participada al 100% por la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha asumido durante las
últimas décadas numerosos y millonarios contratos en prácticamente todo el mundo,
desde la construcción de submarinos, portaviones y fragatas a
plataformas para parques eólicos, convirtiéndose en una de las compañías
más reconocidas y colocándose en una posición privilegiada en el
ránking de la industria armamentística mundial. Los logros del astillero
público, que da empleo a miles de trabajadores en la Bahía de Cádiz, la Ría de Ferrol o Cartagena
y genera millones horas de trabajo en zonas, como la andaluza, con
tasas de desempleo que rondan el 27%, se deben en buena medida a la
firma de acuerdos con elevados requerimientos técnicos y administrativos y
muy rigurosos a la hora de fijar plazos de entrega, que contemplan
además importantes penalizaciones que en determinadas ocasiones acaban
en los tribunales o en los órganos de arbitraje.
Ante estos complejos convenios internacionales, en
los que los clientes y los astilleros tratan de hacer prevalecer sus
intereses y prioridades, Navantia ha adjudicado a dos prestigiosos
despachos de abogados españoles, especializados en Derecho Marítimo, los
servicios jurídicos del área de reparaciones, un contrato valorado en 320.000 euros y que tiene una duración de cuatro años no prorrogables, según el digital La Información.
El bufete vigués Avante Legal Abogados,
con oficina también en Madrid y reconocido en 2021 con la distinción de
'Best Law Firm 2021' por su trabajo en la especialidad de derecho del
transporte, y San Simón Duch,
dedicado además al Derecho del Transporte y de los Seguros, así como en
asuntos de comercio internacional y que cuenta con sedes en Madrid,
Algeciras, Huelva, Valencia y Sevilla, han sido los beneficiarios.
Buena parte de este convenio de
servicios, que se formalizó a finales del pasado mes de agosto, es
confidencial, pero en el pliego administrativo quedan contempladas las prioridades jurídicas del astillero español
de cara a los contratos internacionales y a los arbitrajes y los
litigios futuros en los tribunales por reparaciones. En el acuerdo se
refleja además un plus en la contratación derivado del conocimiento en
materias de Derecho Marítimo, como construcción naval o embargos preventivos de buques.
Asuntos como la pandemia y los parones y huelgas sectoriales han puesto
contra las cuerdas los compromisos del astillero público con sus
clientes, y en riesgo nuevos contratos y el empleo y la carga de trabajo
en las zonas de actividad. De ahí la necesidad de poner sobre el papel
cada una de las eventualidades y la consecuencias que se puedan dar.
Las violentas protestas de los trabajadores del metal de
la provincia de Cádiz el pasado noviembre provocaron el colapso casi
total de la Bahía, con cortes en los accesos a las ciudades -puentes y
carreteras- y con 'piquetes informativos' que impidieron cualquier
actividad en las numerosas fábricas de la comarca, pero también pusieron
en riesgo miles de empleo por las trabas para el cumplimiento de los
duros requisitos impuestos por los clientes de Navantia en algunos
contratos. Tampoco la pandemia, una causa excepcional, ha facilitado la
actividad y el cumplimiento de los plazos.
Hace apenas un año, Navantia se consolidaba como mantenedor principal de la US Navy en Rota,
un papel que ha venido ejerciendo desde 2013, suscribiendo un férreo
contrato de entregas con Estados Unidos, que estará en vigor hasta 2028,
generará un millar de empleos y un impacto económico superior a los 800
millones, y que además le reforzaba en su posición global en la
industria de Defensa.
En Rota se repararán los destructores Clase Arleigh Burke-Class (DDGs) y
otros buques de la US Navy. Al tiempo, y pese a la pandemia, Navantia
ha cerrado 2021 con un récord de reparación de cruceros en la Bahía -más de un centenar y 18 de ellos, grandes cruceros-,
los que supuso más de 1,4 millones de horas de trabajo y picos de
contratación de hasta 1.400 trabajadores en septiembre.
Además, Navantia
ha logrado un contrato con la Marina Real de Marruecos para diseñar y
construir un patrullero de altura que supondrá un millón de horas de
trabajo para los astilleros de la Bahía de Cádiz.
También los astilleros de Ferrol recibían 2022 con buenas noticias, que
supondrán un importante impacto económico en una zona afectada por el desempleo y la crisis demográfica.
Además de la construcción de la fragatas F-110 para la Armada española,
el astillero ferrolano modernizará el buque de bandera canadiense 'Terra Nova FPSO',
una de las mayores plataformas de producción, almacenamiento y descarga
de petróleo del mundo, con 110.720 toneladas brutas que navegan
remolcadas y un casco con 292 metros de eslora. Estará totalmente
reparado antes de que acabe el año.
Por su parte, Cartagena seguirá
construyendo los submarinos S-80, a la espera de otros contratos.
Navantia ha cerrado recientemente, después de varias modificaciones de
plazos, la adjudicación de un contrato con un valor estimado de 1,9
millones para blindar la defensa de los intereses de la empresa en los
juzgados ante un más que previsible aluvión de demandas de trabajadores
que declaran haberse visto afectados por asbestosis,
una enfermedad crónica del pulmón causada por la inhalación de fibras
de amianto que puede degenerar en cáncer.
Los lotes de contratación han
sido divididos por zonas y es la de Ferrol (A Coruña) la que se llevó el
70% del presupuestos previsto. Con ese lote, además del que
agrupa Valencia, Cartagena, Cádiz, Sevilla y Madrid, se hizo el despacho
madrileño G. Cueto Legal, mientras que el área de Gijón, Sestao y Santander será responsabilidad de Samu Consultores, un bufete radicado en Bilbao.
